Guayana
Esequiba: nuestra comparecencia ante la Corte no sería tal; sin embargo, debe
ser.
Dr. Abraham
Gómez R.
Miembro de la Academia Venezolana de
la Lengua
Asesor de la Comisión por el Esequibo
y la Soberanía Territorial
Consultor de la ONG Mi Mapa
Asesor de la Fundación Venezuela
Esequiba
Miembro del Instituto de Estudios
Fronterizos de Venezuela (IDEFV)
Los reclamos
de restitución que hemos sostenido, desde hace más de un siglo, no están
anclados en una malcriadez diplomática o en algún capricho nacional y menos en
empecinamientos injustificados. Estamos
obligados y dispuestos –razonablemente—a repensar y a analizar (una y muchas
veces) cómo rediseñar las mejores estrategias a que haya
lugar para que se cumplan los objetivos de reivindicación venezolanista. Como se sabe hay algunos hechos ya adelantados
(que auguramos surtan efectos); y en la alforja poseemos actos jurídicamente
concretos, que no tenemos por qué eludirlos.
Que estemos
claros que no se trata de una simple ilusión; sino de una determinación
histórica con fundamento; de lo cual se encuentra enterada la contraparte que,
por supuesto, sabe que somos poseedores de los documentos que nos acreditan el
dominio absoluto sobre la extensión territorial que han venido ocupando y
usufructuando ilegal e ilegítimamente.
Aunque
algunos sujetos internacionales y países (hasta ayer amigos de Venezuela) se
pronuncien en respaldo a Guyana --por marcados intereses económicos, sin
dudas-- nuestra contención siempre ha tenido suficiente asidero jurídico,
cartográfico e histórico y la fortaleza moral de saber que no estamos
cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie.
A propósito del presente pleito
centenario que sostenemos por el arrebato que nos perpetraron por el costado
este de la geografía nacional; durante las últimas cuatro décadas he tenido la
posibilidad de intercambiar opiniones con muchísimos sectores, sobre cómo encarar
este asunto litigioso.
En los
distintos eventos desarrollados, sobre todo durante el año que acaba de
concluir, en varias universidades del país, en los medios de comunicación
social, en las plataformas digitales; a través de video-conferencias y eventos
presenciales; asimismo, visitando los propios espacios fronterizos y a través
de las redes sociales conseguimos y escuchamos de todo.
Me permito resumir,
señaladamente, que hay un denso bastión de compatriotas que conforman una
interesante masa crítica; quienes a cada instante afilan con osadía y agudeza sus juicios al respecto y publican
las propuestas que ellos consideran justas para resolver la controversia, en
espera de la más acertada salida que se pueda tomar, fundamentalmente, por
parte del jefe de Estado, para beneficio de nuestro país; porque es materia de
su exclusiva reserva constitucional, conforme al artículo 236 de nuestra Carta
Magna; no obstante, los resultados obtenidos
en la pasada consulta popular.
Digamos,
entonces, que se abre un abanico de opciones, antes de la fecha señalada por el
Ente Jurisdicente para que las Partes se presenten a La Haya, con la finalidad
de completar la fase postulatoria (expositiva)
del Proceso en curso.
Visto así,
comencemos por elucidar (con interrogantes) algunas alternativas que quizás
figurarían en la toma de decisiones.
¿Hasta cuándo
soportarle a Guyana el incumplimiento de lo que mandata el Acuerdo de Ginebra
de 1966 y lo convenido en Argyle?
¿Podemos
interpretar que la presencia del Buque militar HMS Trent de la armada británica
--en la proyección marítima aún sin delimitar; que al parecer se ha retirado estaba
midiendo nuestra capacidad de respuesta o en serio constituye un acto de
provocación hacia nuestro país, una amenaza directa contra Venezuela; y por
lógica, ¿una incitación a la ruptura de la declaración suscrita en San Vicente
y Las Granadinas, el 14 del mes pasado?
¿Estaremos aún con voluntad para continuar con
la probable negociación directa –según el lapso de tres meses, conferido a la
comisión diplomática-técnica para presentar resultados parciales y
preliminares- en tanto medida de autocomposición de solución de conflictos?
¿Nos obligaremos,
con mayor premura, en el análisis, discusión, sanción y aprobación del
contenido y alcance del Proyecto de Ley Orgánica de Defensa de la Guayana
Esequiba, con todo lo que conlleva consecuencialmente?
¿Finiquitaremos,
lo más pronto posible, la elaboración del correspondiente memorial de
contestación de la demanda; aparejado con un denso escrito de solicitud de medidas cautelares y una
demanda de reconvención o contrademanda; como decisión legítima y propia de
nuestro país?
No son pocos los álgidos y complejos ejes
temáticos con los que iniciamos el presente año.
La delegación
venezolana que comparecería ante la Corte tiene todo el derecho, en nombre de
nuestro Estado para incoar una demanda o instaurar un juicio en paralelo contra
quien nos ha demandado. Todo, relacionadamente, en el mismo proceso.
Si nos
decidimos por solicitar medidas cautelares, para pedir la paralización de las
operaciones de las transnacionales y a accionar una contrademanda, el Jurado Sentenciador
-- en pleno y justo derecho-- debe admitir ambas solicitudes.
Cabe
–perfectamente- el caso de la acción reconvencional; porque existiría absoluta
conexidad entre nuestras pretensiones en nueva litis y las que ya han sido
identificadas objeto de la demanda principal, introducida y ratificada por la
contraparte.
La Sala, que
tramita en juicio el fondo de la controversia, pasaría a conocer también – por
economía procesal—nuestra causa petendi en reconvención (con solicitudes
recientes, de signo diferente, ampliadas e incontrovertibles) cuya finalidad
procuramos que concluya con Resolución congruente, donde se haga justicia a
nuestro país.
Hemos valorado
conjeturas, recíprocamente, con gente pensante que ha dedicado mucho tiempo a
este asunto; por cierto, que no apoyó el referendo consultivo celebrado el
pasado diciembre; sin embargo, estuvo de acuerdo con la entrevista, en San
Vicente y Las Granadinas, de los dos jefes de Estados de Venezuela y Guyana.
Reconocemos
que también hay quienes andan por ahí sin prestarle ningún cuidado a nuestra
reclamación – no han manifestado el más mínimo interés en el tema--; cuya
actitud es de los que únicamente ven transcurrir las cosas con indiferencia o
displicencia. No hay forma ni manera de motivarlos. Peor aún, prefieren que sea
el gobierno que busque cómo salir de este embrollo fronterizo. Les resbala lo
que pudiera suceder.
Otros que se
encuentran demasiados imbuidos de pesimismo; y creen que en el supuesto de que
Venezuela decida asistir por ante la Corte Internacional de Justicia, el
próximo 8 de abril de este año, nuestra nación no obtendría una sentencia
satisfactoria en la mencionada Sala Juzgadora.
Con todos los
especialistas en esta contención --con quienes hemos intercambiado criterios de
los probables acontecimientos subsiguientes-- coincidimos en señalar que hay
que reflexionar “en frío” la posible comparecencia de Venezuela ante la Corte.
Hay que dejarse de “actitudes retrecheras o soberbias”.
Los delegados
del oficialismo, responsabilizados para este delicado caso litigioso, hoy más
que nunca, deben obligarse (y abrirse) a consultar a expertos y estudiosos para
concordar la más idónea y conveniente posición que asumirá el Estado
venezolano.
Podemos
jugar, simultáneamente, en tres tableros: pendientes para dar respuestas
oportunas y contundes, por las incursiones armadas en nuestra extensión
atlántica; también, la salida
conversacional directa con la contraparte (privilegiando lo transigible y
conciliable); al mismo tiempo, prepararnos para las fases de prueba y
alegaciones con nuestros irrebatibles Justos Títulos traslaticios. Claro que lo
podemos hacer. -