Avanza el estudio de factibilidad de la UNAFRONT

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

 

En nuestro indetenible recorrido por las universidades venezolanas y por algunas organismos públicas y privadas para dictar la conferencia sobre la Guayana Esequiba; también, a través de las distintas plataformas digitales y medios de comunicación audiovisuales se nos había estado invitando para que deliberáramos, en tanto en cuanto una opción pedagógica, el asunto de la contención territorial que sostenemos con la excolonia británica.

Que pensáramos en la posibilidad de crear una institución universitaria cuyo diseño curricular se circunscribiera única y exclusivamente en los temas atinentes a los espacios limítrofes.

Nos asomaron, en bastantes ocasiones, la vía para concretar en Venezuela una Casa de Estudios Universitarios cuya malla curricular estuviera centrada para discernir, analizar y debatir académicamente la amplia problemática de aspectos fronterizos de nuestro país y de otras naciones   del mundo, donde se presenten casos similares.

Nos lució interesantísimo.

Hemos ocupado suficientes horas teorizando cómo acceder y consolidar una entidad universitaria, con su proceso educativo exactamente a las exigencias epistemológicas, curriculares y metodológicas con tales características y para estos tiempos y circunstancias que nos toca vivir; y que trace una línea auspiciosa para el futuro.

En casi todos los lugares visitados en nuestro país, --por expresas invitaciones de los organizadores de eventos académicos-- conseguimos profesionales densamente formados en el álgido eje temático de las fronteras; lo cual nos honra y llena de profunda satisfacción venezolanista.

He aprovechado para nutrirme y reforzar   conocimientos al escuchar, con detenimiento, sus respectivas reflexiones sobre esta controversia.

 Encontramos, en muchas partes, gente sabia para grandeza de la Patria.

Estamos dispuestos siempre, además, a intercambiar criterios con los participantes, en general, imbuidos en tal caso litigioso.

Hay un bastión enorme que ha acumulado muchas indagaciones documentales; lo cual les ha permitido acrisolar vivencias y experiencias.

Tales compatriotas portan en sí mismos sendas “cajas de herramientas” intelectuales, siempre al servicio del país.

Modestamente, en mi caso, más de (45) años de vida académica se los he dedicado a indagar los muchísimos aspectos pertinentes a las fronteras y los límites interestatales; con lo cual, Gracias a Dios, he acaudalado una amplia experiencia puesta permanentemente y sin reparos a disposición de la patria.

 

En esta oportunidad, junto a un equipo de excelentes profesionales de la región deltana y de otras ciudades nos hemos permitido adelantar un estudio de factibilidad para la creación de la UNAFRONT (Universidad Nacional de Asuntos Fronterizos); con la finalidad de proponer tal proyecto a las autoridades competentes; dígase: Ministerio de Educación Universitaria, a la Oficina de Planificación del Sector Universitaria (OPSU) y al Consejo Nacional de Universidades (CNU).

Vendría a ser una Universidad, cuyos componentes en sus ejes temáticos  cestriben peculiar y únicamente  en los Asuntos Fronterizos de Venezuela y de otros países.

Aspiramos que, a través de estrategias metodológicas multimodal, apoyadas en seminarios recurrentes, se haga posible desarrollar análisis, discernimientos, oportunas conferencias magistrales; visitas a los sitios de estudios, exposiciones e indagaciones documentales de demarcaciones nacionales.

Aprehender las realidades de las áreas concernidas. Igualmente, establecer, de manera clara, la diferenciación conceptual-estructural entre límites y fronteras.

Examinar convenios, pactos, acuerdos, tratados. Así, además, estudiar las reclamaciones vigentes entre Estados que integran la comunidad internacional.

 Los medios violentos y pacíficos de solución de los conflictos.

 El Estatuto, el reglamento y – obviamente- la jurisdicción y competencia de la Corte Internacional de Justicia y sus más importantes jurisprudencias. El contenido y alcance del Derecho Internacional Público.

En fin, habrá un abanico inmenso de elementos a incorporar en la estructura y diseño curricular, siempre con sentido experimental y de aprendizaje horizontalizado.

 Todos aprendiendo de todos.

Particular interés y énfasis, por supuesto, lo tendremos en nuestros espacios fronterizos, en todas sus consideraciones e implicaciones. Valga decir, la conformación y nuestra herencia histórica y pactos suscritos. Los elementos jurídicos que asisten a Venezuela. Nuestros estudios y registros cartográficos. Las diversas reclamaciones y confrontaciones que hemos tenido. La dimensión multisituacional de las 33 etnias que habitan nuestra poligonal fronteriza.

 Los procesos productivos agroindustriales factibles en esas franjas colindantes. Los despojos territoriales que nos han perpetrado. Nuestra proyección caribeña y atlántica. Los costados amazónico, andino y guayanés.

Son bastantes aristas a estudiar y problematizar, en cuatro años aproximadamente, en las carreras de Relaciones internacionales, Asuntos Fronterizos y Etnodemografía (o Etnogénesis).

Deseamos que, una vez que se hayan  cumplido con los respectivos planes, programas y sus contenidos,  egrese un profesional densamente formado, con un extraordinario perfil ocupacional en los Asuntos Fronterizos de Venezuela y del resto del mundo; con posibilidad de desempeñarse en la Cancillería, en las embajadas y consulados , entidades federales (sobre todo las fronterizas), en el Ministerio de la Defensa; asimismo, como docentes en las universidades, en el Ministerio de Planificación, como asesores en la Asamblea Nacional, en los Consejos Legislativos, en las alcaldías; en otros países,  entre muchas opciones laborales.

Al consolidarse esta propuesta --encontrándose ahora en fase de proyecto-- ofrecerá ilimitadas posibilidades para que dicten cátedras en esta casa de Estudios Universitarios:   juristas, historiadores, cartógrafos, internacionalistas, metodólogos, ingenieros, geógrafos, antropólogos, tecnólogos, urbanistas, sociólogos, militares de los distintos componentes de nuestra Fuerza Armada Bolivariana, especialmente de la Marina.

La integralidad del estudio y desarrollo de nuestros espacios fronterizos - y los de otras naciones- debe considerarse de manera cabal; y – obviamente- despertar el interés nacional para que se fije, de una vez por todas, la preocupación de quienes estructuran y ejecutan Políticas Públicas, a nombre del Estado venezolano.

 

 

 

 

 

 

 

 Avanza el estudio de factibilidad de la UNAFRONT

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

 

En nuestro indetenible recorrido por las universidades venezolanas y por algunas organismos públicas y privadas para dictar la conferencia sobre la Guayana Esequiba; también, a través de las distintas plataformas digitales y medios de comunicación audiovisuales se nos había estado invitando para que deliberáramos, en tanto en cuanto una opción pedagógica, el asunto de la contención territorial que sostenemos con la excolonia británica.

Que pensáramos en la posibilidad de crear una institución universitaria cuyo diseño curricular se circunscribiera única y exclusivamente en los temas atinentes a los espacios limítrofes.

Nos asomaron, en bastantes ocasiones, la vía para concretar en Venezuela una Casa de Estudios Universitarios cuya exclusividad estuviera centrada para discernir, analizar y debatir académicamente la amplia problemática de aspectos fronterizos de nuestro país y de otras naciones   del mundo donde se presenten casos similares.

Nos lució interesantísimo.

Hemos ocupado suficientes horas teorizando cómo acceder y consolidar una entidad universitaria, con su proceso educativo exactamente a las exigencias epistemológicas, curriculares y metodológicas con tales características y para estos tiempos y circunstancias que nos toca vivir; y que trace una línea auspiciosa para el futuro.

En casi todos los lugares visitados en nuestro país, --por expresas invitaciones de los organizadores de eventos académicos-- conseguimos profesionales densamente formados en el álgido eje temático de las fronteras; lo cual nos honra y llena de profunda satisfacción venezolanista.

He aprovechado para nutrirme y reforzar   conocimientos al escuchar, con detenimiento, sus respectivas reflexiones sobre esta controversia.

 Encontramos, en muchas partes, gente sabia para grandeza de la Patria.

Estamos dispuestos siempre, además, a intercambiar criterios con los participantes, en general, imbuidos en tal caso litigioso.

Hay un bastión enorme que ha acumulado muchas indagaciones documentales; lo cual les ha permitido acrisolar vivencias y experiencias.

Tales compatriotas portan en sí mismos sendas “cajas de herramientas” intelectuales, siempre al servicio del país.

Modestamente, en mi caso, más de (45) años de mi vida académica se los he dedicado a estudiar los muchísimos aspectos pertinentes a las fronteras y los límites interestatales; con lo cual, Gracias a Dios, he acaudalado una amplia experiencia puesta permanentemente y sin reparos a disposición de la patria.

 

En esta oportunidad, junto a un equipo de excelentes profesionales de la región deltana y de otras ciudades nos hemos permitido adelantar un estudio de factibilidad para la creación de la UNAFRONT (Universidad Nacional de Asuntos Fronterizos); con la finalidad de proponer tal proyecto a las autoridades competentes; dígase: Ministerio de Educación Universitaria, a la Oficina de Planificación del Sector Universitaria (OPSU) y al Consejo Nacional de Universidades (CNU).

Vendría a ser una Universidad, cuyos componentes curriculares estriben exclusivamente en los Asuntos Fronterizos de Venezuela y de otros países.

Aspiramos que, a través de estrategias metodológicas multimodal, apoyadas en seminarios recurrentes, se haga posible desarrollar análisis, discernimientos, oportunas conferencias magistrales; visitas a los sitios de estudios, exposiciones e indagaciones documentales de demarcaciones nacionales.

Aprehender las realidades de las áreas concernidas. Igualmente, establecer, de manera clara, la diferenciación conceptual-estructural entre límites y fronteras.

Examinar convenios, pactos, acuerdos, tratados. Así, además, estudiar las reclamaciones vigentes entre Estados que integran la comunidad internacional.

 Los medios violentos y pacíficos de solución de los conflictos.

 El Estatuto y – obviamente- la jurisdicción y competencia de la Corte Internacional de Justicia y sus más importantes jurisprudencias. El contenido y alcance del Derecho Internacional Público.

En fin, habrá un abanico inmenso de elementos a incorporar en la malla y diseño curricular, siempre con sentido experimental y de aprendizaje horizontalizado.

 Todos aprendiendo de todos.

Particular interés y énfasis, por supuesto, lo tendremos en nuestros espacios fronterizos, en todas sus consideraciones e implicaciones. Valga decir, la conformación y nuestra herencia histórica y pactos suscritos. Los elementos jurídicos que asisten a Venezuela. Nuestros estudios y registros cartográficos. Las diversas reclamaciones y confrontaciones que hemos tenido. La dimensión multisituacional de las 33 etnias que habitan nuestra poligonal fronteriza.

 Los procesos productivos agroindustriales factibles en esas franjas colindantes. Los despojos territoriales que nos han perpetrado. Nuestra proyección caribeña y atlántica. Los costados amazónico, andino y guayanés.

Son bastantes aristas a estudiar y problematizar, en cuatro años aproximadamente, en las carreras de Relaciones internacionales, Asuntos Fronterizos y Etnodemografía.

Deseamos que, una vez que se hayan  cumplido con los respectivos planes, programas y sus contenidos,  egrese un profesional densamente formado, con un extraordinario perfil ocupacional en los Asuntos Fronterizos de Venezuela y del resto del mundo; con posibilidad de desempeñarse en la Cancillería, en las embajadas y consulados , entidades federales (sobre todo las fronterizas), en el Ministerio de la Defensa; asimismo, como docentes en las universidades, en el Ministerio de Planificación, como asesores en la Asamblea Nacional, en los Consejos Legislativos, en las alcaldías; en otros países,  entre muchas opciones laborales.

Al consolidarse esta propuesta --encontrándose ahora en fase de proyecto-- ofrecerá ilimitadas posibilidades para que dicten cátedras en esta casa de Estudios Universitarios:   juristas, historiadores, cartógrafos, internacionalistas, metodólogos, ingenieros, geógrafos, antropólogos, tecnólogos, urbanistas, sociólogos, militares de los distintos componentes de nuestra Fuerza Armada Bolivariana, especialmente de la Marina.

La integralidad del estudio y desarrollo de nuestros espacios fronterizos - y los de otras naciones- debe considerarse de manera cabal; y – obviamente- despertar el interés nacional para que se fije, de una vez por todas, la preocupación de quienes estructuran y ejecutan Políticas Públicas, a nombre del Estado venezolano.

 

 

 

 

 

 

 

 Avanza el estudio de factibilidad de la UNAFRONT

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

 

En nuestro indetenible recorrido por las universidades venezolanas y por algunas instituciones públicas y privadas; también, a través de las distintas plataformas digitales se nos había estado invitando para que deliberáramos, en tanto en cuanto una opción pedagógica, el asunto de la contención territorial que sostenemos con la excolonia británica.

Que pensáramos en la posibilidad de crear una institución universitaria cuyo diseño curricular se circunscribiera única y exclusivamente en los temas atinentes a los espacios limítrofes.

Nos asomaron, en bastantes ocasiones, la vía para concretar en Venezuela una Casa de Estudios Universitarios cuya exclusividad estuviera centrada para discernir, analizar y debatir académicamente la amplia problemática de aspectos fronterizos de nuestro país y del mundo.

Nos lució interesantísimo.

Hemos ocupado suficientes horas teorizando cómo acceder y consolidar un proceso educativo exactamente a las exigencias epistemológicas, curriculares y metodológicas para estos tiempos y circunstancias que nos toca vivir; y que trace una línea auspiciosa para el futuro.

En casi todos los lugares visitados en nuestro país, --por expresas invitaciones de los organizadores de eventos académicos-- conseguimos profesionales densamente formados en el álgido eje temático de las fronteras; lo cual nos honra y llena de profunda satisfacción venezolanista.

He aprovechado para nutrirme y reforzar   conocimientos al escuchar, con detenimiento, sus respectivas reflexiones sobre esta controversia.

 Encontramos, en muchas partes, gente sabia para grandeza de la Patria.

Estamos dispuestos siempre, además, a intercambiar criterios con los participantes, en general, imbuidos en tal caso litigioso.

Hay un bastión enorme que ha acumulado muchas indagaciones documentales; lo cual les ha permitido acrisolar vivencias y experiencias.

Tales compatriotas portan en sí mismos sendas “cajas de herramientas” intelectuales, siempre al servicio del país.

Modestamente, en mi caso, más de (45) años de mi vida académica se los he dedicado a estudiar los muchísimos aspectos pertinentes a las fronteras y los límites interestatales; con lo cual, Gracias a Dios, he acaudalado una amplia experiencia puesta permanentemente y sin reparos a disposición de la patria.

 

En esta oportunidad, junto a un equipo de excelentes profesionales de la región deltana y de otras ciudades nos hemos permitido adelantar un estudio de factibilidad para la creación de la UNAFRONT (Universidad Nacional de Asuntos Fronterizos); con la finalidad de proponer tal proyecto a las autoridades competentes; dígase: Ministerio de Educación Universitaria, a la Oficina de Planificación del Sector Universitaria (OPSU) y al Consejo Nacional de Universidades (CNU).

Vendría a ser una Universidad, cuyos componentes curriculares estriben exclusivamente en los Asuntos Fronterizos de nuestra nación y de otros países del mundo.

Aspiramos que a través de estrategias metodológicas apoyadas en seminarios se haga posible desarrollar análisis, discernimientos, oportunas conferencias magistrales; visitas a los sitios de estudios, exposiciones e indagaciones documentales de demarcaciones nacionales.

Aprehender las realidades de las áreas concernidas. Igualmente, establecer, de manera clara, la diferenciación conceptual-estructural entre límites y fronteras.

Examinar convenios, pactos, acuerdos, tratados. Así, además, estudiar las reclamaciones vigentes entre Estados que integran la comunidad internacional.

 Los medios violentos y pacíficos de solución de los conflictos.

 El Estatuto y – obviamente- la jurisdicción y competencia de la Corte Internacional de Justicia y sus más importantes jurisprudencias. El contenido y alcance del Derecho Internacional Público.

En fin, habrá un abanico inmenso de elementos a incorporar en la malla y diseño curricular, siempre con sentido experimental y de aprendizaje horizontalizado.

 Todos aprendiendo de todos.

Particular interés y énfasis, por supuesto, lo tendremos en nuestros espacios fronterizos, en todas sus consideraciones e implicaciones. Valga decir, la conformación y nuestra herencia histórica y pactos suscritos. Los elementos jurídicos que asisten a Venezuela. Nuestros estudios y registros cartográficos. Las diversas reclamaciones y confrontaciones que hemos tenido. La dimensión multisituacional de las 33 etnias que habitan nuestra poligonal fronteriza.

 Los procesos productivos agroindustriales factibles en esas franjas colindantes. Los despojos territoriales que nos han perpetrado. Nuestra proyección caribeña y atlántica. Los costados amazónico, andino y guayanés.

Son bastantes aristas a estudiar y problematizar, en cuatro años aproximadamente, en las carreras de Relaciones internacionales, Asuntos Fronterizos y Etnodemografía.

Deseamos que, una vez que se hayan  cumplido con los respectivos planes, programas y sus contenidos,  egrese un profesional densamente formado, con un extraordinario perfil ocupacional en los Asuntos Fronterizos de Venezuela y del resto del mundo; con posibilidad de desempeñarse en la Cancillería, en las embajadas y consulados , entidades federales (sobre todo las fronterizas), en el Ministerio de la Defensa; asimismo, como docentes en las universidades, en el Ministerio de Planificación, como asesores en la Asamblea Nacional, en los Consejos Legislativos, en las alcaldías; en otros países,  entre muchas opciones laborales.

Al consolidarse esta propuesta --encontrándose ahora en fase de proyecto-- ofrecerá ilimitadas posibilidades para que dicten cátedras en esta casa de Estudios Universitarios:   juristas, historiadores, cartógrafos, internacionalistas, metodólogos, ingenieros, geógrafos, antropólogos, tecnólogos, urbanistas, sociólogos, militares de los distintos componentes de nuestra Fuerza Armada Bolivariana, especialmente de la Marina.

La integralidad del estudio y desarrollo de nuestros espacios fronterizos - y los de otras naciones- debe considerarse de manera cabal; y – obviamente- despertar el interés nacional para que se fije, de una vez por todas, la preocupación de quienes estructuran y ejecutan Políticas Públicas, a nombre del Estado venezolano.

 

 

 

 

 

 

 

Guayana Esequiba: La contraparte pretende con una causa inexistente

 Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

 

Manifestamos a toda Venezuela que nos sentimos orgullosos, honrados y dignamente representados por los compatriotas, asesores de otras naciones y todos quienes han venido trabajando con precisión en las indagaciones documentales requeridas para nuestra sostenida solicitud de restitución de lo que nos arrebataron.

 

Ha habido plena coincidencia de criterios para darle consistencia a nuestras argumentaciones.

 

Como habrá de suponerse -- en la natural dinámica del mencionado equipo multidisciplinario— en algunas ocasiones se presentan eventuales opiniones contrapuestas en un aspecto específico, que luego van consiguiendo acoplamiento.

 

Resulta hermoso contrastar ideas y conjeturas con gente inteligente, imbricada en un objetivo común.

 

Ciertamente, donde todos nos encontramos en perfecta vertebración de posición es en cuanto a la fraudulenta Causa (que quieren reposicionarla) de la que se ha valido la contraparte para pedir en la Corte.

La delegación guyanesa pensó que con la demanda que presentó el 29 de marzo del 2018 ya el mandado estaba hecho; que se saldrían con la suya; que la Corte Internacional de Justicia le daría, de inmediato, autoridad de “Cosa Juzgada” como lo pidieron en su escrito.

Guyana aspira ganar sin las mejores cartas, ni tener con qué ni cómo; y nosotros, por nuestra parte, invocamos y solicitamos que la Corte haga justicia al hacernos justicia.

 

Nunca se imaginó la delegación diplomática de la excolonia británica que Venezuela ripostaría; que nuestro país estructuraría una comisión, suficiente y densamente preparada, para la defensa de lo que histórica y jurídicamente siempre ha sido nuestro.

En la controversia que nos ocupa, estamos absolutamente convencidos—y lo probaremos en todos los escenarios y tiempo-- de que no hay Causa Típica acreditable en la demanda que activó Guyana, a través de la función jurisdiccional de la Sala Juzgadora de la ONU.

 

¿Por qué cuestionamos la Causa invocada en la demanda? Porque, determinantemente, no hay Causa.

 

 La Causa se extinguió, dejó de ser válida, por Inexistente; y por lo tanto carece de verdad.

Además, se volvió ilícita. Digamos, contraria al idóneo comportamiento social de un Estado y a la buena fe.

Del mismo modo, como ya lo hemos expresado en bastantes ocasiones. El contenido básico de la Causa Petendi de la excolonia británica solicita que se nos imponga una doble decisión sentencial (constitutiva y declarativa) para que admitamos como “válido y vinculante” el Laudo, de ingrata recordación; y que al mencionado documento -- que siempre ha sido nulo de nulidad absoluta-- se le confiera la autoridad de cosa juzgada.

Frente a tamaño adefesio, nosotros oponemos, con todo su vigor jurídico, el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, que declaró (y la contraparte lo admitió) el carácter de nulo e írrito al precitado laudo.

El Acuerdo de Ginebra señala y sostiene en su artículo primero que el Laudo es nulo e írrito; digamos con propiedad que todo lo allí contenido es inexistente; por tanto, no puede ser más que un hecho engañoso y de mala fe la intención de reposicionar, unilateralmente, este laudo, como Causa, en un juicio contra nosotros.

 

El Laudo ha estado siempre viciado de nulidad absoluta. Insubsanable.

 

Así entonces, si la contraparte asienta la Causa de su demanda en el inexistente Laudo (que tiene condición de no nacido a la vida jurídica) todo cuanto se sostenga y apoye en ese “Laudo”, también es nulo e inexistente. No hay Causa.

 

Si a partir de la firma y ratificación del Acuerdo de Ginebra, el “Laudo” dejó de existir arrastró en ese Acto a la supuesta Causa contenida; y menos que la susodicha Causa pueda surtir ningún efecto jurídico; porque, no hay Causa obligacional, de consentimiento, prescriptiva ni compromisoria que ellos puedan alegar, en el presente Proceso.

 

Guyana estaría impelida a mostrar – en la fase probatoria– los elementos estructurantes de su pretensión; y hasta el día de hoy no tienen con qué ni cómo.

 

Todo lo pretendido requiere pruebas, y no las tienen.

Quienes están asesorando a la contraparte deben estar conscientes que en cualquier proceso judicial hay que obligarse a demostrar lo pretendido.

 

Digamos entonces, toda la dinámica y desarrollo contencional por la Guayana Esequiba debe circunscribirse exclusivamente dentro del texto del Acuerdo de Ginebra, documento que causó estado en la Organización de las Naciones Unidas.

En nombre de las instituciones que modestamente represento, me he permitido ir explicando en todas mis conferencias por varias universidades y otros organismos públicos y privados del país – por las redes en sus distintas plataformas– los argumentos sociohistóricos, las irrebatibles demostraciones cartográficas y los justos títulos jurídicos, en cuanto pruebas constituyentes directas y extrínsecas que nos asisten.

Ha sido nuestra tarea por más de (45) años; asumida por la reivindicación para nuestra patria, de lo que le desgajaron en su configuración geográfica.

 

El significante “Laudo Arbitral de París del 03 de octubre de 1899” no existe, está forcluído; por lo tanto, permea idénticas consecuencias hacia aspiraciones de significaciones ilusorias, en un supuesto Proceso.

 

¿De qué hablar, contradecir, discutir o dirimir?, si su significante se encuentra forcluído; ha quedado inhabilitada la posibilidad de irrupción o aparición de algo nuevo en el Proceso, por ante la Sala Juzgadora de La Haya.

 

Hemos de advertir que, en un procedimiento de Novación amañada, como el que intenta urdir la contraparte, la obligación supuestamente extinguida revive – encriptadamente– en un nuevo y artificioso vínculo jurídico.

La Novación consiste en “cambiar” alguno o varios de los elementos de la relación obligatoria: sujetos, objeto o condiciones esenciales.

 Una vergonzosa cosmética y nada más.

 

 

Guayana Esequiba: Este litigio nos necesita unidos como país.

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

Presidente de la Observatorio Regional de Educación Universitaria (OBREU)

 

Este 11 de agosto queda marcado como un extraordinario hito en el proceso de solicitar restitución de la extensión territorial que nos arrebataron con alevosía en 1899.

Una elogiada delegación venezolana se presentó, esa fecha, en la Corte Internacional de Justicia y consignó un abundante legajo (50 volúmenes) contentivo de más pruebas irrebatibles de nuestra propiedad histórica-jurídica sobre la Guayana Esequiba.

Las comparecencias subsiguientes (alegaciones escritas y audiencias orales) las determinará el jefe de Estado; por cuanto, es de su exclusiva atribución constitucional autorizar la presencia de la representación diplomática de nuestro país en el mencionado juicio; conforme al artículo (236) de nuestra Carta Magna.

Todo cuanto hemos venido entregando para examinación de los honorables magistrados de la Sala Juzgadora constituyen justos Títulos traslaticios que no admiten cuestionamiento en contrario.

En el caso litigioso que nos ocupa frente a la pretensión guyanesa --el cual ha escalado hasta la Sala Juzgadora de La Haya -- nos atrevemos a exponer el carácter de cogencia de nuestros Justos Títulos —iuris et de iure-- que acompañan a la enjundiosa cartografía que nos respalda. Títulos y mapas de incuestionables probanzas.

El principio de cogencia, por ejemplo, tan interesante en otras situaciones, también aplica en este caso.

En el ámbito jurídico, concretamente en el Derecho Internacional, la cogencia se refiere a las normas que se imponen de manera obligatoria y que no pueden ser alteradas por los particulares. Digamos que son normas necesarias o imperativas; por cuanto, poseen, en sí mismas, eficacia incontrovertible, irrebatibles, por los asideros que las respaldan; vale decir, no se pueden suprimir o alterar.

Su aplicación no depende de la voluntad de los particulares. Se imponen taxativamente.

 

Expresamos que hay suficiente cogencia en la solicitud de nuestra restitución; porque, los argumentos jurídicos, históricos, cartográficos que atesoramos confirman nuestra propiedad sobre esa extensión territorial en contención.

Todos los mencionados registros señalan, en sus premisas, afirmativamente que la Guayana Esequiba siempre ha sido nuestra; así entonces, las conclusiones a tales elementos inductivos arrojan aportes deductivos a nuestro favor.

 

Con la mayor modestia, me permito explicar.

Nuestro portafolio cartográfico ha adquirido la condición de argumento cogente; porque sus componentes constituyentes (los mapas registrados y asentados) han resultado, en sí mismos, premisas de solidez histórica hacia nosotros.

Toda la cartografía de la región —hasta ahora estudiada y examinada-- ha develado de modo conclusivo que la Guayana Esequiba ha estado siempre, en cualquier mapa, correspondiendo a la Capitanía General de Venezuela (desde 1777) y sucesivamente a la República de Venezuela.

 

Si todos los mapas inductivamente confieren categoría afirmativa de la propiedad de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, entonces la conclusión deductiva debe ser afirmativa.

Una manera de construir y comportar un razonamiento de lógica jurídica cogente e irrebatible.

Todo lo cual debemos defenderlo como un solo país, en perfecta unidad.

Tengo la seguridad que una inmensa mayoría de compatriotas venezolanos coincide conmigo cuando expreso que lo peor que podemos hacer es abrir una innecesaria e inconveniente confrontación política-partidista interna en nuestro país, relacionada a la Guayana Esequiba, precisamente en este momento apremiante cuando nos encontramos concernidos en un serio pleito jurídico, en el Alto Tribunal de La Haya por la séptima parte de la geografía venezolana, que nos arrebataron de manera alevosa y vil.

 

Hoy, más que nunca, se hace imprescindible la absoluta y sólida unidad de todos los sectores, sin excepciones.

Hay una inmensa acechanza desde el exterior que nos obliga a encarar unidos, en una sola determinación patriótica; indistintamente a las diferencias que tengamos, que las tenemos.

Insisto en señalar que debemos reforzar la estructuración de defensa jurídica, sin recelos ni mezquindades; también un bloque opinático compacto, para contrarrestar las pretensiones de la Parte que nos rivaliza, por las acciones unilaterales en contra nuestra que ellos interpusieron por ante la Corte.

 

Sería desastroso si nos peleamos internamente; si cada quien cree que le puede sacar provecho para su parcela política-partidista o nos ausentamos del Ente Juzgador; porque, de todas maneras, el juicio sigue su curso. Demasiado riesgoso.

La Corte podría llegar a sentenciar en ausencia de una de las partes (Artículo 53 del Estatuto de la Corte).  ¡Mucho cuidado con eso…!

 

La contención por la Guayana Esequiba rebasa los egos individualistas mal curados, los particularismos confesionales, raciales o de cualquier otra índole.

 Este caso nos necesita unidos como país, con criterios unánimes.

Todos en una sola motivación y propósito - de esfuerzos elogiadamente ponderados- constituye un ejemplo de lucha sostenida sin actitudes atrabiliarias o estrepitosas; porque, aquí se requiere talento y densidad en la formación documental y doctrinaria, para insistir en la reclamación y defender en la Corte Internacional Justicia o donde   haya lugar lo que honradamente siempre ha sido nuestro, que nos arrebataron, en una tratativa perversa mediante añagazas jurídicas.

Este caso litigioso estamos obligados a estudiarlo y manejarlo invocando la solidaridad de toda la población venezolana; concitando las mejores voluntades e inteligencias.

 

 

 

 

 

Guyana debe probar, en juicio esta semana, cómo llegó a ocupar la zona controvertida

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos

Presidente del Observatorio Regional de Educación Universitaria (OBREU)

 

Ya resulta reiterado que en cualquier evento internacional al cual se presenta alguna delegación guyanesa; o donde se alude la contención sobre el Esequibo, los diplomáticos de la contraparte nos exponen al escarnio público como un país avaro, potencialmente rico que pretende despojarlos de “su nación”.

 

No nos causa extrañeza el modo cómo la cancillería de ese país tuerce los elementos históricos y jurídicos que irrefutablemente han favorecido siempre a Venezuela.

Por ejemplo, con   descaro se atreven a decir que España dejó de tener soberanía sobre el área en discusión, luego de concederles a los holandeses todo ese territorio. Sin especificar, a qué se refieren cuando señalan “todo ese territorio”.

 Frase sumamente infeliz e irresponsable.

 

Las argumentaciones que han venido utilizando en los medios, en las redes y en eventos mundiales   son falsas y mal intencionadas; por cuanto, una vez que España otorga la independencia a las Provincias Unidas de los Países Bajos, después del Tratado de Münster de 1648, le reconoce las posesiones coloniales denominadas: Berbice y Demerara (más nada), conformadas por una franja territorial, bien delimitada, que va desde la margen derecha del río Esequibo hasta el borde izquierdo del río Corentyne. Menos de 50.000 km2.

Testimonios escritos y registrados dan cuenta de lo que aquí exponemos.

Posteriormente, en el año 1814, Holanda le vende, traspasa o arregla con Gran Bretaña esa parte concreta; pero, de modo arbitrario, los ingleses se apoderaron de todo, y trazaron las tramposas Líneas Schomburgk, en 1841, con la aviesa disposición de arrebatarnos la Guayana Esequiba (159.500 km2 ubicados a la margen izquierda del río Esequibo); inclusive, pretendían desgajarnos hasta el Delta del Orinoco y parte del estado Bolívar.

Otro elemento al que debemos prestar plena atención apunta a lo que exponen abiertamente los funcionarios del gobierno guyanés, en comparsa con los representantes de las empresas transnacionales.

Veamos. Han tenido el atrevimiento de divulgar que el Acuerdo de Ginebra de 1966 no los limita a ellos para explorar, explotar y comercializar, directa o indirectamente, con los múltiples recursos de las áreas, terrestres y marítimas correspondientes al Esequibo, porque ellos han “permanecido” en esa zona.

 Resulta que – cursando un juicio al respecto-   están obligados, judicialmente,  a probar cómo han llegado a ocupar esa extensión territorial.

Los estamos percibiendo envalentonados; y creen que, en la controversia ya en vía jurisdiccional que sostiene esa nación con Venezuela, la Corte Internacional de Justicia sentenciará a favor de la excolonia británica; y según vociferan, la citada Sala dará por terminado el pleito de la Guayana Esequiba, y decidirá este litigioso asunto como “cosa juzgada”.

Que prueben primero, a partir de este lunes 11 de agosto, con títulos jurídicos, cómo han hecho para instalarse allí.

Que demuestren, con suficiente fundamentación jurídica, cómo hicieron para ocupar esa inmensa extensión territorial.

No nos cansamos de estar denunciando toda esa descarada manipulación.

Hay que salirle al paso a las maniobras y componendas internacionales.

Todo nuestro país está consciente del respeto absoluto y el acatamiento pleno a las normas establecidas en el Derecho Internacional Público.

Nosotros somos, precisamente, los redactores y proponentes del Acuerdo de Ginebra, suscrito el 17 de febrero de 1966, a través cual se busca alcanzar una solución práctica y satisfactoria en la controversia que hemos arrastrado por la conocida zona en conflicto, frente a Guyana, por más de un siglo.

Del mismo modo, tenemos claro que en la proyección marítima que genera tal extensión territorial (en pleito) todavía hay que delimitar. Estamos pendientes en ese aspecto.

La contraparte en el litigio debe saber que la delimitación consiste en determinar los límites de la zona de un Estado, en tanto y en cuanto acto con efecto declarativo, entre los concernidos.

 Nunca aceptado, por consiguiente, como un acto constitutivo realizado por una sola parte, que pretenda atribuirse sin más; sin documentos histórico-jurídicos que respalden su decisión unilateral.

En una atribución constitutiva arbitraria de un Estado frente a otro queda obligado a demostrar y probar la propiedad, mediante la confrontación de títulos de soberanía. Que ellos jamás han poseído.

 La delimitación permite precisar con exactitud el ámbito espacial perteneciente a cada país limítrofe.

Siendo, como en efecto es, el Acuerdo de Ginebra el único documento con pleno vigor jurídico, en ninguna parte concede a Guyana soberanía sobre el área controvertida; a partir de la cual se creerían con derecho sobre el mar territorial que se vincula con las costas esequibanas.

 Menos aún, cuando cursa un juicio, por ante la Corte Internacional de Justicia, al cual deberíamos comparecer, este 11 de agosto, para la fase de pruebas. Reitero, si así lo determina el jefe de Estado; porque es su absoluta atribución constitucional, conforme al artículo (236) de nuestra Carta Magna.

 Hasta que no haya una resolución firme por la citada Sala Juzgadora, la Armada venezolana tiene todo el derecho irrenunciable de resguardar nuestra proyección atlántica (mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva) hasta las (200) millas náuticas.

Es una labor permanente de vigilancia, protección y preservación del medio marítimo.

 

 

Guayana Esequiba: Comparecer, con fuerza jurídica ante la Corte, sin ningún temor

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

Presidente del Observatorio Regional de Educación Universitaria (OBREU)

 

 

Mediante una tratativa perversa de los imperios de entonces, nos arrebataron nada más y nada menos que 159.500 km2; es decir, fuimos despojados de una séptima parte de nuestra geografía nacional con el denominado Laudo Arbitral de París de 1899; adefesio jurídico que desde entonces lo hemos calificado de írrito y de nulidad absoluta. Inexistente.

 Además, esa patraña arbitral quedó definitivamente rechazada y sepultada una vez que se firmó el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966, único documento con pleno vigor jurídico en este asunto litigioso.

¿Qué tiene nuestra Guayana Esequiba que permanentemente ha sido tan apetecible? Veamos lo siguiente a manera de referente.

El territorio en contención posee incalculables riquezas mineras, acuícolas, hidroeléctricas, forestales, energéticas, edafológicas, petroleras, agroindustrial etc.

Comparativamente es muchísimo más grande que algunos países europeos, asiáticos y centroamericanos, con extraordinario potencial de desarrollo sostenible.

 Un dato adicional, para apreciar en su precisa dimensión: con un 10 % de la producción de cualesquiera de los rubros aprovechables, mencionados arriba que entraña ese territorio, Venezuela resolvería su problema económico por 60 años.

 

Digamos también, por otra parte, que hemos estado reclamando con ímpetu para nuestra Nación la devolución de ese inmenso espacio.

Ha habido desde hace muchos años y gobiernos -lo reconocemos-  algunos deslices, desaciertos e impropiedades.

 

De cualquier forma, la fuerza reclamativa ha sido indetenible e implacable.

La búsqueda de la justa restitución que hemos intentado por vías diplomáticas, políticas y jurídicas no están sustentados en caprichos chauvinistas, reacciones intemperantes, desproporcionadas o injustas. Tenemos cómo y con qué.

 

Me he permitido ir explicando en todas mis conferencias por varias universidades, en las plataformas digitales y, presencialmente, en otras instituciones del país las razones y argumentos sociohistóricos, cartográficos y jurídicos que nos asisten.

 

La delegación diplomática de Guyana está impelida a mostrar -en la fase probatoria que comienza este mes-- los elementos estructurantes de su pretensión; y hasta el día de hoy no tienen nada.

Todo cuanto pretende Guyana requiere pruebas, y no cuentan con tales elementos jurídicos.

 Verdaderamente, allí lo que ha prevalecido (sobre todo desde el 2015 para acá) es un juego de intereses dinerarios entre los gobiernos de cualquier signo político; llámese del PPP o del CNP y el enjambre de empresas transnacionales que están esquilmando nuestros recursos en el territorio y en su proyección atlántica.

Por distintas vías nos preguntan que si nos conviene asistir el próximo (11) de agosto a la audiencia programada, cuando se inicia el trayecto de probanzas para las Partes concernidas. Ese día corresponde presentarse a la delegación venezolana.

He respondido, sin temor ni lugar a dudas, que sí. Afirmativamente.

Debemos comparecer. Ahora, más que nunca; por cuanto, llevaríamos nuestra alforja irrebatible e incontrovertible- jure et de iure- de derecho y por derecho, que no admite pruebas en contrario,

Doy mis razones. Las mismas que ya he aportado en anteriores ocasiones, en distintos escenarios.

¿Por qué debemos asistir para defender lo nuestro?

Porque entre los dos Estados en controversia en este juicio (Venezuela y Guyana) somos nosotros los únicos que poseemos los justos títulos traslaticios que nos acreditan como los verdaderos propietarios de esa inmensa extensión territorial, con sus incalculables riquezas – como ya expuse-  que nos arrebataron con añagazas y alevosías.

Tenemos cómo probar y demostrar las trampas perpetradas, a través de la colusión y prevaricación de quienes decidieron en nuestra contra.

No debemos – bajo ninguna circunstancia- dejar solo al contrincante en el foro jurisdiccional internacional que se nos presenta, en tanto y en cuanto Sala Juzgadora en este pleito centenario.

 A nuestro entender, se asoma como la ocasión (tal vez) definitiva de reivindicar nuestra geohistoria en ese particular.

 Conforme al artículo (236) de nuestra Constitución Nacional le corresponde al jefe de Estado autorizar o no la comparecencia ante la Corte; por cuanto es de su exclusiva atribución el manejo de la política exterior de Venezuela.

Así también, hacemos del conocimiento de la opinión pública nacional que contamos con un elogiado y densamente calificado equipo multidisciplinario para la defensa en el precitado Proceso.

Añádase que en estricto derecho no hay nada que temer.

Nos conseguimos quienes señalan que hubo un referendo consultivo en el 2023, que anula cualquier posibilidad de hacernos presentes en la Corte, porque nuestro país no le reconoce jurisdicción a la citada Sala Juzgadora.

Primero, debemos aclarar que una cosa es jurisdicción (potestad generalizada de los magistrados de administrar justicia, que en sí misma la tienen); y la otra es la competencia (facultad específica para conocer y resolver un caso concreto).

Resulta (hay que tenerlo muy en cuenta) que La Corte se autoconfirió la competencia en diciembre de 2020 para conocer forma y fondo de esta controversia; por lo que – a mi modo de ver-  no nos queda otra.

El juicio jamás se ha paralizado.

 El artículo (53) del Estatuto de la Corte es preciso y directo:

“Si una de las partes no comparece ante la Corte o se abstiene de defender su caso, la otra parte puede solicitar que la Corte dicte sentencia a su favor”.

No podemos correr el riesgo de que se nos aplique la establecida norma sin antes haber defendido con honores y bastantes recursos procesales , de pleno derecho, lo que siempre ha sido nuestro.