La comparecencia la decide el Jefe de Estado

De esa manera lo hace saber el Dr. Abraham Gómez, a través de los medios de comunicación que ha visitado últimamente, en varios programas de radio y televisión y lo explicó en la reciente conferencia dictada en el Consejo Legislativo del Delta. Por cierto, el Dr. Gómez acaba de incorporarse en la Comisión Presidencial por la Defensa del Esequibo, luego de recibir una expresa invitación al respecto por parte del Dr. Hermánn Escarrá, en su condición de coordinador de ese organismo.

Nos dice de entrada: “he venido dejando en claro, al momento de realizarse algún evento relacionado con  la Guayana Esequiba, donde he participado, que podemos estar desplegando todo tipo de actividades en las redes sociales, en los medios digitales y radiotelevisivos; explicando que todos los elementos de probanzas nos favorecen, siempre y cuando sea  afirmativa la decisión de hacernos parte del juicio, el día 08 de marzo del próximo año, cuando nos corresponderá consignar, por ante la Corte, el memorial de contestación de la demanda que nos interpuso Guyana”

Interrumpimos para preguntar, si de verdad es así que no hay porqué temer, que tenemos todos los documentos que nos avalan; entonces, ¿qué nos faltaría para estar presentes en el ese tribunal internacional?

A.G “La determinación última, si comparecemos o no comparecemos, la toma el Jefe de Estado; por cuanto, es su atribución constitucional, conforme al artículo 236 de la Carta Magna. Es el Presidente de la República quien dirige las relaciones exteriores de la República, celebra y ratifica los tratados, convenios y acuerdos internacionales.  De tal manera, que, en su oportunidad, cuando él precise recibiremos las expresas indicaciones para saber a qué atenernos al respecto”

Mientras tanto, Dr. Gómez, la ciudadanía venezolana, que desea mostrarse solidaria para que nuestro país reclame lo que nos arrebataron, ¿cómo podría manifestarse para hacerse sentir, para que se sepa que hay todo un pueblo unido?

A.G “Bastante interesante tu apreciación. Sabes que lo he dicho – más o menos con tus mismas palabras— que, en este asunto litigioso, debemos dejar a un lado las posiciones ideológicas, las egolatrías mal curadas, los partidismos exacerbados. Requerimos la voluntad unánime de toda la población venezolana. He mencionado, en todas partes, la patria reclama un único criterio frente a la contraparte, que nos demandó, y ante la Corte Internacional de Justicia, donde se lleva a cabo el juicio”.

¿Cree que ganaremos?

A.G “Hay que apartarse del pesimismo; retirar todo pensamiento fatalista, ponerlo a un costado. Inclusive se mantiene una corriente de opinión, que la hemos conseguido en las conferencias en las universidades, que señala que porqué vamos a quitarle a Guyana, a ese país pequeño y pobre, casi una tercera parte de su territorio. Sobre el particular, he sostenido, determinante y contundentemente que nosotros no le estamos arrebatando nada a nadie; no estamos cometiendo ningún acto de usurpación; por el contrario, fuimos nosotros la víctima de un vil despojo que se nos perpetró hace más de un siglo, con una decisión arbitral llena de tratativas políticas y añagazas jurídicas. También, debo exponer, responsablemente, que tenemos todos los elementos de alegación de hechos y la fundamentación de derecho para que salgamos victoriosos en este pleito”

 

 

Guayana Esequiba: incerteza de comparecer ante la Corte

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Miembro del Instituto de estudios fronterizo de Venezuela (IDEFV)

Miembro de la ONG “Mi mapa de Venezuela “

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

 

En los constantes intercambios de opiniones y conjeturas que he venido haciendo en mis intervenciones públicas, y en las conferencias en las universidades; pareciera, según la apreciación de algunas personas, que es muy lejana la fecha –  08 de marzo del próximo año 2023-- concedido por la Corte Internacional de Justicia a nuestro país, para que consignemos por escrito el memorial de contestación a la demanda que nos interpuso la excolonia británica.

 

La experiencia nos señala que los lapsos para los arreglos de pleitos interestatales conllevan implícitos sus propios ritmos y dinámicas. Nosotros ni aceleraremos ni retrasaremos un proceso de tal naturaleza.  Lo que si considero y estamos seguros es que no tenemos tiempo que desperdiciar. Contrariamente, hay que aprovechar al máximo todo cuanto esté a nuestro alcance para reforzar los argumentos de probanza; obviamente, con la siguiente condicionante:  siempre y cuando el Jefe de Estado determine – conforme al artículo 236, de la Constitución Nacional—que la delegación venezolana asistirá a la cita jurídica en ese Alto Tribunal de la ONU

 

En el marco de una Política de Estado, que concite la solidaridad de todo el país; una vez más, sugiero a nuestra Cancillería (recibidas las debidas instrucciones desde la Presidencia de la República, en su condición de Jefe de Estado, porque es su atribución constitucional) insistir en todo lo atinente a un Referendo Consultivo, con dos o tres preguntas muy precisas; considerando que es una materia de especial trascendencia, conforme al artículo (73) de nuestra Carta Magna; con lo cual se logra aglutinar a todo el país en torno tan histórico objetivo.

A partir de un Referendo Consultivo el pueblo venezolano se expresará libremente, y dirá si está de acuerdo que vayamos a la sede del Alto Tribunal donde se dirime nuestra contención y hagamos las alegaciones   que en justicia nos asisten.

 

Para que lo tengamos presente, debo señalar, también, que cuando analizamos la Constitución de la República Cooperativa de Guyana de 1980, nos conseguimos con la auto asignación y la distribución político-territorial que ellos han establecido, precisamente en la Guayana Esequiba, en flagrante violación del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Asunto que estamos obligados a recomponer y reinstitucionalizar una vez recuperada esa inmensa extensión territorial que nos despojaron con añagaza y vileza.

En atención con lo señalado arriba, los gobiernos guyaneses – de manera ilegal y atrabiliaria-- delimitaron la Zona en Reclamación; haciendo denominaciones a tal contexto geográfico según su conveniencia. Así entonces, nos encontramos con las regiones: Guainía-Baruma, Poomeron-Supenam, Cuyuní-Mazaruni, Potaro-Siparuni, AltoTúkutu- Alto Esequibo.  Dejamos sentado, sin embargo, que para nosotros la única manera geohistórica de denominarla es Guayana Esequiba.

 

La inocultable intención que tal vez están calculando en perspectiva, conforme al Derecho Internacional Público, sería la invocación de Prescripción adquisitiva; con la aviesa finalidad de transformar todos los actos de hecho, en que han venido incurriendo, en resoluciones de derecho; o quizás, –  ni remotamente-- que se produzca una decisión jurídica, que tome en cuenta el Principio –  ius cogens—de la   libre determinación de los pueblos.

Sépase que poseemos respuestas densas, suficientes y a tiempo para cada una de los ardides que pretenda practicar la contraparte en este asunto litigioso.

 

En la Zona en Reclamación – nuestra indiscutida Guayana Esequiba-- hay asentadas importantes ciudades, conglomerados de varios tipos y clases sociales; cuyo registro censal, más reciente, arroja una población que sobrepasa las 300.000 personas, incluyendo a las etnias Waiwai, Makushi, Arawakos, Akawayos, Saraos, Patamonas, Caribes y Wapashi.

 

Con plena fe que cuando recuperemos esa séptima parte de nuestra geografía venezolana, nos corresponderá concretar mayor relacionamiento con todos esos grupos humanos, porque también han sido nuestros compatriotas.

 

Por lo pronto una debida y oportuna advertencia: el Estado venezolano debe ofrecer un trato más igualitario y decoroso a los Esequibanos que viven en Tucupita, San Félix, Ciudad Bolívar, Tumeremo, El Callao etc.

 

Reiteramos una denuncia, por todos ya conocida, nos referimos a la negativa, desde hace  muchos años, para  instrumentar seriamente por parte del Estado Venezolano  un proceso de cedulación de los Esequibanos. Es verdad que ha habido algunos esporádicos e inconsistentes asomos en tal sentido, sin concretarse nada. Pura retórica.

 

Resulta triste tener que reconocer que mientras reclamamos la Guayana Esequiba; por otra parte, a los compatriotas que proceden de esa zona, que conviven aquí entre nosotros, los ignoramos y negamos sus derechos.

 

Porque así lo he percibido al visitar esa zona, por mi particular y propia experiencia puedo mencionar que los Esequibanos que están residenciados en   varias ciudades venezolanas, aún conservan algunas tradiciones religiosas, medicinales, experiencias innovadoras en cuanto al cultivo de la tierra y explotación piscícola, creatividad en procesos de manufactureras, actividades gastronómicas, metodologías educativas, en fin, técnicas productivas en general.

 

Preguntémonos. Acaso no podemos nosotros aprovechar esos conocimientos; al tiempo que, en tal intercambio de saberes, los compatriotas Esequibanos recibirían las necesarias asistencias que refuercen el carácter identitario de la venezolanidad; con la intención de que repliquen tales eventos hacia sus familiares, que aún viven en la Guayana Esequiba.

 

Mientras vamos acoplando tareas de estrechamiento social con los Esequibanos y el pleno reconocimiento de sus derechos; en estos momentos, está gravitando -- en todas partes del país-- la incerteza de que, si vamos a hacernos partes del juicio abierto y en proceso, por ante la Corte Internacional de Justicia, a causa de la Acción interpuesta, en contra nuestra, por Guyana, sin que ellos posean la menor sustentación jurídica, histórica o cartográfica.

El 08 de marzo de este año –recientemente-- los coagentes de la excolonia británica se presentaron una vez más en el Alto Tribunal de La Haya y ratificaron todos y cada uno de los elementos contentivos en su petitorio.

Cuyo contenido se resume (y sintetiza) de la manera siguiente: ellos insisten en pedirle a la CIJ que confirme la validez legal y efecto vinculante del Laudo Arbitral de París, dictado el 3 de octubre de 1899, documento que siempre ha sido considerado por Venezuela como írrito y nulo; dos adjetivaciones calificativas adosadas desde sus orígenes.

Eso es todo lo que –en esencia—piden a la mencionada Sala Juzgadora de la ONU.

 Es que no tienen nada más que soporte tan extravagante pretensión procesal; por cuanto, el citado Laudo – de ingrata recordación—quedó desechado, cuando se firmó, el 17 de febrero de 1966, el Acuerdo de Ginebra.

El citado Laudo quedó inválido y sin eficacia jurídica; por lo que este litigio (contrario a lo alegado por ellos) se encuentra en condición de imprejuzgado. La contraparte se vuelve torpe al insistir con ese adefesio ante la Corte.

En lo que a nosotros concierne, otro elemento a considerar es la fecha que nos ha fijado la Sala sentenciadora de la ONU, para que nos hagamos presentes o invoquemos, una vez más, la no comparecencia en el juicio. Vamos o no vamos.  Aspecto que debe determinarse cuanto antes, para saber a qué atenernos. En el supuesto que, mediante decisión afirmativa del Jefe de Estado, nos dispongamos a   hacernos  parte del juicio en La Haya, debemos – con prontitud y diligentemente—conformar el más idóneo equipo multidisciplinario, y preparar los alegatos de los verdaderos hechos y la fundamentación de derecho que nos asiste.

 

 

 

Guayana Esequiba: controversia (hasta hoy) imprejuzgada

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV)

Miembro de la ONG “Mi Mapa de Venezuela “

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

 

Comencemos por rememorar que el soberbio imperio británico apeló a todo tipo de ardid diplomático (extorsiones incluidas) para que se conformara una Comisión Arbitral en 1899, sin la presencia de la representación venezolana.

Dicho jurado, compuesto por ingleses, estadunidenses y un ruso prevaricador, decidió despojarnos de manera vil, descarada y vergonzosa, de la denominada Guayana Esequiba, con el conocido laudo sentencial, concluido en París el 3 de octubre de ese año.

 

De tal manera que hemos sostenido la referida contención desde hace más de un siglo; ayer, quienes nos antecedieron en esta gesta reivindicadora y hoy quienes enfrentamos esta lucha, en todos los frentes.

Lo hacemos convencidos de que nos asiste la razón; porque, además, tenemos suficientes elementos probatorios: históricos, jurídicos (que no admiten prueba en contrario), cartográficos, sociales y políticos.

 

Estamos dispuestos a continuar, en las instancias que sean necesarias, hasta que se logre hacer justicia a Venezuela por el daño patrimonial territorial que se nos perpetró.

La contraparte en este asunto litigioso sabe que tenemos Justos Títulos, que han sido traslaticios desde que nos constituimos como Capitanía General de Venezuela, el 8 de septiembre de 1777, por Real Cédula de Carlos III.

 

No es poca cosa la que queda implícita y abarca el reclamo. Hablamos de una séptima parte de nuestra extensión territorial, con su respectiva proyección atlántica; y de un conglomerado de compatriotas, Esequibanos, con quienes debemos tejernos en absoluta identidad nacional.

Sin embargo, prestemos atención a la estrategia que ha venido jugando la excolonia británica en este asunto.

 

Guyana, que siempre estuvo rechazando la posibilidad de la figura del Buen oficiante, introdujo una demanda, en el año 2018, contra nuestro país, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Dicha demanda acaba de ser ratificada el 08 de marzo del 2022; pidiendo, en esta ocasión, que se nos sentencie en ausencia.

 

Aunque jugamos bien, entonces en el inicio del juicio, la carta de la No Comparecencia; debemos ser responsables ante Venezuela, y manifestar que   el mandado no está hecho, completamente. Hay que afinar las próximas decisiones jurídicas al respecto. Tenemos una cita pendiente para el 08 de marzo del 2023.

Hago esta seria advertencia: como recurso procesal la No Comparecencia es perfectamente admisible y aplicable conforme al Derecho Internacional Público; pero no basta -- eo-ipso-- para resolver jurídicamente el pleito.

 

No obstante, dejamos sentado, ante la opinión pública nacional, que por el solo hecho de habernos decidido por la No Comparecencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), luego de la demanda que interpuso el gobierno guyanés contra Venezuela, todavía no obtenemos la solución definitiva en la controversia, por el área que vilmente nos arrebataron.

La situación se encuentra en condición de imprejuzgada (nada resuelto conforme a derecho); a pesar de lo que la contraparte alude e invoca. Nada de Cosa Juzgada ni laudo arbitral ejecutoriado.

Permanentemente lo hemos expuesto que nuestro país nunca ha aceptado la decisión arbitral que nos despojó de la citada extensión territorial y su consecuente proyección atlántica.

 

Invocar la No Comparecencia, como lo hizo nuestra delegación, resultó, ciertamente, una postura estratégica inteligente; y evitó que los coagentes de la excolonia británica se salieran con la suya en la celada jurídica tendida.

 

 Es verdad que la No Comparecencia nos da un respiro, pero no aporta un último desenlace en esta histórica contención.

Sin embargo, reconozcamos, con carácter de autocrítica generalizada, que hemos tenido demasiada desidia para mantener altivo el interés en la opinión pública nacional por la Guayana Esequiba.

 

No exageramos si decimos que hay compatriotas que se pierden en el mapa, y no logran precisar dónde les queda ese inmenso territorio de nuestra geografía que vilmente nos arrebataron.

Asumamos, modestamente, que todo lo hecho hasta ahora parece que resulta poco para tamaño emprendimiento.

 

Debemos redoblar nuestro tiempo para seguir haciendo más labor de reivindicación venezolanista, por nuestra Guayana Esequiba; dejando a un costado cualquier sesgo ideológico o partidista que intente diferenciarnos en este noble propósito.

 

Un aspecto bastante significativo y destacable – que no nos intimida-- es que ellos están asesorados por abogados con experiencias en controversias entre Estados, y financiados por compañías estadounidenses, canadienses, holandesas, chinas que explotan nuestros recursos petroleros, energéticos, hídricos, mineros, madereros, de flora y fauna en general.

Guyana y su equipo de asesores han jugado, con tenacidad, en los últimos dos años la estrategia jurídica. Poco les han importado las otras alternativas de solución contempladas en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas y reflejadas en el texto del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, vale decir: la negociación, la mediación, la conciliación; en sí mismas, son vías expeditas y pacíficas para alcanzar una avenencia “práctica y satisfactoria” para ambas partes.

 

Así también, la delegación guyanesa ha demostrado que está dispuesta a jugársela completa; inclusive hasta con una extraña y tramposa manipulación del propio Estatuto de la Corte, en su artículo 53.

 

Resalta el hecho con demasiada suspicacia, de que el gobierno guyanés se muestre esperanzado que tal vez están próximos a “una decisión final y vinculante que resuelva esta controversia. Que permita a Guyana y Venezuela desarrollar relaciones como Estados vecinos”.  

El párrafo anterior está contenido en la declaración oficial del gobierno de Guyana, una vez que se conoció que la Corte iba a citar a las partes conflictuadas para la fase oral y a la consignación del respectivo memorial de ratificación (para ellos) y de contestación de la demanda (para nosotros).

 

Siendo así, por lógica deductiva se llega a conocer que Guyana tampoco acredita a la írrita y nula sentencia arbitral como Ejecutoriada o Cosa Juzgada. No está muy segura. Y no lo está porque no tiene el más mínimo documento jurídico, histórico o cartográfico que respalde lo que pide ante la sala sentenciadora de La Haya.

Si la excolonia británica solicita a la Corte – en la interposición del recurso en contra nuestra-- que resuelva definitivamente este pleito centenario, es porque admite que tal controversia no ha sido resuelta. Están aceptando que el caso se encuentra imprejuzgado; tal vez, por serios e inexcusables defectos en los requisitos y presupuestos procesales. Así entonces, todavía deben concurrir y aportarse muchos otros elementos, en la oportunidad que sean exigidos por el Alto Tribunal, para que pueda producirse una resolución – ipso juris—en virtud y estricto derecho.

 

Guayana Esequiba: ratificación del petitorio por la contraparte

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia venezolana de la Lengua

Miembro de la ONG “Mi mapa de Venezuela”

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV)

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

 

Habiendo llegado el día 08 de este mes, los coagentes guyaneses, quienes han asumido la representación de la excolonia británica hicieron acto de personación (formal) en la sede de la Corte Internacional de Justicia, en la mencionada fecha, y en ocasión de atender a la cita pautada hace exactamente un año, en el Alto Tribunal de la ONU.

 

En su condición jurídica de demandantes – según el contenido del escrito de acciones interpuestas contra nuestro país—  se limitaron a consignar una documentación espuria; por cuanto, hasta el día de hoy, Guyana no posee el más mínimo Título que respalde y soporte la pretensión que han encausado procesalmente en La Haya.

la delegación guyanesa la conformaron los ciudadanos Sean D. Murphy (inglés), de la Facultad de Derecho de la Universidad de George Washington y asesor jurídico de la embajada de EE. UU en Los Países Bajos; además, Paul Reichler (estadounidense) socio y codirector del Grupo de Litigación y Arbitraje Internacional de Foley Hoag; Payam Akhavam (iraní) profesor en la Universidad McGill en Montreal, miembro de la Corte Permanente de Arbitraje y Shridath Ramphal (guyanés), exministro de Relaciones Exteriores y de Justicia de ese país.

Dejamos sentado suficientemente que por muy renombrado que pueda parecer el equipo guyanés no nos atemoriza ni nos arredra; porque lo hemos dicho, en muchas ocasiones, que nosotros estamos asistidos de plena razón y Justos Títulos traslaticios de dominio. Poseemos enjundiosos elementos probatorios: históricos, jurídicos, cartográficos, políticos, geográficos y morales

 

Lo que entregó ese equipo en la Corte, en carácter ratificatorio, vale decir: la interposición de acciones en nuestra contra la conocemos en su totalidad.  La hemos leído con precisión, analizado y estudiado académicamente. Cuyo contenido se resume (y sintetiza) de la manera siguiente: ellos insisten en pedirle a la CIJ que confirme la validez legal y efecto vinculante del Laudo Arbitral de París, dictado el 3 de octubre de 1899, documento que siempre ha sido considerado por Venezuela como írrito y nulo; dos adjetivaciones calificativas adosadas desde sus orígenes.

Llega a tanto la mala fe de la otra Parte en este asunto litigioso, que se atreven a exponer en el libelo de la demanda, en el capítulo III, “Declaración de los Hechos”, en su apartado 54, lo siguiente: “Guyana tiene motivos para temer nuevas violaciones de su soberanía por parte de su poderoso vecino, sin una solución definitiva de la controversia por parte de la Corte”.

El párrafo anterior, en verdad constituye una caradurismo insoportable; porque, han sido ellos -- en tanto causahabientes del imperio inglés-- continuadores de hechos de  perpetración de arrebato de la séptima parte de nuestra geografía nacional; extensión territorial que heredamos a partir de la creación de la Capitanía General de Venezuela, mediante Cédula Real de Carlos III, el 08 de septiembre de 1777 y reconfirmado al momento y con el evento de reconocimiento de nuestra Independencia, por parte de España, el 30 de marzo de 1845. Ambos documentos – iuris et de iure-- (que no admiten pruebas en contrario) se encuentran en poder de la República Bolivariana de Venezuela.

Bastan esos dos Justos Títulos—que han causado estado—para explayarlos en la Corte; para mostrar y demostrar cuál es en verdad la nación usurpadora.

Prestemos ahora atención a tres peticiones concretas que hizo, originalmente, Guyana, ante la Corte; que, con vergüenza, las   contemplamos en la demanda, en el apartado 55, Capítulo IV-Decisión Solicitada:

 

“Que la Corte declare que Guyana goza de plena soberanía sobre el territorio comprendido entre el río Esequibo y el límite establecido por el laudo de 1899 y el Acuerdo de 1905, y Venezuela disfruta de plena soberanía sobre el territorio al oeste de ese límite…”

 

“Que Venezuela se retire inmediatamente de su ocupación de la mitad oriental de la isla de Anacoco, y todos y cada uno de los otros territorios que son reconocidos como territorios soberanos de Guyana de acuerdo con el Laudo de 1899 y el Acuerdo de 1905”

 

“Que Venezuela se abstenga de amenazar o usar la fuerza contra cualquier persona y/o empresa autorizada por Guyana para participar en actividades económica o comerciales en el Territorio de Guyana, según lo determinado por el Laudo de 1899, o en cualquier área marítima asociada a dicho territorio, sobre la cual la soberanía de Guyana ejerce derechos soberanos, y no interferirá con ninguna actividad guyanesa o autorizada por los guyaneses en esas áreas”

 

“Venezuela es internacionalmente responsable de las violaciones de la soberanía de Guyana y sus derechos soberanos, por todas las lesiones sufridas por Guyana como consecuencia”

 

 Recordemos que algunas de las precitadas peticiones ya fueron desestimadas por el Jurado sentenciador de la Haya, el 18 de diciembre del año 2020, precisamente cuando se autoconfirió competencia para conocer forma y fondo de este pleito centenario, e informó que restringía su actuación únicamente a la validez o no del Laudo in comento.

 

Al analizar, con bastante precisión y detalle, nos conseguimos que Guyana como parte Actora ha circunscrito la demanda, con exclusividad, en el contenido de la sentencia arbitral, que generó el Laudo cuestionado; el cual quedó, por cierto, sin validez, fuerza ni eficacia jurídica, desde el mismo momento que se suscribe el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966; por lo tanto, el Laudo ha dejado de ser recurso oponible en esta controversia interestatal.

En la lectura que hacemos a la parte final del escrito de la demanda, nos conseguimos que la delegación guyanesa refiere una lista de anexos, donde no hay -- ni por asomo— algún documento jurídico o histórico que avalen la desmesurada y extravagante pretensión procesal que han formulado ante la Corte Internacional de Justicia.

No hay de qué temer. Para el 8 de marzo del año 2023, si el Jefe de Estado –por cuanto es su atribución constitucional– determina la comparecencia o no de Venezuela, para hacernos parte del juicio, será densa la alforja de Títulos históricos y jurídicos que presentaremos para la examinación e investigación por parte del Jurado sentenciador.

 

Sin embargo, dejamos muy en claro que si continuamos con la dejadez frente a lo que nos corresponde histórica y jurídicamente; además, si no nos pronunciamos a tiempo por lo que aún se incurre contra Venezuela (sobre todo en la proyección atlántica) que vulnera nuestros intereses soberanos.

 Si damos muestras de indiferencias, en vez de formular las denuncias oportunas y contundentes; o permitir que los gobiernos guyaneses sigan dando concesiones a empresas transnacionales para la exploración, explotación y comercialización de los vastos recursos que tiene la Guayana Esequiba, no solo en el territorio, sino en su plataforma continental; entonces, sépase que todas estas omisiones, desatenciones y desintereses conspiran contra nosotros en los reclamos que desde hace más de un siglo hemos hecho de esa zona; porque, por estar asumiendo  conducta displicente – en esta contención-- se puede llegar a interpretar como desistimiento de nuestra causa.

 

 

 

 

La mujer revisitada con equidad

  Dr. Abraham Gómez R.

 Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

 Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV)

 Miembro de la ONG “Mi mapa de Venezuela”

 

El lenguaje como estructura social siempre ha aportado también datos interesantísimos --precisamente-- para lo que vamos a exponer, a lo largo de este escrito.

De manera contraria a lo que alguna gente cree, dejamos en claro que no se hace inclusión de lo femenino en la sociedad, ni se reivindica a la mujer si se dice: muchachos y muchachas, ellas y ellos, todas y todos; o poniendo arrobas (@) en los enunciados para abarcar ambos géneros de una sola vez. Esto último resulta tamaña extravagancia.

Muchas veces, porque se pretende enarbolar falsos feminismos escuchamos: participantes y participantas, concejales y concejalas, alférez y alfereza, oficinistas y oficinistos, periodistas y periodistos, camaradas y camarados, asistentes y asistentas, y por esa ruta distorsionada y ridícula se termina por ofender o poner en entredicho el verdadero valor de las mujeres en nuestra sociedad.

 Las mujeres requieren de nosotros, hoy tanto como ayer, una nueva mirada sociohistórica.

Así entonces las cosas, no le pidamos a las construcciones gramaticales que reivindiquen lo que algunas sociedades, enteramente masculinizadas, excluyen en casi todos los actos de habla, en la vida diaria y en cualquier desenvolvimiento.

 Preguntamos, ¿acaso, se siente la mujer excluida o discriminada al no verse visualizada en cada expresión lingüística relativa a ella?

Podemos entregar, una y otra vez, las mismas y decididas respuestas a la anterior pregunta: los abusos en los desdoblamientos referidos al género gramatical son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico.

Se nos hace inaceptable e impertinente, en esta época contemporánea, que alguien pueda llegar a pensar que las mujeres son inferiores.  No hay el más mínimo argumento serio que avale una aseveración de ese tenor.

Le invito a que hagamos una especie de “tomografía” de bastantes cortes a la palabra mujer.

Es un vocablo muy antiguo y con tantísima densidad socio-cultural y emocional, que desde que se formó ha ido evolucionando en estructura y en significado hasta llegar a su valor actual.

El étimo latino original es mulier, que deviene, luego, al español como mujer.

También nos sorprende la proximidad de la palabra mulier con el vocablo mulcere, que significa palpar, tocar suavemente, acariciar;  y la cercanía con el término mulgere, que quiere decir ordeñar. No entremos en discusiones en cuanto al evidente   parentesco entre estas dos últimas expresiones lexicales; no ameritan mayores comentarios.

 Por otra parte, debemos detenernos críticamente también en la inequidad de género que ha arrastrado y sufrido la mujer a lo largo de la historia; fenómeno que hoy resulta inaceptable desde todo punto de vista.

 Insistamos que en cada vocablo hay implícito una carga valorativa; de tal manera que aflora con mulier-mujer una intención oculta de descalificación muy marcada que en ellas ha venido pesando injustamente. Práctica que ebullía con descarada fuerza en la época medieval --con tantos prejuicios--, provocando la desigualdad entre los géneros. Apartheid sufrido por la mujer y que han intentado perdurarlo en el tiempo; por cuanto, las estructuras simbólicas han contribuido a crear una concepción de lo femenino conducente a perpetuar la inferioridad de la mujer. Súmesele a esto la adherencia, casi inconsciente que ellas mismas asumen de unas lógicas patriarcales que improntan y deciden un modo de ser, hacer y decir de la mujer.

 Para alcanzar la equidad de género debemos, junto con ellas, deconstruir la cultura patriarcal ; que es, precisamente, donde se alojan, reproducen y encriptan, en su mayoría las racionalidades que imponen los designios hacia el género femenino.

 Observemos con sumo cuidado que hay una relación entre los significados (descalificativos mencionados) asociados al vocablo mujer, y la manera cómo la mujer es (mal) tratada en la sociedad.

 Muchos pensadores que se tienen por serios, que aportaron enjundiosos estudios, también contribuyeron con sus escritos a reproducir los menosprecios y la invisibilizaciòn de las mujeres. J.J Rousseau, sostenía sin desparpajo en plena modernidad esto “… la mujer está destinada a la vida doméstica, por la fuerza de la naturaleza, por sus funciones biológicas, por su razón débil y caprichosa y por lo tanto no habría motivos para reclamar derechos para la mujer”.

Sin embargo, a pesar de muchas limitaciones socio-políticas, la mujer ha logrado reivindicarse, ha procurado sus propios reconocimientos históricos; ha alcanzado la igualdad de oportunidades y la equidad en el ejercicio de sus derechos, hasta transformar y hacer una resignificación de la palabra mujer, una nueva conceptuación; para que deje atrás la heredad desde sus orígenes.

A nadie se le ocurriría en estos tiempos contemporáneos traducir, dogmáticamente, del latín mulier o mujer en español, el menor asomo que implique idea despectiva; porque se ha construido con suficientes esfuerzos -- y densamente justificado-- una nueva tesitura discursiva, para la plena dignificación de nuestras mujeres

Aunque persisten, todavía, resabios de una cultura androcentrista que intenta imponerle a la mujer su modo de ser, que terminan limitándola a una constreñida trama sin mayores posibilidades.

 Nos regocija que la mujer haya ido deshilachando tales anudamientos existenciales.

Algunos han querido que ellas sigan    viviendo bajo ilimitado sometimiento patriarcal; para tales propósitos recurren a la subestimación y al alojamiento en el inconsciente de la mujer un patrón de conducta ajeno a ella misma, para que lo legitime y acepte; con lo cual le producen un daño severo a su autoestima.

Indudablemente, que el presente siglo XXI es el siglo de las mujeres. Vamos a permitirnos esa profecía razonable.

Ciertamente, la presencia de la mujer en los cargos de responsabilidades había sido lenta, pero se ha vuelto indetenible.

La pregunta que se formula la mujer ante los desafíos de la sociedad ya no es cómo acceder sino la trascendencia de su participación y las consecuencias de sus decisiones. Admitamos, con honestidad, que en estos y en los próximos tiempos habrá muchas mujeres en desempeños públicos y privados para orgullo de los seres humanos y de ellas en particular.

 

 

             “Toda la probanza nos favorece”

Lo dice, con la mayor seguridad, el Dr. Abraham Gómez, quien lleva más de treinta y cinco años estudiando la situación conflictiva que hemos sostenido, en el reclamo por la Guayana Esequiba. Nos enteramos que acaba de ser designado asesor del Consejo Académico de la Fundación “Venezuela Esequiba”; además de pertenecer a la ONG “Mi mapa de Venezuela” y miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela; por lo cual podemos señalar que ha sido incansable en esta lucha.

En una amena conversación – como todas las que hemos tenido—nos expone: “el próximo martes 8 de este mes, la delegación diplomática de Guyana, nuestra contraparte en el litigio, se hará presente en la Corte Internacional de Justicia, para ratificar – según han anunciado—las acciones ya interpuestas contra nuestro país”.

Pero, Dr. Gómez, de manera concreta ¿qué se supone que va a solicitar, una vez más, la gente de Guyana?

“Ellos van a insistir, en su petitorio, que la Corte reconozca como válido y vinculante, el Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899, documento que nosotros siempre hemos calificado de írrito y nulo. Un documento confeccionado bajo todo tipo de tratativas, entre los ingleses, rusos y norteamericanos.”

Le preguntamos, si en esta ocasión, que se ve interesante ¿Tenemos nosotros pruebas suficientes para ir contra lo que ellos van a pedir? ¿Es decir, para contrarrestar?

“Por supuesto. Siempre hemos poseído los elementos probatorios, desde el punto de vista jurídico, cartográfico, demográfico e histórico; para desmontar el contenido de la mencionada sentencia arbitral, redactada y aprobada con añagaza y trampa. Toda la probanza nos favorece. Nos resultará fácil, con la verdadera narrativa de los hechos constitutivos y fundamentales destejer lo que allí se urdió hace más de cien años, con lo cual nos arrebataron una séptima parte de nuestra geografía nacional”

Díganos una cosa, cuando nos llamen a la Corte, esa vez si iremos a presentar todos esos documentos, que usted dice que tenemos, para que haya una solución definitiva en este caso. Como he escuchado por allí, para quitarle las rayitas al mapa.

“Debo ser bastante responsable para contestar, de manera específica a esta pregunta. El Jefe de Estado venezolano tiene La determinación o última palabra para que la representación de nuestra Cancillería comparezca el 08 de marzo del próximo año, a la cita en La Haya (Países Bajos), sede de la Corte. Señalo, explícitamente, es una atribución constitucional del   Jefe de Estado. Si es su decisión que la delegación diplomática no se presente, entonces no nos haremos parte del juicio. Si autoriza, allí estaremos”

Sin embargo, preguntamos, ¿no corremos algún tipo de riesgo con nuestra ausencia. Si dejamos el escenario para que lo aproveche la contraparte?

 “Por supuesto. Con nosotros presentes o con nuestra ausencia el juicio que se inició hace un año (a cuya primera fase oral no nos presentamos) no se va a paralizar. Además, la Corte continuará con las etapas subsiguientes; y puede llegar incluso en el momento resolutivo emitir un fallo, así no haya representación de Venezuela. Tal Sentencia la tomaría ese Alto Tribunal de la ONU, conforme, al artículo 53 del Estatuto de la Corte.

Háblenos del equipo que podría defendernos, en ese tribunal. ¿Tenemos la gente preparada, al respecto?

“Contamos con extraordinarios profesionales, dispuestos a conformar un elogiable equipo multidisciplinario.