Guayana Esequiba: una ocupación cuestionada nunca confiere dominio ni soberanía

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

 Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Hemos dejado sentado, desde siempre, que no le estamos quitando nada a nadie; por cuanto, la Guayana Esequiba histórica y jurídicamente siempre nos ha pertenecido.

Venezuela tiene los Justos Títulos traslaticios que confieren carácter posesorio sobre los disputados 159.500 km2 y su proyección atlántica, desde el 8 de septiembre de 1777, con la Real Cédula de Carlos III, al crearse la Capitanía General de Venezuela; donde quedaron integradas las provincias de Caracas, Maracaibo, Nueva Andalucía (Cumaná), Guayana hasta el río Esequibo, Margarita y Trinidad.

Así nacimos ante el mundo, como Capitanía General con una extensión territorial delimitada con absoluta precisión, hasta la mitad del río Esequibo.

Los gobiernos que ha tenido Guyana, de cualquier signo político; ya sea del partido Indo guyanés, denominado  el Partido del Progreso Popular (PPP), de Cheddi Jagan o el afroguyanés, el Congreso Nacional Popular (CNP), de Forbes Burnham o el actual en el gobierno de Irfaan Ali;  aunque se antagonizan entre ellos para muchas cosas; no obstante,  coinciden en el desacato al contenido y aplicación del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966; con toda certeza, el único instrumento jurídico que tenemos donde queda plasmado el reconocimiento del ardid tramposo en nuestra contra con el Laudo Arbitral de París de 1899.

 Acuerdo de Ginebra que auguramos que la Sala Juzgadora de la ONU acredite, en justo derecho, en las próximas semanas, cuando le corresponda emitir la congruente sentencia definitiva sobre este caso litigioso.

Los ingleses en su momento y los guyaneses ahora insisten en el error histórico de desconocimiento de la propiedad que tuvo España en el inmenso territorio delimitado en la margen izquierda del río Esequibo.

Los ingleses perpetraron vulgares actos de Ocupación (que no Posesión), para crear asentamientos poblacionales en la Guayana Esequiba con migraciones forzosas traídas por ellos desde África, Asia y varias partes del mundo, para ocupar, hacerse de esa área a la fuerza.

Explicamos. Todo acto de Posesión lleva implícitos factores característicos inevadibles ; los cuales confieren a tal hecho especificidades, que son condicionantes exigibles; los cuales   se describen de la siguiente manera: 1.- la Posesión debe ser pacífica, 2.- un evento público del conocimiento generalizado; 3.- debe prevalecer la buena fe; 4.- improtestada; 5.- que nadie vea lesionado su patrimonio.

Si se actúa así, la Posesión queda protegida jurídicamente y genera la posibilidad para invocar,   ulteriormente- el Principio de Adquisición por Prescripción.

Los ingleses no hicieron Posesión sino Ocupación.

En ningún momento cumplieron con las condiciones que deben tomarse en cuenta que categorizan una Posesión (arriba citadas).

De tal manera, que no debemos tener ningún temor; porque poseemos todos los elementos probatorios: socio-históricos, cartográficos, políticos y jurídicos, los cuales nos avalan, asisten y respaldan satisfactoriamente; y conforman un legajo de Títulos (incontrovertibles e irrebatibles) importantes que nos permitimos explayar en las fases procesales del juicio, en el Alto Tribunal, cuando correspondió.

Heredad de la cual nos enorgullecemos; por cuanto, la alcanzamos en cruentas batallas por la Independencia de Venezuela.

Constituyeron nuestros registros materiales (elementos de convicción) que expusimos en mesas de discusión frente a los pares guyaneses.

Nuestros documentos soportan, además, cualquier discernimiento y propician el desmontaje de la vileza de la cual fuimos objeto.  Documentos Iuris et de Iure. Es decir, no admiten pruebas en contrario.

Hemos sostenido y propalado que este es un asunto que va mucho más allá de los gobiernos.

A lo interno de Venezuela, hay que seguirle dando tratamiento de Política de Estado.

La delegación de nuestra Cancillería entregó, en su debida oportunidad, el Memorial de Contestación de la demanda que nos ha incoado la excolonia británica.

Consignamos también las respectivas alegaciones por ante la Corte Internacional de Justicia, en Sala plena.

Jamás hemos esquivado la confrontación jurídica en el Alto Tribunal de La Haya; porque el acervo de probanza nos favorece irrefragablemente.

Otro aspecto, no menos importante, es que la Parte guyanesa violentó la sucesividad que contempla el artículo (33) de la Carta de las Naciones Unidas, para la solución de pleitos entre Estados que pueda poner en peligro la paz de ambos y de la región.

La sucesividad significa que deben irse agotando las siguientes fases: la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.

Ellos se fueron directamente, al arreglo judicial, sin utilizar la figura del arbitraje, que es posible todavía darle vigencia; o regresar a la negociación directa; como también, apelar a un nuevo Buen Oficiante.

Por encima de las circunstanciales (y estructurales) separaciones ideológicas, políticas, sociales, económicas, religiosas o de cualquier otro tipo en que nos encontramos este caso debemos encararlo unidos.

Estamos conscientes del difícil trance que atraviesa el país; sin embargo, asumamos que primero que todo está nuestra venezolanidad. Que, además, para pedir la restitución de lo nuestro  ante la Corte,  debemos alzar una sola voz al unísono.

 

 

 

 

Guayana Esequiba: ¿podrá haber, para tal litigio, una solución extrajudicial?

Dr. Abraham Gómez R.

 Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

 Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

 Miembro del Institutito de Estudios Fronterizos de Venezuela

 Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Hasta el día de hoy, ya casi en espera de una posible sentencia –entre varias alternativas-, la excolonia británica no posee el menor asidero histórico, cartográfico, ni jurídico de lo que en el escrito de demanda han solicitado (y sostuvieron en las fases procesales) por ante la Sala Juzgadora de la Organización de las Naciones Unidas.

A pesar de que nuestro país, como Estado-Parte, no había dado su consentimiento para que se llevara adelante tal Proceso jurídico; mucho menos haber suscrito –con antelación- cláusulas compromisorias de obligación; esta acción de juzgamiento no se habría   paralizado por desaparición premeditada de uno de los concernidos directos. Y que incluso, de acuerdo con el artículo (53) del Estatuto de la CIJ, puede haber resolución sentencial, así alguna delegación no se hubiera hecho presente.

Por supuesto, para resolver en ausencia de alguna representación estatal; aunque invoque no comparecencia, la Corte estaba obligada antes a examinar muy bien los contenidos de los artículos 36 y 37 de su propio Estatuto, para asegurarse “de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho”.

 Ya ese camino ha sido transitado.

Cuando tuvimos la ocasión de recorrer el país – a casi todas sus universidades—para dictar la conferencia, “Guayana Esequiba: litigio histórico y reivindicación en justicia”, nos agradó el inmenso interés que la mencionada controversia ha despertado y concitado en bastantes sectores de la población venezolana.

Como nunca, la gente desea explicaciones sobre lo acaecido en contra de Venezuela, el día 03 de octubre de 1899, y suscrito en la írrita y nula resolución denominada Laudo Arbitral de París.

Hemos venido haciendo –con detenimiento y objetividad-- en cada exposición discursiva un análisis crítico del vil despojo del cual fuimos víctima hace más de un siglo, mediante la citada tratativa perversa de talante político-diplomática, por parte de los imperios de entonces.

En la mayoría de estos intercambios de opiniones en las universidades y otros organismos o a través de la red y los medios de comunicación se nos hace la misma pregunta:

¿Por qué estábamos obligados a discernir con la contraparte por ante la Corte Internacional de Justicia?

Porque ese es el escenario jurisdiccional donde los Estados con pleitos por límites dirimen sus respectivas controversias.

Porque, además, no teníamos ningún temor en ratificar ante ese Alto Tribunal que la precitada tratativa perversa, armada hace 127 años, es desmontable; al tiempo que   develable su mala fe e intención.

Razones sobran.

Veamos, entre otras.

En las discusiones que luego concluyeron por escrito con ese adefesio llamado laudo arbitral no hubo participación de Venezuela.

El Fallo no posee motivación, con sentido lógico, razonado ni fundamentación en derecho aplicable al caso.

La decisión arbitral incurrió en incongruencia sentencial; con apreciables vicios de ultra petita y ultra vires.

Hubo indisimuladas manifestaciones de colusión (componenda político-diplomática de las potencias de entonces).

Quien fungió de presidente del cuerpo arbitral resultó ser un vulgar prevaricador.

Se omitió adrede el Principio del Utis possidetis Iuris -como has poseído en derecho seguirás poseyendo- (el cual nos favorecía desde el punto de vista histórico-jurídico).

No hubo Investigación de orígenes históricos, cartográficos ni de nuestros Justos Títulos Traslaticios: la Real Cédula de Carlos III del 8 de septiembre de 1777, con la cual se crea la Capitanía General de Venezuela, donde se fija nuestra legal y legítima extensión territorial. La que, desde entonces, siempre nos ha correspondido.

Tampoco admitieron el “Tratado de Paz y Amistad entre España y Venezuela” del 30 de marzo de 1845, a través del cual España nos reconoce la Independencia y reafirma, en nuestra condición de naciente República, la extensión territorial, cuyo costado este llega hasta la mitad del río Esequibo.

La tramposa comisión arbitral tampoco  examinó el “Acuerdo de delimitación por cuencas” entre Brasil y Venezuela de 1859.

A todo lo anteriormente señalado lo excluyeron (porque no les convenía colocarlos como objeto de análisis en la mesa de discusión). Les pasaron por encima.

Siempre hemos poseído irrebatibles pruebas documentales directas, de pleno derecho.

No obstante, a la deleznable determinación arbitral que se perpetró en 1899, Venezuela se ha mostrado dispuesta a alcanzar una “solución práctica y satisfactoria para ambas naciones”, con base en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966; único documento con pleno vigor jurídico.

Deseamos que la Corte Internacional de Justicia, dentro del abanico de alternativas sentenciales para resolver definitivamente esta contención, en noviembre, inste a las partes a convenir en una negociación directa.

 

 

 

Guayana Esequiba: a pesar del alevoso arrebato que nos perpetraron, dialoguemos.

 Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Desde que la excolonia británica accionó la demanda contra Venezuela, por ante la Corte Internacional de Justicia, han dejado sentado en su escrito, como pretensión procesal, que la Sala confirme “la validez legal y efecto vinculante” del írrito y nulo Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899.

No han tenido remilgo los coagentes guyaneses para pedir en el señalado proceso judicial que tan Alto Tribunal declare en la esperada sentencia, en noviembre, que la decisión del laudo constituyó una “liquidación completa, perfecta y definitiva” en todas las cuestiones relacionadas con la determinación de la línea fronteriza entre la extensión territorial que nos desgajaron.

En concreto, además – por si fuera poco- piden ante tan digno Cuerpo jurisdiccional   que se deje sentado lo anteriormente descrito, como Cosa Juzgada (res judicata)

Han dicho, sin escrúpulos, que la cuestionada "sentencia arbitral”, ha sido ejecutoriada por nuestro Estado, y que también, tal hecho conlleva implícito los elementos impeditivos de impugnaciones.

Desde que se conoció la vil tropelía perpetrada contra Venezuela no escatimamos circunstancias ni tiempos para adjetivar, de manera enfática, que la citada tratativa política-diplomática fue un arreglo tramposo, urdido entre ingleses, estadounidenses y el ruso De Martens; por lo tanto, dicha   maniobra nace viciada de forma y fondo y sin eficacia jurídica.

 Por tal carácter nunca ha sido admitida como Res Judicata. No es oponible a nada en ningún momento.

 Siempre la hemos considerada de nula de nulidad absoluta.

La Corte Internacional de Justicia ha ponderado razonablemente prioritario y necesario, que ese Tribunal debe estar informado de todos los motivos de hecho y de derecho, en el que las partes se basaron sus alegatos en lo que atañe a su competencia y jurisdicción en este específico caso.

Así entonces, consecuencialmente, la Corte fijo, en varias ocasiones, las audiencias respectivas, para cumplir los trayectos procesales del juicio.

Las Partes conflictuadas presentaron sus correspondientes escritos.

Efectivamente así se hizo, por ambos lados.

Inclusive, Guyana introdujo una moción addendum sin basamento alguno; cuyo contenido apuntaba a que Venezuela pudiera ser sentenciada en ausencia, en caso de invocar la no comparecencia.

Ese ardid lo desmontamos, con suficiente inteligencia.

Por nuestra parte, los delegados de la Cancillería venezolana, en todas ocasiones que han comparecido por ante la Corte han insistido avenirse al contenido exacto (nomen juris) del Acuerdo de Ginebra de 1966.

Lo ratificamos de muchas maneras; por cuanto, es el único documento válido, con pleno vigor jurídico, para alcanzar una solución satisfactoria para ambas naciones

Nosotros manejamos el criterio de que la controversia, ya centenaria, por la Guayana Esequiba, puede arreglarse (aún en medio del presente trance judicial) mediante la negociación directa, que es en sentido estricto un recurso legítimo y admitido, para esta contención, conforme al artículo (33) de la Carta de las Naciones Unidas.

Nos llama la atención que siendo, como lo volvemos a mencionar, un asunto de Estado en algunas ocasiones percibimos cierta opacidad y displicencia por parte de quienes manejan la Política Exterior en nuestro país.

Entendemos que no todo deba debatirse a luz pública; sin embargo, admitida la “Diplomacia Abierta”, según las bases teóricas de Woodrow Wilson, hay elementos fundamentales que la la población debe conocer con anticipación, para que aflore un despertar de conciencias y solidaridades.

Hemos insistido en advertir que no es poca cosa la Pretensión Procesal de Guyana; y detrás de ellos, incontables empresas transnacionales en una lúdica de intereses de múltiples aristas.

Guyana se la está jugando completa, según el discurso del presidente Irfaan Ali en la ONU, hace una semana, conjuntamente con su gabinete ejecutivo y el designado equipo de asesores.

Nuestra observación tratamos, con plena claridad, de contenerla en los siguientes términos: hipotéticamente, si se produce u ocurre una determinación sentencial de la Corte Internacional de Justicia que ratifique el daño que se nos ha causado, se provoca otra irreparable lesión histórica.

Por lo que, Venezuela reitera su invitación al diálogo directo con la República Cooperativa de Guyana, como único camino para sentar bases sólidas y estables para la buena vecindad, cooperación, desarrollo económico compartido y la promoción de la inversión en la región. 

El "arreglo jurídico" por la Guayana Esequiba, cuya contención se dirime en la Corte, está aún dentro del control de las autoridades del Ejecutivo Nacional. Habla por sí misma, en espera de muchas más actividades de concienciaciòn, a lo interno de Venezuela; asimismo, más puentes tendidos hacia la contraparte para alcanzar un diálogo directo y productivo.

Las generaciones presentes y futuras no tolerarán torpezas o desidias en este caso de reafirmación nacionalista, de tanta trascendencia.

Nuestra reivindicación por la Guayana Esequiba está manifestándose – todavía- a tiempo para que se evite alguna salida deleznable.

 

 

A propósito del reciente comunicado de nuestra Cancillería

Leímos y analizamos con detenimiento --objetiva y respetuosamente-- unas declaraciones atribuidas al Dr. Félix Plasencia, en su condición de ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, del 26 de septiembre de 2026, en cuyo contenido se puede apreciar:

“El país desconoce de manera firme la competencia de la Corte Internacional de Justicia para dirimir esta centenaria controversia territorial. Las autoridades venezolanas no acatarán ninguna decisión que emane de esa instancia. La administración venezolana sostiene que cualquier dictamen de la Corte Internacional de Justicia violaría el Acuerdo de Ginebra de 1966. Este tratado histórico se mantendrá como la única base normativa aceptada para alcanzar un entendimiento entre las partes. Las autoridades diplomáticas sostienen que la negociación bilateral directa constituye el camino legal y legítimo para resolver el diferendo. Cualquier intento de imponer una resolución unilateral resulta inaceptable para la soberanía del Estado. Por esta razón, la vía judicial abierta en la Corte Internacional de Justicia carece de validez y reconocimiento para el país. El Estado venezolano continuará promoviendo el diálogo entre ambas naciones como la solución verdadera. La controversia sólo podrá solucionarse mediante acuerdos mutuos y respeta el espíritu pacifico del tratado original”.

Hemos defendido (en mi caso particular) a lo largo de casi medio siglo nuestra Guayana Esequiba; y hoy más que nunca decimos que nos mantenemos anclados, procesalmente, en todo nuestro irrefragable e incontrovertible acervo de probanza; el cual hemos consignado en las distintas audiencias y comparecencias por ante la Corte Internacional de Justicia.

Nuestros elementos de convicción muestran y demuestran que la Guayana Esequiba es nuestra histórica, jurídica y cartográficamente.

También estamos conscientes que asistir, comparecer, exponer  el memorial de contestación de la demanda, accionar medidas preliminares, alegar en su debida oportunidad, nombrar agente, coagente y juez ad-hoc comportaba – per se- consentimiento del juicio.

Los honorables magistrados saben que acaudalamos los elementos de acreditación; así también, la contraparte guyanesa está clara que es muy difícil que la excolonia británica pueda salir favorecida, en este juicio que ellos provocaron, de manera unilateral; porque no tienen cómo ni con qué.

Recordemos que el Alto Tribunal de La Haya se autoconfirió jurisdicción y competencia, el día 18 de diciembre de 2020, para conocer forma y fondo sobre el caso confrontado entre Venezuela y Guyana.

Aunque se halle contemplado en el artículo 36 de su Estatuto, la anterior determinación de la Corte nos lució escabrosa y rara. Veamos:

“La competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes. Los Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación. En caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá”.

 Y la Corte decidió. Se autoimpuso tal jurisdicción y competencia.

Visto así los hechos y todo cuanto se ha venido desarrollando, cabe aquí una interesante y extensiva pregunta.

¿Cómo saber con antelación lo que la Corte va a sentenciar dentro de un amplio abanico de posibilidades?

Modestamente, nos permitimos resumir las opciones a través de las cuales discerniría la Sala; para escoger una entre varias posibilidades solucionadoras de esta centeneraria controversia.

Expliquemos las alternativas alcanzables para zanjar jurisdiccionalmente la conocida disputa interestatal.

1.- El Cuerpo Juzgador puede dar por buenas y propias, en su Fallo, algunas de las salidas que contempla el Acuerdo de Ginebra, del 17 de febrero de 1966; y llamar a los concernidos a una negociación directa; para alcanzar una solución “práctica y satisfactoria para las dos naciones”.

“….Convencidos de que cualquiera controversia pendiente entre Venezuela por una parte, y el Reino Unido y Guayana Britànica por la otra, perjudicaría tal colaboración y debe, por consiguiente, ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes ; de conformidad con la Agenda que fue convenida para las conversaciones gubernamentales relativas a la controversia entre Venezuela y el Reino Unido sobre la frontera con Guayana Britànica, según el Comunicado Conjunto del 7 de noviembre de 1963, han llegado al siguiente Acuerdo para resolver la presente controversia” (Preámbulo del Acuerdo de Ginebra).

2.- La Corte puede ordenar en su Decisión Sentencial reponer el caso, para una nueva Comisión Arbitral (para que aplique lo que debió hacerse, originalmente, fundamentados en el uti possidetis juris) con base a lo que ordena el Tratado de Washington de 1897.

Esta opción se conoce como ucronía.

3.- La Corte puede anular, de pleno derecho, el adefesio denominado Laudo Arbitral de París, del 3 de octubre de 1899; y conceder la razón total y legitimidad plena a Venezuela sobre los 159.500 km2. en disputa; reconociendo su propiedad, con motivación y fundamento en el acervo de probanza que nuestro país consignó en los distintos trayectos procesales. (¿Qué haríamos, entonces, siendo esta la decisión de tan Alto Tribunal?)

 4.- La Corte puede decidir en su sentencia la habilitación de una figura y principio válido en el Derecho Internacional denominado cosoberanía. Vale decir, la configuración paritaria del dominio y autoridad de ambas naciones sobre esa extensión territorial.

La cosoberanía ha funcionado -con normalidad- en otras regiones del mundo que estuvieron disputándose espacios. Casos del Golfo de Fonseca entre Nicaragua, Honduras y El Salvador; asimismo el Lago de Constanza entre Suiza, Alemania y Austria.

5.- La Corte puede validar y acreditar el contenido y alcance del Laudo Arbitral de París. Cerrar el pleito allí. Esa es la pretensión procesal de Guyana.

6.- La Corte puede reenviar el caso al secretario general de la ONU para que continúe explorando una vía de solución, conforme al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas:

“Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección”.

7.- La Corte puede apelar a una determinación ex aequo et bono (decisión por lo bueno y equitativo); conforme al artículo 38 de su Estatuto; siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo, al respecto:

“La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren”.

En fin, hay una gama considerable mediante la cual el Ente Sentenciador puede discutir, objetivamente y en justo derecho, antes de dictar el Fallo definitivo sobre este asunto litigioso.

 

 

 

 

 

 

 

Guayana Esequiba: ¿tiene la Corte competencia para dictar sentencia?

Dr. Abraham Gómez R.

 Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

 Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

 Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

 Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Expresamos absoluta coincidencia con quienes han expuesto que las sentencias de la Corte deben ser acatadas, inclusive así el veredicto no haya sido del todo favorable para alguna de las Partes en la controversia.

 Lo decimos más claro aún, con el artículo (60) del Estatuto de la Corte:

 

“El fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o el alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes”.

 

Como es del conocimiento público, el Fallo jurisdiccional definitivo se espera para el mes de noviembre de este año; conforme a algunas fuentes diplomáticas, de confianza y creíbles.

Vale la pena recordar que nuestro país había invocado siempre el Acto procesal de No Comparecencia; por cuanto, no le reconocíamos competencia a la Corte, como instancia idónea para dirimir la controversia; pero la realidad cambió inmensamente, tras la resolución de autoconferimiento que se hizo el Ente Juzgador, el 18 de diciembre de 2020.

 

Hemos escuchado cualquier cantidad de opiniones, propuestas y conjeturas luego de la señalada determinación sentencial de la Corte Internacional de Justicia, en cuya dispositiva dejó categóricamente explícito que se asume con jurisdicción y competencia para conocer forma y fondo del caso contencioso suficientemente conocido; cuyo objeto lo constituye el nulo e írrito Laudo Arbitral de París del 03 de octubre de 1899.

Un adefesio jurídico. Vergonzoso para el Derecho Internacional Público.

 

Con base a inteligentes estrategias, los propósitos en la Política Exterior de Venezuela, por la reclamación de la Guayana Esequiba tienen que seguir con seriedad y al amparo de una iniciativa con las características que describen la fortaleza de un Asunto de Estado, para que avance de manera franca a los ojos de la opinión pública; que la gente participe y dé sus consideraciones en una materia de especial trascendencia para la vida y futuro de la Nación.

Por nuestra parte, estamos munidos de los Justos Títulos Traslaticios, en tanto recursos probatorios de la propiedad y legitimidad histórica, jurídica y cartográfica de Venezuela.

 

Visto y considerado lo expuesto en el párrafo anterior, no tenemos aprehensión por todo cuanto analicen, en justo derecho, los honorables magistrados.

Con toda certeza y propiedad, siempre habíamos estado exhortando a la Corte para que hiciera la exhaustiva examinación de nuestro enjundioso portafolio de pruebas.

 

No hay nada que temer; dado que los documentos que nos respaldan no son expedientes con presunciones caprichosas o empecinamientos.

 

La pregunta con más insistencia y recurrente que nos hacen, en las distintas conferencias que hemos venido dictando en las universidades y otros organismos públicos y privados, se refiere a la fecha cuando la Corte Internacional de Justicia pronunciaría  la   sentencia sobre el caso litigioso  dirimido entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana; cuyo controvertido  objeto causal estriba en el arrebato que nos perpetraron con vileza y alevosía, hace más de cien años.

 

En bastantes ocasiones, hemos percibido inquietudes de algunos compatriotas (en las diversas plataformas digitales y medios de comunicación social) que expresan la lentitud cómo el Cuerpo Jurisdiccional ha llevado tal asunto litigioso.

 

Ya quisiéramos que tal contención se resolviera lo más pronto posible; por supuesto, planamente favorable a nuestro país, no por un empeño sobrevenido o basados en una endeble malcriadez diplomática, sino porque somos los únicos que poseemos suficientes elementos probatorios, irrebatibles e incontrovertibles. Documentos que nos asisten en pleno derecho

 

Por la incomodidad que genera la demora en la Sala para pronunciar el fallo, según el criterio de algunos connacionales; nos hemos permitido –conforme a nuestras posibilidades y alcances- ir indicando que los lapsos en pleitos que correspondan al Derecho Internacional a veces lucen “larguísimos o fastidiosos” por la cantidad de trayectos procesales que deben cumplirse.

 

En nuestro específico caso de restitución –añadimos- lo aconsejable es seguir teniendo paciencia y persistencia, sin desesperarse; y menos sabiendo que contamos con absolutamente todo para mostrar y demostrar ante los honorables Magistrados cómo se armó el ardid tramposo contra nuestra Nación, mediante un juego de intereses y colusión, de los imperios de entonces.

 

Recordamos que hace pocos meses había una “campañita” orquestada por gente desinformada y sin la pertinente densidad que proponían a la delegación venezolana no presentarse en La Haya a consentir el juicio, y tampoco consignar el memorial de contestación de la demanda.

Hubiéramos caído en un gravísimo error.

 

Afortunadamente, privó la sensatez y la ponderación en la Alta Comisión que ha asumido esta responsabilidad; al tiempo que analizó en perspectiva todo cuanto significaba abandonar nuestra reclamación; ubicada, desde el 2018 en el ámbito judicial.

Procedimos, en consecuencia, a nombrar a nuestro agente y coagentes, según el artículo 42 del Estatuto de la Corte:

 

“Las partes estarán representadas por agentes. Podrán tener ante la Corte consejeros o abogados. Los agentes, los consejeros y los abogados de las partes ante la Corte gozarán de los   privilegios e inmunidades necesarios para el libre desempeño de sus funciones”.

 

Dimos muestras evidentes y significativas de consentir, cuando designamos al juez ad-hoc, quien se ha integrado e incorporado a la Corte, en nuestra representación, junto a los demás juristas; como efectivamente lo contempla el artículo 31 ejusdem:

 

“Los magistrados de la misma nacionalidad de cada una de las partes litigantes conservarán su derecho a participar en la vista del negocio de que conoce la Corte. Si la Corte incluyere entre los magistrados del conocimiento uno de la nacionalidad de una de las partes, cualquier otra parte podrá designar a una persona de su elección para que tome asiento en calidad de magistrado…” (Omissis)

 

Analizados así – brevemente- los hechos, invito a que atendamos, con bastante interés lo siguiente.

No haber asistido, en ningún momento, a los trayectos del juicio acarreaba severas consecuencias Procesales para Venezuela. ¿Por qué?

Porque la delegación de la excolonia británica se hubiera quedado sola “a sus anchas” en el Proceso; y allí hubiera dicho lo que mejor pudiera cuadrar a sus conveniencias; sin ser refutada.

El Cuerpo Sentenciador habría escuchado una sola campanada.

Se nos escapaba la valiosa   oportunidad para presentar nuestras pruebas inconcusas.

Así, además, Guyana estaba dispuesta a invocar el artículo 53 del Estatuto de la Corte:

“Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los Artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho”.

 

Resultó que, para satisfacción de todo el país, comparecimos ante el precitado Alto Tribunal y rebatimos, en todas las fases procesales, las falacias insustentables y sin asideros que había mantenido la contraparte, en su escrito de demanda.

 

 

 

 

 

La propuesta del neologismo Ginecocidio reclama su justo espacio

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

 

A partir de una indagación lingüística consigné, hace ya algunos años, una propuesta léxico-semántica por ante   la Real Academia Española, para que – según apruebe los estudios que le hagan- se cree un nuevo vocablo: Ginecocidio.

Este trabajo de inmediato entró en un proceso complejo y exhaustivo, para evaluarlo integralmente.

Nuestra moción idiomática no constituye un capricho o una sugerencia endeble; por cuanto se encuentra plenamente justificada de forma y fondo.

He vendido acreditando argumentativamente e insistiendo ante nuestra máxima institución rectora de la lengua   española que hay una trampa urdida en la construcción y en el significado del término femicidio; con el cual se ha pretendido atenuar y ocultar lingüísticamente una verdad: la muerte de las mujeres.

 

En el escrito que consigné ante la Real Academia Española –que fue admitido y referido a su sala de observación– sostenemos que es un desacierto lingüístico expresar femicidio o feminicidio para hacer saber que se cometió un “homicidio” contra una mujer.

En la descabellada e indigna definición que se utiliza comúnmente para   femicidio o feminicidio, en los medios de comunicación audiovisuales, en el ámbito jurisdiccional, en las redes y en las distintas plataformas digitales es, como sigue:

 

“Acto de máxima gravedad, en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de género, que suele ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante, como torturas, mutilaciones, quemaduras, ensañamiento y violencia sexual, contra las mujeres y niñas”.

 

Esta escogencia terminológica (que además confunde) nos luce impropia.

Les digo por qué. Por cuanto, un homicidio se comete contra un hombre.

Así entonces, aniquilar físicamente a una mujer no puede ser homicidio, sino Ginecocidio. Cuya construcción se origina del griego: Gyné, Gynaikos, Gineco que denota con exactitud mujer; más el sufijo latino –cidio, cid, que se forma por apofonía de caedere: matar, cortar.

Entendamos, en solidaridad humana, que cuando liquidan físicamente a una mujer – por las causas o motivos que sean- no están matando al género femenino; le están quitando la vida a la mujer, al ser humano.

Comporta una vergüenza que en el modelo de protocolo delictivo latinoamericano para las investigaciones de las muertes violentas de mujeres por “razones de género” se recomienda que todas las muertes violentas de mujeres que en principio parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes, deban analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de ésta.

Les importa más el género que el ser humano. Tristemente.

 

En mi condición de proponente del citado neologismo, debo manifestarles la inmensa satisfacción que sentí, cuando a este nuevo término -- como paso introductorio para su posible admisión-- le abrieron su respectivo expediente (registro).

Procedieron nuestros honorables académicos, acto seguido, a nombrar  una comisión de lexicógrafos, para que iniciaran el trabajo de disección morfo-sintáctica;  de examinar si cumplía con los requerimientos de válida   construcción léxico-semántica; así además,  su articulación fonética; la  posible   función fonológica que se le atribuye, su semiótica (significado preciso), la  aplicación pragmática ( uso práctico en una circunstancia determinada), o de cualquier otra consideración que ellos crean conveniente para el análisis.

 

Exigente e interesante labor a la que ha sido sometido el vocablo Ginecocidio, por parte de la superior autoridad de nuestro idioma; precisamente porque tal rigor comporta una de sus específicas funciones, según lo contempla el artículo primero de sus Estatutos:

 “[...tiene como misión principal velar por que los cambios que experimente la Lengua Española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. Debe cuidar igualmente de que esta evolución conserve el genio propio de la lengua, tal como ha ido consolidándose con el correr de los siglos, así como de establecer y difundir los criterios de propiedad y corrección, y de contribuir a su esplendor…”

 

Hemos entregado a tiempo, a la RAE, todos los elementos justificadores de Ginecocidio, como palabra que aspira nacer y reclamar, más temprano que tarde, su justo espacio en el olimpo del léxico de nuestro idioma.

Asumo, como tarea, un modesto aporte lingüístico para develar, con la mayor exactitud, los crímenes atroces que contra las mujeres se cometen; y que la mayoría de las veces, en conversaciones cotidianas, se pretende disimular el Ginecocidio: liquidación física de un ser humano, nombrándolo como femicidio o feminicidio (“muerte por razones de género”).

 

A ese absurdo, de no querer decir las cosas por su nombre, nos oponemos.

Asimismo, vamos en contra de quienes pretenden presentar y maquillar públicamente la muerte de una mujer como un simple acto de brutalidad, abuso físico o violencia machista.

La RAE nos hace la severa advertencia con respecto a Ginecocidio, como    vocablo propuesto.

Debe tener plena acogida en todos los ámbitos comunicativos, disciplinas profesionales y discursos de que se traten.

 Ellos denominan esta práctica “Frecuencia de Uso”.

 Así entonces, solicito la cooperación para que le demos frecuencia de uso al vocablo propuesto, en nuestros diarios y constantes actos de habla; incluso cuando nos toque, lamentablemente, referirnos a este citado fenómeno de socio patología.

 

 

 

Guayana Esequiba: la Corte nunca acreditará un fraude procesal

 Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Para quienes intentan observar que nuestra controversia debió plantearse contra el Reino Unido y no contra la República Cooperativa de Guyana, nos permitimos explicar lo siguiente.

Estamos conscientes que Guyana alcanza su independencia el 26 de mayo de 1966; y en consecuencia adquiere su condición de Estado; con lo cual asume a plenitud  la categoría  de entidad de sujeto jurídico internacional para encarar una contención de tal naturaleza, como la que hemos sostenido por el vil atropello que nos perpetraron los ingleses desde 1814 ; y que aún siguen cometiendo los guyaneses, a través de concesiones ilegales a empresas transnacionales en el área continental y en la  proyección marítima que todavía no se ha delimitado e inclusive en la extensión atlántica frente al estado Delta Amacuro, espacio absolutamente nuestro  que no se encuentra en pleito.

 

Guyana nos jugó una especie de emboscada jurídica, en marzo de 2018, al llevar el caso –unilateralmente-- para arreglo judicial ante el Cuerpo Jurisdicente de la ONU; lo que consideramos un vergonzoso fraude legal y una temeridad procesal; porque no poseen el más mínimo Titulo traslaticio que respalde su pretensión procesal. Además, insisten en el reposicionamiento del laudo como causa de pedir, sabiendo de antemano que ese adefesio quedó rechazado; que porta la condición de nulo de nulidad absoluta, cuando se suscribe el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966.

 

Ya resulta un descomunal descaro en el que viene incurriendo Guyana, al entregar -sin limitaciones- concesiones de todo tipo a diestra y siniestra en la que una vez fue conocida como “zona en reclamación”; cuya controversia, en estos momentos, se dirime por ante la prenombrada Sala Juzgadora; en espera de una sentencia congruente, en estricto derecho.

En la Corte en ningún momento, desde el 20 de diciembre de 2020, se ha paralizado el proceso jurisdiccional; para conocer forma y fondo de este pleito.

 

Debemos estar apercibidos que el juicio que cursa en ese Alto Tribunal de La Haya ha contado siempre con la comparecencia de la delegación venezolana en todas sus fases; audiencias que aprovechamos para explayar todo cuanto nos respalda, en nuestra defensa.

Si hubiéramos obviado las respectivas convocatorias, y no nos hubiéramos presentado en los señalados actos procesales, estuviera pesando en nuestras responsabilidades el hecho de haber cometido el gravísimo error de dejarle el campo solo al contendiente para que expusiera todo cuanto le habría parecido a su favor; por muy extravagante que luzca, desde siempre, la forma y fondo de su discurso. Nada creíble y menos acreditable.

 

Recordemos, lo que contempla el artículo 53 del Estatuto de la Corte en ese particular:

 

“Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor.

Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los Artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho”.

 

Ambas condicionantes ya han sido superadas. Y específicamente, en relación con la jurisdicción ya ese Ente Juzgador se pronunció (con autoconferimiento, repito  el 20 de diciembre de 2020) asumiendo la plena disposición jurisdiccional de la controversia, como lo contempla el numeral 6 del artículo 36 de su Estatuto, en estos términos: “En caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá”.

 

Y la Corte decidió.

 

¿Qué nos quedó hacer, entonces? Lo que hemos venido haciendo, con la indiscutida   condición de Asunto de Estado en esta controversia; con lo cual se ha concitado a todo el país, en una sola voluntad solidaria.

 

Asunto de Estado que nos une como Nación por encima de diferencias político-partidistas, ideológicas, de interés electoral, religiosas, económicas, sociales, étnicas o de cualquier otro modo de exclusión. Nos necesitamos todos.

 

Reiteramos, para mayor exactitud. La Corte Internacional de Justicia, en su dispositiva. deja categóricamente explícito que se asume con jurisdicción y competencia para conocer forma y fondo del caso contencioso conocido; cuyo objeto lo constituye el nulo e írrito Laudo Arbitral de París del 03 de octubre de 1899.

Un adefesio jurídico. Vergonzoso para el Derecho Internacional Público.

 

De todas las “causas” compiladas y consignadas por la contraparte, en su escrito de pedir en la demanda contra nosotros, el Alto Tribunal desestimó algunas -que detallo de seguidas—las cuales se encontraban contenidas en la Pretensión Procesal en la acción interpuesta por Guyana.

Veamos.  Retirada del ejército venezolano de toda el área este de la Isla de Anacoco; además, los coagentes pedían que se le impusiera una medida a Venezuela para que dejara de “hostilizar” a las (39) empresas transnacionales que han estado esquilmando los incuantificables recursos de la “zona en reclamación y su proyección atlántica; operaciones que efectúan en contravención al Acuerdo de Ginebra de 1966.

 

Así también, habían   solicitado que la citada Autoridad internacional acordara restricciones a nuestro país, para que no “obstaculice” a la excolonia británica a desarrollar ninguno de sus proyectos económicos; aunque lo han venido practicando en el área objeto del litigio. Fundamentalmente en espacios marítimos aún por delimitar.

 

En una inaceptable temeridad procesal la delegación diplomática guyanesa tuvo la desfachatez de solicitar a la Sala que responsabilizara a Venezuela por daños y perjuicios.

 

La Corte, en la narrativa de los hechos y en la fundamentación de derecho, dejó sentado que esas “algunas menudencias” (así las calificó) se podían resolver por otras vías pacíficas, y no en ese Tribunal. Por ejemplo, a través de la negociación directa de los concernidos; la mediación del secretario general de Las Naciones Unidas, mediante un organismo internacional con muchas solvencia y calificación.

 

Prestemos atención cuál fue, en concreto lo que decidió, entonces, el citado Cuerpo Jurisdicente, conforme a su Estatuto; y sobre el que ha venido discerniendo.

El Ente Juzgador consideró que su tarea jurisdiccional, en lo adelante, se circunscribirá a solicitar a las Partes a que presenten sus respectivos alegatos en cuanto a la eficacia jurídica o nulidad  del Laudo.

 

Para tales efectos, emplazó en varias ocasiones a Venezuela y a Guyana para las respectivas comparecencias; para mostrar y demostrar, con comparecencia plena de nuestra representación, cómo fue que la cuestionada decisión arbitral de 1899 --poco menos que una tratativa perversa, producto de añagazas y acuerdos tramposos-- nos despojó con vileza de una séptima parte de nuestra geografía nacional.

 

Quienes hemos estudiado este asunto por años, sostenemos, de muchas maneras, que el mencionado “Laudo” es desmontable jurídicamente. La sentencia esperada así lo dictaminará, conforme a nuestro acervo probatorio.

En sus respectivas comparecencias la delegación diplomática guyanesa jamás pudo convencer a la Sala que la decisión arbitral de 1899 había sido ejecutoriada por Venezuela, –eo ipso— con lo cual recibiría la condición de “Cosa Juzgada”. para que obtuvieran los respectivos soportes impeditivos de impugnaciones.

Supremamente difícil; porque, no tienen cómo ni con qué.

 

Nosotros, sí estamos provistos (lo demostramos) y   nos asisten irrebatibles e incontrovertibles pruebas.

 

Estamos munidos de los Justos Títulos Traslaticios, en tanto recursos probatorios de la propiedad y legitimidad histórica, jurídica y cartográfica de Venezuela.

 

No tenemos ningún temor. Con toda certeza y propiedad, exhortamos – permanentemente- a la honorable Corte para que haga una exhaustiva examinación de nuestro enjundioso portafolio de pruebas; dado que los documentos que nos respaldan no son expedientes con presunciones caprichosas, empecinamientos ni malcriadez diplomática.

Constituyen legajos iuris et de iure. De pleno derecho.