Guayana
Esequiba: se sienten envalentonados y soberbios
Dr. Abraham Gómez R.
Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua
Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba
Miembro del Instituto
de Estudios Fronterizos de Venezuela
Coordinador de la
Comisión Proponente de la UNAFRONT
Admitamos,
de entrada y sin lugar a elucubraciones, que tenemos una seria amenaza en
ciernes.
Sin embargo,
nos mantenemos anclados, procesalmente, en todo nuestro irrefragable acervo de
probanza que hemos consignado en las distintas audiencias por ante la Corte
Internacional de Justicia.
Los
honorables magistrados saben que acaudalamos los elementos de convicción; así
también, la contraparte está consciente que es muy difícil que la excolonia
británica pueda salir favorecida, en este juicio que ellos accionaron,
de manera unilateral,
Recordemos
que el Alto Tribunal de La Haya se autoconfirió jurisdicción y competencia, el
día 20 de diciembre de 2020, para conocer forma y fondo sobre el caso
confrontado entre Venezuela y Guyana.
Nos lució
(aunque se halle contemplado en el artículo 36 de su Estatuto) una
determinación escabrosa y rara:
“La competencia de la Corte se extiende a
todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos
especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y
convenciones vigentes.
Los
Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier momento que
reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a
cualquier otro Estado que acepte la misma obligación…. en caso de disputa en
cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá”.
Y, como lo
hemos leído, la Corte ya decidió.
En la citada
ocasión nos propusimos contactar a nuestros amigos Esequibistas, para comparar
opiniones y conjeturas.
Esequibistas
que hemos defendido (desde hace muchísimos años) esa extensión territorial que
nos arrebataron con vileza.
Esequibistas que hemos recorrido casi todas
las universidades del país; que publicamos – recurrentemente- y a través de los
medios y las plataformas digitales para concienciar en cuanto a la restitución
que nos merecemos histórica y jurídicamente.
Establecimos
comunicación, además, con estudiosos de los vericuetos y de los otros caminos
estrechos y difíciles de transitar en el Derecho Internacional Público.
Lo hicimos
adrede para saber si tenemos puntos de coincidencias, en nuestros respectivos
análisis, sobre lo que decidió la Corte, con base a la contención centenaria.
Sin lugar a
dudas que Guyana aguardó la ocasión, casi como una emboscada jurídica, para
demandar a Venezuela en ese Ente Jurisdicente; yéndose, directamente al “arreglo
judicial”, como una solución –no precisamente la inmediata—que contempla el
artículo (33) de la Carta de las Naciones Unidas.
Había un
espectro de opciones de solución, previamente a habilitar la vía
jurisdiccional.
Ellos nunca
han querido la negociación directa, la conciliación o la mediación; atendiendo
el Acuerdo de Ginebra, del 17 de febrero de 1966, único documento válido, con
pleno vigor jurídico; al cual estamos obligados a someternos para dirimir esta
controversia.
Con todo lo
que se puedo evitar; asumimos, con responsabilidad e inteligencia, que si ya el
litigio tomó el rumbo y calificación que la propia Corte le confirió; qué nos
quedaba entonces, sino apertrecharnos
con los recursos irrebatibles que nos asisten; digamos, con los Justos Títulos
que poseemos; que no admiten pruebas en contrario (iuris et de iure); para
exponerlos y defendernos con justeza, en los distintos trayectos procesales, a
cuyas audiencias nos hemos hecho presentes.
Concordante
a este asunto, desde siempre, escuchamos y prestamos atención, con detenimiento,
todas las intervenciones del presidente guyanés Irfaan Ali, donde rechaza el
reclamo justo que hace Venezuela sobre lo que nos despedazaron con añagaza
(159.500 km2).
Cada vez que
el Dr. Ali se dirige a la prensa guyanesa o a través de los medios
internacionales lo hace con los términos más desconsiderados y temerarios hacia
nosotros.
Además,
continúa entregando concesiones –a diestra y siniestra—en la zona disputada, a
empresas transnacionales.
En cada
discurso, percibo al primer mandatario de la excolonia británica engreído y
prepotente; inclusive asoma la posibilidad de esperar una sentencia definitiva,
presuntamente favorable para ellos, por parte de la Corte Internacional de
Justicia.
El actual
gobierno guyanés se siente convencido y especula que la Sala Juzgadora garantizará
como válido y vinculante (y con la condición de res judicata) la nula e
írrita tratativa tramposa – el “laudo”- que nos despojó de una séptima parte de
nuestra geografía venezolana.
Que quede
claro que no estamos rehuyendo la confrontación jurídica; por cuanto, poseemos
los Justos Títulos traslaticios, que confieren carácter posesorio sobre la
disputada área y su proyección atlántica, desde el 8 de septiembre de 1777, con
la Cédula Real de Carlos III, al crearse la Capitanía General de Venezuela;
donde quedaron integradas las provincias de Caracas, Maracaibo, Nueva Andalucía
(Cumaná), Guayana hasta el río Esequibo, Margarita y Trinidad.
Nacimos al
mundo como Capitanía General de Venezuela, teniendo al río Esequibo como
nuestro costado limítrofe por el este; ratificado con el Tratado de “Paz y
Amistad” suscrito entre España y Venezuela, el 30 de marzo de 1845, cuando nos
concede la independencia y reconoce el río Esequibo como el límite este de la
naciente República venezolana.
Nada de
quedarnos callados, inanimados o inertes; porque sabemos que el juicio – ya
emprendido—no se ha detenido ni se paralizará, por ausencia de la delegación de
Venezuela.
Que quede
claro, también, que no hemos despojado nada a ningún país, ni pretendemos
hacerlo. Fue a nuestra Nación a la que se le perpetró, con alevosía, un vulgar desgajamiento.
