Guayana
Esequiba: Venezuela invoca su restitución (por todos los medios) ni más ni
menos
Dr. Abraham
Gómez R.
Miembro de la Academia Venezolana de
la Lengua
Consultor de la ONG Mi Mapa
Asesor de la Fundación Venezuela
Esequiba
Asesor de la Comisión por el Esequibo
y la Soberanía Territorial
Miembro del Instituto de Estudios
Fronterizos de Venezuela (IDEFV)
Nos sentimos
regocijados por las intensas y entusiastas actividades desplegadas por todo el
país; con distintas manifestaciones de plena solidaridad con las tareas que se
han venid adelantando; concretamente con el llamado al referendo consultivo; propósitos
inscritos en el marcado interés e indeclinable intención de recuperar la
extensión territorial que nos arrebataron por el costado este.
Escuchamos a
diario expresiones dichas por la gente más humilde, con tanta seguridad en
cualquier parte: “sí lo vamos a conseguir;
porque eso siempre ha sido nuestro; y no nos lo vamos a dejar quitar. Eso hay
que pelearlo como sea. No hay que
dormirse otra vez”.
Nos luce, valoramos y apreciamos la
determinación popular al respecto.
Tal arenga
constituye en sí misma un hermoso aliciente, para seguir --por todos los
medios-- en la ya centenaria contención. Y cuando decimos “por todos los medios”,
(y aunque se impacte la contraparte y la CARICOM) ningún medio queda excluido; así
no lo mencionemos explícitamente.
Sin embargo,
también debemos estar claros que en el derecho Internacional las equivocaciones
se pagan caro. Y como cuesta después recomponer en justeza las situaciones.
Por eso,
estamos obligados, en la presente controversia --donde se abren sendos abanicos
opcionales-- a cautelar milimétricamente qué nos conviene.
Preguntémonos.
¿insistir en la vía jurídica (por el Alto Tribunal de La Haya); adelantar
alguna posibilidad de negociación de diplomacia directa hasta alcanzar una
solución práctica y satisfactoria para ambas partes (dentro del espíritu y
sentido del Acuerdo de Ginebra de 1966); instrumentar los mecanismos para un
nuevo arbitraje; ¿o rescatar, como salida política, las figuras de mediadores,
conciliadores o buenos oficiantes?
Fíjense que
las alternativas mencionadas anteriormente quedan contextualizadas en criterios
pacíficos; porque tal ha sido nuestra heredad y desempeño para con los países
vecinos; pero, tampoco somos tan lerdos, ingenuos o desprevenidos para ignorar
el juego de intereses entre los gobiernos guyaneses y las empresas
transnacionales que esquilman (ilegal e ilegítimamente) nuestros recursos en la
Zona en reclamación y en su correspondiente proyección atlántica.
Lo que no nos
está permitido en la coyuntura actual es cometer deslices o impropiedades; como
en los que se incurrió en épocas preteridas, por las circunstancias que haya
sido.
Hay algunas
opiniones y criterios coincidentes en que nuestra primera y muy grave
inexactitud diplomática fue haber aceptado las diligencias y acuerdos
preliminares -suscritos el 2 de febrero de 1897- en el denominado Tratado de
Washington, donde se contemplaba un
ulterior compromiso arbitral.
Me sumo entre
quienes aseveramos que allí comenzaron nuestros desaciertos.
¿Ingenuidad o
impericia de quienes manejaron nuestra diplomacia en esa época? Tal vez.
Primero,
aceptar que se discutiera un caso de tanta trascendencia para la vida de
nuestro país sin nuestra presencia.
Participaron
únicamente para tales arreglos los representantes de los gobiernos del Reino
Unido y el de los Estados Unidos; además, se birló, descaradamente, el
principio del Utis Possidetis Iuris, nuestra Carta esencial de soberanía; y se
omitió nuestro Justo Título Traslaticio: la Real Cédula de Carlos III, que crea
la Capitanía General de Venezuela, el 08 de septiembre de 1777.
A partir de
la estafa referida en el párrafo anterior devino el írrito y nulo Laudo
Arbitral de París, el 03 de octubre de 1899 (donde tampoco estuvimos
presentes); adefesio jurídico forcluído y de nulidad absoluta; que jamás legitimaremos
como causa de pedir de la contraparte, en el juicio que se dirime por ante la
Corte Internacional de Justicia.
Se le
atribuye una enorme responsabilidad al gobierno del Benemérito Gómez por haber
cedido a la presión del Imperio inglés, para proceder a la demarcación (en el
terreno), de lo que ya se había “aprobado” de modo fraudulento en el ardid
arbitral referido.
Precisamente,
con los documentos que entramparon el arreglo; luego del mencionado trabajo por
ambas comisiones, en la época gomecista (1905) —que se denomina Tratado
Bilateral ejecutoriado– es con lo que en este momento está alegando la Parte
guyanesa, en la Corte; además, solicitan en su pretensión procesal que se le
confiera la autoridad de cosa juzgada a ese “laudo”; porque ya el gobierno
venezolano de esa época lo había dado por “bueno y legítimo”.
No fue sino hasta 1962 cuando –bajo
el gobierno de Rómulo Betancourt –nuestro insigne canciller, Marcos Falcón
Briceño, solicita un derecho de palabra en la plenaria de la Asamblea General
de ONU, para denunciar el despojo que se perpetró contra Venezuela.
Se obliga a
Gran Bretaña y accede a revisar la tropelía cometida, y se adelantan gestiones
para firmar, el 17 de febrero de 1966, el Acuerdo de Ginebra, donde por primera
vez, admiten que la sentencia arbitral de París es írrita y nula—por lo que no
surte ningún efecto jurídico ni puede ser documento oponible a nada, y menos en
un juicio de la categoría y naturaleza que nos ocupa, hoy, en tan importante
Sala Juzgadora de la ONU.
En resumidas
cuentas, hubo demasiada tranquilidad e improvisaciones, en este asunto que
debió tener siempre el carácter de Política de Estado, y no reacciones
intemperantes de gobiernos y de funcionarios desconocedores de la materia.
Nos
preocupamos porque a mucha gente ignorante de este sensible caso (para la vida
del país) en algunas ocasiones se les designaba para ocupar importantes cargos atinentes a este
asunto.
Debemos pronunciarnos
permanentemente contra lo que aún siguen perpetrando los gobiernos guyaneses,
que vulneran nuestros intereses soberanos, en la Zona en Reclamación y en su
correspondiente proyección marítima. Ya están advertidas las transnacionales
que las concesiones recibidas son nulas y contrarias al derecho internacional.
Comencemos
por dejar sentado, suficientemente, que el Acuerdo de Ginebra viene a ser – en
este preciso momento– el único instrumento jurídico, donde “está vivo” y
reconocido exequiblemente este pleito centenario, y en el cual se sintetiza
medularmente nuestro reclamo.
Agreguemos,
además, como un hecho interesante – a los efectos del Derecho Internacional
Público- que en el propio contenido del Acuerdo de Ginebra se pone en tela de
juicio y se cuestiona el Principio de intangibilidad de la Cosa Juzgada (Res Judicata).
Vista así la
situación y circunstancias en que ha devenido este pleito; expresamos con
contundencia que no les quepa la menor duda a los representantes de la
excolonia británica que vamos con todo, sin contemplaciones; asistidos en la
justeza de saber que estamos reclamando para nuestra nación la restitución de
la séptima parte de la extensión territorial, que nos desgajaron en una
tratativa perversa; y que, además, no estamos cometiendo ningún acto de
deshonestidad o pillaje contra nadie.
El pueblo de Venezuela se pronunciará el 03 de
diciembre en el referendo consultivo, con cuyos resultados se establecerá un esquema
para acometer las más efectivas estrategias de restitución.
Ya basta.
Tenemos más de cien años pidiendo, en justo derecho, la reivindicación de lo
que siempre ha sido nuestro.
Vamos, ahora, por todos los medios, a cumplir
la gesta de gloria independentista de nuestros libertadores, a partir del
Referendo Consultivo, el cual calza --- perfectamente--- con nuestra
Constitución Nacional.
Guyana se encuentra desguarnecida jurídicamente,
ante la Corte; no tiene el más mínimo documento – de cesión histórica de
derechos de nadie— que puedan oponer. En lo único que asientan su Acción contra
Venezuela es en el inválido e ineficaz “Laudo de París”.
Lo que
decimos, lo divulgamos con sobrada justificación; porque poseemos los Justos
Títulos que nos respaldan. La séptima parte de nuestra extensión territorial –
la que nos despojaron- la reclamamos con
suficiente fortaleza y asidero jurídico; por cuanto, somos herederos del
mencionado espacio.