Guayana Esequiba: 60 años de nuestro hermoso triunfo diplomático

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

Coordinador Académico de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Con la firma del Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966 se cerró – apenas- una abominable etapa en nuestra reclamación por el inmenso espacio territorial que nos arrebataron, a través del “laudo” de 1899.

Comenzó un nuevo recorrido que dejó como cosa del pasado los develados mecanismos arteros practicados por los imperios de entonces y el inefable De Martens, en colusión contra nuestra patria.

Hasta las proximidades de la fecha para suscribirse el Acuerdo (ley promulgada, aún vigente en nuestra República) los representantes del Reino Unido se mostraban reacios a admitir la nulidad absoluta del hecho perpetrado en París el 03 de octubre, que devino en el adefesio arbitral de ingrata recordación.

La delegación venezolana apeló ante la Asamblea General de la ONU  a brillantes, transparentes e irrebatibles pruebas del despojo, en recurrentes conferencias desde 1962 hasta 1965; por lo que a los ingleses no les quedó más alternativa que enviar a su canciller a la mencionada ciudad de Suiza a suscribir  (que  luego ratificaron) el documento acordado; en cuyo contenido se habilitan los mecanismos convenientes para lograr una solución “práctica, pacífica y satisfactoria” para las partes conflictuadas.

Precisemos a manera de recordatorio que Guyana introdujo una demanda, en el 2018, contra nuestro país, y la ha venido ratificando en todas sus comparecencias procesales; en cuyo pliego de causas correspondientes al petitorio insisten en   solicitar   que la Corte Internacional de Justicia obligue a Venezuela a reconocer el írrito y nulo Laudo Arbitral de París de 1899, como “cosa juzgada”, y que lo asumamos como “válido y vinculante”.

La excolonia británica sigue asumiendo una actitud envalentonada.

Cometen cualquier cantidad de desmanes, e inmediatamente citan el Acuerdo de Argyle del 14 de diciembre del 2023, como una especie de escudo para enmascarar lo que han hecho.

 

Ellos han arreciado con sus actitudes abusivas; ya no únicamente en la proyección atlántica que genera la parte continental de la Guayana Esequiba, en contención y aún por delimitar; sino que, imprudentemente, han dado instrucciones y hasta órdenes escritas a las empresas transnacionales para que operen en cualquier coordenada marítima por su costado oeste ( con exactitud, penetrar más hacia el este de  Venezuela), irrespetando nuestra  soberanía  en esa área; propiamente en la proyección del estado Delta Amacuro que  no se incluye ni es parte  en la presente controversia.

 

Con esas manifestaciones irregulares burlan, como les da gana, el Acuerdo de Ginebra – que recordamos, está cumpliendo 60 años- y que constituye el único documento válido, con pleno vigor jurídico en este juicio.

 

A partir del precitado documento (un triunfo de la diplomacia venezolana, de entonces) todo el pleito por la extensión territorial en disputa debe, inexorablemente, circunscribirse a lo que allí está consagrado.

Con la acción judicial que la contraparte trabó por ante la Corte quedó al descubierto cuál es la intencionalidad y propósito que persiguen.

Sin embargo, recibieron de nosotros, en la misma Sala Jurisdicente, en abril de 2024, el respectivo memorial de contestación de la demanda.

Con idéntica fortaleza, nos preparamos para comparecer a la fase de pruebas, alegaciones y preconclusiva, en el transcurso de este año.

 

¿Por qué decimos, que las licencias, permisos y demás concesiones que viene otorgando Guyana son ilegales y contrarían el vigente Acuerdo de Ginebra?

 

Porque el Acuerdo de Ginebra, extraordinario documento – plenamente ratificado por las partes suscribientes- contempla en su artículo V lo siguiente, para el absoluto acatamiento de los concernidos:

 

 “Con el fin de facilitar la mayor medida posible de cooperación y mutuo entendimiento, nada de lo contenido en este Acuerdo será interpretado como una renuncia o disminución por parte de Venezuela, el Reino Unido o la Guayana Británica de cualesquiera bases de reclamación de soberanía territorial en Territorios de Venezuela o Guayana Británica o de cualesquiera derechos que se hubiesen hecho valer previamente, o de reclamaciones de tal soberanía territorial o como prejuzgando su posición con respecto su reconocimiento o no reconocimiento de un derecho a, reclamo o base de reclamo por cualquiera de ellos sobre tal soberanía territorial.

Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los Territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía…”

 

Dejémoslo más claro y destacado aún “Ni para crear derechos de soberanía”.

Nunca han tenido soberanía en las áreas territorial y marítima controvertidas. Lo que han estado haciendo es una vulgar ocupación.

Jamás han gozado del poder supremo e independiente para tomar decisiones en la mencionada zona; porque están conscientes que hay un asunto pendiente por discernir, aclarar y rendir cuentas.

En el Acuerdo de Ginebra la contraparte reconoció que el susodicho laudo –donde se amparan- es írrito y nulo de nulidad absoluta. Ni más ni menos.

En el juicio que cursa en el Alto Tribunal de La Haya nos basamos y centramos, indesligablemente, en El Acuerdo de Ginebra – aceptado totalmente el 17 de febrero de 1966 por el Reino Unido; además, por el entonces primer ministro de la Guayana Británica y por la representación diplomática de nuestro país.

Se oficializó nacional e internacionalmente el Acuerdo de Ginebra cuando fue publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela N.º 28.008 del 15 de abril de 1966 y posteriormente registrado el 5 de mayo del mismo año en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas bajo el N.º I-8192.

El Acuerdo de Ginebra causó estado en la ONU.

Jamás ha sido susceptible de ningún recurso jurisdiccional.

El contenido del Acuerdo de Ginebra es tan contundente que ha agotado cualquier posibilidad de que se interpongan actos en su contra. Se volvió absolutamente inalterable e inatacable.

Nuestro país enaltece, con honor y gloria, a los compatriotas promotores, proponentes y firmantes; porque, en las circunstancias presentes de la controversia es el único escrito, avalado internacionalmente, donde se reconoce – sin dudas ni temores- que existe una contención, que está viva; derivada del insistente reclamo por Venezuela de que fuimos despojados -con vileza- de 159.500 km2 (una séptima parte de nuestra geografía), comparable a todo el occidente nacional.

Este admitido documento, que tiene la categoría – repetimos- de haber causado estado en la ONU; además,  puso en tela de juicio la cosa juzgada; que es el falaz argumento de la contraparte en su causa de pedir en el Cuerpo Jurisdicente.

 

Dicho más claro. El Acuerdo de Ginebra desmontó el Principio de la Intangibilidad de la Cosa Juzgada; por encima de la tendencia mundial de aceptar las decisiones arbitrales y judiciales que fundamentan el Derecho Internacional.

 

El Acuerdo de Ginebra le confiere preeminencia a que persiste nuestra reclamación hasta que alcancemos la debida restitución en justo derecho.

 

 

 

 

 

Guayana Esequiba: Con nuestra independencia obtuvimos también justos títulos traslaticios

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Miembro del Instituto De estudios Fronterizos de Venezuela

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

En ligera retrospectiva, podemos mencionar, en purísima verdad, que no fue sino hasta el 30 de marzo de 1845 cuando el reino de España, mediante un tratado denominado de “Paz y Amistad” confiere su reconocimiento a Venezuela como Estado independiente.

Nuestra independencia la logramos en campos de batallas; no fue el resultado de arreglos obligados de descolonización.

El Tratado de Paz y Amistad entre Venezuela y España, firmado, como ya se dijo,  el 30 de marzo de 1845, marcó el fin de las hostilidades entre ambas naciones, que comenzaron con la Guerra de Independencia de Venezuela.

 Este tratado fue un paso importante en el reconocimiento de Venezuela, como una nación independiente por parte de España, después de la Guerra de Independencia, que culmina el 8 de noviembre de 1823, con la retirada de las últimas fuerzas españolas, que permanecían acantonadas en el Castillo de Puerto Cabello al mando de Sebastián de la Calzada, embarcándose hacia España, dejando la diplomacia en un estado de tensas relaciones entre los dos países, produciéndose un reconocimiento formal, tardío, a la independencia y soberanía de Venezuela por parte de España.

Téngase bien en cuenta, por lo que vamos a exponer más adelante.

El 11 de mayo de 1845 fue un día de inmensa expectativa en nuestra naciente República suramericana, por cuanto se esperaba, en el Puerto de la Guaira, el arribo de un delegado expresamente enviado por el reinado hispánico para consignar el acuerdo precitado.

Un ejemplar del Tratado de reconocimiento que el Congreso de Venezuela debía darle ratificación y aprobación; como en efecto se cumplieron tales formalidades.

Extracto del texto contempla:

 “Su Majestad Católica, doña Isabel II, renuncia por sí, sus herederos y sucesores, la soberanía, derechos y acciones que le corresponden sobre el territorio americano conocido bajo el antiguo nombre de Capitanía General de Venezuela, hoy República de Venezuela…” (Omissis).

Se hace imprescindible detenernos para profundizar en tres elementos fundamentales, explícitamente contenidos en ese escrito: Soberanía, Derechos y Acciones de lo que alguna vez había sido la Capitanía General de Venezuela; y que mediante este acto diplomático quedan con determinación cedidos a la República de Venezuela.

Manifestación irrefragable de Traslativa Titularidad que se encuentra suficientemente expuesta en el citado tratado bilateral, que no requiere ninguna hermenéutica especial para su cabal comprensión, interpretación y aplicación.

Admitamos que como consecuencia directa de los hechos socio-históricos narrados, advino la paz definitiva entre ambas naciones; se adecuaron y normalizaron las relaciones comerciales y diplomáticas con el nombramiento de los respectivos embajadores y representantes.

Sin embargo, ensanchó la voracidad del   Imperio Inglés que siempre le tuvo ganas a estos territorios.

Asimismo, prestemos particular atención a lo siguiente.

Si hubo, en el 1845, un Justo Título Translaticio de conferimiento de la soberanía plena a la naciente República de Venezuela, fue porque sesenta y ocho años antes se consolidó la Capitanía General de Venezuela, a través de la Real Cédula de Carlos III, el 8 de septiembre de 1777 con la cual nos dimos a conocer ante el mundo como Nación.

Con la condición política-administrativa de Capitanía General entrelazamos la identidad de las provincias: Maracaibo, Caracas, Nueva Andalucía y Paria (Cumaná), Margarita, Trinidad y Guayana que abarcaba la extensión geográfica de los actuales estados Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, las regiones de Pacaraima y Pirara ahora de Brasil, hasta la margen izquierda del río Esequibo.

Tales documentos constituyen incontrovertibles elementos comprobatorios de propiedad ante cualquier instancia de discernimiento; y al propio tiempo las razones que nos asisten en la controversia sostenida por más de cien años.

Al cumplirse, cada año un nuevo aniversario del Justo Título de la Cédula Real de creación de la Capitanía General de Venezuela reafirmamos nuestra plena soberanía sobre la Guayana Esequiba.

La vocación natural de cualquier región del mundo que viva bajo condición de colonia viene signada para alcanzar su independencia.

Algunas veces se logra rápido y de manera determinante tan anhelada emancipación; en otros casos las circunstancias para gloriar la libertad popular se vuelven enrevesadas, escabrosas y cuesta muchísimo.

La independencia de Venezuela se inscribe precisamente en la citada segunda definición; por cuanto hubo que librar cruentas batallas, sufrir vilezas y traiciones, padecer rigores, penurias y necesidades, hasta que tras la batalla de Carabobo (1821) y el combate Naval del Lago de Maracaibo (1823), a partir de ambas gestas decisivas y heroicas, enarbolamos, al grito de Libertad, nuestra enseña tricolor.

 

 

Guayana Esequiba: hoy un problema de Estado, mañana un emblema histórico

 Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

Coordinador Académico de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

En el transcurso del presente trimestre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) convocará, para actos por separados, a las delegaciones o coagentes de Venezuela y Guyana; configuradas ambas naciones como Partes en litigio en la controversia sostenida por la zona que pedimos en restitución in integrum (por entero o restauración completa); porque nos la arrebataron en un ardid tramposo.

 

Primero corresponderá comparecer a nuestra representación en los actos procesales de alegaciones y preconclusivas, para que expongamos nuestras irrebatibles pruebas que acreditan absolutamente que los discutidos 159.500 km2 siempre han sido de Venezuela.

Poseemos los documentos de pleno derecho (Iuris et de iure) para mostrar y demostrar la anterior aseveración, desde el punto de vista histórico, jurídico y cartográfico.

 

En un lapso relativamente breve – entre una audiencia y otra- asistirán los gestionantes   guyaneses, quienes –con seguridad- volverán a pedir en su Pretensión Procesal que la Corte ratifique (en un posible fallo) que el Laudo írrito y nulo constituyó una “liquidación completa, perfecta y definitiva de todas las cuestiones relacionadas con la determinación fronteriza” (así lo sostienen en el escrito accionado de la demanda).

 En otras palabras, aspiran que el Alto Tribunal de La Haya sentencie como Cosa Juzgada (res judicata) con base en los hechos que narra la contraparte.

 

Los gobiernos ingleses y guyaneses que han ocupado y usufructuado la séptima parte de nuestra soberanía por el costado este; fundamentalmente, a partir de Burnham hasta el presidente actual Irfaan Ali, en la obsesiva búsqueda de invocar la denominada Prescripción Adquisitiva. Aspiran darle eficacia jurídica al ilegal e ilegítimo apoderamiento perpetrado; según ellos,  justificado por el tiempo que han permanecido sobre la extensión geográfica venezolana que nos desgajaron con vileza.

 En esta ocasión, pretenden que sea la Sala Juzgadora que les confiera cierto piso jurídico a su favor.

 

Acercándonos a la fecha para regresar a La Haya, prestemos atención – con sumo cuidado- a lo siguiente, para que quede claro.

Primero, es una decisión de Política de Estado, en la cual nos involucramos – de cualquier forma y manera- todos los sectores de la vida del país, sin distinciones ni diferenciaciones.

 Es un Asunto de Estado y no actos de gobiernos.

 

 Así, además, la comparecencia  de la comisión habilitada para que represente a Venezuela por ante la Corte la determina –únicamente-- el jefe de Estado; porque es una facultad constitucional que le ha sido atribuida, conforme al artículo (236) de por la Constitución Nacional:

 

“Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República: 1. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley. 2. Dirigir la acción del Gobierno. 3. Nombrar y remover al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva; nombrar y remover los Ministros o Ministras. 4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales…” (Omissis)

 

No obstante, con todo respeto, sugerimos al jefe de Estado que consulte a algunos estudiosos en la materia; con la exclusiva finalidad de afinar las estrategias sobre el particular.

 

Reconocemos que han aflorado en todas las regiones de Venezuela aportes significativos para alcanzar pronto un arreglo “práctico y satisfactorio”, en este pleito, como lo establece el Acuerdo de Ginebra, del 17 de febrero de 1966; más precisamente en su preámbulo y artículo primero, que nos permitimos citar; debido a que es el único documento con pleno vigor jurídico para discernir en este pleito centenario.

 

“El Gobierno de Venezuela y el del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en consulta con el Gobierno de Guayana Británica. Considerando la próxima Independencia de Guayana Británica. Reconociendo que una más estrecha cooperación entre Venezuela y Guayana Británica redundaría en beneficio para ambos países. Convencidos de que cualquiera controversia pendiente entre Venezuela por una parte, y el Reino Unido y Guayana Británica por la otra, perjudicaría tal colaboración y debe, por consiguiente, ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes; de conformidad con la Agenda que fue convenida para las conversaciones gubernamentales relativas a la controversia entre Venezuela y el Reino Unido sobre la frontera con Guayana Británica, según el Comunicado Conjunto del 7 de noviembre de 1963, han llegado al siguiente Acuerdo para resolver la presente controversia:

Articulo I

Se establece una Comisión Mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e irrito”.

 

Sin embargo, estamos conscientes que algunas de las alternativas, allí contenidas, pudieron haber resultado elogiables aproximaciones para solucionar el litigio, hace años atrás.

 

A mi modo de ver, las etapas de negociación directa (que nuca  las quiso Guyana), la conciliación, la mediación prácticamente han sido superadas; dado que el asunto controversial escaló a nivel de la Corte Internacional de Justicia; y en ese Tribunal no hacen “arreglos” de los citados tipos; sino que aplican el derecho; y solo, excepcionalmente, por mutuo acuerdo de los Estados contrapuestos, podría dar una solución ex aequo et bono ( actuando por lo equitativo y bueno) ; si las partes así lo convinieren, según el numeral segundo,  artículo 36 del Estatuto de la Corte.

 

Hemos venido haciendo –con detenimiento y objetividad-- en cada exposición discursiva un análisis crítico del vil despojo del cual fuimos víctima hace más de un siglo, mediante la citada tratativa perversa de talante político-diplomática, por parte de los imperios de entonces.

 

Guyana se siente envalentonada y soberbia. Se cree que ya su mandado está hecho.

 

Hemos venido escuchando con detenimiento todas las intervenciones del presidente guyanés Irfaan Ali, donde rechaza plenamente cualquier operación de Venezuela en la fachada atlántica aún por delimitar; y lo hace en los términos más desconsiderados; además, continúa entregando concesiones – a diestra y siniestra—en la zona disputada, a empresas transnacionales

 

 En cada discurso, percibo al primer mandatario de la excolonia británica engreído y prepotente; inclusive asoma la posibilidad de esperar una sentencia definitiva, presuntamente favorable para ellos

 

En casi todos estos intercambios de opiniones en las universidades y otros organismos o a través de la red y los medios de comunicación se nos hace la misma pregunta: ¿Por qué estamos obligados a discernir con la contraparte por ante la Corte Internacional de Justicia?

La respuesta que ofrecemos resulta invariable. Porque exactamente ha sido esa la estrategia (como una especie de emboscada jurídica) que siempre estuvo jugando Guyana.

No hay nada que temer. El derecho nos asiste totalmente.

 

 

 

La brillante  sensibilidad en el pensamiento de Rigoberto

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Abrahamgom@gmail.com         

 

Apreciar las ideas o creencias opuestas a las nuestras se ha vuelto en los últimos tiempos, como es bien sabido, un asunto de escasísimo uso. Igualmente, trenzar una productiva discusión que incentive   y fortalezca el disenso fértil se ha convertido poco menos que en una extravagancia.

Nuestro elogiado epistemólogo venezolano Rigoberto Lanz cultivó a lo largo de su existencia dos grandes virtudes, la tolerancia y el respeto.

Admitía, el reconocido profesor universitario, con deferencia absoluta, todas las opiniones que provenían en sentido opuestas a la suya; al tiempo que procuraba aprehender una arista aprovechable de cada palabra antagónica proferida, para hacer brotar inmediatamente, desde su proverbial intuición –y formación académica-- una síntesis superadora de ideas.

Hacía una ilación (sin h) con la opinión que escuchaba; a partir de allí, él colocaba la suya en contrario; y percibíamos la que afloró producto de tal juntamiento (Dialéctica hegeliana, tal vez).

¿Qué Resultado se obtenía de tal estrategia y de este hermoso polémico entramado?

 Cada quien quedaba satisfecho y crecía intelectualmente.

Hemos conseguido, en nuestra vida universitaria, muy pocas personas como el maestro Lanz; quien tenía una grácil y elegante manera de “construir elucidaciones en caliente”.

Respondía sin titubeos; porque, sabía calibrar la superficialidad y/o profundidad de su discurso, conforme al contexto donde se encontraba.

 Pensaba sobre la marcha elementos metonímicos (designar una cosa por otra, que guardan cierta relación semántica) para reforzar lo que deseaba decir.

Habiéndonos conseguido siempre en parcelas ideológicas distantes, disfrutábamos sin limitaciones con una sana confrontación de criterios, que las adversidades en sí mismas provocan.

Ciertamente, él había sido un digno problematizador.

Nos incitaba al debate; y si las cosas habían quedado inconclusas, impulsaba al diálogo mucho más escrutador.

Rigoberto hacía de los espacios académicos su ambiente de regusto, sin llegar jamás a la domesticación.

Poseía y asumía la natural cualidad de no dejarse encallejonar ni adocenar en corrientes de pensamientos inconsistentes. Los mandaba bien largo al cipote.

Cuánto orgullo haber disfrutado de su sincera amistad; creada, cultivada y proyectada en base a los constantes intercambios de opiniones abarcativas de las insondables parcelas de la realidad.

Abonaba, siempre, en diálogos auténticos para engrandecer nuestra confianza y afectos.

Bastó su sola invitación para intercambiar ideas; entonces, de esta manera sincera y legítima se hizo nuestro ductor en el doctorado en ciencias sociales de la UCV e impulsor de los seminarios del Centro de Investigaciones Postdoctorales (CIPOST), en “la casa que vence las sombras”, donde participamos.

Lo invitamos, cordialmente, a dictar una conferencia en Tucupita, para cursantes de posgrado.

 En el precitado evento, Rigoberto no tuvo recato en exponer que la vía que consideraba más expedita para constituir la Universidad para el presente tramo civilizatorio, en tiempos de incertidumbres, era mediante el caos. Y así lo expuso, de modo explícito, con la mayor claridad:

“Considero que sólo caóticamente se puede transformar a la universidad; es decir por irrupción, por movimientos inesperados…Por el aleteo de una mariposa que provoque un huracán, es decir por el planteamiento de ideas como las que se están presentando en este foro que pueden generar los cambios que revuelvan a la universidad”.

Con fuerza y autoridad lo dijo; por cuanto, le confería a la Universidad un carácter de sistema sensible, extraordinariamente dinámico.

 No se constreñía para explayar lo que consideraba justo y apropiado.

Rigoberto abrigó, hasta sus últimos días, la aspiración a la Universidad transformada a partir de la cotización que insurgiera de su interioridad; aunque produjera resistencia de algunos y causara vértigos en otros.

En la medida en que uno va leyendo y releyendo la prolija obra de Rigoberto, se le van construyendo nuevas imágenes; renacen derivas de criterios y desafíos para estructurar -por la vía del libre albedrío- categorías para intentar discernir lo que había quedado a un costado del camino.

Basta leer y analizar cualquier párrafo de alguno de sus textos para pesquisar su exclusiva densidad y perspectiva:

 “Las prácticas discursivas comienzan como información, conocimiento, saberes y alocuciones. Estos momentos tienen sus propios requerimientos cognitivos. Los saberes son constelaciones de conocimientos acotados en un cierto tiempo, portados en determinadas prácticas, articulados a configuraciones valóricas en atención a los contenidos históricos de cada coyuntura. Estos saberes traducen casi siempre estrategias de poder cruzadas por los intereses de actores sociales específicos”. (Las palabras no son neutras. Glosario semiótico sobre la posmodernidad. Monte Ávila. Faces. UCV. 2005)

Rigoberto supo atrincherarse de un pensamiento insondable y apropiado para la necesaria confrontación intelectual, en estos tiempos de descalabros de “pisos sólidos” (G. Vattimo) y valores inaugurados por el proyecto de la Modernidad ilustrada.

El maestro Lanz nos recordaba, con insistencia como anécdota, que si acaso emergía alguna filosofía seria en América Latina no nacería precisamente a partir de los filósofos, sino por voluntad de los literatos.

Aún escuchamos la constante prédica de Rigoberto ante las hipocresías (“babosadas”, las llamaba) de quienes pretendían hacer saber que lo estaban cambiando todo.

“Es preferible la restauración de un viejo pensamiento fundado en nuevo modo de pensar que la fantasía de los nuevos pensamientos que ocultan la misma vieja manera de pensar”

Eternamente orgullosos de ti, Rigoberto; porque nos enseñaste a dudar hasta de lo que nos enseñabas.

 

Guayana Esequiba: siempre hemos tenido cómo y con qué comparecer ante la Corte

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

Coordinador de la Comisión proponente de la UNAFRONT

 

Todavía se les exige a algunos Estados (por supuesto, a los más débiles) que deban someterse a un orden normativo, obligatorio y coercitivo que se consagra en el Derecho Internacional Público.

Recordamos con nostalgia que, hasta no hace mucho, la sola mención – aunque someramente- de las disposiciones contenidas en las normas del Derecho Internacional (mayúsculas adrede, todavía) bastaba para emocionarse al pronunciar sus principios y/o apelar a sus jurisprudencias.

Documentarse con base a tales contenidos doctrinales constituían experiencias hermosas.

El Derecho Internacional comportaba, en sí mismo, uno de los ejes temáticos que desplegaba apasionadas y productivas discusiones para nutrir y fortalecer – al propio tiempo—a las particulares soberanías nacionales[U1] .

 

Lo que deseo poner de relieve es que la opción de apelar a la vía judicial para resolver un pleito interestatal está tomando -hoy en día- un papel menos importante como solía tener en los siglos pasados; por cuanto, han surgido otros medios alternativos para resolver los conflictos.

Es importante destacar que la cultura de la paz, de la negociación directa de las partes en controversia; de la mediación y la conciliación, se han venido imponiendo sobre un litigio con su despliegue jurisdiccional; teniéndose esta última como una “subcultura”.

 

¿Entonces, cómo hacemos para alcanzar una resolución satisfactoria, sin que incomodemos susceptibilidades o contrariemos la norma Internacional?

La brevísima reflexión y descripción anterior viene a propósito de la justa y centenaria reclamación que ha hecho Venezuela de la séptima parte de su extensión territorial, que le desgajaron con artimañas y vilezas.

Las posibles salidas para una   solución planteadas por nuestro país fueron saboteadas por ingleses y guyaneses; porque saben que poseemos los Justos Títulos Traslaticios para probar en toda instancia y momento.

Algunas veces, quisimos decidirnos por la alternativa voluntarista; y conseguimos resistencias en la comunidad internacional, con discursos conminativos a respetar las normas.

En otras ocasiones, invitamos a la contraparte (Reino Unido y su colonia Guayana Británica) a consensuarnos para solucionar –definitivamente—el despojo que nos habían perpetrado.

 

¿Qué ha sido lo más importante y trascendente que alcanzamos a consolidar con esa salida de autocomposición?

Logramos – luego de extenuantes jornadas de análisis y discusiones— negociar, suscribir y ratificar el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966; documento que posee pleno vigor jurídico; el cual en su debida oportunidad fue consignado en la Organización de la Naciones Unidas, donde causó estado; es decir, su contenido ha resultado inalterable, y jamás ha sido atacado o recurrido.

No se trata de una simple ilusión; sino de una determinación histórica con fundamento; de lo cual se encuentra enterada la contraparte que, por supuesto, conoce que somos poseedores de los documentos que nos acreditan el dominio absoluto sobre la extensión territorial que han venido ocupando y usufructuando ilegal e ilegítimamente.

 

Aunque algunos sujetos internacionales y países (hasta ayer amigos de Venezuela) se pronuncien en respaldo a Guyana --por marcados intereses económicos, sin dudas-- nuestra contención siempre ha tenido suficiente asidero jurídico, cartográfico e histórico y la fortaleza moral de saber que no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie.

 

Recíprocamente, hemos valorado bastantes conjeturas con gente pensante que ha dedicado mucho tiempo a este asunto.

Reconocemos que también hay compatriotas quienes andan por ahí sin prestarle ningún cuidado a nuestra reclamación – no han manifestado el más mínimo interés en el tema-; cuya actitud es de los que únicamente ven transcurrir las cosas con indiferencia o displicencia. No hay forma ni manera de motivarlos. Peor aún, prefieren que sea el gobierno que busque cómo salir de este embrollo fronterizo. Les resbala lo que pudiera suceder.

Otros que se encuentran demasiados imbuidos de pesimismo; y creen que en el supuesto de que Venezuela decida comparecer nuevamente por ante la Corte Internacional de Justicia nuestra nación no obtendría una sentencia satisfactoria en la mencionada Sala Juzgadora. Allá ellos con su incurable derrotismo.

Con todos los especialistas en esta contención --con quienes hemos intercambiado criterios de los probables acontecimientos subsiguientes-- coincidimos en señalar que hay que reflexionar “en frío” la próxima comparecencia de Venezuela ante la Corte.

 Hay que dejarse de “actitudes retrecheras o soberbias”; por cuanto, poseemos una irrebatible alforja de probanza.

 

Una breve sugerencia para los delegados del oficialismo, responsabilizados para este delicado caso litigioso.

Hoy más que nunca, deben obligarse (y abrirse) a consultar a expertos y estudiosos para concordar la más idónea y conveniente posición estratégica que asumirá el Estado venezolano.

Es un asunto de Estado, no de gobiernos.

 

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 [U1]

 

Guayana Esequiba: la pretensión procesal de la contraparte carece de asidero

 Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

Coordinador Académico de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Frente a las próximas determinaciones jurisdiccionales de la Corte Internacional de Justicia debemos estar expectantes, en absoluta solidaridad como país; para no incurrir en errores gravosos que puedan causarnos mucho más daño, del que hemos arrastrado desde aquella fecha de ingrata recordación, cuando se nos desgajó una séptima parte de nuestra geografía nacional.

Entendemos que las divergencias y diferenciaciones, al parecer condición casi natural de los seres humanos, siempre van a aflorar por cualquier cosa; no obstante, la presente circunstancia por la que atraviesa la Patria nos obliga a pensar, con bastante inteligencia.  Surge una interrogante inevadible.

¿Qué debemos hacer y bajo cuáles estrategias nos comportaremos -uniforme y simétricamente- ahora cuando la Sala está conociendo el fondo del litigio?

Pleitos internos siempre tendremos; pero, en este asunto litigioso concreto, la unidad que exhibamos al resto del mundo demostrará que somos dignos herederos de las glorias y conquistas históricas de nuestros próceres e insignes libertadores.

 Tal elemento constituyente básico conforma la primera demostración de nuestra fortaleza probatoria, con la cual procederemos a reivindicar todo ese inmenso costado este que nos han usurpado.

Otro factor a considerar, no menos interesante, es la toma de conciencia y el determinante involucramiento de civiles, militares, estudiantes, académicos, políticos, empresarios, obreros. Compatriotas de los distintos cuerpos sociales, de todos quienes llevamos suficientemente acendrada la venezolanidad. Preparados para dar y recibir –con transparencia— las informaciones que han venido dimanando desde la Corte Internacional de Justicia, donde se dirime procesalmente la precitada controversia.

En las subsiguientes fases a desarrollarse- en este trimestre- es decir, las alegaciones y las pruebas preconclusivas,  por ante el Cuerpo Sentenciador; la comparecencia de Venezuela tiene que ser indiscutible e indudable, con nuestra densa alforja de Títulos (que no admiten pruebas en contrario) que presentaremos para la examinación e investigación.

Nuestro legajo de documentos dejará sentado válidamente que no hemos despojado nada a ningún país, ni pretendemos hacerlo; y que el írrito y nulo Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899, ha sido siempre un inexistente y vergonzoso adefesio jurídico que jamás debió considerarse como oponible para nada y menos referente jurisprudencial en el Derecho Internacional Público.

Prestemos atención de lo que la contraparte ha venido haciendo sin escrúpulos.

En casi todos los medios audiovisuales de Guyana ha aflorado, en los últimos meses, una sibilina y machacona campaña de (des)información, cuyo contenido apunta a hacerle creer a la población que habita en la “Zona en Reclamación” que Venezuela no posee los recursos argumentativos probatorios de nuestra contención; y que, por tales motivos, le habíamos estado rehuyendo al arreglo judicial, como “expedita   alternativa” que ellos presentaron en la Corte.

En ese mismo sentido, estamos observando y analizando el despliegue inusitado en los canales internacionales; también en los diarios de mayor circulación -- los de mucha credibilidad y prestigio y los más leídos en el mundo-- la ilimitada propaganda que el gobierno guyanés ha cancelado, con la finalidad de darse un barniz favorable en torno al histórico caso del Esequibo.

Tratan de diseñarse una matriz opinática acomodaticia.

Nosotros tenemos abundante documentación para demostrar que fue el Imperio Británico que nos usurpó y despojó, mediante las trampas y demás tratativas políticas-diplomáticas urdidas a finales del siglo XIX, de 159.500 km2; incluso tenían la aviesa intención de arrebatarnos hasta el Delta del Orinoco y una considerable parte del estado Bolívar.

El gobierno guyanés ha desatado un propagandismo con “descomunal ferocidad”, en dos vertientes: en Georgetown, con la utilización de la televisión a diestra y siniestra contra Venezuela; haciéndonos pasar como avaros en la reclamación o imbéciles e ignorantes del Derecho Internacional Público.

 La otra burda estrategia   ya la conocemos. Vienen organizando sistemáticas visitas a la Guayana Esequiba del presidente Irfaan Ali, de ministros, miembros de las Fuerzas Armadas, empresarios, representantes de todas las organizaciones políticas e iglesias.

Sospechamos que, dentro de las estrategias que han diseñado y acometido los coagentes de la Contraparte guyanesa, se cuentan:  los pronunciamientos de la Caricom y --quizás para los próximos días—de la Commonwealth. Así también, han logrado sumar opiniones de algunos países que (como es fácil advertir) tienen fuertes intereses en el área en contención, y ya han recibido ilegalmente por parte de Guyana concesiones para el desarrollo de proyectos.

Han logrado acopiar suficientes recursos dinerarios de las empresas transnacionales (¿extorsión?) que operan --sobre todo—en la proyección atlántica para cancelar los carísimos honorarios de los abogados litigantes en este caso.

Nos encontramos ante un hito histórico disyuntivo.

 Estamos concernidos a demostrar sin posiciones elusivas o reticentes – en plena unidad venezolanista, “hablando el mismo idioma” -- un hecho de vital trascendencia para la vida de la nación: esa extensión territorial, que hemos reclamado desde hace más de cien años, siempre nos ha pertenecido; y tenemos enjundiosos documentos, de pleno derecho, para demostrarlo.

Al día de hoy, la contraparte en su Pretensión Procesal no ha consignado el más mínimo documento que pruebe la propiedad de esa nación sobre la extensión que nos arrebataron.

En la Acción interpuesta por Guyana contra Venezuela no hay en sus anexos documentos históricos que demuestren nada.

 

 

 

Guayana Esequiba: preparémonos para lo que vendrá muy pronto

 Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

Coordinador Académico de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Quienes hemos estudiado este asunto, por años, sostenemos de muchas maneras que el Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899, donde afinca Guyana su causa de pedir por ante la Corte es desmontable. Pero, estamos contestes que nos encontramos nada más y nada menos que ante unas insalvables interrogantes.

¿Puede el Ente Sentenciador llegar a considerar el precitado documento con “carácter válido y vinculante” y conferirle la condición de “cosa juzgada”?  Así lo solicita en su escrito la contraparte.

 

¿Convencerá la delegación de la excolonia británica a la Sala de que la decisión arbitral, cuestionada severamente por Venezuela, ha sido ejecutoriada por nuestro país? Guyana no tiene cómo ni con qué.

 

Por eso les digo, no es poca cosa tal desafío. Nosotros vamos con todo lo que nos asiste en pleno derecho.

 

Hemos escuchado cualquier cantidad de opiniones, propuestas y conjeturas luego de la determinación sentencial de la Corte, hace cinco años. en cuya dispositiva se asumió con jurisdicción y competencia para conocer fondo y forma del caso controversial, suficientemente conocido.

 

El Alto Tribunal desestimó, en la misma resolución, otros tres elementos –que detallo de seguidas—los cuales se encontraban contenidos en la Pretensión Procesal de la demanda accionada por Guyana.

Primero, exigían la  retirada del ejército venezolano de toda el área este de la Isla de Anacoco.

Además, en el escrito, los coagentes de la Contraparte pedían que se impusiera una medida a Venezuela para que deje de “hostilizar” a las (39) empresas transnacionales que han estado esquilmando los incuantificables recursos de la “Zona en Reclamación” y su proyección atlántica; operaciones que efectúan en contravención al Acuerdo de Ginebra de 1966.

 Así también, habían   solicitado que la citada Autoridad internacional acordara restricciones a nuestro país, para que no “obstaculice” a la excolonia británica ninguno de sus proyectos económicos; aunque los han estado desarrollando en la zona objeto del litigio.

 

 La Corte, en la narrativa de los hechos y en la fundamentación de derecho, dejó sentado que estas últimas “menudencias” pedidas por la contraparte se podían resolver por otras vías pacíficas, y no en ese Tribunal.

 

La Sala consideró que su tarea jurisdiccional, en lo adelante, se circunscribirá a solicitar a las Partes a que presenten sus respectivos alegatos en cuanto a la eficacia o invalidez jurídica del Laudo.

 

Nos han convocado a reiteradas audiencias para que mostremos y demostremos, --con comparecencia plena de nuestra representación-- cómo fue que la cuestionada decisión arbitral de 1899 (poco menos que un adefesio jurídico) producto de añagazas y tratativas tramposas nos despojó con vileza de una séptima parte de nuestra geografía nacional.

 

No hay nada que temer; porque, estamos munidos de los Justos Títulos, en tanto recursos probatorios de la propiedad y legitimidad histórica, jurídica, cartográfica de Venezuela sobre el área en contención.

Los documentos que nos respaldan no son expedientes con presunciones caprichosas, empecinamientos de malcriadez diplomática. Son legajos iuris et de iure (de pleno derecho).

 

Que quede claro que jamás hemos rehuido la confrontación jurídica; por cuanto, somos los únicos que poseemos los Justos Títulos traslaticios, que  nos  fueron transferidos desde España; los cuales nos  confieren carácter de propietarios absolutos, dominio y soberanía sobre los disputados 159.500 km2 y su proyección atlántica, desde el 8 de septiembre de 1777, con la Cédula Real de Carlos III, al crearse la Capitanía General de Venezuela; donde quedaron integradas las provincias de Caracas, Maracaibo, Nueva Andalucía (Cumaná), Guayana hasta el río Esequibo, Margarita y Trinidad.

 

Expresamos absoluta coincidencia con quienes han expuesto que las sentencias de la Corte deben ser acatadas; inclusive así el veredicto no haya sido del todo favorable para alguna de las Partes en la controversia.

Lo decimos más claro aún, con el artículo (60) del Estatuto de la Corte:

 

“El fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o el alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes”.

 

Vamos a prepararnos por lo que vendrá en el primer semestre del año 2026; que esperamos sea en justo derecho. Aspiramos  que se dé un fallo justo; luego de examinadas las pruebas aportadas.

 

Hemos hecho la debida advertencia que si el litigio tomó el rumbo y calificación que la propia Corte le confirió, qué nos quedaba entonces, sino   apertrecharnos con nuestros recursos históricos para exponerlos con justeza en los correspondientes trayectos procesales ante la entidad juzgadora.

 

Invitamos a nuestra Cancillería para que haga la precisa examinación de los hechos y todo lo que consecuentemente debemos manejar, en tanto y en cuanto estrategias de defensa en el juicio; fundamentalmente en lo queda; vale decir, alegaciones y preconclusivas.

 

Es verdad que nuestro país había invocado siempre la no comparecencia; por cuanto, no le reconocíamos Jurisdicción a la Corte, como instancia idónea para dirimir la controversia; y menos conocer forma y fondo de este asunto, pero la realidad ha cambiado inmensamente, tras la sentencia de autoconferimiento de competencia y jurisdicción, del 20 de diciembre de 2020, que estamos comentando.

 

Frente a tal panorama que nos acecha hay que actuar con inteligencia.

 

Nos corresponde reflexionar lo que debemos hacer en las fases sucesivas, siempre como Política de Estado.

 

Los propósitos en la Política Exterior de Venezuela, por la reclamación de la Guayana esequiba tienen que seguir, insisto, como Asunto de Estado, con seriedad y al amparo de una iniciativa con las características que describen la fortaleza de una diplomacia abierta, para que avance de manera franca a los ojos de la opinión pública.

Que la gente participe y dé sus consideraciones.