Guayana Esequiba: Irfaan, ¿cuál es tu empeño en pretender torcer la realidad histórica?

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV)

Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

 

Durante el acto  de celebración de los 60 años de la independencia de la República Cooperativa de Guyana, el discurso central pronunciado, el 26 de mayo,  por el presidente Irfaan Ali nos lució temerario, imprudente y retaliativo; por cuanto, se arroga - sin más-  el área controvertida; contención que  se dirime jurisdiccionalmente por ante la Corte Internacional de Justicia, en espera de sentencia, conforme a  las pruebas consignadas por las partes desavenidas, en la fase de  alegaciones en la primera semana del  mes pasado.

En el citado evento, el mandatario de la excolonia británica tuvo la osadía de pronunciar esta infeliz expresión:

 “El Esequibo es de Guyana. Nunca ha sido venezolano. Ni tampoco español. es y seguirá siendo guyanés”.

A tamaño atrevimiento nuestra Cancillería le propinó, de inmediato, una contundente respuesta:

“La República Bolivariana de Venezuela rechaza con absoluta firmeza las vergonzosas declaraciones del presidente de Guyana, Irfaan Ali, emitidas desde la Embajada de Estados Unidos en Georgetown, donde se presentó, no como jefe de Estado, sino como subordinado político, rindiendo cuentas. Las declaraciones de Ali «constituyen una falsificación de la verdad histórica y jurídica. La discusión sobre la invalidez o validez del Laudo Arbitral de París de 1899, fue sepultada por las partes al suscribirse el Acuerdo de Ginebra de 1966, entre Venezuela, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la entonces Guayana Británica, hoy República Cooperativa de Guyana».

Nos causó estupefacción el sentido e intencionalidad de las palabras dadas a la prensa internacional por parte del presidente guyanés Mohamed Irfaan Ali.

Manifestaciones atrabiliarias, que no parecen las de una persona que tiene la función de dirigir los destinos de un país; por la cantidad de falacias y desvergüenzas que llevan incorporadas los vocablos dichos, implícita y explícitamente.

Pretende torcer, con lo que dice, la realidad de un hecho histórico que desborda su capacidad analítica y que -sospechamos- domina escasamente el pensamiento crítico. Tal cual lo percibimos.

Entonces, con las inocultables características detectadas se ve obligado a apelar a mentiras indigeribles; como, por ejemplo, señalar que:

“Venezuela busca apoderarse de las dos terceras partes del territorio de la República Cooperativa de Guyana. La posición de Georgetown se basa en el Laudo Arbitral de 1899 y reiteramos que la defensa de la soberanía guyanesa continuará a través de los tribunales y la diplomacia, jamás mediante la guerra”.

Así, además, en ese mismo tono acusa a nuestro país de ser irrespetuoso del Derecho Internacional; de desconocer las materias contempladas en la Carta de las Naciones Unidas; y nos somete al escarnio por la supuesta violación del Acuerdo de Argyle, suscrito bilateralmente, el 14 de diciembre del año 2023.

Cuando nos detenemos a tratar de entender esa ristra contra nosotros, consideramos que – tal vez- lo más protuberante y “lapidario” de lo que dijo el gobernante de la excolonia británica, fue que: “su gobierno no tolerará anexión, incautación u ocupación de ninguna parte de su geografía nacional”.

En consecuencia, frente a tamaño ultraje nos vemos obligados a precisar – y poner en su sitio- esas enormes distorsiones.

Comencemos. Lo único que heredó Guyana del Reino Unido, una vez que alcanzó su independencia, el 26 de mayo de 1966, era lo que el Imperio Inglés había adquirido de los Países Bajos, en 1814, las colonias de Berbice y Demerara; mediante el conocido “Tratado Anglo-Holandés”, cuyo territorio (aunque indefinido) no alcanzaba ni 60.000 km2. Nada más, sin lugar a dudas.; cuyo costado oeste llegaba (como obligantemente tenía que ser) hasta la mitad del río Esequibo.

Por tal motivo, lo instamos presidente Irfaan –conjuntamente con sus voceros principales que declaran para los medios internacionales —a revisitar la exacta documentación que registra y da cuenta de los mencionados acontecimientos; para que se evite inaceptables deslices, impropios a su investidura.

Agrego más.  Debe saber el Dr. Ali (en su condición de egresado universitario, especializado en geografía e historia) que fue por intermedio de una tratativa perversa, cargada de añagaza jurídica, cómo se perpetró el vil arrebato que se le hizo a Venezuela de una séptima parte de nuestra extensión territorial; acto viciado, desde sus orígenes, y que se quiso “barnizar con legitimación astuta” sentenciando el denominado Laudo Arbitral de París, el 3 de octubre de 1899.

Oprobioso fallo que entraña el atropello que se nos causó, en colusión de los imperios de entonces; y que hemos arrastrado, por consiguiente.

Ese precitado adefesio jurídico comporta un documento nulo de nulidad absoluta que Venezuela nunca convalidó y menos le confirió ejecutoria en 1905, con la tramposa demarcación que han querido meter de contrabando en la Acción incoada contra nosotros en la Sala Jurisdicente.

Ya lo hemos rebatido muchas veces.

Tan descarada y bochornosa resultó la decisión arbitral que tuvieron que suscribir y ratificar, el 17 de febrero de 1966, el Acuerdo de Ginebra, donde reconocen las tropelías cometidas; y a través de su contenido quedó rechazado e invalidado el “cacareado laudo”, que han intentado “revivir” como causa de pedir por ante la Corte Internacional de Justicia.

Ese laudo al no tener eficacia jurídica ni ser oponible a nada es un fraude legal con todas sus letras.

El Acuerdo de Ginebra es –en el presente—el único documento con pleno vigor jurídico donde se asienta esta controversia, que mandata la búsqueda de una solución” práctica y satisfactoria” para ambas partes, en un clima propicio de diálogo y pacífico de mutuo entendimiento entre los concernidos.

Míster Irfaan lo invito a revisitar reflexiva e investigativamente el Acuerdo de Ginebra para que logre entender que en ninguna parte del escrito se le concede soberanía a su país sobre la extensión territorial que por años habíamos denominado “Zona en Reclamación”.

 

 

 

             En la UNAFRONT será prioridad la cultura venezolanista

 Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios fronterizos de Venezuela

Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Han sido reiteradas las conversaciones que hemos sostenido con los directivos de las Academias y otras entidades culturales, confesionales, históricas; cuyo eje temático siempre ha sido las fronteras venezolanas, en toda su consideración y magnitud.

 

Nuestro equipo de proponentes lo ha estado explicando en varias universidades con el siguiente tono e intención.

Cuando se trate de discernir sobre las zonas o áreas fronterizas, tenemos que asumir idénticos propósitos de venezolanidad; por cuanto, constituye un Asunto de Estado el cual desborda cualquier parcela individualista.

 

Dicho de otra forma, la línea opinática debe dimensionarse por encima de diferenciaciones

ideológicas o partidistas.

El asunto fronterizo trasciende a los gobiernos.

Lo hemos reiterado, en todas nuestras conferencias por Venezuela. Se hace obligante concitar una verdadera unidad nacional para defender nuestra territorialidad.

Visto y analizado el párrafo anterior, nos hemos propuesto proyectar una Universidad Nacional cuya malla curricular se constituya únicamente de temas-tópicos y Asuntos Fronterizos (la UNAFRONT, como ya se le comienza a denominar en todo el país).

 

Al revisar por muchas vías, no hemos conseguido ninguna entidad educativa similar en otro país; ni siquiera en naciones que han tenido pleitos y serias controversias limítrofes

por años.

Consignaremos, muy pronto, el estudio de factibilidad por ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) para la creación de la precitada Universidad, cuyos componentes curriculares – como se ha dicho- exclusivamente estriben en los Asuntos Fronterizos de nuestra nación y de otros países del mundo.

Particular interés y énfasis, por supuesto, lo tendremos en nuestros espacios fronterizos, en todas sus consideraciones e implicaciones.

Valga decir, la conformación y nuestra herencia histórica; pactos suscritos.

Los elementos jurídicos que asisten a Venezuela.

Nuestros estudios y registros cartográficos.

Las diversas reclamaciones y confrontaciones que hemos tenido. La dimensión étnica y demográfica en general que habitan nuestra poligonal fronteriza.

Los procesos productivos agroindustriales y energéticos factibles en esas franjas colindantes.

Los despojos territoriales que nos han perpetrado.

Nuestra proyección caribeña y atlántica.

Los costados amazónico, andino y guayanés.

Aprehender las realidades de las áreas concernidas. Igualmente, establecer, de manera clara, la diferenciación conceptual-estructural entre límites y fronteras.

Examinar convenios, pactos, acuerdos, tratados. Así, además, estudiar las reclamaciones vigentes entre Estados que integran la comunidad internacional.

Los medios violentos y pacíficos de solución de los conflictos.

El Estatuto, el reglamento y – obviamente- la jurisdicción y competencia de la Corte Internacional de Justicia y sus más importantes jurisprudencias.

El contenido y alcance del Derecho Internacional Público.

En fin, habrá un abanico inmenso de elementos a incorporar en la estructura y diseño curricular, siempre con sentido experimental y de aprendizaje horizontalizado.

Todos aprendiendo de todos.

Son bastantes aristas a estudiar y problematizar, en su justa medida, en cuatro años aproximadamente.

Aspiramos que, una vez que se cumplan con los respectivos planes de estudios, programas, sus contenidos y con las correspondientes evaluaciones cuantitativas y cualitativas egresen profesionales densamente formados; con extraordinarios perfiles ocupacionales, según las carreras que hayan cursado.

 Por lo pronto tres: Asuntos Fronterizos, Relaciones internacionales y Etnodemografía.

Los profesionales egresados de la UNAFRONT tendrán amplias posibilidades de desempeñarse en la Cancillería, en las embajadas y consulados, entidades federales (sobre todo las fronterizas), en el Ministerio de la Defensa o en cualquier otro ministerio; asimismo, como docentes en las

universidades, escuelas y liceos, en el Ministerio de Planificación, como asesores en la Asamblea Nacional, en los Consejos Legislativos, en las Alcaldías, en los Concejos Municipales; también trabajar en otros países, entre muchas opciones laborales.

 

Acaso no sabemos que se han puesto en práctica instrumentos y metodologías de

innovación y creativas para adquirir y ensanchar conocimientos que corren y fluyen

paralelas a las universidades.

 

¿Por qué no incorporar tales dispositivos, instrumentos y metodologías como elementos

naturales y legítimos en los procesos universitarios?

Comporta –ciertamente- un interesante desafío, aunque produzca vértigos.

Estamos obligados a estudiar académicamente - y adentrarnos- en la poligonal fronteriza de Venezuela y otras naciones, en sus propios sitios de convivencias, para afinar mínimos detalles; para percibir de mejor manera la cultura, la comunicación lingüística, los valores, la etnicidad, la estética, la identidad, los diferentes sistemas de producción según los rubros que son propios del específico lugar, la problematización que atraviesan, la distribución geoespacial e interrelación con el resto de esa entidad; de los aludidos compatriotas o naturales de los otros países a estudiar; quienes ocupan ciudades, pueblos y caseríos, con sus concretas y muy diversas manifestaciones y

desempeños, que viven en esos inmensos espacios de considerable extensión territorial.

 

 

Guayana Esequiba: trayectos procesales subsiguientes

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Si ya el litigio tomó el rumbo y calificación que la propia Corte le confirió, qué nos queda entonces sino   apertrecharnos con nuestros recursos históricos y jurídicos para exponerlos con justeza en la debida ocasión ante la entidad juzgadora; como en efecto, acaba de ocurrir en las audiencias de alegaciones orales.

Invitamos a nuestra Cancillería para que se siga haciendo examinación de los hechos y todo lo que consecuentemente puede devenir a partir del evento recién pasado el  4 de mayo, en La Haya.

Hemos escuchado cualquier cantidad de opiniones, propuestas y conjeturas luego de la extraordinaria participación de nuestros delegados por ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ); que, como ya se sabe, se asumió hace 6 años con jurisdicción y competencia para conocer fondo y forma del caso controversial, suficientemente divulgado, del nulo e írrito Laudo Arbitral de París del 03 de octubre de 1899.

 

Como un elemento resaltante en este juicio, podemos mencionar que el Alto Tribunal desestimó los otros tres elementos –que detallo de seguidas—los cuales se encontraban contenidos en la Pretensión Procesal de la acción de demanda interpuesta por Guyana.

Veamos. Pedían la retirada del ejército venezolano de toda el área este de la Isla de Anacoco; además, en el escrito, los agentes de la Contraparte solicitaban que se impusiera una medida a Venezuela para que deje de “hostilizar” a las (39) empresas transnacionales que han estado esquilmando los incuantificables recursos de la Zona en Reclamación y su proyección atlántica; operaciones que efectúan en contravención al Acuerdo de Ginebra de 1966.

Así también, habían   solicitado que la citada Autoridad Juzgadora acordara restricciones a nuestro país, para que no “obstaculice” a la excolonia británica ninguno de sus proyectos económicos; aunque lo han estado desarrollando en la zona objeto del litigio.

 

 La Corte, en la narrativa de los hechos y en la fundamentación de derecho, dejó sentado que esas “menudencias” se podían resolver por otras vías pacíficas, y no en ese Tribunal.

 

La Sala consideró que su tarea jurisdiccional, en lo adelante, se circunscribirá a solicitar a las Partes a que presenten sus respectivos alegatos en cuanto a la eficacia jurídica del Laudo.

 

Exactamente eso fue lo que hicimos en la pasada audiencia.  Mostrar y demostrar, con Comparecencia plena de nuestra representación, cómo fue que la cuestionada decisión arbitral de 1899 --poco menos que un adefesio jurídico, producto de añagazas y tratativas tramposas-- nos despojó con vileza de una séptima parte de nuestra geografía nacional.

 

Quienes hemos estudiado este asunto por años sostenemos, de muchas maneras, que el mencionado Laudo ha quedado - para todos los efectos jurisdiccionales-  completamente desmontado.

 

Por otra parte, nos permitimos aclarar que en verdad nuestro país había invocado siempre el Acto procesal de No Comparecencia; por cuanto, no le reconocíamos Jurisdicción a la Corte, como instancia idónea para dirimir la controversia; y menos conocer forma y fondo de este asunto, pero la realidad ha cambiado inmensamente, tras la sentencia, de autoconferimiento del 20 de diciembre de 2020.

Frente al panorama que hemos atravesado (y continúa acechando) hay que actuar con inteligencia.

 

Prestemos atención a lo siguiente.

Cumplida la etapa de alegaciones orales y habiéndose evaluado la autoasignación de la competencia de la Corte, por rara que nos haya parecido, nos corresponde reflexionar lo que debemos hacer en las fases sucesivas, siempre como Política de Estado.

Aprovechamos para insistir que los propósitos en la Política Exterior de Venezuela, por la reclamación de la Guayana esequiba tienen que seguir con seriedad y al amparo de una iniciativa con las características que describen la fortaleza de una diplomacia abierta, para que avance de manera franca a los ojos de la opinión pública.

Que la gente participe, se interese, como lo acaba de hacer, y dé sus consideraciones.

 

La disyunción se planteará y sostendrá en estos términos: hasta dónde puede llegar a ser considerado el citado centenario documento con “carácter válido y vinculante”.

 

Podrá la delegación guyanesa convencer que la decisión arbitral de 1899 ha sido ejecutoriada por Venezuela, y recibir –eo ipso—la impronta de Cosa Juzgada, con los respectivos soportes impeditivos de impugnaciones. Por eso les digo, no es poca cosa tal desafío.

 

Estamos munidos de los Justos Títulos, en tanto recursos probatorios de la propiedad y legitimidad histórica, jurídica, cartográfica de Venezuela.

 

No tememos de lo que los honorables magistrados puedan examinar, dado que Venezuela tiene los Justos Títulos traslaticios, que confieren carácter posesorio sobre los disputados 159.500 km2 y su proyección atlántica, desde el 8 de septiembre de 1777, con la Cédula Real de Carlos III, al crearse la Capitanía General de Venezuela; donde quedaron integradas las provincias de Caracas, Maracaibo, Nueva Andalucía (Cumaná), Guayana hasta el río Esequibo, Margarita y Trinidad.

 

Los gobiernos que ha tenido Guyana, de cualquier signo político; ya sea del partido Indoguyanés el Partido del Progreso Popular (PPP), de Cheddi Jagan o el afroguyanés, el Congreso Nacional Popular (CNP), de Forbes Burnham o el actual en el gobierno de Irfaan Ali;  aunque se antagonizan entre ellos para muchas cosas, pero coinciden en el desacato al contenido y aplicación del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966; por cierto, el único instrumento jurídico que tenemos donde queda plasmado el reconocimiento del ardid tramposo en nuestra contra con el Laudo Arbitral de París de 1899.

 

Los ingleses en su momento y los guyaneses ahora insisten en el error histórico de desconocimiento de la propiedad que tuvo España en el inmenso territorio delimitado en la margen izquierda del río Esequibo.

 

Los ingleses perpetraron vulgares actos de Ocupación (que no Posesión), para crear asentamientos poblacionales en la Guayana Esequiba con migraciones forzosas traídas por ellos desde África, Asia y varias partes del mundo, para ocupar, hacerse de eso a la fuerza.

 ¿Qué viene de ahora en adelante?

Una fase denominada preconclusiva. En caso de que algo haya quedado pendiente en las alegaciones.

Luego, la Corte dispondrá de un tiempo, relativamente breve – unos meses, tal vez- para examinar las pruebas consignadas por las partes concernidas; y convocar a una nueva audiencia para dictar sentencia.

 

No hay nada que temer; dado que los documentos que nos respaldan no son expedientes con presunciones caprichosas, empecinamientos de malcriadez. Son legajos iuris et de iure.

Expresamos absoluta coincidencia con quienes han expuesto que las sentencias de la Corte deben ser acatadas, inclusive así el veredicto no haya sido del todo favorable para alguna de las Partes en la controversia. Lo decimos más claro aún, con el artículo (60) del Estatuto de la Corte:

“El fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o el alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes”.

Únicamente a los efectos de interpretación.

 

 

 

 

Guayana Esequiba: la Corte obligada a acreditar nuestras pruebas aportadas

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

La delegación de Guyana se acaba de presentar en las audiencias de alegaciones orales   a jugársela completa.  Sin lugar a dudas.

La representación de Venezuela, consciente de lo que aspiramos, se mantuvo segura, sobria y con inmenso ímpetu para exponer nuestras irrebatibles argumentaciones; y pedir que se haga justicia, de una vez por todas.

Sabemos de las presiones que ellos (y la comparsa de países que los respaldan) ejercen sobre el Alto Tribunal de La Haya, para aligerar una disposición sentencial que les favorezca; inclusive han pedido que se juzgue a Venezuela en ausencia.

Nuestro País ha comparecido a todas las audiencias responsablemente.

Ha cumplido con las exigencias de la Sala Juzgadora, en cada uno de los trayectos procesales.

Ellos, en la interposición de acción de demanda incoada contra Venezuela, insisten (lo escuchamos nuevamente) en solicitar que la Corte confirme la validez legal y efecto vinculante del írrito y nulo Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899.

El Canciller, los abogados y los coagentes guyaneses   pretenden en el conocido juicio que la Corte Internacional de Justicia declare, según sus “competencias judiciales”, que la decisión del Laudo constituyó una “liquidación completa, perfecta y definitiva” en todas las cuestiones relacionadas con la determinación de la línea fronteriza entre la excolonia británica y Venezuela.

En concreto, solicitan que se declare la decisión arbitral, contenida en el cuestionado Laudo, como Cosa Juzgada; y ejecutoriada por nuestro país, en una supuesta demarcación en 1905, sin protestas hasta 1962; según dijeron en sus respectivas intervenciones, esta semana pasada.

 

Se atrevieron a ir mucho más allá. La delegación diplomática de Guyana, particularmente el abogado británico Edward Craven, pidió ante el Ente Sentenciador que ese tribunal obligue a Venezuela a anular todas las leyes, decretos y demás normativas internas donde se haga mención de la Guayana Esequiba venezolana; así, además, que nuestro país borre todos los mapas y cartografías donde aparezca la zona controvertida como nuestro costado este.

Tamaño despropósito histórico y temeridad fue suficientemente rebatido por quienes representaron a Venezuela, con bastante dignidad y plena formación para este evento.

 

Para lo que todavía queda procesalmente, debemos mantenernos unidos, por encima de diferenciaciones; concitando una inteligente estrategia solidaria y plenamente venezolanista, con la finalidad de enfrentar todos los embates jurídicos o políticos que avizoramos.

La contención centenaria por esa inmensa área, que nos arrebataron vilmente, debe constituir un punto de confluencia nacional que trascienda las naturales parcialidades ideológicas, confesionales, culturales  sociales, económicas y de cualquier índole.

Requerimos conjunción de ideas, esfuerzos y propósitos en este asunto litigioso.

Hemos sostenido tal contención, y nos dispusimos a alegar en pro de la justicia en La Haya, porque tenemos suficientes elementos probatorios: históricos, jurídicos, cartográficos, sociales, políticos y morales que nos asisten. No son elucidaciones trasnochadas o caprichos antojadizos.

 

No estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie; ni le estamos quitando la extensión territorial que verdaderamente le corresponde a la República Cooperativa de Guyana; lo que exactamente el Reino Unido le compró a Los Países Bajos, que no fue otra cosa que las Colonias Berbice y Demerara. Nada Más.

Muy distinto a lo que expuso, el lunes 4 de mayo, el canciller guyanés, Hugg Todd:

 “Venezuela está reclamando un 70% de nuestro territorio. De prosperar lo que ellos quieren, nos dejarían infuncionales como Estado, Nos quieren hacer desaparecer de la comunidad internacional. No lo vamos a permitir; porque es una cuestión existencial”

 

La contraparte en el litigio – amparada en prebendas dinerarias e intereses de las empresas transnacionales- sabe que poseemos bastantes documentos de pleno derecho, que no admiten prueba en contrario.

 

Así también, la mayoría de los jueces de la Corte conocen que nos encontramos apertrechados y munidos con los Justos Títulos (iuris et de iure) que avalan la histórica propiedad incuestionable de Venezuela sobre la Guayana Esequiba.

Ha habido innumerables jurisprudencias –a partir de anteriores resoluciones sentenciales de la Corte Internacional de Justicia– que refuerzan nuestro histórico reclamo para mantener con firmeza los límites heredados por Venezuela. “Lo que se hereda no se hurta”.

 Nos llamó la atención la alocución del jurista Paul Reichler, contratado e incorporado por Guyana en su delegación en esta oportunidad; quien expuso, en una larga perorata que:

 “Venezuela sí estuvo representada en todas las reuniones del Consenso de Washington de 1897; y aceptó lo que allí se aprobó; lo que luego se desarrolló en la comisión arbitral, dos años después en París, donde se concluyó con el Laudo, ya conocido”

Dejamos claro en las sesiones -de esta semana- que una cosa fue lo acordado, previamente, en el Consenso de Washington (donde nos hicimos representar por el estadounidense Richard Olney; porque los ingleses no accedían a dirimir con nosotros directamente); y otra cosa fue lo que ellos aprobaron, a diestra y siniestra, en esa tratativa perversa del 03 de octubre de 1899.

 

En la Corte ratificamos que la Cesión de Derechos (documentos incontrovertibles) que recibimos, fundamentalmente a partir de la Real Cédula de Carlos III, del 8 de septiembre 1777, con la creación de la Capitanía General de Venezuela; y el reconocimiento de nuestra Independencia en 1845; ambos legajos inconcusos (firmes, sin dudas, incontestables) se imponen a cualquier dictamen de fuerza.

En este caso litigioso, los precitados escritos históricos recibirán absoluta acreditación.

No caben excepciones por ningún lado.

La Corte se obliga a hacer prevalecer sus propias jurisprudencias; siempre y cuando la posible sentencia de se circunscriba a estricto derecho; dentro de lo preceptuado en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, único documento con pleno vigor jurídico en esta contención, como lo dejo explícitamente claro el Dr. Samuel Moncada, agente de Venezuela, en este caso:

 “Desestimamos el laudo arbitral de 1899 por considerarlo fraudulento e impuesto por las fuerzas coloniales en un ejemplo de diplomacia de cañonero. Reiteramos que ‌la posición de Venezuela de que la disputa fronteriza ​solo puede resolverse mediante conversaciones entre Venezuela y Guyana.

Estamos comprometidos a ​seguir actuando de buena fe en las negociaciones directas con Guyana para alcanzar ‌un acuerdo mutuamente beneficioso".

 

Ya se sabe que la sentencia definitiva del ​caso se dictará dentro ​de unos meses.

Las resoluciones de la Corte son vinculantes e inapelables; sin embargo, el Tribunal no tiene medios para hacerlas cumplir por sí mismo, por lo que depende del ​Consejo de Seguridad de la ONU.

A propósito, me permito rescatar un interesante párrafo del escrito del magistrado eslovaco, juez en la Corte Internacional de Justicia, Peter Tomka, presentado el 20 de diciembre de 2020; exactamente, el mismo día cuando ese Alto Tribunal se atribuía competencia para conocer forma y fondo en el centenario litigio:

 

“Es importante que las Partes entiendan que, en caso de que la Corte declare nulo el Laudo Arbitral de 1899, como argumenta Venezuela, la Corte necesitará nuevas comunicaciones, en forma de pruebas y argumentos, sobre el curso de la frontera terrestre, a fin de que resuelva plenamente la <<controversia>>. Sin estas comunicaciones, la Corte Internacional de Justicia no estará en condiciones de determinar el curso de la frontera disputada entre los dos países. En tal caso, el secretario general de las Naciones Unidas podrá ser llamado una vez más a ejercer su autoridad en virtud del artículo IV, párrafo 2, del Acuerdo de Ginebra para elegir otro de los medios de solución previstos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas”.

 

 Hago la debida advertencia en los siguientes términos:  aunque el juez arriba citado votó en contra de la actitud y posición original de Venezuela; es decir, no reconocerle, para esa fecha, competencia a ese Ente Juzgador para este pleito; no obstante, el magistrado Tomka centró su ponencia en la amplia y legítima posibilidad para que las Partes concernidas argumenten y diriman la controversia, con sus respectivas documentaciones.

 

Guayana Esequiba: ¿Se convertirá, a partir del 4 de mayo, en un caso políticamente controvertido?

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Sobran razones para aducir que hubo demasiada ingratitud en el comportamiento de quienes asumieron la condición de contraparte en este proceso litigioso que ellos trabaron por ante la Corte Internacional de Justicia. Nos demandaron, sin miramientos.

Nunca quisieron, y sabotearon el trabajo de los Buenos Oficiantes; quienes procuraban alguna alternativa de solución de mutuo acuerdo, a través de la negociación directa, la mediación o la conciliación

 

La ligazón oportunista y juego de intereses dinerarios con las empresas transnacionales obnubiló la perspectiva histórica a la dirigencia guyanesa; y les provocó “amnesia selectiva” que les impidió (antes de cometer la acción jurídica, arriba mencionada) asumir a conciencia que fuimos nosotros los primeros en reconocerlos como nuevo Estado naciente en la comunidad internacional; exactamente, el mismo día que alcanzaron su independencia del Reino Unido, el 26 de mayo de 1966.  Muy poco les importó.

 

Desmemoria inoculada, a petición y complacencia de las aprovechadoras compañías de turno, esquilmadoras de nuestros recursos.

Las mismas transnacionales que bajo la égida estadounidense, ahora analizan las posibles estrategias de operar en ambos países. Un juego político-empresarial que dependerá de la posición que asuma la excolonia británica, esta misma semana, cuando le corresponda asistir a presentar la dúplica a nuestros alegatos.

 

Sin dejar de pertenecer al ámbito jurisdiccional este caso se torna interesante; por cuanto hay un orden y directrices simultáneas desde EE. UU para explotación y comercialización del rubro petrolero para ambas naciones conflictuadas.

 

Agreguemos, también, que cuando el militarote Forbes Burnham, decidió hacerse dictador e inició de inmediato una implacable persecución contra la población civil que se oponía a sus desmanes, fuimos nosotros en Venezuela que albergamos, protegimos y prohijamos a quienes se vieron obligados – por los terribles actos inhumanos cometidos-a abandonar la llamada para entonces “zona en reclamación”.

 

En ningún momento, ni bajo las circunstancias que se habrían dado, nuestro país merecía la demanda unilateral accionada contra Venezuela por la República Cooperativa de Guyana.

 

En los peores y más aciagos eventos económicos por los que atravesó la nación vecina (que nos confronta) nosotros dispusimos de la ayuda suficiente y a tiempo para socorrerlos, para que solventaran la crisis que los golpeaba duro y recurrentemente.

 

Recibieron de nosotros un trato preferencial en el proceso de compra-venta de petróleo y bastantes otros rubros, con lo cual aliviaban su calamidad, de entonces.

 

Venezuela les permitió ingresar a la Organización de Estados Americanos; a pesar de que la carta de OEA los limitaba; porque había un diferendo por extensión territorial que aún no se había definido.

 

Al crearse Petrocaribe (por expresa iniciativa de nuestro país), las demás naciones integrantes aguardaron por la opinión de Venezuela para ver si permitía el ingreso o no de Guyana en esta corporación.

 

 Venezuela jamás objetó su incorporación; y les ofreció recursos energéticos con amplias y cómodas posibilidades de cancelación.

 De allí surge  la inmensa interrogante que se abre: ¿ Cómo se manejará diplomática o  políticamente  esta controversia, luego del evento judicial de alegaciones de esta semana?

 

Hemos sido respetuosos (hasta lo indecible) del Acuerdo de Ginebra – que en ninguna parte le reconoce soberanía a Guyana en el espacio controvertido; pero que, sin embargo, observamos con paciencia la instalación de compañías ilegalmente autorizadas por los gobiernos guyaneses.

 

En síntesis, con tantas desdichas insoportables y padecimientos encima habíamos sido para ellos un elogiable destino.

 

Frente a la acción de Guyana interpuesta contra nosotros, el 29 de marzo del 2018, una vez que el secretario general de la ONU remitió el asunto controversial al Alto Tribunal de La Haya, ¿qué nos quedaba hacer?

 

Defendernos con las disímiles estrategias que nos han sido factibles y lícitas desarrollar hasta lograr la restitución de lo que nos desgajaron.

 

Sabemos de las licencias, concesiones y autorizaciones que ha recibido un enjambre de (59) empresas transnacionales, procedentes de diferentes países. Ya veremos, cómo atender tal situación, una vez que la Corte sentencie, favorablemente a nosotros, en justo derecho.

 

Considero que el jefe del Estado, por intermedio de la Alta Comisión, debe comenzar a fijar las responsabilidades, en sentido restrictivo, para con las compañías norteamericanas, chinas, rusas, noruegas, brasileñas, mexicanas, entre muchas otras que se encuentran instaladas, operando en Venezuela y simultáneamente prestan allá también cuantiosos servicios extractivos de nuestros recursos en favor de los gobiernos guyaneses.

¿Medidas políticas-jurídicas, en lo sucesivo,  para encarar esta centeneraria situación litigiosa?

 

La Guayana Esequiba permanentemente ha constituido un apetecible territorio con incalculables riquezas mineras, hídricas, forestales, energéticas, edafológicas, petroleras etc.

Territorio muchísimo más grande que algunos países europeos, asiáticos y centroamericanos.

Con extraordinario potencial de desarrollo sostenible.

 

 Este territorio nos lo arrebataron.

 Fuimos despojados de esa séptima parte de nuestra geografía nacional con el denominado Laudo Arbitral de París de 1899; adefesio jurídico que desde entonces lo hemos calificado de írrito y de nulidad absoluta. Inexistente.

Digamos también, por otra parte, que hemos estado reclamando con ímpetu para nuestra Nación la devolución de la Guayana Esequiba.

Ha habido desde hace muchos años y gobiernos -lo reconocemos- algunos deslices e impropiedades.

De cualquier forma, la fuerza contencional ha sido indetenible e implacable.

 

Los reclamos que hemos intentado por vías diplomáticas, políticas y jurídicas no están sustentados en caprichos chauvinistas, reacciones intemperantes, desproporcionadas o injustas.

Este 4 de mayo quedará marcado como un extraordinario hito en el proceso de solicitar restitución de la extensión territorial que nos desgajaron  con alevosía en 1899.

 

Una elogiada delegación venezolana debe presentarse, en la fase oral de alegaciones, por ante   la Corte Internacional de Justicia y consignar un abundante legajo, contentivo de más pruebas irrebatibles de nuestra propiedad histórica-jurídica sobre la Guayana Esequiba.

Todo cuanto hemos venido entregando para examinación de los honorables magistrados de la Sala Juzgadora constituyen justos Títulos traslaticios que no admiten cuestionamiento en contrario.

 

 

 

 

Guayana Esequiba: la congruente sentencia esperada sobre justos títulos comprobables

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Hemos escuchado en varias ocasiones, quizás como alegato lastimero, que fueron los ingleses y no los guyaneses quienes nos arrebataron esa séptima parte de nuestro espacio territorial.

 

Por supuesto, estamos plenamente enterados de tal maniobra socio histórica; sin embargo, no por ello vamos a desistir de nuestro legal y legítimo reclamo; ahora con mucho más contundencia, cuando nos aprestamos a comparecer este 4 de mayo, a la audiencia de alegaciones.

 

Estamos conscientes que Guyana alcanza su independencia el 26 de mayo de 1966; y en consecuencia adquiere su condición de Estado; con lo cual asume a plenitud entidad de sujeto jurídico internacional para encarar una contención de tal naturaleza, como la que hemos sostenido por el vil atropello que se nos perpetró; y que aún siguen cometiendo, a través de concesiones ilegales a empresas transnacionales en la proyección marítima que todavía no se ha delimitado e inclusive en la extensión atlántica frente al estado Delta Amacuro, área que no se encuentra en pleito.

 

Guyana nos jugó una especie de emboscada jurídica al llevar el caso –unilateralmente-- para arreglo judicial ante el Cuerpo Jurisdicente de la ONU; lo que consideramos un vergonzoso fraude legal y una temeridad procesal; porque no poseen el más mínimo Titulo traslaticio que respalde su pretensión procesal. Además, insisten en el reposicionamiento del laudo como causa de pedir, sabiendo de antemano que ese adefesio quedó rechazado, que porta la condición de nulo de nulidad absoluta, cuando se suscribe el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966.

Es Conocido suficientemente que el asunto litigioso que mantenemos con la República Cooperativa de Guyana constituye una herencia que el imperio inglés le dejó a la excolonia británica.

 

En su debida oportunidad, la Sala Juzgadora de La Haya no admitió una excepción preliminar; en tanto legítimo y muy oportuno recurso procesal; a través de la cual pedíamos que fuera el Reino Unido la contraparte en el Proceso, en su condición del causante del arrebato que nos hicieron; porque, la República Cooperativa de Guyana no existía para la fecha, 03 de octubre de 1899, cuando se cometió la tratativa denominada Laudo Arbitral de París.

 

Nos reconforta saber que la Corte Internacional de Justicia, según han expuesto algunos honorables Magistrados, ha estimado prioritario y necesario que ese Tribunal siempre ha estado   obligado a informarse, con antelación, de todos los motivos de Hecho y de Derecho, en el que las partes basaban sus causas de pedir.

No creemos que la Corte se vaya a llevar por delante sus propias determinaciones jurisprudenciales con un fallo incongruente.

 

Tan Alto Tribunal está comprometido – por su prestigio y honorabilidad- a reforzar sus tareas de transparencia procesal, prístino esfuerzo para examinar los documentos alegados por ambas partes e incuestionada   imparcialidad en la decisión sentencial con base a su Estatuto y al Derecho Internacional.

 

En el presente litigio, ambas partes concernidas, en justo derecho aspiramos una decisión definitiva con plena congruencia; escogida dentro de   un amplio abanico de probabilidades; para evitar decepciones.

 

Prestemos atención a lo que la doctrina comporta, en tanto y cuanto sentencia congruente; lo cual ha sido  universalmente categorizado a partir del instante:

 

“Cuando responde las alegaciones que las partes han sometido al juez o tribunal a lo largo del litigio, decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate. La sentencia es incongruente por omisión cuando la resolución no se pronuncia sobre alguna de las pretensiones deducidas. Se distingue a este efecto entre las pretensiones propiamente dichas y las alegaciones formuladas por las partes para fundamentarlas; estas últimas no requieren una contestación explícita y pormenorizada, mientras que las pretensiones tienen que ser respondidas. La incongruencia es positiva o extra petitum cuando resuelve sobre aspectos no suscitados por las partes, lo que constituye una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que las partes quedan privadas de hacer las alegaciones correspondientes en su defensa. La congruencia es, en definitiva, un requisito de la sentencia, especialmente de su parte dispositiva, que comporta la adecuación del fallo a las pretensiones formuladas por las partes y a los motivos aducidos por estas. La congruencia se resuelve en una comparación entre dos extremos: las pretensiones de las partes y la resolución del juzgador»

 

Deseamos referir, a manera de orientación – en modesta posibilidad- a nuestros agente y coagente en la Corte.

Mientras aguardamos, en este compás de espera,  por lo que pueda  resultar en  todo lo que gestione y diligencie  la parte guyanesa, dentro del lapso que le han concedido, nosotros debemos mantenernos  a   tiempo completo en la estructuración de una comisión multidisciplinaria, para la discusión, análisis,  investigaciones documentales, armar  la narrativa de los hechos fundamentales y verdaderos; compendiar las alegaciones de derecho; hacer las precisas  consultas públicas y privadas; en fin, todo cuanto haya que completar y  diligenciar, una vez que comparezcamos el 4 de mayo, a la fase oral de alegaciones y en espera del trayecto preconclusivo, en fecha próxima que fijará la Corte.

 

Es como decir, tener nuestra “carta de remate”, suficientemente densa.

 

Para alcanzar tales objetivos con satisfacción y que arrojen resultados concretos, nos obligamos a trabajar duro e incansable, para hacer compacto e inatacable nuestro acervo de probanza que consignaremos esta semana.

Otra iniciativa nada desdeñable, aparejadamente, debe partir  por motivación de nuestra Cancillería para  convocar y concitar a las Academias de ciencias políticas y sociales, de ciencias jurídicas, a las facultades de derecho de  nuestras Universidades, a las ONG, a las Fundaciones con interés y pertinencia en este asunto, a nuestro Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela;  en fin, a todos los organismos públicos y privados  que deseen participar y aportar – con seriedad, responsabilidad y fundamentación—ideas y conjeturas, para materializar esfuerzos académicos , con la exclusiva  finalidad de insistir  en  construir lo que se conoce como un Amicus Curiae ( amigo de la Corte);  que consiste  en  una institución jurídica  cuya práctica ya se ha realizado en los escenarios judiciales de Altas Cortes o tribunales, con el objetivo de brindar –sin compromisos-- elementos suficientes y necesarios a jueces o magistrados para tomar una decisión de fondo sobre un caso sub- judice.

 

En efecto, esta intervención del Amicus Curiae vale en procesos de gran importancia.

 El caso que nos ocupa en la Corte Internacional de Justicia lo amerita.

 

Darle un buen andamiaje y soporte a la figura del Amicus Curiae – en este momento histórico de la patria-- implica la asimilación de nuestra evolución democrática; impulsados, como país unido sólidamente, hacia la participación activa de la ciudadanía venezolana en la práctica judicial internacional y como apoyatura y defensa del memorial de contestación de la Demanda y todo cuanto hemos hecho en las respectivas audiencias ulteriores.

 

 

Guayana Esequiba: nuestra petición de restitución se expresa por sí misma

 Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Hemos reiterado, en todas nuestras conferencias en varias universidades, instituciones culturales, centros religiosos, colegios profesionales, en distintas ciudades de Venezuela que se hace obligante concitar una verdadera unidad nacional; por cuanto, este caso trasciende a los gobiernos.

Dicho más concretamente, debemos asumirlo como   un asunto de Estado, por encima de diferenciaciones ideológicas o de cualquier otro tipo.

 

Son idénticos los propósitos de venezolanidad que nos unen a quienes hemos decidido la defensa de esta extensión territorial que nos desgajaron con alevosía y vileza.

No obstante, entre todos nosotros aflora una común y compartida inquietud, que se manifiesta con la siguiente interrogante.

¿Qué estrategia habrá diseñado la cancillería venezolana para seguir enfrentando, con los suficientes elementos probatorios que nos asisten, la demanda que ha ratificado el gobierno guyanés en todas las audiencias a las cuales ha comparecido por ante la Corte Internacional de Justicia?

 

Nos llama la atención que siendo este caso - precisamente- lo volvemos a mencionar un asunto de Estado haya tanta opacidad y displicencia por parte de quienes manejan la Política Exterior en nuestro país.

Entendemos que no todo deba debatirse a   luz pública; sin embargo, admitida la Diplomacia Abierta (según las bases teóricas de Woodrow Wilson) hay algunos elementos fundamentales que la población debe conocer con anticipación, para que aflore un despertar de conciencias y solidaridades.

 

Hemos insistido en advertir que no es poca cosa la Pretensión Procesal de Guyana; y detrás de ellos, incontables empresas transnacionales en una lúdica de intereses de múltiples aristas.

Se la está jugando completa el presidente Irfaan Ali, conjuntamente con su gabinete ejecutivo y el designado equipo de asesores.

 

Prestemos atención, a esta parte de la petición que hacen a la Sala Sentenciadora, en su escrito de demanda del 29 de marzo de 2018.

Ellos están solicitando que ese Alto Tribunal confirme “la validez legal y efecto vinculante” del írrito y nulo Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899; y que además declare, mediante sus procedimientos judiciales, que la citada tratativa tramposa política-diplomática fue una “liquidación completa, perfecta y definitiva” en todas las cuestiones relacionadas con la determinación de la línea fronteriza entre la excolonia británica y Venezuela.

En concreto que se deje sentado lo anteriormente descrito, como “cosa juzgada”.

Según ellos, la referida   "solución” arbitral fue ejecutoriada por nuestro Estado; lo cual es absolutamente falso. Jamás hemos aceptado tamaña trapacería.

 

A Venezuela le correspondió presentar el 08 de abril de 2024, el memorial de contestación a esa demanda.

La próxima comparecencia de la delegación diplomática venezolana, el 4 de mayo de este año, constituye otro factor a considerar y debatir; por la misma situación y circunstancias en que se encuentra el país, en estos momentos, por todos conocidas.

Nuestra Constitución Nacional consagra en su artículo 236, numeral cuatro que, dentro de las atribuciones y obligaciones del presidente de la República (en su condición de jefe de Estado), está precisamente dirigir las Relaciones Exteriores de la República:

 

“Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República: 1. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley. 2. Dirigir la acción del Gobierno. 3. Nombrar y remover al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva; nombrar y remover los Ministros o Ministras. 4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales. 5. Dirigir la Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente. 6. Ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional…” (Omissis).

 

Visto así, entonces, corresponde, ineludible e indelegablemente, a su absoluta incumbencia y responsabilidad, la determinación de nuestra comparecencia, en la fecha arriba señalada, y las decisiones estratégicas que se asuman en este litigio.

 

La confrontación por la Guayana Esequiba, ahora en fase procesal de alegaciones jurisdiccional, atañe a una decisión estrategia del jefe del Estado; cierto, pero suponemos que debe consultar a las personas documentadas y estudiosos de este pleito, desde hace muchísimos años.

 

Las generaciones presentes y futuras no tolerarán torpezas o desidias en este caso de reafirmación nacionalista, de tanta trascendencia.

Nuestra reivindicación por esa zona controvertida está hablando a tiempo por sí misma, para que se evite alguna salida deleznable.

 

El "arreglo jurídico" por la Guayana Esequiba, que se dirime en la Corte, está aún dentro del control de las autoridades del Ejecutivo Nacional.

Se expresa y manifiesta por sí misma, en espera de muchas más actividades de concienciaciòn.

Por otra parte, los delegados de la cancillería venezolana, en todas las ocasiones que han comparecido a tan Digno Tribunal   para el precitado caso, han insistido avenirse al contenido exacto (nomen juris) del Acuerdo de Ginebra de 1966. Único documento con pleno vigor jurídico para alcanzar “una solución práctica y satisfactoria” para ambas naciones.

Supuestamente la ausencia de nuestro país no será impedimento para que la Corte decida sobre la contención que hemos llevado adelante.

 

Se hace oportuno que citemos con suficiente propiedad el artículo 53 de los estatutos de la CIJ, que a la letra señala:

“1.- Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor.

2. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los Artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho”.

Para quienes  intentan observar que nuestra controversia debe plantearse con el Reino Unido y no contra  la República Cooperativa de Guyana, nos permitimos explicar lo siguiente:  estamos conscientes que Guyana alcanza su independencia el 26 de mayo de 1966; y en consecuencia, adquiere su condición de Estado; con lo cual asume a plenitud entidad de sujeto jurídico internacional para encarar una contención de tal naturaleza, como la que hemos sostenido por el atropello que se nos perpetró; y que aún siguen cometiendo, a través de concesiones ilegales a empresas transnacionales en la proyección marítima que todavía no se ha delimitado e inclusive en la proyección atlántica frente al estado Delta Amacuro, área que no se encuentra en reclamos.