Guayana
Esequiba: La Corte no quebrantará su propio Estatuto
Dr. Abraham
Gómez R.
Miembro de la Academia Venezolana de
la Lengua
Asesor de la ONG Mi Mapa
Asesor de la Fundación Venezuela
Esequiba
Miembro del Instituto de Estudios
Fronterizos de Venezuela (IDEFV)
Asesor de la Comisión por el Esequibo
y la Soberanía Territorial
En el
transcurso de los próximos meses nuestro país se mantendrá expectante por todo
cuanto vaya ocurriendo con el presente asunto litigioso y la decisión que
podría tomar la Sala Juzgadora de la ONU en relación a la centenaria controversia;
fundamentalmente, una vez que consignemos el memorial de contestación de la
demanda, para cumplir la primera fase postulatoria, y pasemos a probar, en una
segunda etapa, el vil despojo que se nos
hizo, con el nulo de nulidad absoluta Laudo de París de 1899.
Ya se ha
hecho bastante conocido que Guyana no maneja remilgos en este asunto. No mide
con ponderación sus pasos. Está dispuesta a todo o nada. Hay un altísimo grado
de intranquilidad de la delegación guyanesa porque saben (o sospechan) que la
resolución que dimane, en estricto derecho, del Ente Jurisdicente no los
favorecería.
La excolonia británica,
hasta ahora, no ha justificado lo que pide en su pretensión procesal. No tiene
cómo ni con qué.
En su
condición de causahabiente de los ingleses, en este pleito, se ha dedicado a
buscar alianzas con empresas transnacionales a cambio de concesiones (calificadas
por nosotros de ilegítimas e ilegales) en los bloques petroleros de las áreas
aún no delimitadas en la proyección atlántica de la Zona en Reclamación. Así, además,
han procurado –con desesperación— comunicados y
pronunciamientos de sujetos
internacionales; caso de la CARICOM, la COMMONWEALTH. Agreguemos la infeliz e
imprudente declaración del Secretario General de la OEA; las
indescifrables maniobras diplomáticas de funcionarios del Departamento de Estado
y del Comando Sur de los EE. UU. Y qué decir del juego solapado de países a los
cuales teníamos como solidarios a lo largo de nuestro proceso de reivindicación,
y resulta que nos han dado la espalda. Hay
un dineral de por medio, sin dudas.
Llevamos un
registro de un enjambre de (59) compañías transnacionales que están esquilmando
nuestros recursos en tierra firme, en el Mar Territorial y en la Zona Económica
Exclusiva que genera.
La Exxon se
puso al frente, y comanda las gestiones de coacción al presidente Irfaan Ali y
a su equipo de gobierno; así como antes lo hicieron con Granger.
Afloran a
cada rato demasiados intereses atravesados; y según han declarado, en público y
en privado, algunos voceros del gigante petrolero norteamericano que ellos no
están dispuestos a seguir perdiendo el tiempo; mucho menos permitir que
continúe la indefinición jurídica en los bloques y yacimientos donde están operando.
Guyana se transformó en un país tutelado por transnacionales.
Los diplomáticos
que representan a Guyana en el juicio --con sus prebendas dinerarias garantizadas
por las empresas-- tienen varios meses instalados en la sede del Alto Tribunal
de La Haya.
Sin embargo,
hasta la presente fecha, todavía los coagentes de la excolonia británica no han
respondido la pregunta que el juez francés Ronny Abraham les formuló el 30 de
junio del 2020, con motivo de la concurrencia – unilateral de Guyana --a la
audiencia oral; donde ratificaron la ingrata e inmerecida demanda que interpusieron
contra Venezuela. Una sola pregunta y les desmontó todo el “andamiaje urdido”.
Recordemos
que entonces el citado magistrado los precisó (y sorprendió) con la siguiente
interrogante:
“¿Agotaron, ustedes, las alternativas de solución previas, es decir: la
negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje; que
también las contempla el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas; antes
de haber venido a esta Corte, e interponer un recurso, ¿procurando un arreglo
judicial?”
Cundió un
silencio sepulcral, a partir de tal expresión directa del juez.
Intervino, de
inmediato, el presidente del jurado, para concederle al equipo de Guyana un
plazo perentorio, con la finalidad de que consignaran la respuesta solicitada.
Y hasta el día de hoy no han entregado la prometida argumentación que
justifique, porqué han violentado algunos lapsos. ¿Acaso no incurrieron en un
indisimulado fraude procesal?
Es tanta la
torpeza del equipo de litigantes guyaneses que lo único que les interesa e importa
es que esa instancia jurisdiccional internacional confirme “la validez legal y efecto vinculante del Laudo Arbitral de París de
1899 y le confiera la autoridad de cosa juzgada”.
A tal documento
desde su origen, en Venezuela le hemos dado el calificativo de adefesio
jurídico, con sus consabidas características intrínsecas de inválido e ineficaz
jurídicamente.
El mencionado
“laudo” quedó rechazado y forcluído cuando las partes concernidas suscribieron
el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966, en cuyo texto quedó explícito
y aceptado la condición de nulo de nulidad absoluta el resultado arbitral,
producto de una tratativa perversa coludida contra nuestro país.
Seguiremos haciendo
bueno, valedero y propio ante la Corte el Acuerdo de Ginebra, como el único
documento a través del cual, procesalmente, se llevará este caso litigioso a
partir de abril del próximo año.
Celebramos el
inmenso auge que ha cobrado la unívoca solidaridad, en toda Venezuela, para pedir
la restitución de lo que nos desgajaron con vileza.
Leemos en las
distintas plataformas las manifestaciones de reivindicación por nuestra Guayana
Esequiba; que se suman al trabajo de elogiables organismos que permanentemente
sensibilizan conciencias en este asunto controvertido.
Nuestro país
ha podido analizar y asimilar con justeza toda nuestra probanza histórica, jurídica
y cartográfica.
Nos consta,
porque ha sido parte de nuestra modesta tarea, que en los distintos sectores ha
habido la posibilidad de ponderar las legítimas razones que nos asisten en el
presente pleito, y los justos títulos traslaticios que nos respaldan; mismos que
consignaremos, por ante la Sala Sentenciadora, en la fase de prueba; con la
seguridad de que nuestra petición de justicia será suficientemente escuchada
Con idéntico
propósito, igualmente, me permito rescatar un interesante párrafo del escrito presentado
por el magistrado eslovaco - juez en la Corte Internacional de Justicia- Peter
Tomka, exactamente el mismo día (30-06-2020) cuando ese Alto Tribunal se
atribuía competencia para conocer forma y fondo en el centenario litigio:
“Es importante que las Partes entiendan que,
en caso de que la Corte declare nulo el Laudo Arbitral de 1899, como argumenta
Venezuela, la Corte necesitará nuevas comunicaciones, en forma de pruebas y
argumentos, sobre el curso de la frontera terrestre, a fin de que resuelva
plenamente la <<controversia>>. Sin estas comunicaciones, la Corte
Internacional de Justicia no estará en condiciones de determinar el curso de la
frontera disputada entre los dos países”.
Visto así,
entonces, nuestro irrebatible portafolio da cuenta de la propiedad absoluta de Venezuela
en lo que hasta ahora se ha conocido como la Zona en Reclamación.
La mayoría de
los jueces de la Corte conocen, además, que nos encontramos apertrechados y munidos
con los Justos Títulos (iuris et de iure), de pleno derecho, que avalan la
propiedad incuestionable de nuestra nación sobre la Guayana Esequiba.
Ha habido
innumerables jurisprudencias –a partir de anteriores resoluciones sentenciales
de la Corte Internacional de Justicia– que refuerzan el reclamo venezolano para
mantener con firmeza los límites que heredamos, sustentados en la Real Cédula
de Carlos III, del 08 de septiembre de 1777 y el Tratado de Paz y Amistad entre
España y Venezuela, del 30 de marzo de 1845.
La Sala debe
proceder a examinar los justos títulos que aporten los concernidos.
No creo que
la Corte se lleve por delante su propio Estatuto para complacer a la
contraparte; que está desesperada por quedar bien con la Exxon-Mobil, la CNPC (de
China), la Shell, la CGX, la Anadarko, la israelí Ratio Guyana Limited, la Hess Corporation y el resto de los consorcios internacionales que
auspician y financian la vil interposición de acciones contra nuestro país.
No creo que
la Corte se atreva a lo impensable; ya que está al tanto de que Venezuela conoce
y respeta el Derecho Internacional.
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