Guayana Esequiba: nuestra comparecencia ante la Corte no sería tal; sin embargo, debe ser.

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial

Consultor de la ONG Mi Mapa

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV)

 

Los reclamos de restitución que hemos sostenido, desde hace más de un siglo, no están anclados en una malcriadez diplomática o en algún capricho nacional y menos en empecinamientos injustificados.  Estamos obligados y dispuestos –razonablemente—a repensar y a analizar (una y muchas veces) cómo   rediseñar las mejores estrategias a que haya lugar para que se cumplan los objetivos de reivindicación venezolanista.  Como se sabe hay algunos hechos ya adelantados (que auguramos surtan efectos); y en la alforja poseemos actos jurídicamente concretos, que no tenemos por qué eludirlos.

 

Que estemos claros que no se trata de una simple ilusión; sino de una determinación histórica con fundamento; de lo cual se encuentra enterada la contraparte que, por supuesto, sabe que somos poseedores de los documentos que nos acreditan el dominio absoluto sobre la extensión territorial que han venido ocupando y usufructuando ilegal e ilegítimamente.

Aunque algunos sujetos internacionales y países (hasta ayer amigos de Venezuela) se pronuncien en respaldo a Guyana --por marcados intereses económicos, sin dudas-- nuestra contención siempre ha tenido suficiente asidero jurídico, cartográfico e histórico y la fortaleza moral de saber que no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie.

 

A propósito del presente pleito centenario que sostenemos por el arrebato que nos perpetraron por el costado este de la geografía nacional; durante las últimas cuatro décadas he tenido la posibilidad de intercambiar opiniones con muchísimos sectores, sobre cómo encarar este asunto litigioso.

 

En los distintos eventos desarrollados, sobre todo durante el año que acaba de concluir, en varias universidades del país, en los medios de comunicación social, en las plataformas digitales; a través de video-conferencias y eventos presenciales; asimismo, visitando los propios espacios fronterizos y a través de las redes sociales conseguimos y escuchamos de todo.

Me permito resumir, señaladamente, que hay un denso bastión de compatriotas que conforman una interesante masa crítica; quienes a cada instante afilan con osadía y   agudeza sus juicios al respecto y publican las propuestas que ellos consideran justas para resolver la controversia, en espera de la más acertada salida que se pueda tomar, fundamentalmente, por parte del jefe de Estado, para beneficio de nuestro país; porque es materia de su exclusiva reserva constitucional, conforme al artículo 236 de nuestra Carta Magna; no obstante, los resultados obtenidos en la pasada consulta popular.

Digamos, entonces, que se abre un abanico de opciones, antes de la fecha señalada por el Ente Jurisdicente para que las Partes se presenten a La Haya, con la finalidad de   completar la fase postulatoria (expositiva) del Proceso en curso.

 

Visto así, comencemos por elucidar (con interrogantes) algunas alternativas que quizás figurarían en la toma de decisiones.

 

¿Hasta cuándo soportarle a Guyana el incumplimiento de lo que mandata el Acuerdo de Ginebra de 1966 y lo convenido en Argyle?

 

¿Podemos interpretar que la presencia del Buque militar HMS Trent de la armada británica --en la proyección marítima aún sin delimitar; que al parecer se ha retirado estaba midiendo nuestra capacidad de respuesta o en serio constituye un acto de provocación hacia nuestro país, una amenaza directa contra Venezuela; y por lógica, ¿una incitación a la ruptura de la declaración suscrita en San Vicente y Las Granadinas, el 14 del mes pasado?

 

 ¿Estaremos aún con voluntad para continuar con la probable negociación directa –según el lapso de tres meses, conferido a la comisión diplomática-técnica para presentar resultados parciales y preliminares- en tanto medida de autocomposición de solución de conflictos?

 

¿Nos obligaremos, con mayor premura, en el análisis, discusión, sanción y aprobación del contenido y alcance del Proyecto de Ley Orgánica de Defensa de la Guayana Esequiba, con todo lo que conlleva consecuencialmente?

 

¿Finiquitaremos, lo más pronto posible, la elaboración del correspondiente memorial de contestación de la demanda; aparejado con un denso escrito de   solicitud de medidas cautelares y una demanda de reconvención o contrademanda; como decisión legítima y propia de nuestro país?

 

 No son pocos los álgidos y complejos ejes temáticos con los que iniciamos el presente año.

 

La delegación venezolana que comparecería ante la Corte tiene todo el derecho, en nombre de nuestro Estado para incoar una demanda o instaurar un juicio en paralelo contra quien nos ha demandado. Todo, relacionadamente, en el mismo proceso.

 

Si nos decidimos por solicitar medidas cautelares, para pedir la paralización de las operaciones de las transnacionales y a accionar una contrademanda, el Jurado Sentenciador -- en pleno y justo derecho-- debe admitir ambas solicitudes.

Cabe –perfectamente- el caso de la acción reconvencional; porque existiría absoluta conexidad entre nuestras pretensiones en nueva litis y las que ya han sido identificadas objeto de la demanda principal, introducida y ratificada por la contraparte.

 

La Sala, que tramita en juicio el fondo de la controversia, pasaría a conocer también – por economía procesal—nuestra causa petendi en reconvención (con solicitudes recientes, de signo diferente, ampliadas e incontrovertibles) cuya finalidad procuramos que concluya con Resolución congruente, donde se haga justicia a nuestro país.

 

Hemos valorado conjeturas, recíprocamente, con gente pensante que ha dedicado mucho tiempo a este asunto; por cierto, que no apoyó el referendo consultivo celebrado el pasado diciembre; sin embargo, estuvo de acuerdo con la entrevista, en San Vicente y Las Granadinas, de los dos jefes de Estados de Venezuela y Guyana.

 

Reconocemos que también hay quienes andan por ahí sin prestarle ningún cuidado a nuestra reclamación – no han manifestado el más mínimo interés en el tema--; cuya actitud es de los que únicamente ven transcurrir las cosas con indiferencia o displicencia. No hay forma ni manera de motivarlos. Peor aún, prefieren que sea el gobierno que busque cómo salir de este embrollo fronterizo. Les resbala lo que pudiera suceder.

 

Otros que se encuentran demasiados imbuidos de pesimismo; y creen que en el supuesto de que Venezuela decida asistir por ante la Corte Internacional de Justicia, el próximo 8 de abril de este año, nuestra nación no obtendría una sentencia satisfactoria en la mencionada Sala Juzgadora.

 

Con todos los especialistas en esta contención --con quienes hemos intercambiado criterios de los probables acontecimientos subsiguientes-- coincidimos en señalar que hay que reflexionar “en frío” la posible comparecencia de Venezuela ante la Corte. Hay que dejarse de “actitudes retrecheras o soberbias”.

Los delegados del oficialismo, responsabilizados para este delicado caso litigioso, hoy más que nunca, deben obligarse (y abrirse) a consultar a expertos y estudiosos para concordar la más idónea y conveniente posición que asumirá el Estado venezolano.

Podemos jugar, simultáneamente, en tres tableros: pendientes para dar respuestas oportunas y contundes, por las incursiones armadas en nuestra extensión atlántica; también, la salida  conversacional directa con la contraparte (privilegiando lo transigible y conciliable); al mismo tiempo, prepararnos para las fases de prueba y alegaciones con nuestros irrebatibles Justos Títulos traslaticios. Claro que lo podemos hacer. -

 

Todo en la lengua es huella referida por sus hablantes

 

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua.

Comencemos por asimilar que la Academia comprende que la lengua no es una realidad fija, inmutable, perfecta; porque, las palabras nacen, crecen, se reproducen, se ocultan y reaparecen. Además, las palabras se anidan en la lengua; entonces, al cambiar una, transforma la otra.

Los lingüistas están conscientes que en todo idioma lo más natural y legítimo que puede ocurrir son   los cambios; que van aparejados a las mutaciones intrínsecas de las sociedades; por cuanto, la lengua pertenece –insistimos-- a la comunidad o espacio social de donde proviene.

Sin embargo, asumimos que la lengua en tanto una entidad social, posee, implícitamente, sus propias normas y desenvolvimientos. Dicho así, entonces, la persona escoge si quiere escribir o hablar al garete o acatar –relativamente-- ciertos lineamientos en sus actos de habla y en sus manifestaciones escriturales.

Queda sentenciado que el hablante decide en su libre albedrío su modo de conducirse lingüísticamente.

La consigna más cercana lo expresaría así: “dime cómo hablas o escribes y te diré quién eres”.

Una sana advertencia: tampoco pedimos que haya un permanente ejercicio de erudición y manejo de exquisiteces gramaticales; aunque, en honor a la verdad, la lengua coloquial --en apariencia suelta y sencilla-- también tiene su orden léxico-semántico y morfosintáctico.

Admitamos, con certeza, que la población, en sentido general, no tiene por qué hablar o escribir (obligantemente) como los Académicos. Cada uno en su propio espacio contextual.

En lo que sí hay plena coincidencias, es que las Academias de la Lengua han sido fundadas para describir hechos lingüísticos; para prescribir el uso correcto (señalar algunas normas sin imponerlas); y en específicos casos proscribir al pesquisar las distorsiones que se susciten; o cuando estas instituciones entran en sospechas que hay alejamientos en los usos adecuados de los actos de habla o un inocultable desorden de la lengua.

La Real Academia de la Lengua y sus entes correspondientes adscritos en la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) siempre han estado puertas abiertas para admitir, analizar e incorporar neologismos.

La Academia de la Lengua jamás ha impuesto vocablos para el uso común. Por el contrario, cada cierto lapso da a conocer los términos que se suman a nuestra amplia lexicografía, que surgen del habla cotidiana, con sus respectivas acepciones; previos estudios que guardan vinculación con la realidad sociolingüística a la que aspiran darle significado.

Para la inmensa comunidad de hispanohablantes en el mundo; que sobrepasa ya quinientos millones de personas (7.6 % de la población), nuestra autoridad máxima; tal vez, algo así como el tribunal supremo del idioma lo conforma, con certeza y propiedad, la Real Academia Española.

Las (23) Academias de la Lengua Española, que se han creado en igual número de países, admiten como condición ser Correspondientes de la RAE.

La nuestra, en Venezuela, desde sus orígenes ha tenido interesantísimos momentos y eventos. No exentos de serias confrontaciones.

Precisamente, el mismo día cuando inicia sus actividades formales --10 de abril de 1883 - arranca con una polémica de forma y fondo.

El presidente Guzmán Blanco, quien a su vez   ocupaba el cargo de director, pronunció un discurso enjundioso y bastante incitador para ese momento.

El eje central de la citada pieza oratoria hurgaba y cuestionaba sobre los orígenes y definición de la lengua que se hablaba en Venezuela: ¿era castellano o español?  

Sobre el citado eje temático, se hacía cotidiano y corriente que se tramaran   discusiones Se cruzaban serios y violentos argumentos entre quienes defendían la tendencia   impositiva, sostenedora que en nuestro país prevalecía el español peninsular, heredado en tierras americanas; frente a esa irreductible posición se levantaba otro inmenso bastión que apoyaba la insurgencia lingüística del castellano específico en este continente. Nuestro propio geolecto. Se suscitó, entonces, una disyunción suficientemente marcada; donde se deslindaron dos corrientes de intelectuales inclinados por una u otra posición teórica. ¿Hablamos el español ibérico o el castellano americano?

Para que tengamos una idea de lo bastante serio del asunto. En los sitios populares: plazas, mercados, paseos y en muchos otros lugares “nada académicos” se escenificaban encolerizadas controversias.

Unos encauzados a reconocer que el puro español peninsular era lo que hablábamos, como nuestro idioma natural; y otros favorecedores del castellano que nació y consiguió en América su especificidad lingüística

Luce banal, en el presente, trenzarnos en un pugilato similar; porque, tal polémica ha sido superada y sus términos aclarados. Vale una breve explicación.

Al momento de mencionar el idioma o la lengua común de España, como también de muchas naciones de América y que además se habla como propia en otras naciones del mundo, resultan válidos y apropiados los vocablos castellano y español, indistintamente, según la preferencia del hablante. Da lo mismo decir que habla castellano o español.

Hay quienes recomiendan que se diga que hablamos español para no caer en confusiones con la lengua histórica (el castellano) que nació en el reino de Castilla, en la Edad Media.

Asimismo, agreguemos que la propia Academia apenas sugiere una determinada forma de construir los actos de habla, atendiendo al buen empleo del idioma; jamás la RAE impone a capricho las normas.

Cuando han sido necesarios los cambios y las transformaciones, la Academia ha tomado la iniciativa; dado que, nuestra Institución señera del buen hablar y escribir señala cómo es preferible que sea, y no cómo tiene que ser.

(Hasta el próximo año 2024, que auguramos sea más vivible).

 

 

Guayana Esequiba: incontrovertible espacio humano de nuestra patria

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV)

Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial

Consultor de la ONG Mi Mapa

 

 

Siempre nos ha parecido que caen en una seria contradicción quienes se dicen defensores de la Guayana Esequiba- sobre todo- desde hace algunos meses para acá; sin embargo, nunca los escuchamos argumentar razonada y propositivamente de la considerable población que ocupa esa extensión territorial que nos fue arrebatado, vilmente, hace ya más de cien años.

 

Por propia experiencia – producto de mis visititas a la zona-- puedo mencionar que aflora una inmensa motivación por parte de los esequibanos --que viven en esa parte de Venezuela-- para intercambiar ideas, experiencias y conocimientos históricos con nosotros. Esos compatriotas tienen necesidad de saber, en esencia, cómo se conformaron desde el punto de vista político-administrativo.

Ellos desean concienciarse qué fue lo que sucedió realmente. Así entonces, con tales fines, nos piden que les expliquemos en qué consiste un documento llamado “Laudo de París” y otro denominado Acuerdo de Ginebra.

También hago expresa mención que los Esequibanos que viven aquí, entre nosotros: entre nosotros: Tucupita, San Félix, Tumeremo, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Barrancas del Orinoco etc. aún conservan algunas tradiciones religiosas, medicinales; sus propias instrumentaciones en cuanto al cultivo de la tierra y producción piscícola, sobre manufactureras en general; eficiencia en las actividades gastronómicas. Poseen sus intrínsecas metodologías educativas.

Acaso no podemos nosotros aprovechar esos conocimientos; al tiempo que, en tal dialógica de saberes, los Esequibanos reciban las necesarias asistencias para que refuercen el carácter identitario de la venezolanidad; con la finalidad de que ellos se conviertan en agentes transmisores y repliquen tales componentes patrios hacia sus familiares, que aún viven en la Guayana Esequiba.

 

Hagamos propio y oportuno el conocido Principio: “La identidad nacional no se impone ni se decreta, sino que se construye y se constituye progresivamente”. Este es el momento precisamente de imbuirnos en estas específicas tareas de recíproco comportamiento e imbricación humana.

 

Prestemos atención a lo que, estratégicamente, han venido haciendo todos los gobiernos guyaneses, desde Forbes Burnham hasta el actual Irfaan Ali.

En sus respectivas gestiones han destinado presupuestos para acometer infraestructuras de escuelas, hospitales, hoteles, balnearios, medios de comunicación audiovisuales, vías carreteras, pistas de aterrizajes, puestos militares etc.; además, sensibilizan a niños y jóvenes, con carácter recurrente, en   procesos de ideologización e identidad hacia esa nación.

Cantan el himno e izan la bandera guyanesa en los planteles escolares y demás instituciones públicas.

Todas las fechas que ellos consideran patrias le confieren particular reforzamiento.

Si antes, en condición de nación pobrísima, se apoyaban en los aportes dadivosos suministrados por la Commonwealth; desde hace cinco años para acá --con la Exxon a la cabeza de todo este enjambre esquilmador-- no tienen reparos o limitaciones en los gastos e inversiones oficiales; por cuanto, están percibiendo inmensos caudales de recursos dinerarios producto de la ilegal explotación petrolera, maderera, energética y minera, en el área en conflicto y en la proyección atlántica, sin delimitar.

 

Cuando analizamos la Constitución de la República Cooperativa de Guyana de 1980, nos conseguimos con la auto asignación y la distribución político-territorial que ellos han establecido, precisamente en la Guayana Esequiba, en flagrante violación del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966; que determinantemente señala, en su artículo V, numeral (2):

 

“Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los Territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía en dichos territorios, excepto en cuanto tales actos o actividades sean resultado de cualquier convenio logrado por la Comisión Mixta y aceptado por escrito por el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana. Ninguna nueva reclamación o ampliación de una reclamación existente a soberanía territorial en dichos Territorios será hecha valer mientras este Acuerdo esté en vigencia, ni se hará valer reclamación alguna sino en la Comisión Mixta mientras tal Comisión exista”.

Con la descarada entrega de concesiones –inconsultas y unilaterales-- a las empresas transnacionales pretenden, sibilinamente, “hacer valer o crear derechos de soberanía”.

 

En el concierto de las relaciones internacionales, lamentablemente los países no tienen amigos sino intereses. Lo estamos percibiendo, en los últimos meses, precisamente; porque esta zona está siendo considerada de un extraordinario potencial por las reservas probadas y calidad de los recursos petrolíferos, la ubicación geoestratégica y su proyección e interconexión con los países de Suramérica.

Hay quienes se atreven a ser explícitos en sus consideraciones – no exentas de polémicas—que las verdaderas fronteras son políticas y económicas y no jurídicas.

 

La Guayana Esequiba constituye un territorio con incalculables riquezas mineras, hídricas, forestales, energéticas, edafológicas, gasíferas, petroleras etc. Territorio muchísimo más grande que algunos países europeos, asiáticos y centroamericanos.  Con extraordinario potencial de desarrollo sostenible.

Debemos reconocer que no sólo EE. UU tiene las manos metidas allí, a través de la EXXON y la CGX; sino también está operando la CNOOC de la China, la SHELL de Holanda, la ANADARKO de Canadá. Son muchísimas que saben, por exploraciones científicas, lo que allí está en juego.

 

Según su Carta Magna, Guyana delimitó, toda la extensión, correspondiente a nuestra Guayan Esequiba en las siguientes regiones: Guainía-Baruma; Poomeron-Supenam; Cuyuní-Mazaruni; Potaro-Siparuni; AltoTúkutu- Alto Esequibo. En cada una de estas regiones eligen un gobernador; que indistintamente del partido que sea PPP o del CNP, lo más importante es que responda a la programación diseñada y ejecutada a partir de directrices emanadas del nivel central; asegurando uniformidad de criterio para la conservación identitaria en la zona.

Hasta donde la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF) nos permitió, recorrimos buena parte de esa inmensidad de territorio, y nos conseguimos importantes ciudades, pueblos y asientos demográficos de varios tipos y clases sociales; en cuyo registro censal, más reciente, arroja una población que sobrepasa las 300.000 personas, incluyendo a las etnias Waiwai, Makushi, Arawakos, Akawayos, Saraos, Patamonas, Caribes, Waraos y Wapashi.

 

Agradezco, en lo personal, que nuestro trabajo de indagación académica ha sido suficientemente ponderado y reconocido; lo cual constituye honda satisfacción por una lucha sostenida sin actitudes atrabiliarias o estrepitosas; por cuanto,  requerimos juntar  talentos y densidad en la formación documental y doctrinaria para insistir en reclamar y defender en las instancias a que haya lugar lo que por honor y justicia siempre ha sido nuestro; que nos desgajaron, en un ardid tramposo; en una tratativa perversa mediante añagazas jurídicas.

 

 

Guayana Esequiba: incontrovertible espacio humano de nuestra patria

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV)

Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial

Consultor de la ONG Mi Mapa

 

 

Siempre nos ha parecido que caen en una seria contradicción quienes se dicen defensores de la Guayana Esequiba- sobre todo- desde hace algunos meses para acá; sin embargo, nunca los escuchamos argumentar razonada y propositivamente de la considerable población que ocupa esa extensión territorial que nos fue arrebatado, vilmente, hace ya más de cien años.

 

Por propia experiencia – producto de mis visititas a la zona-- puedo mencionar que aflora una inmensa motivación por parte de los esequibanos --que viven en esa parte de Venezuela-- para intercambiar ideas, experiencias y conocimientos históricos con nosotros. Esos compatriotas tienen necesidad de saber, en esencia, cómo se conformaron desde el punto de vista político-administrativo.

Ellos desean concienciarse qué fue lo que sucedió realmente. Así entonces, con tales fines, no piden que les expliquemos en qué consiste un documento llamado “Laudo de París” y otro denominado Acuerdo de Ginebra.

También hago expresa mención que los Esequibanos que viven aquí, entre nosotros: entre nosotros: Tucupita, San Félix, Tumeremo, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Barrancas del Orinoco etc. aún conservan algunas tradiciones religiosas, medicinales; sus propias instrumentaciones en cuanto al cultivo de la tierra y producción piscícola, sobre manufactureras en general; eficiencia en las actividades gastronómicas. Poseen sus intrínsecas metodologías educativas.

Acaso no podemos nosotros aprovechar esos conocimientos; al tiempo que, en tal dialógica de saberes, los Esequibanos reciban las necesarias asistencias para que refuercen el carácter identitario de la venezolanidad; con la finalidad de que ellos se conviertan en agentes transmisores y repliquen tales componentes patrios hacia sus familiares, que aún viven en la Guayana Esequiba.

 

Hagamos propio y oportuno el conocido Principio: “La identidad nacional no se impone ni se decreta, sino que se construye y se constituye progresivamente”. Este es el momento precisamente de imbuirnos en estas específicas tareas de recíproco comportamiento e imbricación humana.

 

Prestemos atención a lo que, estratégicamente, han venido haciendo todos los gobiernos guyaneses, desde Forbes Burnham hasta el actual Irfaan Ali.

En sus respectivas gestiones han destinado presupuestos para acometer infraestructuras de escuelas, hospitales, hoteles, balnearios, medios de comunicación audiovisuales, vías carreteras, pistas de aterrizajes, puestos militares etc.; además, sensibilizan a niños y jóvenes, con carácter recurrente, en   procesos de ideologización e identidad hacia esa nación.

Cantan el himno e izan la bandera guyanesa en los planteles escolares y demás instituciones públicas.

Todas las fechas que ellos consideran patrias le confieren particular reforzamiento.

Si antes, en condición de nación pobrísima, se apoyaban en los aportes dadivosos suministrados por la Commonwealth; desde hace cinco años para acá --con la Exxon a la cabeza de todo este enjambre esquilmador-- no tienen reparos o limitaciones en los gastos e inversiones oficiales; por cuanto, están percibiendo inmensos caudales de recursos dinerarios producto de la ilegal explotación petrolera, maderera, energética y minera, en el área en conflicto y en la proyección atlántica, sin delimitar.

 

Cuando analizamos la Constitución de la República Cooperativa de Guyana de 1980, nos conseguimos con la auto asignación y la distribución político-territorial que ellos han establecido, precisamente en la Guayana Esequiba, en flagrante violación del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966; que determinantemente señala, en su artículo V, numeral (2):

 

“Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los Territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía en dichos territorios, excepto en cuanto tales actos o actividades sean resultado de cualquier convenio logrado por la Comisión Mixta y aceptado por escrito por el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana. Ninguna nueva reclamación o ampliación de una reclamación existente a soberanía territorial en dichos Territorios será hecha valer mientras este Acuerdo esté en vigencia, ni se hará valer reclamación alguna sino en la Comisión Mixta mientras tal Comisión exista”.

Con la descarada entrega de concesiones –inconsultas y unilaterales-- a las empresas transnacionales pretenden, sibilinamente, “hacer valer o crear derechos de soberanía”.

 

En el concierto de las relaciones internacionales, lamentablemente los países no tienen amigos sino intereses. Lo estamos percibiendo, en los últimos meses, precisamente; porque esta zona está siendo considerada de un extraordinario potencial por las reservas probadas y calidad de los recursos petrolíferos, la ubicación geoestratégica y su proyección e interconexión con los países de Suramérica.

Hay quienes se atreven a ser explícitos en sus consideraciones – no exentas de polémicas—que las verdaderas fronteras son políticas y económicas y no jurídicas.

 

La Guayana Esequiba constituye un territorio con incalculables riquezas mineras, hídricas, forestales, energéticas, edafológicas, gasíferas, petroleras etc. Territorio muchísimo más grande que algunos países europeos, asiáticos y centroamericanos.  Con extraordinario potencial de desarrollo sostenible.

Debemos reconocer que no sólo EE. UU tiene las manos metidas allí, a través de la EXXON y la CGX; sino también está operando la CNOOC de la China, la SHELL de Holanda, la ANADARKO de Canadá. Son muchísimas que saben, por exploraciones científicas, lo que allí está en juego.

 

Según su Carta Magna, Guyana delimitó, toda la extensión, correspondiente a nuestra Guayan Esequiba en las siguientes regiones: Guainía-Baruma; Poomeron-Supenam; Cuyuní-Mazaruni; Potaro-Siparuni; AltoTúkutu- Alto Esequibo. En cada una de estas regiones eligen un gobernador; que indistintamente del partido que sea PPP o del CNP, lo más importante es que responda a la programación diseñada y ejecutada a partir de directrices emanadas del nivel central; asegurando uniformidad de criterio para la conservación identitaria en la zona.

Hasta donde la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF) nos permitió, recorrimos buena parte de esa inmensidad de territorio, y nos conseguimos importantes ciudades, pueblos y asientos demográficos de varios tipos y clases sociales; en cuyo registro censal, más reciente, arroja una población que sobrepasa las 300.000 personas, incluyendo a las etnias Waiwai, Makushi, Arawakos, Akawayos, Saraos, Patamonas, Caribes, Waraos y Wapashi.

 

Agradezco, en lo personal, que nuestro trabajo de indagación académica ha sido suficientemente ponderado y reconocido; lo cual constituye honda satisfacción por una lucha sostenida sin actitudes atrabiliarias o estrepitosas; por cuanto,  requerimos juntar  talentos y densidad en la formación documental y doctrinaria para insistir en reclamar y defender en las instancias a que haya lugar lo que por honor y justicia siempre ha sido nuestro; que nos desgajaron, en un ardid tramposo; en una tratativa perversa mediante añagazas jurídicas.

 

 

Guayana Esequiba: sospechoso pronunciamiento en la Corte de condición                  “plausible” de la contraparte                            

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Consultor de la ONG Mi Mapa

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela(IDEFV)

Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial

 

 

Conocido suficientemente que el asunto litigioso que mantenemos con la República Cooperativa de Guyana es una herencia que el imperio inglés le dejó a la excolonia británica.

La sala Juzgadora de La Haya inadmitió nuestra excepción preliminar; en tanto legítimo y muy oportuno recurso procesal; a través de la cual pedíamos que fuera el Reino Unido la contraparte en el Proceso, en su condición del causante del arrebato que nos hicieron; porque, la República Cooperativa de Guyana no existía para la fecha, 03 de octubre de 1899, cuando se cometió la tratativa denominada Laudo Arbitral de París.

 

Estamos conscientes que Guyana alcanza su independencia el 26 de mayo de 1966; y en consecuencia adquiere su condición de Estado; con lo cual asume a plenitud entidad de sujeto jurídico internacional para encarar una contención de tal naturaleza, como la que hemos sostenido por el vil atropello que se nos perpetró; y que aún siguen cometiendo, a través de concesiones ilegales a empresas transnacionales en la proyección marítima que todavía no se ha delimitado e inclusive en la extensión atlántica frente al estado Delta Amacuro, área que no se encuentra en pleito.

Guyana nos jugó una especie de emboscada jurídica al llevar el caso –unilateralmente-- para arreglo judicial ante el Cuerpo Jurisdicente de la ONU; lo que consideramos un vergonzoso fraude legal y una temeridad procesal; porque no poseen el más mínimo Titulo traslaticio que respalde su pretensión procesal. Además, insisten en el reposicionamiento del laudo como causa de pedir, sabiendo de antemano que ese adefesio quedó rechazado, que porta la condición de nulo de nulidad absoluta, cuando se suscribe el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966

 

Hemos escuchado en varias ocasiones, quizás como alegato lastimero que fueron los ingleses y no los guyaneses quienes nos arrebataron esa séptima parte de nuestro espacio territorial.

Por supuesto, estamos plenamente enterados de tal maniobra socio histórica; sin embargo, no por ello vamos a desistir de nuestro legal y legítimo reclamo; ahora con mucho más contundencia, luego de realizado el Referendo Consultivo, mediante el cual la población de compatriotas, en  altísimo porcentaje, confirió plena legitimidad al Estado Venezolano para  rediseñar una efectiva estructura de defensa de nuestra Guayana Esequiba, que ya se está instrumentando con leyes y decretos; porque no es poca cosa el daño a la soberanía que nos causaron y continúan con  tamañas tropelías.

 

Precisamente, a propósito de la consulta popular, y con la solicitud ante la Corte -- por parte de la excolonia británica-- de medida provisionales o   asegurativas para impedir la actividad referendaria se develó un juego maniqueísta del Jurado en el uso del Principio de Plausibilidad.

 

Parece que la Corte está dispuesta a llevarse por delante sus propias predeterminaciones.

Hasta no hace mucho, nos reconfortaba saber que la Corte Internacional de Justicia había estimado prioritario y necesario que ese Tribunal se obligara a informarse, con antelación, de todos los motivos de Hecho y de Derecho, en el que las partes basaban sus causas de pedir.

 

Fundamentalmente, los elementos de convicción en justo derecho; sin embargo, en algunos precisos párrafos del texto sentencial de fecha 01 de diciembre de 2023   se aprecia manifiestamente que la Corte entra en una especie de malabarismo lingüístico para ir (como quien no quiere) a conocer el fondo del asunto controvertido; y más grave todavía se parcializa – indisimuladamente-- con Guyana.

Leamos con objetividad e interpretemos:

 

“19. La facultad de la Corte de indicar medidas provisionales conforme al artículo 41 del Estatuto tiene por objeto la preservación de los respectivos derechos reclamados por las partes en un caso, en espera de su decisión sobre el fondo del mismo. De ello se deduce que la Corte debe preocuparse de preservar mediante tales medidas los derechos que posteriormente pueda considerar pertenecientes a cualquiera de las partes. Por lo tanto, la Corte puede ejercer esta facultad sólo si está convencida de que los derechos reclamados por la parte que solicita medidas provisionales son al menos plausibles…”

 

“20. Sin embargo, en esta etapa del procedimiento, la Corte no está llamada a determinar definitivamente si existen los derechos que Guyana desea que se protejan; sólo necesita decidir si los derechos reclamados por Guyana en cuanto al fondo, y para los cuales busca protección, son plausibles”.

 

“23. La Corte recuerda su conclusión en la Sentencia de 2020 de que existe una disputa sobre límites terrestres entre las Partes. Observa además que el territorio que constituye el objeto de esa disputa fue otorgado a la Guayana Británica en el Laudo de 1899 (ver párrafo 13 supra). Por estas razones, la Corte considera que el derecho de Guyana a la soberanía sobre el territorio en cuestión es plausible”.

” 24. La Corte pasa ahora al requisito de un vínculo entre el derecho reclamado por Guyana que la Corte ha considerado plausible y las medidas provisionales solicitadas.

(TODOS LOS SUBRAYADOS EN PLAUSIBLE ME CORRESPONDEN)

 

Tanto en filosofía como En Derecho Internacional resulta fácilmente advertible que la plausibilidad deriva del carácter previsible de creencias fundadas, de lo habitual (aceptado por todos), denso de profundidad jurídica y por ende admitido por la satisfacción que causa.

El alcance e intencionalidad de lo plausible (sin los grados conceptuales que en sí mismo comporta) debe administrase con bastante cuidado y atención; porque a partir de la frecuencia de su uso, denota – directamente-- que se ha consentido con lo que se aparenta; y da a entender que cobija y tutela – por anticipación-  cualquier elemento que pudiera venir.

 

Fuera de dudas, la Corte empleó adrede tal categoría como estrategia de “preparación del terreno” para cuando se presente el momento de la resolución sentencial definitiva de este asunto litigioso; aunque, a nuestro modesto modo de apreciar, ya la Sala ha dado, someramente, (aunque enrevesado) un pronunciamiento de fondo de lo controvertido.

 

Con todo respeto, creemos que la Corte estaba obligada y comprometida en un esfuerzo más concertado para mejorar la calidad e imparcialidad de la conocida decisión sobre tales medidas provisionales; conforme al artículo (41) de su Estatuto.

El “presunto derecho”, que nunca ha tenido, respecto del cual la excolonia británica buscaba protección debió ser examinado y juzgado en la fase de fondo; y jamás adelantar la Corte la supuesta plausibilidad en cuanto tal, que correspondía, quizás, para el final de la disputa.

 

 

Profesor universitario: inspirador, creativo e innovador

Dr. Abraham Gómez R. (*)

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua.

 

En esta fecha, 5 de diciembre, Día de profesor Universitario, que en sí misma comporta un hito histórico en la educación universitaria venezolana, se hace imprescindible destacar, discursivamente, que un docente universitario no alcanza su meta-peldaño para encumbrarse y regocijarse en ese objetivo académico. Y menos en las actuales condiciones de proletarización en las cuales nos han subsumido.

El propósito esencial de quienes hemos hecho los espacios de educación superior nuestro hábitat natural consiste en vincularnos para aportar soluciones a los problemas de las sociedades, con lo cual reivindicamos nuestra identidad societal y la reafirmación de categoría profesional.

Con toda seguridad, el siguiente aserto será ampliamente compartido: los profesores universitarios somos lo que leemos y lo que dejamos de aprender.

Además, permítanme añadir que cada vez que celebramos un día como el de hoy —en su más pura acepción-- consagratorio al profesor universitario, uno busca caer en la tentación de decir cosas, de reflexionar en torno a la naturaleza de la condición del docente que interactúa en los ambientes universitarios.

Ciertamente, el desempeño como profesor universitario se va adquiriendo en progresividad, en tanto requerimiento   necesario, pero no es suficiente para el desarrollo de un tejido cultural y científico, si no va aparejado, obligantemente, a conectarse y a nutrir los distintos actores y objetivos societales.

Preguntamos: ¿acaso no es nuestra la responsabilidad de imbricar para beneficio de la sociedad los conocimientos generados y los resultados investigativos, a partir de   la indetenible dinámica en nuestras universidades?

A veces llegamos a reflexionar que la   sociedad se ha vuelto desestimadora de la vida universitaria; que no asimila, en algunos casos, los criterios, ponderaciones e   importancia de los infinitos saberes aprovechables que se generan.

Podemos llegar a responder, de la siguiente manera: nunca se alaba lo que no se  conoce.

 Si la sociedad ignora el significado de la vida interna de las universidades, difícilmente les conferirá su exacto valor. Parece que el sistema académico en nuestro país ha fallado para comunicar el sentido e intencionalidad de todo cuanto se ha venido haciendo.

Vamos a asumirlo como autocrítica: ha habido de nuestra parte poca o ninguna ocupación para exteriorizar resultados concretos.

Rememoramos, para fortalecer nuestra génesis, que el 5 de diciembre del año 1958, se sancionó y promulgó una nueva Ley de Universidades que vino a sustituir la que para entonces estaba en vigencia desde 1953.

Así entonces, queda instituida esa fecha, como Día del Profesor Universitario; sin embargo, en 1970 se reforma la mencionada norma, sustancialmente, hasta obtener el orden prescriptivo para el sistema universitario venezolano que nos rige ahora.

Observamos también con bastante preocupación que, ante las crisis que nos flagela como a todo el país, un número considerable de Instituciones de educación Superior y una apreciada facción de docentes universitarios han adoptado una respuesta mimética y adaptativas a los embates, sin llegar a proponer cambios significativos o de irreverente transformación.

Digamos que la tímida excepción la constituyen algunas universidades plurales y  libres, en conjunto con los docentes que han asumido los desafíos para desarrollar alternativas académicas, con perspectivas de inclusividad hacia la parte de la  sociedad que ha querido ser emprendedora.

A pesar de haber nacido la Universidad en la Edad Media, como una entidad donde concurren maestros y discípulos en la búsqueda de la verdad, hoy las múltiples conexiones tecnológicas han transformado los modos de generar los conocimientos, de preservarlos, de re-hacerlos y transmitirlos con otros principios y valores. Frente a ese desafío los docentes universitarios no podemos eludir. Estamos obligados a encararlos e incorporarlos – como aprendices permanentes- a nuestras cajas de herramientas intelectuales.

La Educación Superior en el presente siglo XXI debe asumir el cambio para el futuro como consustanciales de su ser y quehacer. Dicha transformación exige de las instituciones de educación superior una predisposición a la reforma constante de sus estructuras y métodos de trabajo

Esto implica asumir la flexibilidad epistemológica.  Admitir que hay muchas y hasta contradictorias visiones del mundo y la vida; y las diversas propuestas teóricas para comprenderlas, en lugar de la rigidez y el apego a tradiciones inmutables.

Hoy, hacemos propia la reflexión que apunta por la incorporación prospectiva del docente universitario en su labor diaria. Que diga y aporte soluciones; para que el profesor de la educación superior participe de manera activa en la elaboración de los proyectos futuros de la sociedad que queremos y necesitamos, inspirados en la solidaridad, en la superación de las desigualdades y el respeto a los fines democráticos, a la meritocracia y a la pluralidad del pensamiento.

 (*) Docente universitario

 

Guayana Esequiba: resolución casi mí(s)tica para arreglo de controversias

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de estudios Fronterizos de Venezuela

Consultor de la ONG Mi Mapa

Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial

 

 

Es verdad, seguimos admitiendo que no hay sociedad sin Derecho – ubi societas, ibi ius-; pero, también es cierto que el Derecho en bastantes ocasiones y circunstancias lo resquebrajan; o lo ponen a jugar el juego que les interesa a los detentadores poderosos del ámbito de que se trate. Nacional o internacional.

Grupos con indisimulados e insaciables intereses económicos acomodan las “letras del derecho” a su favor, para que diga y anuncie lo que cuadra a sus conveniencias.

Agreguemos un poco más en idéntico sentido. Donde aflora el derecho es porque hay personas que se ocupan de crear normas jurídicas, aplicarlas y explicarlas. La labor de tales facultos – como se ha de suponer—no es ingenua, gratuita o desprevenida. Dígame en el campo internacional.

Se trata de funciones con tradición de siglos - lo sabemos-- que por muchas razones han cambiado la forma; sin embargo, en el fondo del asunto, --donde se asienta la intencionalidad de subyugar o confundir—la cosa permanece inalterable.

Vergonzosamente, todavía así se les exige – concretamente-- a algunos Estados (por supuesto, a los más débiles) que deban someterse a un orden normativo, obligatorio y coercitivo que se consagra en el Derecho Internacional Público.

Recordamos con nostalgia que hasta no hace mucho, la sola mención – aunque someramente- de las disposiciones contenidas en las normas del Derecho Internacional (mayúsculas adrede, todavía) bastaba para emocionarse al pronunciar sus principios y/o apelar a sus jurisprudencias.

 Internalizar esos relatos doctrinales constituía, ciertamente, experiencias hermosas.

El Derecho Internacional comportaba, en sí mismo, uno de los ejes temáticos que desplegaba apasionadas y productivas discusiones para nutrir y fortalecer – al propio tiempo—a las particulares soberanías nacionales.

Lo que deseo poner de relieve es que la opción de trabar un litigio para resolver un pleito interestatal, hoy en día, está tomando un papel menos importante como solía tener en los siglos pasados; por cuanto, han surgido otras maneras de disolver los conflictos.

Es importante, finalmente, destacar que la cultura de la paz, de la negociación directa de las partes en controversia; de la mediación y la conciliación, se han venido imponiendo sobre la vía del litigio, con su despliegue jurisdiccional; teniéndose esta última como una subcultura.

¿Entonces, cómo hacemos para alcanzar una resolución satisfactoria, sin que incomodemos susceptibilidades o contrariemos la norma Internacional?

La brevísima reflexión y descripción anterior viene a propósito de la justa y centenaria reclamación que ha hecho Venezuela de la séptima parte de su extensión territorial, que le desgajaron con artimañas y vilezas.

Las posibles alternativas de solución planteadas por nuestro país fueron saboteadas por ingleses y guyaneses.

Algunas veces, quisimos decidirnos por la vía voluntarista; y conseguimos resistencias en la comunidad internacional, con discursos conminativos a respetar las normas.

En otras ocasiones, invitamos a la contraparte (Reino Unido y su colonia Guayana Británica) a consensuarnos para solucionar –definitivamente—el despojo que nos habían perpetrado.

¿Qué ha sido lo más importante y trascendente que alcanzamos a consolidar con la autocomposición?

Logramos – luego de extenuantes jornadas de análisis y discusiones— negociar, suscribir y ratificar el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966; documento que posee pleno vigor jurídico; el cual en su debida oportunidad fue consignado en la Organización de la Naciones Unidas, donde causó estado; es decir, su contenido ha resultado inalterable, y jamás ha sido atacado o recurrido.

 El Acuerdo de Ginebra, único documento donde basamentamos la contención y su posible solución, atiende la alternativa de arreglo mediante la diplomacia directa entre Venezuela y Guyana, sin la necesidad de acudir, unilateralmente, con inmediatez (o porque sí) o premura a órganos jurisdiccionales. Aludimos sin ambages a la Corte Internacional de Justicia.

¿Ha llegado a resultar la autocomposición eficiente y eficaz para solucionar pleitos entre Estados?

Por supuesto. Tenemos demasiados ejemplos al respecto. Fundamentalmente, cuando los propios particulares involucrados en una controversia establecen y respetan las normas, que en ellos mismos se han dado, para efecto de encontrar una solución a la contrariedad que atraviesan.

Con exactitud es lo que ha venido invocando Venezuela con atención al contenido del Acuerdo de Ginebra:

“…. Cualquiera controversia pendiente entre Venezuela, por una parte, y el Reino Unido y Guayana Británica por la otra, perjudicaría tal colaboración y debe, por consiguiente, ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes; de conformidad con la agenda que fue convenida…”

Caben aquí, en lo que sigue, dos preguntas muy concretas, después del Referendo Consultivo.

¿Sabrá leer e interpretar la Comunidad Internacional y particularmente la Sala Jurisdicente de la ONU el mensaje que emitió el pueblo de Venezuela, sin diferenciaciación y con carácter de unanimidad?

¿Estará dispuesta la República Cooperativa de Guyana, en su condición de demandante a desistir de la Acción interpuesta contra Venezuela, el 29 de marzo de 2018, y aligerar una solución extraprocesal, en el marco del Acuerdo de Ginebra, que nos mandata a tales fines; donde quepan estrategias bilaterales   expeditas de satisfacción para ambas partes?

Hay en Guyana quienes se empecinan, en asumir que regresar a una solución de negociación, mediante el diálogo amistoso, constituye un catastrofismo.

Decimos que no es la primera vez que se alcanza una resolución a un conflicto álgido, difícil y complejo dejando a un costado los procedimientos jurisdiccionales; y apelando – como alternativa buena y propia-- a la diplomacia de entendimiento directo de las partes conflictuadas.

Venezuela sigue tendiendo y extendiendo su voluntad y mejor buena fe, para acordar en paz una fórmula solucionadora de este pleito entre países hermanos.