“Únicamente haciendo se puede aprender a hacer”

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

abrahamgom@gmail.com

 

Habiendo nacido en un pueblito nombrado El Toro, jurisdicción del municipio “Antonio Díaz” del estado Delta Amacuro, Venezuela, el 24 de diciembre de 1921, nuestro ilustre educador, Dr. Félix Adam, luchó con dedicación y esfuerzos titánicos para fracturar la voracidad de tal “genética social” para que el medio rural-indígena no lo absorbiera.

Logra proyectarse en el mundo en razón de sus aquilatados conocimientos.

Creador internacional de la Andragogía; en tanto   ciencia de enseñanza-aprendizaje para adultos.

 

Un excepcional y admirado maestro de escuela, de comienzos del siglo XX, en esta apartada porción geográfica venezolana; tan preterido por los decisores de las políticas públicas.

 

El maestro Adam era fogoso en el discurso. Denso y brillante en su cultivado léxico, y severamente crítico para lograr que las cosas y las causas se dieran con justicia y eficiencia.

 

Fue el gran promotor de “hacer y no decir”.

 

La acción siempre lo llevó al hecho; y esto me hace recordar que los filósofos orientales hablan de la acción continua; del hacer en el instante presente.

 

Aún recuerdo con suficiente emoción que más de una vez, cuando me asesoraba para la creación del Instituto Tecnológico para esta región, me dijo:

 “Lo que importa es lo que hacemos con la conciencia lúcida y los cambios que permanentemente se están ejecutando alrededor de uno; porque cada instante es único e irrepetible”.

 

Cuántas veces el docente puede ahorrarle al estudiante, de cualquier grupo etario, años de sufrimiento y frustración sólo con una palabra amable, un gesto de identificación, la ubicación en su mismo plano de aprendizaje.

Aludía, discursivamente, a cada instante y en muchas partes:

“Un educador con la autoestima baja, poco remunerado, como el nuestro, tanto en dinero como aliciente vocacional, jamás podrá dar a los otros lo que él mismo está necesitando, como el aire que respira”.

Al respecto, Adam inducía a la participación comprometida socialmente, fundamentada en el estudio, al análisis crítico de cualquier problemática.

 

En bastantes ocasiones, cuando provocaba los encuentros e intercambio de saberes en Tucupita y otras ciudades el maestro Adam asumía una extraordinaria actitud incitativa hacia nosotros; quienes éramos, para entonces, cursantes de la maestría en Andragogía, hace ya muchos años; de lo cual estamos infinita y eternamente agradecidos.

 

Nos señalaba, con suficiente determinación, que:

 “No habrá excusa que valga para, quienes somos hechuras y estamos comprometidos con la academia. Sería imperdonable si    pretendiéramos escurrir el obligado debate y la plural confrontación que explore nuevos horizontes y despliegue múltiples miradas por el futuro de la educación en Venezuela”.

 

 Nos increpaba de este modo: “Tienen que atreverse o se apartan. Porque definitivamente es un atrevimiento teñido de audacia que escrutemos a la educación desde sus interioridades. Eso es lo hermoso, aunque produzca vértigos”.

 

Quiénes más sino nosotros, en sentido genérico para reconocer, luego del diagnóstico más descarnado,  que la educación nuestra, en sus distintos niveles y modalidades  ha devenido en  una estructura ambigua, que poco o nada ha hecho para ir adaptando sus mecanismos  y procedimientos conforme a  las exigencias de los tiempos actuales; con lo cual admitimos que las realidades externas llevan un ritmo de aceleración superior, en todo, valga decir hasta para la construcción de conocimientos, menos para propender a la Sociedad de la creatividad y la innovación.

 

Una de las premisas que hemos sostenido quienes abrigamos, por razón y emoción, a la Andragogía (hechura teórica y doctrinal del doctor Adam, en el mundo entero) viene dada en que no basta enseñar, aunque sea rápidamente, hay que hacerlo también sólidamente. Con emoción y amorosidad.

 

El maestro Adam insistía en que, en vez de recurrir, casi sin escapatoria, a los “libros muertos”, debemos ser más creativos.

 A los niños, jóvenes y adultos deben presentárseles las vivencias.

 

El maestro Adam lo expuso, en diversos escenarios académicos:

 “Sólo haciendo se puede aprender a hacer. En vez de palabras: sombras de las cosas, lo que hace falta en las escuelas es el conocimiento de las cosas mismas”.

 

Nos indicaba, de modo reiterado, que la educación primero pedagógica y luego andragógica transcurre toda la vida, en sus diversas etapas; porque siempre estamos aprendiendo.

La educación andragógica – que constituyó su hija predilecta-- se desarrolla a través de una praxis fundamentada en los principios de participación y horizontalidad, con carácter sinérgico, para que se incremente el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante adulto.

 

Maestro por vocación y empeñoso realizador de sus grandes ideales dejó huellas profundas en todas las actividades que le correspondió desempeñar.

 

Fue un hombre que amó la naturaleza y nunca olvidó su origen, ni a “la tierra de las aguas” donde nació.

 

Me manifestaba que sentía la pobreza, la miseria, la desnutrición, las enfermedades, el dolor del pueblo, la mirada de desesperanza campesina, y que por eso aceptó el reto de ser educador.

 Un verdadero Maestro, en la proyección inextinguible de esta palabra; que en todos los idiomas del mundo sirve para eternizar la sabiduría y la dignidad del ser humano sobre la tierra.

 

Guayana Esequiba: nuestra herencia histórica sin palabras embadurnadas

 Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

Coordinador de la Comisión proponente de la UNAFRONT

 

En algunas ocasiones, se hace menos pronunciable el discurso socio-político mundial dominante.

En el escenario internacional, aunque resulte extraño, prevalece un clima que lo enreda todo.

Las palabras comunes con las que quisiéramos (y debemos) intentar definir las cosas, o por lo menos irlas llamando por sus nombres, se han vuelto extrañas.

Los códigos lingüísticos han variado y corren a contrapelo de la realidad.

 

Acaso no nos ha sucedido que no obstante teniendo lo perceptible muy cerca de nosotros como para juzgarlo, la retórica de las naciones con pretensión se superpotencias tuercen los significados y te los hace saber distintos.

Obviamente, que subyace un marcado (e indisimulado) interés en tal discurso manipulado; sobre todo pronunciado en las destacas convenciones y alianzas de países, con aspiraciones de dominar y repartirse el mundo.

 

Por eso los enunciados, contenidos en sendos comunicados, en su mayoría son falsos.

Dígame cuando enarbolan las banderas de la paz, la reconciliación y solidaridad entre naciones hermanas.

 

Nos queda la sensación de que hay que aprender de nuevo a pensar y a escribir.

 Pareciera que “las respuestas no siguen a las preguntas, el saber no sigue a la duda y las soluciones no siguen a los problemas” (Larrosa, dixit).

 

 El uso indiscriminado de los vocablos no sería tan grave si éstos no fueran instrumentos para llegar a conocer, analizar e interpretar la realidad.

No surtirían tanta preocupación si todo se quedara en palabras vacías, sin intencionalidad; pero la mayoría de las veces van más allá. Hacia posibles daños perpetrados contra otros Estados.

 

Resulta que los enunciados y sus significados en voz de las potencias imperiales son senderos abiertos para explorar, conocer e intentar someter al mundo.

Prestemos también atención a lo siguiente.

De todos es bastante conocido que cada término tiene un curioso origen; y algunas veces, de modo arbitrario, un inmenso caudal de relatos adquiere cierta síntesis en un único étimo.

Así también decimos que una palabra embadurnada, para que diga lo que no le corresponde, nos lleva por un camino oculto o riesgoso.

Constituye una vergonzosa temeridad señalar en el escrito de demanda que nos hizo la excolonia británica, en el año 2018, ante la Corte Internacional de Justicia que Venezuela había aceptado pasivamente, durante 60 años que la zona disputada era una herencia del Reino Unido hacia Guyana.

La descripción anterior viene a cuento porque escuchamos en disímiles escenarios internacionales que ellos se encuentran en una interesante etapa de emancipación.

Que es como decir. Hay una acción para quedar liberados de un poder o procurarse independencia frente a algo.

Vamos a detenernos a escrutar en  lo sucesivo al término mancipium que es un legado idiomático procedente del latín.

Mancipium define toda cosa tomada, agarrada de la mano. Sostenida con fuerza; ejerciendo sobre ella cualquier símbolo que represente autoridad.

No es necesario profundizar en discusiones intelectuales o académicas de alto nivel para percatarnos que las decisiones que se vienen dando en los últimos años en la República Cooperativa de Guyana a lo que menos apunta, precisamente, es a una emancipación. A desplazar hacia fuera, a desligarse de las estructuras poderosas en las que siempre han permanecido atrapados; que les imponen sus designios, ajenos a su propia identidad.

Precisamente, esas empresas transnacionales les han impuesto un enmascaramiento histórico-jurídico para una extensión territorial que nunca les ha pertenecido.

Frente al arrebato que nos perpetraron, destacamos el hecho de que nuestra cultura socio-política, siempre ha asumido una impronta civilista, que es un irreductible sustrato de paz.

 

En ningún momento, ni bajo las circunstancias que se habrían dado, nuestro país merecía la demanda unilateral accionada contra Venezuela por la República Cooperativa de Guyana.

 

Sobran razones para aducir que hubo demasiada ingratitud en el comportamiento de quienes ahora asumieron la condición de contraparte en este proceso litigioso que ellos trabaron, por ante la Corte Internacional de Justicia. Sala que se encuentra preparando la sentencia definitiva del juicio.

La ligazón oportunista y juego de intereses dinerarios con las empresas transnacionales obnubiló la perspectiva histórica a la dirigencia guyanesa; y les provocó “amnesia selectiva” que les impidió (antes de cometer el hecho jurídico, arriba mencionado) asumir a conciencia que fuimos nosotros los primeros en reconocerlos como nuevo Estado naciente en la comunidad internacional; exactamente, el mismo día que alcanzaron su independencia del Reino Unido, el 26 de mayo de 1966.

 

Desmemoria inoculada, a petición y complacencia de las aprovechadoras compañías de turno, esquilmadoras de nuestros recursos; de las cuales jamás se han emancipado

 

Agreguemos, también, que cuando el militarote Forbes Burnham, decidió hacerse dictador e inició de inmediato una implacable persecución contra la población civil que se oponía a sus desmanes, fuimos nosotros en Venezuela que albergamos, protegimos y prohijamos a quienes se vieron obligados – por los terribles actos inhumanos cometidos-a abandonar la llamada para entonces “zona en reclamación”.

 

En los peores y más aciagos eventos económicos por los que atravesó la nación vecina (que nos confronta) nosotros dispusimos de la ayuda suficiente y a tiempo para socorrerlos, para que solventaran la crisis que los golpeaba duro y recurrentemente.

 

Recibieron de nosotros un trato preferencial en el proceso de compra-venta de petróleo y bastantes otros rubros, con lo cual aliviaban su calamidad, de entonces.

 

Venezuela les permitió ingresar a la Organización de Estados Americanos; a pesar de que la carta de OEA los limitaba; porque había un diferendo por extensión territorial que aún no se había definido.

 

Al crearse Petrocaribe (por expresa iniciativa de nuestro país), las demás naciones integrantes aguardaron por la opinión de Venezuela para ver si permitía el ingreso o no de Guyana en esta corporación.

 

 Venezuela jamás objetó su incorporación; y les ofreció recursos energéticos con amplias y cómodas posibilidades de cancelación.

 

 

 

Para el confraterno pueblo guyanés --con tantas desdichas insoportables y padecimientos, arriba citadas-- Venezuela  había sido para ellos, hasta el 2015, un elogiable destino.

Hemos sido respetuosos (hasta lo indecible) del Acuerdo de Ginebra de 1966; que en ninguna parte le reconoce soberanía a Guyana en el espacio controvertido; pero que, sin embargo, observamos con paciencia la instalación de compañías ilegalmente autorizadas por los gobiernos guyaneses.

 

 

 

Guayana Esequiba: procuramos la restitución sin malcriadez diplomática

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro de la Comisión de Estudios Fronterizos de Venezuela

Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

En este asunto litigioso hemos estado claros y conscientes que no se trata de una simple ilusión; sino de una determinación histórica con fundamento; de lo cual se encuentra enterada la contraparte que, por supuesto, sabe que somos poseedores de los irrebatibles documentos que nos acreditan el dominio (derecho real y absoluto de propiedad) sobre la extensión territorial que han venido ocupando y usufructuando ilegal e ilegítimamente.

Aunque algunos sujetos internacionales y países (hasta ayer amigos de Venezuela) se pronuncien en respaldo a Guyana --por marcados intereses económicos, sin dudas-- nuestra contención siempre ha tenido suficiente asidero jurídico, cartográfico e histórico y la fortaleza moral de saber que no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie.

Si antes, en condición de nación pobrísima, Guyana se apoyaba en los aportes dadivosos suministrados por la Commonwealth y la Caricom; desde hace cinco años para acá --con la Exxon a la cabeza de todo este enjambre esquilmador-- no tienen reparos o limitaciones en los gastos e inversiones oficiales; por cuanto, están percibiendo inmensos caudales de recursos dinerarios producto de la ilegal explotación petrolera, maderera, agroindustrial, energética, pesquera  y minera en el área conflictuada y en la proyección atlántica, aún por  delimitar.

Los reclamos de restitución que hemos sostenido, desde hace más de un siglo, no están anclados en una malcriadez diplomática o en algún capricho nacional y menos en empecinamientos injustificados.

Estamos obligados y dispuestos –razonablemente— a repensar, analizar (una y muchas veces) y a practicar las mejores estrategias a que haya lugar para que se cumplan los objetivos de reivindicación venezolanista. Restitución que estamos procurando mediante una congruente sentencia por parte de la Corte Internacional de Justicia; esperada para los próximos meses.

Como se sabe hay algunos hechos ya adelantados (que auguramos surtan efectos); vale decir, la fase postulatoria, la consignación del memorial de contestación de la demanda, el desahogo de pruebas y las alegaciones orales.

No obstante, en la alforja todavía poseemos documentos jurídicamente concretos, que no tenemos porqué eludirlos, de llegarse al caso.

La delegación venezolana que ha comparecido ante la Corte – a todos los trayectos, procesales precitados- lo hizo con todo el derecho, en nombre de nuestro Estado.

En cualesquiera de esas ocasiones pudimos haber incoado una demanda o instaurar un juicio en paralelo contra quien nos ha demandado. Todo, relacionadamente, en el mismo proceso.

Sin ningún tipo de arrogancia, si nos lo hubiéramos propuesto cabía –perfectamente- una acción jurisdiccional reconvencional; porque estaban dadas las condiciones de conexidad entre nuestras pretensiones en nueva litis y las que ya habían sido identificadas objeto de la demanda principal, introducidas y ratificadas por la contraparte.

La Sala, que tramita en juicio el fondo de la controversia, hubiera pasado a conocer también – por economía procesal—nuestra causa petendi en reconvención (con signo diferente, ampliadas e incontrovertibles) cuya finalidad procuramos que concluya, pronto y definitivamente, con resolución congruente, donde se haga justicia a nuestro país.

Con todos los especialistas en esta contención --con quienes hemos intercambiado criterios de los probables acontecimientos subsiguientes-- coincidimos en señalar que hay que reflexionar que estamos en presencia de un Asunto de Estado.

Hay que dejarse de “actitudes retrecheras o soberbias”.

Los delegados del oficialismo venezolano, responsabilizados para este delicado caso litigioso, hoy más que nunca, deben obligarse (y abrirse) a consultar a expertos y estudiosos para concordar la más idónea y conveniente posición que tiene que seguir asumiendo el Estado venezolano.

En espera del fallo del Cuerpo Jurisdicente, ratificamos que es factible jugar, simultáneamente, en tres tableros.

1.- Pendientes para dar respuestas oportunas y contundes, por las incursiones armadas en nuestra extensión atlántica. 2.- Insistir en una salida conversacional directa con la contraparte (privilegiando lo transigible y conciliable). 3.- Prepararnos con nuestros irrebatibles Justos Títulos traslaticios, para cuando se produzca la sentencia.  

Nos preguntan que si ese cuadro, con tres vertientes, es factible, al mismo tiempo.

Claro que lo podemos hacer.

Guyana con la descarada entrega de concesiones –inconsultas y unilaterales-- a las empresas transnacionales pretende, sibilinamente, “hacer valer o crear derechos de soberanía”.

Lamentablemente, en el concierto de las relaciones internacionales, los países no tienen amigos sino intereses.

Tal aseveración, la estamos percibiendo, en los últimos años, precisamente; porque esta zona está siendo considerada de un extraordinario potencial por las reservas probadas y calidad de los recursos petrolíferos, la ubicación geoestratégica y su proyección e interconexión con los países de Suramérica.

Respetamos a quienes se atreven a ser explícitos en sus consideraciones – no exentas de polémicas— al señalar que las verdaderas fronteras son políticas y económicas y no jurídicas.

 

 

 

Guayana Esequiba: se sienten envalentonados y soberbios

 Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

 Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

 Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Admitamos, de entrada y sin lugar a elucubraciones, que tenemos una seria amenaza en ciernes.

Sin embargo, nos mantenemos anclados, procesalmente, en todo nuestro irrefragable acervo de probanza que hemos consignado en las distintas audiencias por ante la Corte Internacional de Justicia.

Los honorables magistrados saben que acaudalamos los elementos de convicción; así también, la contraparte está consciente que es muy difícil que la excolonia británica pueda salir favorecida, en este juicio que ellos accionaron, de manera unilateral,

 

Recordemos que el Alto Tribunal de La Haya se autoconfirió jurisdicción y competencia, el día 20 de diciembre de 2020, para conocer forma y fondo sobre el caso confrontado entre Venezuela y Guyana.

Nos lució (aunque se halle contemplado en el artículo 36 de su Estatuto) una determinación escabrosa y rara:

 “La competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes.

Los Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación…. en caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá”.

Y, como lo hemos leído, la Corte ya decidió.

 

En la citada ocasión nos propusimos contactar a nuestros amigos Esequibistas, para comparar opiniones y conjeturas.

Esequibistas que hemos defendido (desde hace muchísimos años) esa extensión territorial que nos arrebataron con vileza.

 Esequibistas que hemos recorrido casi todas las universidades del país; que publicamos – recurrentemente- y a través de los medios y las plataformas digitales para concienciar en cuanto a la restitución que nos merecemos histórica y jurídicamente.

Establecimos comunicación, además, con estudiosos de los vericuetos y de los otros caminos estrechos y difíciles de transitar en el Derecho Internacional Público.

Lo hicimos adrede para saber si tenemos puntos de coincidencias, en nuestros respectivos análisis, sobre lo que decidió la Corte, con base a la contención centenaria.

Sin lugar a dudas que Guyana aguardó la ocasión, casi como una emboscada jurídica, para demandar a Venezuela en ese Ente Jurisdicente; yéndose, directamente al “arreglo judicial”, como una solución –no precisamente la inmediata—que contempla el artículo (33) de la Carta de las Naciones Unidas.

Había un espectro de opciones de solución, previamente a habilitar la vía jurisdiccional.

Ellos nunca han querido la negociación directa, la conciliación o la mediación; atendiendo el Acuerdo de Ginebra, del 17 de febrero de 1966, único documento válido, con pleno vigor jurídico; al cual estamos obligados a someternos para dirimir esta controversia.

 

Con todo lo que se puedo evitar; asumimos, con responsabilidad e inteligencia, que si ya el litigio tomó el rumbo y calificación que la propia Corte le confirió; qué nos quedaba entonces, sino   apertrecharnos con los recursos irrebatibles que nos asisten; digamos, con los Justos Títulos que poseemos; que no admiten pruebas en contrario (iuris et de iure); para exponerlos y defendernos con justeza, en los distintos trayectos procesales, a cuyas audiencias nos hemos hecho presentes.

 

Concordante a este asunto, desde siempre, escuchamos y prestamos atención, con detenimiento, todas las intervenciones del presidente guyanés Irfaan Ali, donde rechaza el reclamo justo que hace Venezuela sobre lo que nos despedazaron con añagaza (159.500 km2).

 

Cada vez que el Dr. Ali se dirige a la prensa guyanesa o a través de los medios internacionales lo hace con los términos más desconsiderados y temerarios hacia nosotros.

Además, continúa entregando concesiones –a diestra y siniestra—en la zona disputada, a empresas transnacionales.

 

En cada discurso, percibo al primer mandatario de la excolonia británica engreído y prepotente; inclusive asoma la posibilidad de esperar una sentencia definitiva, presuntamente favorable para ellos, por parte de la Corte Internacional de Justicia.

 

El actual gobierno guyanés se siente convencido y especula que la Sala Juzgadora garantizará como válido y vinculante (y con la condición de res judicata) la nula e írrita tratativa tramposa – el “laudo”- que nos despojó de una séptima parte de nuestra geografía venezolana.

 

Que quede claro que no estamos rehuyendo la confrontación jurídica; por cuanto, poseemos los Justos Títulos traslaticios, que confieren carácter posesorio sobre la disputada área y su proyección atlántica, desde el 8 de septiembre de 1777, con la Cédula Real de Carlos III, al crearse la Capitanía General de Venezuela; donde quedaron integradas las provincias de Caracas, Maracaibo, Nueva Andalucía (Cumaná), Guayana hasta el río Esequibo, Margarita y Trinidad.

 

Nacimos al mundo como Capitanía General de Venezuela, teniendo al río Esequibo como nuestro costado limítrofe por el este; ratificado con el Tratado de “Paz y Amistad” suscrito entre España y Venezuela, el 30 de marzo de 1845, cuando nos concede la independencia y reconoce el río Esequibo como el límite este de la naciente República venezolana.

Nada de quedarnos callados, inanimados o inertes; porque sabemos que el juicio – ya emprendido—no se ha detenido ni se paralizará, por ausencia de la delegación de Venezuela.

 

Que quede claro, también, que no hemos despojado nada a ningún país, ni pretendemos hacerlo. Fue a nuestra Nación a la que se le perpetró, con alevosía, un vulgar desgajamiento.

 

 

 

 

Guayana Esequiba: poseemos una fortaleza cartográfica auténtica

 Dr. Abraham Gómez R.

 Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

 Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

 Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

 Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Debemos suponer que en el juicio que se sigue en la Corte no solo debe importar la narratología de los hechos, explicitados por nosotros en el memorial de contestación de la demanda; sino también el contenido en estricto derecho para determinar la justeza en la respectiva resolución jurisdiccional.

 

Significa que si el Alto Jurado sentenciador se compromete con este tipo de argumentaciones de cogencias, fortalece   la verdad de las premisas (nuestros Justos Títulos y reiterativas cartografías), y reivindica la conclusión jurídica, esperada congruentemente.

 

Advertimos que la aludida cogencia, para este específico caso, hace referencia al carácter imperativo, incontrovertible y obligatorio de una norma o de un argumento; que lo hace Inalterable e inmodificable.

Se tiene, en tanto en cuanto, como derecho imperativo; y alude a aquellas normas o pruebas que tienen tanta fuerza y solidez que se imponen por sí mismas, sin admitir pacto en contrario ni alteración por voluntad de las partes.

Sobre esa base, hemos manejado nuestra irrebatible argumentación cada vez que pedimos restitución de la extensión territorial que nos desgajaron.

 

Por lo pronto, atendamos a la siguiente observación/pregunta: ¿cómo observa el Derecho Internacional las efectividades en el establecimiento de las fronteras?

 

El concepto jurídico y Principio de la Efectividad ha sido discutido en relación al título sobre un territorio; donde el Derecho Internacional ha marcado la preferencia del título jurídico por encima de la ocupación o la posesión ilegítima.

Hemos leído bien. El título jurídico se impone frente a cualquier acto de fuerza ocupacional o administración temporaria de un territorio.

 

No perdamos de vista que la Corte ha decidido en una serie de sentencias, que han creado jurisprudencias, que un Título Jurídico preexistente (como en nuestro caso con la Real Cédula de Carlos III, de 1777) prevalece sobre una administración del territorio en controversia, por parte de otro Estado.

 

Un Estado puede completar, pero no contradecir el título jurídico preestablecido.

 

Ciertamente, las fronteras han tenido, por su propio ámbito de aplicación, una relación estrecha con la cartografía. Este es otro punto de nuestro aprendizaje.

 

Prestemos mucha atención a lo siguiente.

La propia Sala sentenciadora de la ONU, ha dictaminado siempre que las cartografías constituyen – apenas– elementos auxiliares en una controversia interestatal.

 

Los mapas suelen jugar un rol importante, ya sea como integrante del tratado que se aplica al caso concreto, o porque muestran una forma de interpretar la intención real de las Partes, y pueden servir de prueba auxiliar o confirmatoria de aquélla.

 

La Corte siempre ha   dictaminado que un mapa anexo a un título jurídico es un elemento complementario del cual forma parte integral.

 

La Corte sentó la jurisprudencia que la cartografía alegada por un Estado Parte, en un proceso de litigación, constituye, por supuesto, una expresión física de la voluntad del Estado concernido; pero no es suficiente como elemento de probanza definitiva.

 

La Sala decidió que, en las delimitaciones fronterizas, los mapas condensan (de manera representativa) simplemente información, y nunca títulos territoriales por sí solos. Son meramente pruebas extrínsecas, que pueden usarse, junto con otras, para determinar los hechos reales. Su valor depende de su fiabilidad técnica y de su neutralidad en relación con la controversia y las Partes.

 

A partir de los mapas presentados no se puede efectuar una inversión de la carga de la prueba.

 Conforme a la Corte, los mapas no poseen –eo ipso– fuerza probatoria en un litigio.

 

No obstante, en el asunto litigioso que nos ocupa en la actualidad por ante   la Corte Internacional de Justicia, nos atrevemos a exponer el carácter incontestable de nuestra enjundiosa cartografía.

 

Me permito explicar. Nuestro portafolio cartográfico ha adquirido la condición de argumento sólido; porque sus elementos constituyentes (los mapas que lo componen) resultan, en sí mismos, premisas de certificación histórica.

Los mapas han hecho veracidad en su conclusión de la siguiente manera:  la Guayana Esequiba ha estado siempre en cualquier cartografía venezolana. El río Esequibo siempre ha constituido la frontera este de nuestro país. Así lo han registrado todas cartografías analizadas.

 

Si todos los mapas estudiados inductivamente dicen que esa ha sido nuestra frontera histórica; entonces la conclusión deductiva es que exactamente esa es nuestra frontera por el este de la nación venezolana.

 

Vamos por partes.

Conforma un legajo incuestionable todo el mapeado del reconocido geógrafo y académico Juan de la Cruz Cano y Olmedilla del año 1775.

Un mural realizado con ocho planchas de cobre, valorado como el más completo mapa que se haya hecho de América del Sur hasta la utilización de métodos cartográficos contemporáneos.

Allí aparece la Guayana Esequiba perteneciendo a Venezuela (conocida en el mundo, primeramente, como Capitanía General de Venezuela).

 

Apreciemos, además, este otro componente inductivo.

Hay bastante fortaleza argumentativa en la obra cartográfica del inglés Joseph Hadfield, de 1839; la cual fue hallada en Londres, en el año 2018, por el abogado Ugo Giuliani, quien donó al Estado venezolano esos mapas legítimos y auténticos, que demuestran la inclusión de la Guayana Esequiba, en el contexto geográfico venezolano.

 

Más elementos de convicción al respecto.

El mapa político y atlas de las provincias venezolanas, realizado por Agustín Codazzi, en 1840; el cual ha sido considerado indiscutible (respaldado por investigaciones geográficas, sobre todo en la provincia de Guayana).

Añadamos, también, el elogiable aporte cartográfico, plasmado en el enjundioso trabajo del ingeniero y exrector de la UCV, Muñoz Tébar, en 1887, fundamentalmente hacia la parte oriental de nuestro país.

 Agreguemos los extraordinarios trabajos de mapeados de los sacerdotes Pablo Ojer y González Oropeza.

 

 

 

 

 

 

 

 

Guayana Esequiba: la sentencia será la próxima acción jurisdiccional de la Corte

 Dr. Abraham Gómez R.

 Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

 Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

 Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

 Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Nos preguntan, por distintas vías, sobre las estrategias que seguirían una vez que se conozca la resolución que tomará el Ente Juzgador de la ONU; que, por cierto, ese Alto Tribunal tiene un amplio abanico de posibilidades para decidir, conforme a su Estatuto.

Hemos respondido, permanentemente, que las estrategias no se develan por anticipado.

No obstante, es posible enunciar algunas descripciones de lo que nos correspondería desarrollar como Estado; aunque, también, hay elementos que por expresa precaución y moderación se deben omitir.

En bastantes regiones del país conseguimos profesionales densamente formados; lo cual nos honra y llena de profunda satisfacción venezolanista.

Me nutro de conocimientos al escuchar, con detenimiento, sus respectivas elucidaciones sobre este tema y las posibles alternativas de solución de la controversia que tendría la Corte.

Encontramos, en distintos organismos públicos y privados, gente sabia para grandeza de la Patria.

Estamos dispuestos siempre además a intercambiar criterios con los participantes, en general, centrados en tal asunto litigioso.

Hay un bastión enorme que ha acumulado muchas indagaciones documentales; lo cual les ha permitido acrisolar vivencias y experiencias. Tales compatriotas portan en sí mismos sendas “cajas de herramientas” intelectuales, siempre al servicio del país.

Hay plena coincidencia entre nosotros que Guyana nunca estuvo dispuesta a continuar el pleito con Venezuela a través de la figura del Buen Oficiante.

Hubo un permanente saboteo, durante veinticinco años, a los procesos de conciliación y mediación.

Jamás quisieron negociación directa, conforme al Acuerdo de Ginebra; el cual fue suscrito y ratificado el 17 de febrero de 1966.

Nunca quisieron la conciliación. Y lo reconocen, en cada declaración.

De este modo, lo   dijo, en palabras recientes, el cuestionado presidente Irfaan Ali:

“Eso ha constituido una perdedera de tiempo, y no arrojó los resultados satisfactorios para ninguna de las dos partes en controversia. Y ese reclamo de Venezuela es una amenaza a la Paz de América Latina y el Caribe”.

Añade, también, que: “el Laudo de París ha sido ejecutoriado en el proceso de demarcación en 1905; y debe tenerse como Cosa Juzgada”.

Precisamente sobre este último argumento falaz basan su Pretensión Procesal en la Corte Internacional de Justicia.

El gobierno guyanés y sus tutores financieros, las (52) empresas transnacionales, que han recibido ilegales concesiones para explotar (esquilmar) los recursos en la zona en reclamación y su proyección atlántica, celebran, por anticipado, los posibles resultados sentenciales del Cuerpo Jurisdicente; inclusive, esperaban que Venezuela no compareciera, para ellos invocar el artículo 53 del Estatuto de la Corte, que contempla:

“Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los Artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho”.

Pero se equivocaron, de punta a punta; por cuanto, Venezuela ha asistido debida y responsablemente a todas audiencias, en sus diferentes trayectos procesales. A pesar de que, en alguna ocasión no le reconocíamos jurisdicción como instancia idónea para dirimir la controversia; y menos conocer forma y fondo de este asunto. Ni hemos admitido ninguna cláusula facultativa y compromisoria  de obligatoria jurisdicción.

 Con todo, avenimos a presentar y desahogar nuestro irrebatible acervo de probanza; una vez analizada la intención y alcance del autoconferimiento de jurisdicción y competencia que se hizo la Corte, para conocer de la controversia, el día 20 de diciembre de 2020.

Conscientes que con nuestra ausencia la Sala no iba a perder su piso competencial para dirimir la cuestión litigiosa que ha incoado Guyana, unilateralmente.

Un jurado puede tener jurisdicción y no competencia, pero no al contrario. Si no posee la jurisdicción, menos tiene la competencia.

Debemos aclarar en igual sentido, que no cometemos ninguna arbitrariedad, ni contrariamos el Derecho Internacional con aplicar, a lo interno de nuestra nación, la diplomacia abierta”; para que “la diplomacia siempre avance de manera franca y a los ojos de la opinión pública” (Woodrow Wilson, dixit).

Consideramos que algunas cuestiones de índole internacional deben tratarse pública y francamente (y lo reafirmamos con la invocación de los artículos 5 y 71 de nuestra Constitución Nacional); porque los pueblos no pueden ser relegados a la condición de simples objetos.

Es justo que la nación entera pueda dar su opinión sobre cuestiones vitales; y mucho más si se trata de nuestra reclamada integridad territorial; de lo cual estamos a punto de escuchar un fallo judicial histórico.

A nuestra contención centeneraria la cual hemos categorizado como el producto de la suma de voluntades de todos los sectores de la sociedad, que ha asimilado este caso litigioso única y exclusivamente como Asunto de Estado.

Ya habrá la ocasión y bajo distintas circunstancias de arreglar las otras cuentas pendientes.

 

 

 

 

Guayana Esequiba: ¿Próxima acción jurisdiccional? la sentencia de la Corte

 Dr. Abraham Gómez R.

 Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

 Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

 Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

 Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Nos preguntan, por distintas vías, sobre las estrategias que seguirían una vez que se conozca la resolución que tomará el Ente Juzgador de la ONU; que por cierto ese Alto Tribunal tiene un amplio abanico de posibilidades para decidir, conforme a su Estatuto.

Hemos respondido, permanentemente, que las estrategias no se develan por anticipado.

No obstante, es posible enunciar algunas descripciones, de lo que nos correspondería desarrollar como Estado; aunque, también, hay elementos que por expresa precaución y moderación se deben omitir.

En bastantes regiones del país conseguimos profesionales densamente formados, lo cual nos honra y llena de profunda satisfacción venezolanista.

Me nutro de conocimientos al escuchar, con detenimiento, sus respectivas elucidaciones sobre este tema y las posibles alternativas de solución de la controversia que tendría la Corte.

Encontramos, en distintos organismos públicos y privados, gente sabia para grandeza de la Patria.

Estamos dispuestos siempre además a intercambiar criterios con los participantes, en general, centrados en tal asunto litigioso.

Hay un bastión enorme que ha acumulado muchas indagaciones documentales; lo cual les ha permitido acrisolar vivencias y experiencias. Tales compatriotas portan en sí mismos sendas “cajas de herramientas” intelectuales, siempre al servicio del país.

Hay plena coincidencia entre nosotros que Guyana nunca estuvo dispuesta a continuar el litigio con Venezuela a través de la figura del Buen Oficiante.

Hubo un permanente saboteo, durante veinticinco años, a los procesos de conciliación y mediación.

Jamás quisieron negociación directa, conforme al Acuerdo de Ginebra, suscrito y ratificado el 17 de febrero de 1966; por cuanto, según palabras recientes del cuestionado presidente Irfaan Ali:

“Eso ha constituido una perdedera de tiempo, y no arrojó los resultados satisfactorios para ninguna de las dos partes en controversia. Y ese reclamo de Venezuela es una amenaza a la Paz de América Latina y el Caribe”.

Añade, también, que: “el Laudo de París ha sido ejecutoriado en el proceso de demarcación en 1905; y debe tenerse como Cosa Juzgada”.

Precisamente sobre este último argumento falaz basan su Pretensión Procesal en la Corte Internacional de Justicia.

El gobierno guyanés y sus tutores financieros, las (52) empresas transnacionales, que han recibido ilegales concesiones para explotar (esquilmar) los recursos en la zona en reclamación y su proyección atlántica, celebran, por anticipado, los posibles resultados sentenciales del Cuerpo Jurisdicente; inclusive, esperaban que Venezuela no compareciera, para invocar el artículo 53 del Estatuto de la Corte:

“Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los Artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho”.

Pero se equivocaron, de punta a punta; por cuanto, Venezuela ha asistido debida y responsablemente a todas audiencias, en sus diferentes trayectos procesales. A pesar de que, en alguna ocasión, no le reconocíamos jurisdicción, como instancia idónea para dirimir la controversia; y menos conocer forma y fondo de este asunto. Ni hemos admitido ninguna cláusula facultativa y compromisoria  de obligatoria jurisdicción.

 Con todo, avenimos a presentar y desahogar nuestro irrebatible acervo de probanza; una vez analizada la intención y alcance del autoconferimiento de jurisdicción y competencia que se hizo la Corte, para conocer de la controversia, el día 20 de diciembre de 2020.

Conscientes que con nuestra ausencia la Sala no iba a perder su piso competencial para dirimir la cuestión litigiosa que ha incoado Guyana, unilateralmente.

Un jurado puede tener jurisdicción y no competencia, pero no al contrario. Si no posee la jurisdicción, menos tiene la competencia.

Debemos aclarar en igual sentido, que no cometemos ninguna arbitrariedad, ni contrariamos el Derecho Internacional con aplicar, a lo interno de nuestra nación, la diplomacia abierta”; para que “la diplomacia siempre avance de manera franca y a los ojos de la opinión pública” (Woodrow Wilson).

Consideramos que algunas cuestiones de índole internacional deben tratarse pública y francamente (y lo reafirmamos con la invocación de los artículos 5 y 71 de nuestra Constitución Nacional); porque los pueblos no pueden ser relegados a la condición de simples objetos.

Es justo que la nación entera pueda dar su opinión sobre cuestiones vitales; y mucho más si trata de nuestra reclamada integridad territorial; que está a punto de escuchar un fallo judicial histórico.

A nuestra contención centeneraria la cual hemos categorizado como el producto de la suma de voluntades de todos los sectores de la sociedad, que ha asimilado este caso litigioso, única y exclusivamente como Asunto de Estado.

Ya habrá la ocasión y bajo distintas circunstancias de arreglar las otras cuentas pendientes.