Guayana Esequiba: la contraparte va por todo o nada

Abraham Gómez R.   

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Miembro de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios de la Frontera Venezolana (IDEFV)

 

Cada vez se vuelve más candente la situación controversial con Guyana. De todos es conocido que se han venido añadiendo algunas delicadas aristas y desarrollado situaciones, que han enrarecido el clima en la actualidad; por cierto, nada propicio para proponer   algún asomo de negociación directa, en procura de alcanzar un arreglo práctico y satisfactorio, con base a la contención sostenida, a partir del Acuerdo de Ginebra de 1966. Hay que buscar bajar las tensiones.

Estamos claros (y sin lugar a dudas) que, una vez recibida, formalmente, por parte de las autoridades gubernamentales de la excolonia británica la sentencia previa de la Corte Internacional de Justicia, del 18 de diciembre pasado, han intensificado su agresión discursiva hacia Venezuela.

Cada Declaración del   presidente guyanés Irfaan Ali la hemos analizado en cuanto a su tono, contenido e intencionalidad. Nuestras conclusiones apuntan a que ellos se sienten envalentonados y seguros. Más aún, han logrado en apariencia cohesionar a esa nación, que hasta no hace mucho estaba fracturada étnica y políticamente.

Producto de lo que acabo de citar es la inmensa campaña que han desplegado – y desatado-- por los medios audiovisuales y en escenarios internacionales, cuyo eje temático gira en torno a la “defensa nacionalista” de la extensión territorial cuestionada por nosotros. Sí, la Guayana Esequiba que nos la arrebataron en una tratativa tramposa; mediante un adefesio jurídico denominado Laudo Arbitral de París, el 03 de octubre de 1899; que   desde su origen ha constituido una vergüenza, para la doctrina y la jurisprudencia en el Derecho Internacional Público.

Veamos también, concretamente, a lo interno de nuestro país, en las últimas semanas hemos observado un ambiente mucho más denso para el reclamo, de concienciación del despojo que nos perpetraron.

En todas partes se han realizado foros, conferencias interesantes. Todas las ONG’s han cerrado filas, dando un significativo aporte argumentativo y a través de sus programaciones, ante el presente llamado que nos hace la Patria.

Han transcurrido algunos años (y más reciente), cuando recorríamos las universidades y los demás organismos a donde se nos invitó para compartir criterios. Reconocemos, en honor a la verdad, que, entonces, nos   encontramos con situaciones extravagantes. Digamos: posiciones impensables, discursos contradictorios al momento de asumir la absoluta defensa de los intereses del Estado venezolano, silencios cómplices, declaraciones destempladas o extemporáneas, elogiosas frases al contrincante, permisividades –por acción u omisión—para la explotación de recursos en la zona; una lamentable indiferencia en los medios de comunicación. En fin, estábamos de espaldas a tan sensible asunto contencioso de suma trascendencia para la venezolanidad y para nuestra historia republicana.

 

Tales hechos despertaron en nosotros la voluntad para manejar, entonces, ese enjambre de conjeturas, que nos vimos obligados a estudiarlas y analizarlas, académicamente, para armar nuestras propias consideraciones al respecto.

 

Por ejemplo, hace algunas semanas propuse la realización de un Referendo Consultivo, conforme lo contempla el artículo 73 de nuestra Constitución Nacional; lo hice, suficientemente pensado, y afianzado en las opiniones tamizadas en todos esos encuentros con los distintos sectores de Venezuela.

Ya sabemos que la premura (y el sospechoso interés) con la cual la Corte viene aligerando el juicio no da tiempo para mucho. Sin embargo, reiteramos el llamado a la población para que se mantenga expectante por lo que pueda acontecer el 26 de febrero de este año, cuando las Partes en litigio fueron convocadas para entrevistas (¿audiencias orales?). Ya se sabrá que están tramando.

No nos atemorizan los ardides que el gobierno guyanés, las empresas trasnacionales y sus aliados puedan urdir, impulsadas por y con prebendas dinerarias, en la presente lúdica internacional. Ya en el pasado, el Imperio Inglés acometió, con descaro en nuestra contra dos actos de ingrata recordación. El primero, persuadir a España para que no procediera al reconocimiento de nuestra Independencia, que logramos el 30 de marzo de 1845, cuya consecuencia a nuestro favor fue el conferimiento del Título Traslaticio, asentado en la Cédula Real del 8 de septiembre de 1777, de Carlos III, con lo cual dan la absoluta posesión jurídica de Venezuela sobre la conocida Guayana Esequiba. Nos   consolidamos frente a la voracidad de Inglaterra.

Prestemos atención al segundo evento bochornoso: no satisfecho con lo anterior, el Imperio Inglés propuso al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, el 23 de marzo de 1869, repartirse, exactamente por la mitad todo el territorio de Venezuela, para que EE. UU reubicara en el occidente, a la población negra procedente de África, que habían participado en la Guerra de Secesión. Según los ingleses, porque «ese país llamado Venezuela, que actualmente, se debate en medio de la mayor anarquía y cuyas ´minor authorities, no pueden ni siquiera considerarse como sujetos de Derecho Internacional».

De tal manera que hemos padecido injusticias y tropelías de los grandes imperios, en más de  dos siglos. No nos extrañan las componendas que se tejen, ahora, en ambientes jurisdiccionales, donde tienen la pretensión de arrasar con todo.

Consensualmente, hemos recogido casi que una opinión generalizada en el país, en término firme, pacífica, pero determinante: debemos insistir en una Negociación amistosa y directa con la Contraparte, hasta alcanzar una solución práctica y satisfactoria, conforme lo contempla el Acuerdo de Ginebra de 1966 y el artículo 33 de la Carta de la ONU.

La Corte Internacional de Justicia no hace arreglos de ese tipo, sino aplica el Derecho; por lo que aún estamos a tiempo de entablar un convenimiento extrajudicial con los coagentes de la otra Parte en el litigio, para impedir la continuación natural del proceso hasta su conclusión; a la que hay que   medir sus impredecibles consecuencias.

No estamos inventando nada; por cuanto, el citado medio alternativo para la resolución de la centenaria controversia, constituye un mecanismo legitimante válido, que sustituye la decisión sentencial del órgano jurisdiccional (CIJ) por una decisión que puede ser producto de la voluntad concertada de las partes en conflicto.

 

 

Guayana Esequiba: solidez por encima de sospechas

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Miembro de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios de la Frontera Venezolana (IDEFV)

 

Cuando estamos esperando otra decisión sentencial de la Corte Internacional de Justicia, esta vez referida al supuesto carácter “válido y vinculante” del nulo e írrito Laudo Arbitral de París del 03 de octubre de 1899, aspiramos que prevalezca, entre nosotros, la unidad de criterios que ha habido para encarar esta lucha. Auguramos la necesaria solidaridad e identidad nacional que merece el caso de la Guayana Esequiba. Deseamos que nos mantengamos como un   bastión   compacto y fortificado.

Sospechamos que dentro de las estrategias, que han diseñado y acometido los coagentes de la Contraparte en el pleito, se cuentan:  los pronunciamientos de la Caricom y --quizás para los próximos días—de la Commonwealth; así también, han logrado sumar opiniones de algunos países que (como es fácil advertir) tienen fuertes intereses en el área en contención, y ya han recibido ilegalmente por parte de Guyana concesiones para el desarrollo de proyectos.

Han logrado acopiar suficientes recursos dinerarios de las empresas transnacionales ( ¿extorsión?) que operan --sobre todo—en la proyección atlántica en la Zona en Reclamación, para cancelar los carísimos honorarios de los abogados litigantes en este caso.

Los delegados de la excolonia británica andan envalentonados y soberbios, porque presumen que la decisión les será favorable, aun en ausencia de la representación venezolana. Además, manejan la intención de proceder de inmediato a delimitar áreas marinas y submarinas en la proyección atlántica que genera la costa del área en cuestión; con lo cual estrangularían la salida de Venezuela al mar.

Sospechamos que acudirían al Consejo de Seguridad de la ONU para que coopere en la ejecución de la sentencia del Alto Tribunal de La haya que, conforme a lo que calculan, el juicio los va a favorecer.  Son, entre otras, las falaces  presunciones que ellos tienen “entre pecho y espalda”

No me atrevería a sospechar de la probidad de los jueces o cuestionar la honestidad del jurado sentenciador de la Corte Internacional de Justicia; a pesar del forzado autoconferimiento de jurisdicción que se atribuyeron, en diciembre pasado, para conocer forma y fondo del litigio, inclusive a contravención de su propio Estatuto.

 En estricto derecho, en lo inmediato Guyana no tiene nada que buscar, salvo regresar a la negociación directa con Venezuela, en apego absoluto al Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

Por lo pronto, tengamos presente que en el actual tramo epocal, tal vez como en ningún otro, los venezolanos estamos “condenados” a compartir. Com-partir para reencontrarnos en un crisol, a pesar de las especificidades de cada quien, lo que en realidad sabemos con anticipación es diverso.

Ya lo he dicho en otras ocasiones “el pleito chiquito” interno queda para después.

Debemos compartir espacios societales y de Políticas de Estado; y en este caso concreto: compartir criterios sobre el álgido asunto contencioso que dirime la CIJ. Unanimidad discursiva.

Del mismo modo, a propósito de la situación litigiosa, en que devino el citado reclamo por la extensión geográfica que se nos arrebató, ha aflorado con suma pertinencia el vocablo con-vivir; el cual calza a la perfección con lo que ha sido nuestra práctica tradicional como país, en relación con nuestros vecinos.

Bastantes veces recibimos contundentes críticas por ser demasiados lerdos, pacientes y pasivos por las tropelías que se comenten en las zonas limítrofes.

 Insistimos en reconocer que los nexos vecinales de carácter humano no son ni serán nunca territoriales para que impliquen diferenciaciones sociales; por eso, reivindicaremos, con seguridad, a los Esequibanos y a la Guayana Esequiba. Ellos lo saben.

 

Mientras que a muchas naciones les resulta complicado con-vivir; cuya más amplia acepción vendría a significar, algo así como tejerse a la piel del país amigo, con el cual compartimos pared demográfica; Venezuela continúa enarbolando ante el mundo sus banderas de amistad y solidaridad, indistintamente de parcelamientos ideológicos o de cualquier otro tipo.

Nosotros, que llevamos acendrado, por heredad histórica, la solución pacífica que originan circunstanciales conflictos por espacios fronterizos, prevalecemos la categoría humana Con-vivir; cuya significación va mucho más allá que llenar de personas un espacio territorial o asentar a una considerable porción de gente ( traída de varias partes del mundo) en un lugar determinado para que busque manera de satisfacer –según puedan-- sus necesidades existenciales; que fue lo que   hizo el Imperio Inglés, ocupar ese espacio una vez que  se suscribió el Acuerdo Anglo-holandés de 1814.

Apreciamos hoy cuánta sabiduría contenida en el aleccionador discurso del investigador social chileno-venezolano, Pedro Cunill Grau:” "Poblar las fronteras y garantizar su desarrollo en los procesos de integración interna es básico para preservar la soberanía nacional. La geohistoria moderna nos ha proporcionado patéticas enseñanzas acerca de las consecuencias de ausencias

de ocupaciones efectivas de lindes fronterizos".

Por la importancia y trascendencia de lo que reclamamos, y en estricto apego al Derecho Internacional Público, estamos obligados a “hablar el mismo idioma”.  Las incoherencias que manifestemos (adrede o involuntariamente) en el ámbito internacional se pagan caro. No diversifiquemos intenciones o criterios en nuestro reclamo contencioso venezolanista.

No podemos negar que hemos cometido errores, desaciertos e impropiedades; sin embargo, nuestra lucha reivindicativa cada vez se vuelve más inmarcesible.

No es el momento de escrutar, resentirse o cuestionar dónde estuvieron los errores, torpezas o desaciertos en el manejo de la contención contra la excolonia británica.

Alabamos –sin mezquindades– el trabajo suficientemente soportado con documentos de las ONG´s que han cumplido, por encima de las limitaciones pandémicas, bastantes actividades con el propósito de sensibilizar y concienciar a la población nacional del despojo hecho a nuestra geografía, mediante la aludida tratativa tramposa.

Dentro de este mismo orden y sentido, deseamos expresar otro elemento, no menos importante, me refiero al recato y la prudencia que ha tenido el sector oficial para manejar las estrategias que el caso demanda. Inclusive ha abierto un amplio abanico de consultas a múltiples sectores de la sociedad venezolana; haciendo buena y propia la diplomacia abierta.

 

 

 

 

 

 

 

Guayana Esequiba: nuestra fortaleza probatoria

Dr. Abraham Gómez R

Miembro de la Academia Venezolana de la lengua

Miembro de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios de la Frontera Venezolana (IDEFV)

 

Tengo la seguridad que una inmensa porción de compatriotas venezolanos coincide conmigo cuando expreso que lo peor que podemos hacer es abrir una innecesaria e inconveniente confrontación política-partidista interna en nuestro país, en este momento apremiante cuando vamos a una muy seria confrontación jurídica por   la séptima parte de la geografía venezolana, que nos arrebataron de manera alevosa y vil.

Hoy, más que nunca, se hace imprescindible, en tanto condición necesaria pero no suficiente, la absoluta y sólida unidad de todos los sectores, sin excepciones.

Construyamos sin recelos ni mezquindades un bloque de defensa compacto y pétreo, para contrarrestar las acechanzas de la Parte que nos rivaliza en el pleito unilateral que ellos interpusieron en la Corte.

No hay vuelta atrás. Nos encontramos ante un hito histórico disyuntivo. Estamos obligados a demostrar sin posiciones elusivas o reticentes, un hecho de vital trascendencia para la vida de la nación: la Guayana Esequiba siempre nos ha pertenecido.

Entendemos que las divergencias y diferenciaciones, como entidad casi natural de los seres humanos, siempre van a aflorar por cualquier cosa; sin embargo, la presente circunstancia por la que atraviesa la patria – concretamente en el caso litigioso por la Zona en Reclamación—nos obliga a pensar, con bastante inteligencia: qué debemos hacer y bajo cuáles estrategias nos comportaremos, como país, uniformemente, cuando la CIJ comience a conocer el fondo del litigio.

 Ya habrá tiempo para el “pleito chiquito”; pero este instante no es el momento de escrutar, resentirse o cuestionar dónde estuvieron los errores, torpezas o desaciertos en el manejo de la contención contra la excolonia británica.

La unidad que exhibamos al resto del mundo demostrará que somos dignos herederos de las glorias y conquistas históricas de nuestros próceres e insignes libertadores. Tal constituyente básico conforma la primera demostración de nuestra fortaleza probatoria, con la cual procederemos a reivindicar todo ese inmenso costado este de la geografía nacional.

Otro factor a considerar, no menos interesante, es la toma de conciencia y el determinativo involucramiento de civiles, militares, estudiantes, académicos, políticos, empresarios, obreros. Compatriotas de los distintos cuerpos sociales. De todos quienes llevamos suficientemente acendrada la venezolanidad. Preparados para dar y recibir –con transparencia— las informaciones que dimanarán, prontamente, desde la Corte Internacional de Justicia, donde se comenzará a dirimir, conocer y sentenciar la fase de fondo; una vez que se dio ya, en diciembre pasado, la decisión previa de admisibilidad y autoconferimiento de jurisdicción. Nada de voltear la mirada o actuar con displicencia, como que el problema no fuera con nosotros. Nada de pretender sembrar sal entre las piedras.

Enarbolemos, para la comunidad internacional, que nuestra lucha ha sido sostenida, entre quienes nos antecedieron en esos propósitos y quienes heredamos esa lid en la contemporaneidad.

Los reclamos que hemos sostenido, hacen más de un siglo, no están anclados en una malcriadez diplomática, capricho nacional o un empecinamiento sin asidero.

La Contraparte en el litigio sabe que poseemos bastantes documentos; conocen además que nos encontramos apertrechados con los Justos Títulos que avalan la histórica propiedad, incuestionable, de Venezuela, sobre la Guayana Esequiba. Esa extensión territorial de 159.500 km2, con su incalculable riqueza de todo tipo, su legítima proyección atlántica, desde siempre ha sido nuestra

Llegado el momento cuando se determine la Comparecencia de Venezuela, en el Alto Tribunal de La Haya, será densa y de pleno derecho la alforja de Títulos (que no admiten pruebas en contrario) que presentaremos para la examinación e investigación por parte del Jurado sentenciador de la Corte Internacional de Justicia.

Nuestro legajo de documentos dejará sentado válidamente que no hemos despojado nada a ningún país, ni pretendemos hacerlo; y que el írrito y nulo Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899, será un triste y vergonzoso adefesio jurídico que jamás debió considerarse como referente y menos asiento jurisprudencial en el Derecho Internacional Público.

Conforme al artículo (236) de nuestra Constitución Nacional, dentro de las atribuciones y obligaciones del Presidente de la República está: ”Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales…”; de tal manera, que cuando el Jefe de Estado decida y envíe a nuestra representación diplomática a hacerse parte del juicio –in comento--; a nuestro país le bastará con solo presentar la Cédula Real de Carlos III, del 8 de septiembre de 1777, cuando se crea la Capitanía General de Venezuela, con la cual nacemos ante el mundo; que incluye a las provincias de Maracaibo, Caracas, Nueva Andalucía (Cumaná), Margarita, Trinidad y Guayana que abarcaba hasta la mitad del río Esequibo.

Añádase que nos amparan las herencias traslaticias a partir de la Bula papal de Alejandro VI del año 1493 y, también, los acuerdos establecidos en el Tratado de Tordesillas de 1494.

Podemos incorporar, para mejor proveer, otros documentos: el Tratado con los ingleses de 1850 (que no respetaron), el Tratado de delimitación por cuencas con Brasil de 1859. Agregaríamos, a nuestra discrecionalidad, la cartografía de Agustín Codazzi, de 1840, reconocida por los ingleses, en su oportunidad; pero que luego fue ignorada y burlada.

Todos esos enjundiosos documentos están en nuestra propiedad. De tal manera, que conforman nuestra fortaleza probatoria, desde el punto de vista jurídico, cartográfico, histórico etc.

En la Corte Internacional de Justicia, hasta este momento, al día de hoy, Guyana en su Pretensión Procesal, no ha consignado el más mínimo documento que demuestre la propiedad de esa nación sobre la extensión de la Guayana Esequiba.

Ellos solo se han limitado a exponer (sin motivación y ninguna fundamentación) la condición de válido y vinculante al írrito y nulo Laudo Arbitral de París, y piden que la Corte, en las audiencias venideras y en la   decisión sentencial esperada para los próximos meses le dé carácter de Cosa Juzgada (Res Judicata), al mencionado documento, generado bajo un ardid tramposo.

En el Recurso interpuesto por Guyana contra Venezuela no hay en sus anexos documentos históricos que demuestren o prueben nada.