Guayana
Esequiba: La contraparte sube el tono y amenaza
Dr. Abraham
Gómez R.
Miembro de la Academia Venezolana de
la Lengua
Asesor de la Fundación Venezuela
Esequiba
Miembro de la Alta Comisión de
Defensa del Esequibo
Miembro del Instituto de Estudios
fronterizos de Venezuela
Los propósitos en la Política Exterior de Venezuela por la reclamación
de la Guayana Esequiba tienen que seguir con seriedad y al amparo de una
iniciativa con las características que describen la fortaleza de una diplomacia
abierta, para que avance de manera franca a los ojos de la opinión pública.
Nada de maniobras encriptadas,
mezquindades o exclusiones de sectores.
Estamos conscientes que hay estrategias que deben reservarse (perfectamente
entendido); que no conviene develarlas por anticipado. Sería mostrarles las
cartas al adversario con las que vamos a jugar.
Sin embargo, quienes hemos asumido la defensa integral de la mencionada
extensión territorial aspiramos que la gente participe y dé sus opiniones. Deseamos
que el país, como un todo, se involucre; por cuanto, este caso que nos ocupa,
siempre lo hemos considerado como un Asunto de Estado.
La Nación completa fijando una sola y única posición.
No obstante, nos gustaría que quienes se atrevan a emitir algunas
consideraciones o propuestas de solución sobre el particular litigioso se
documentaran primero; para que haya recato y ponderación en lo que exponen.
A veces leemos opiniones disparatadas o imprudentes, que lejos de
cooperar con la causa a nuestro favor lo que hacen es perjudicar.
A partir de diciembre de 2020 para acá, hemos escuchado cualquier
cantidad de conjeturas; precisamente, desde la señalada fecha cuando la Corte Internacional
de Justicia sentenció (inapelablemente) -según el contenido de su dispositiva- que se asume con jurisdicción y competencia
para conocer fondo y forma del caso controversial, suficientemente conocido.
Hay que dar cada paso con inteligencia.
Evitar resbalarse en las celadas que nos tiende el adversario.
Por ejemplo, incurrir en el gravísimo error de caer en una “creciente escalada
militarista”, como la que ellos pretenden provocar. Así como se han atrevido a Instrumentar
falsos positivos para que se desate un toma y dame de lado y lado; o apelar a
la diplomacia de agresión a través de los medios o plataformas digitales en una
especie de “guerra de comunicados” o “mostrar cañones” que es como decir: declaraciones atrevidas de funcionarios de
aquella cancillería o representantes de las Fuerzas Armadas.
¿Qué sugerimos, en lo que a nosotros corresponde? Mucha prudencia,
cautela y moderación.
La Corte, en la narrativa de los hechos y en la fundamentación de
derecho, dejó sentado que se concretará – como en efecto se encuentra- en su
tarea jurisdiccional, que nunca se ha paralizado, a solicitar a las Partes a
que presenten en las fases de pruebas y alegaciones sus respectivos acervos en
cuanto a la eficacia jurídica del cuestionado Laudo.
Hemos dicho, bastantes veces y por todos lados, que para el (11) de
agosto de este año, nuestra delegación debe asistir por ante la precitada Sala,
con comparecencia plena de nuestra representación multidisciplinaria, para
demostrar y probar cómo fue que la cuestionada decisión arbitral de 1899 --poco
menos que un adefesio jurídico, producto de añagazas y tratativas tramposas--
nos despojó con vileza de una séptima parte de nuestra geografía nacional.
En consecuencias, estamos obligados a convocar a todos los sectores del
país; invitar a estudiosos del caso que conozcan del pleito para que aporten soluciones;
con la finalidad de estructurar toda la estrategia a desarrollar para la fase
de pruebas.
Convidemos a los mejores compatriotas con talentos, sin diferenciaciones
de ningún tipo.
Nos resulta impensable que Guyana pueda convencer a los honorables Magistrados
de tal Ente Jurisdicente de que ellos tienen algo, en este trayecto decisivo, para
disfrazar la temeridad procesal que han utilizado en los últimos años.
No poseen nada en qué asir lo que pretenden.
Por nuestra parte, señalamos que estamos munidos de los Justos Títulos,
en tanto recursos probatorios de la propiedad y legitimidad histórica,
jurídica, cartográfica de Venezuela.
No hay nada que temer y menos caer en bravatas; dado que los documentos
que nos respaldan no son expedientes con presunciones caprichosas ni empecinamientos
de malcriadez. Son legajos iure et de
iure, de pleno y absoluto derecho.
