Guayana Esequiba: procuramos la restitución sin malcriadez diplomática

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro de la Comisión de Estudios Fronterizos de Venezuela

Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

En este asunto litigioso hemos estado claros y conscientes que no se trata de una simple ilusión; sino de una determinación histórica con fundamento; de lo cual se encuentra enterada la contraparte que, por supuesto, sabe que somos poseedores de los irrebatibles documentos que nos acreditan el dominio (derecho real y absoluto de propiedad) sobre la extensión territorial que han venido ocupando y usufructuando ilegal e ilegítimamente.

Aunque algunos sujetos internacionales y países (hasta ayer amigos de Venezuela) se pronuncien en respaldo a Guyana --por marcados intereses económicos, sin dudas-- nuestra contención siempre ha tenido suficiente asidero jurídico, cartográfico e histórico y la fortaleza moral de saber que no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie.

Si antes, en condición de nación pobrísima, Guyana se apoyaba en los aportes dadivosos suministrados por la Commonwealth y la Caricom; desde hace cinco años para acá --con la Exxon a la cabeza de todo este enjambre esquilmador-- no tienen reparos o limitaciones en los gastos e inversiones oficiales; por cuanto, están percibiendo inmensos caudales de recursos dinerarios producto de la ilegal explotación petrolera, maderera, agroindustrial, energética, pesquera  y minera en el área conflictuada y en la proyección atlántica, aún por  delimitar.

Los reclamos de restitución que hemos sostenido, desde hace más de un siglo, no están anclados en una malcriadez diplomática o en algún capricho nacional y menos en empecinamientos injustificados.

Estamos obligados y dispuestos –razonablemente— a repensar, analizar (una y muchas veces) y a practicar las mejores estrategias a que haya lugar para que se cumplan los objetivos de reivindicación venezolanista. Restitución que estamos procurando mediante una congruente sentencia por parte de la Corte Internacional de Justicia; esperada para los próximos meses.

Como se sabe hay algunos hechos ya adelantados (que auguramos surtan efectos); vale decir, la fase postulatoria, la consignación del memorial de contestación de la demanda, el desahogo de pruebas y las alegaciones orales.

No obstante, en la alforja todavía poseemos documentos jurídicamente concretos, que no tenemos porqué eludirlos, de llegarse al caso.

La delegación venezolana que ha comparecido ante la Corte – a todos los trayectos, procesales precitados- lo hizo con todo el derecho, en nombre de nuestro Estado.

En cualesquiera de esas ocasiones pudimos haber incoado una demanda o instaurar un juicio en paralelo contra quien nos ha demandado. Todo, relacionadamente, en el mismo proceso.

Sin ningún tipo de arrogancia, si nos lo hubiéramos propuesto cabía –perfectamente- una acción jurisdiccional reconvencional; porque estaban dadas las condiciones de conexidad entre nuestras pretensiones en nueva litis y las que ya habían sido identificadas objeto de la demanda principal, introducidas y ratificadas por la contraparte.

La Sala, que tramita en juicio el fondo de la controversia, hubiera pasado a conocer también – por economía procesal—nuestra causa petendi en reconvención (con signo diferente, ampliadas e incontrovertibles) cuya finalidad procuramos que concluya, pronto y definitivamente, con resolución congruente, donde se haga justicia a nuestro país.

Con todos los especialistas en esta contención --con quienes hemos intercambiado criterios de los probables acontecimientos subsiguientes-- coincidimos en señalar que hay que reflexionar que estamos en presencia de un Asunto de Estado.

Hay que dejarse de “actitudes retrecheras o soberbias”.

Los delegados del oficialismo venezolano, responsabilizados para este delicado caso litigioso, hoy más que nunca, deben obligarse (y abrirse) a consultar a expertos y estudiosos para concordar la más idónea y conveniente posición que tiene que seguir asumiendo el Estado venezolano.

En espera del fallo del Cuerpo Jurisdicente, ratificamos que es factible jugar, simultáneamente, en tres tableros.

1.- Pendientes para dar respuestas oportunas y contundes, por las incursiones armadas en nuestra extensión atlántica. 2.- Insistir en una salida conversacional directa con la contraparte (privilegiando lo transigible y conciliable). 3.- Prepararnos con nuestros irrebatibles Justos Títulos traslaticios, para cuando se produzca la sentencia.  

Nos preguntan que si ese cuadro, con tres vertientes, es factible, al mismo tiempo.

Claro que lo podemos hacer.

Guyana con la descarada entrega de concesiones –inconsultas y unilaterales-- a las empresas transnacionales pretende, sibilinamente, “hacer valer o crear derechos de soberanía”.

Lamentablemente, en el concierto de las relaciones internacionales, los países no tienen amigos sino intereses.

Tal aseveración, la estamos percibiendo, en los últimos años, precisamente; porque esta zona está siendo considerada de un extraordinario potencial por las reservas probadas y calidad de los recursos petrolíferos, la ubicación geoestratégica y su proyección e interconexión con los países de Suramérica.

Respetamos a quienes se atreven a ser explícitos en sus consideraciones – no exentas de polémicas— al señalar que las verdaderas fronteras son políticas y económicas y no jurídicas.

 

 

 

Guayana Esequiba: se sienten envalentonados y soberbios

 Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

 Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

 Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Admitamos, de entrada y sin lugar a elucubraciones, que tenemos una seria amenaza en ciernes.

Sin embargo, nos mantenemos anclados, procesalmente, en todo nuestro irrefragable acervo de probanza que hemos consignado en las distintas audiencias por ante la Corte Internacional de Justicia.

Los honorables magistrados saben que acaudalamos los elementos de convicción; así también, la contraparte está consciente que es muy difícil que la excolonia británica pueda salir favorecida, en este juicio que ellos accionaron, de manera unilateral,

 

Recordemos que el Alto Tribunal de La Haya se autoconfirió jurisdicción y competencia, el día 20 de diciembre de 2020, para conocer forma y fondo sobre el caso confrontado entre Venezuela y Guyana.

Nos lució (aunque se halle contemplado en el artículo 36 de su Estatuto) una determinación escabrosa y rara:

 “La competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes.

Los Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación…. en caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá”.

Y, como lo hemos leído, la Corte ya decidió.

 

En la citada ocasión nos propusimos contactar a nuestros amigos Esequibistas, para comparar opiniones y conjeturas.

Esequibistas que hemos defendido (desde hace muchísimos años) esa extensión territorial que nos arrebataron con vileza.

 Esequibistas que hemos recorrido casi todas las universidades del país; que publicamos – recurrentemente- y a través de los medios y las plataformas digitales para concienciar en cuanto a la restitución que nos merecemos histórica y jurídicamente.

Establecimos comunicación, además, con estudiosos de los vericuetos y de los otros caminos estrechos y difíciles de transitar en el Derecho Internacional Público.

Lo hicimos adrede para saber si tenemos puntos de coincidencias, en nuestros respectivos análisis, sobre lo que decidió la Corte, con base a la contención centenaria.

Sin lugar a dudas que Guyana aguardó la ocasión, casi como una emboscada jurídica, para demandar a Venezuela en ese Ente Jurisdicente; yéndose, directamente al “arreglo judicial”, como una solución –no precisamente la inmediata—que contempla el artículo (33) de la Carta de las Naciones Unidas.

Había un espectro de opciones de solución, previamente a habilitar la vía jurisdiccional.

Ellos nunca han querido la negociación directa, la conciliación o la mediación; atendiendo el Acuerdo de Ginebra, del 17 de febrero de 1966, único documento válido, con pleno vigor jurídico; al cual estamos obligados a someternos para dirimir esta controversia.

 

Con todo lo que se puedo evitar; asumimos, con responsabilidad e inteligencia, que si ya el litigio tomó el rumbo y calificación que la propia Corte le confirió; qué nos quedaba entonces, sino   apertrecharnos con los recursos irrebatibles que nos asisten; digamos, con los Justos Títulos que poseemos; que no admiten pruebas en contrario (iuris et de iure); para exponerlos y defendernos con justeza, en los distintos trayectos procesales, a cuyas audiencias nos hemos hecho presentes.

 

Concordante a este asunto, desde siempre, escuchamos y prestamos atención, con detenimiento, todas las intervenciones del presidente guyanés Irfaan Ali, donde rechaza el reclamo justo que hace Venezuela sobre lo que nos despedazaron con añagaza (159.500 km2).

 

Cada vez que el Dr. Ali se dirige a la prensa guyanesa o a través de los medios internacionales lo hace con los términos más desconsiderados y temerarios hacia nosotros.

Además, continúa entregando concesiones –a diestra y siniestra—en la zona disputada, a empresas transnacionales.

 

En cada discurso, percibo al primer mandatario de la excolonia británica engreído y prepotente; inclusive asoma la posibilidad de esperar una sentencia definitiva, presuntamente favorable para ellos, por parte de la Corte Internacional de Justicia.

 

El actual gobierno guyanés se siente convencido y especula que la Sala Juzgadora garantizará como válido y vinculante (y con la condición de res judicata) la nula e írrita tratativa tramposa – el “laudo”- que nos despojó de una séptima parte de nuestra geografía venezolana.

 

Que quede claro que no estamos rehuyendo la confrontación jurídica; por cuanto, poseemos los Justos Títulos traslaticios, que confieren carácter posesorio sobre la disputada área y su proyección atlántica, desde el 8 de septiembre de 1777, con la Cédula Real de Carlos III, al crearse la Capitanía General de Venezuela; donde quedaron integradas las provincias de Caracas, Maracaibo, Nueva Andalucía (Cumaná), Guayana hasta el río Esequibo, Margarita y Trinidad.

 

Nacimos al mundo como Capitanía General de Venezuela, teniendo al río Esequibo como nuestro costado limítrofe por el este; ratificado con el Tratado de “Paz y Amistad” suscrito entre España y Venezuela, el 30 de marzo de 1845, cuando nos concede la independencia y reconoce el río Esequibo como el límite este de la naciente República venezolana.

Nada de quedarnos callados, inanimados o inertes; porque sabemos que el juicio – ya emprendido—no se ha detenido ni se paralizará, por ausencia de la delegación de Venezuela.

 

Que quede claro, también, que no hemos despojado nada a ningún país, ni pretendemos hacerlo. Fue a nuestra Nación a la que se le perpetró, con alevosía, un vulgar desgajamiento.

 

 

 

 

Guayana Esequiba: poseemos una fortaleza cartográfica auténtica

 Dr. Abraham Gómez R.

 Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

 Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

 Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

 Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Debemos suponer que en el juicio que se sigue en la Corte no solo debe importar la narratología de los hechos, explicitados por nosotros en el memorial de contestación de la demanda; sino también el contenido en estricto derecho para determinar la justeza en la respectiva resolución jurisdiccional.

 

Significa que si el Alto Jurado sentenciador se compromete con este tipo de argumentaciones de cogencias, fortalece   la verdad de las premisas (nuestros Justos Títulos y reiterativas cartografías), y reivindica la conclusión jurídica, esperada congruentemente.

 

Advertimos que la aludida cogencia, para este específico caso, hace referencia al carácter imperativo, incontrovertible y obligatorio de una norma o de un argumento; que lo hace Inalterable e inmodificable.

Se tiene, en tanto en cuanto, como derecho imperativo; y alude a aquellas normas o pruebas que tienen tanta fuerza y solidez que se imponen por sí mismas, sin admitir pacto en contrario ni alteración por voluntad de las partes.

Sobre esa base, hemos manejado nuestra irrebatible argumentación cada vez que pedimos restitución de la extensión territorial que nos desgajaron.

 

Por lo pronto, atendamos a la siguiente observación/pregunta: ¿cómo observa el Derecho Internacional las efectividades en el establecimiento de las fronteras?

 

El concepto jurídico y Principio de la Efectividad ha sido discutido en relación al título sobre un territorio; donde el Derecho Internacional ha marcado la preferencia del título jurídico por encima de la ocupación o la posesión ilegítima.

Hemos leído bien. El título jurídico se impone frente a cualquier acto de fuerza ocupacional o administración temporaria de un territorio.

 

No perdamos de vista que la Corte ha decidido en una serie de sentencias, que han creado jurisprudencias, que un Título Jurídico preexistente (como en nuestro caso con la Real Cédula de Carlos III, de 1777) prevalece sobre una administración del territorio en controversia, por parte de otro Estado.

 

Un Estado puede completar, pero no contradecir el título jurídico preestablecido.

 

Ciertamente, las fronteras han tenido, por su propio ámbito de aplicación, una relación estrecha con la cartografía. Este es otro punto de nuestro aprendizaje.

 

Prestemos mucha atención a lo siguiente.

La propia Sala sentenciadora de la ONU, ha dictaminado siempre que las cartografías constituyen – apenas– elementos auxiliares en una controversia interestatal.

 

Los mapas suelen jugar un rol importante, ya sea como integrante del tratado que se aplica al caso concreto, o porque muestran una forma de interpretar la intención real de las Partes, y pueden servir de prueba auxiliar o confirmatoria de aquélla.

 

La Corte siempre ha   dictaminado que un mapa anexo a un título jurídico es un elemento complementario del cual forma parte integral.

 

La Corte sentó la jurisprudencia que la cartografía alegada por un Estado Parte, en un proceso de litigación, constituye, por supuesto, una expresión física de la voluntad del Estado concernido; pero no es suficiente como elemento de probanza definitiva.

 

La Sala decidió que, en las delimitaciones fronterizas, los mapas condensan (de manera representativa) simplemente información, y nunca títulos territoriales por sí solos. Son meramente pruebas extrínsecas, que pueden usarse, junto con otras, para determinar los hechos reales. Su valor depende de su fiabilidad técnica y de su neutralidad en relación con la controversia y las Partes.

 

A partir de los mapas presentados no se puede efectuar una inversión de la carga de la prueba.

 Conforme a la Corte, los mapas no poseen –eo ipso– fuerza probatoria en un litigio.

 

No obstante, en el asunto litigioso que nos ocupa en la actualidad por ante   la Corte Internacional de Justicia, nos atrevemos a exponer el carácter incontestable de nuestra enjundiosa cartografía.

 

Me permito explicar. Nuestro portafolio cartográfico ha adquirido la condición de argumento sólido; porque sus elementos constituyentes (los mapas que lo componen) resultan, en sí mismos, premisas de certificación histórica.

Los mapas han hecho veracidad en su conclusión de la siguiente manera:  la Guayana Esequiba ha estado siempre en cualquier cartografía venezolana. El río Esequibo siempre ha constituido la frontera este de nuestro país. Así lo han registrado todas cartografías analizadas.

 

Si todos los mapas estudiados inductivamente dicen que esa ha sido nuestra frontera histórica; entonces la conclusión deductiva es que exactamente esa es nuestra frontera por el este de la nación venezolana.

 

Vamos por partes.

Conforma un legajo incuestionable todo el mapeado del reconocido geógrafo y académico Juan de la Cruz Cano y Olmedilla del año 1775.

Un mural realizado con ocho planchas de cobre, valorado como el más completo mapa que se haya hecho de América del Sur hasta la utilización de métodos cartográficos contemporáneos.

Allí aparece la Guayana Esequiba perteneciendo a Venezuela (conocida en el mundo, primeramente, como Capitanía General de Venezuela).

 

Apreciemos, además, este otro componente inductivo.

Hay bastante fortaleza argumentativa en la obra cartográfica del inglés Joseph Hadfield, de 1839; la cual fue hallada en Londres, en el año 2018, por el abogado Ugo Giuliani, quien donó al Estado venezolano esos mapas legítimos y auténticos, que demuestran la inclusión de la Guayana Esequiba, en el contexto geográfico venezolano.

 

Más elementos de convicción al respecto.

El mapa político y atlas de las provincias venezolanas, realizado por Agustín Codazzi, en 1840; el cual ha sido considerado indiscutible (respaldado por investigaciones geográficas, sobre todo en la provincia de Guayana).

Añadamos, también, el elogiable aporte cartográfico, plasmado en el enjundioso trabajo del ingeniero y exrector de la UCV, Muñoz Tébar, en 1887, fundamentalmente hacia la parte oriental de nuestro país.

 Agreguemos los extraordinarios trabajos de mapeados de los sacerdotes Pablo Ojer y González Oropeza.

 

 

 

 

 

 

 

 

Guayana Esequiba: la sentencia será la próxima acción jurisdiccional de la Corte

 Dr. Abraham Gómez R.

 Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

 Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

 Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

 Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Nos preguntan, por distintas vías, sobre las estrategias que seguirían una vez que se conozca la resolución que tomará el Ente Juzgador de la ONU; que, por cierto, ese Alto Tribunal tiene un amplio abanico de posibilidades para decidir, conforme a su Estatuto.

Hemos respondido, permanentemente, que las estrategias no se develan por anticipado.

No obstante, es posible enunciar algunas descripciones de lo que nos correspondería desarrollar como Estado; aunque, también, hay elementos que por expresa precaución y moderación se deben omitir.

En bastantes regiones del país conseguimos profesionales densamente formados; lo cual nos honra y llena de profunda satisfacción venezolanista.

Me nutro de conocimientos al escuchar, con detenimiento, sus respectivas elucidaciones sobre este tema y las posibles alternativas de solución de la controversia que tendría la Corte.

Encontramos, en distintos organismos públicos y privados, gente sabia para grandeza de la Patria.

Estamos dispuestos siempre además a intercambiar criterios con los participantes, en general, centrados en tal asunto litigioso.

Hay un bastión enorme que ha acumulado muchas indagaciones documentales; lo cual les ha permitido acrisolar vivencias y experiencias. Tales compatriotas portan en sí mismos sendas “cajas de herramientas” intelectuales, siempre al servicio del país.

Hay plena coincidencia entre nosotros que Guyana nunca estuvo dispuesta a continuar el pleito con Venezuela a través de la figura del Buen Oficiante.

Hubo un permanente saboteo, durante veinticinco años, a los procesos de conciliación y mediación.

Jamás quisieron negociación directa, conforme al Acuerdo de Ginebra; el cual fue suscrito y ratificado el 17 de febrero de 1966.

Nunca quisieron la conciliación. Y lo reconocen, en cada declaración.

De este modo, lo   dijo, en palabras recientes, el cuestionado presidente Irfaan Ali:

“Eso ha constituido una perdedera de tiempo, y no arrojó los resultados satisfactorios para ninguna de las dos partes en controversia. Y ese reclamo de Venezuela es una amenaza a la Paz de América Latina y el Caribe”.

Añade, también, que: “el Laudo de París ha sido ejecutoriado en el proceso de demarcación en 1905; y debe tenerse como Cosa Juzgada”.

Precisamente sobre este último argumento falaz basan su Pretensión Procesal en la Corte Internacional de Justicia.

El gobierno guyanés y sus tutores financieros, las (52) empresas transnacionales, que han recibido ilegales concesiones para explotar (esquilmar) los recursos en la zona en reclamación y su proyección atlántica, celebran, por anticipado, los posibles resultados sentenciales del Cuerpo Jurisdicente; inclusive, esperaban que Venezuela no compareciera, para ellos invocar el artículo 53 del Estatuto de la Corte, que contempla:

“Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los Artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho”.

Pero se equivocaron, de punta a punta; por cuanto, Venezuela ha asistido debida y responsablemente a todas audiencias, en sus diferentes trayectos procesales. A pesar de que, en alguna ocasión no le reconocíamos jurisdicción como instancia idónea para dirimir la controversia; y menos conocer forma y fondo de este asunto. Ni hemos admitido ninguna cláusula facultativa y compromisoria  de obligatoria jurisdicción.

 Con todo, avenimos a presentar y desahogar nuestro irrebatible acervo de probanza; una vez analizada la intención y alcance del autoconferimiento de jurisdicción y competencia que se hizo la Corte, para conocer de la controversia, el día 20 de diciembre de 2020.

Conscientes que con nuestra ausencia la Sala no iba a perder su piso competencial para dirimir la cuestión litigiosa que ha incoado Guyana, unilateralmente.

Un jurado puede tener jurisdicción y no competencia, pero no al contrario. Si no posee la jurisdicción, menos tiene la competencia.

Debemos aclarar en igual sentido, que no cometemos ninguna arbitrariedad, ni contrariamos el Derecho Internacional con aplicar, a lo interno de nuestra nación, la diplomacia abierta”; para que “la diplomacia siempre avance de manera franca y a los ojos de la opinión pública” (Woodrow Wilson, dixit).

Consideramos que algunas cuestiones de índole internacional deben tratarse pública y francamente (y lo reafirmamos con la invocación de los artículos 5 y 71 de nuestra Constitución Nacional); porque los pueblos no pueden ser relegados a la condición de simples objetos.

Es justo que la nación entera pueda dar su opinión sobre cuestiones vitales; y mucho más si se trata de nuestra reclamada integridad territorial; de lo cual estamos a punto de escuchar un fallo judicial histórico.

A nuestra contención centeneraria la cual hemos categorizado como el producto de la suma de voluntades de todos los sectores de la sociedad, que ha asimilado este caso litigioso única y exclusivamente como Asunto de Estado.

Ya habrá la ocasión y bajo distintas circunstancias de arreglar las otras cuentas pendientes.

 

 

 

 

Guayana Esequiba: ¿Próxima acción jurisdiccional? la sentencia de la Corte

 Dr. Abraham Gómez R.

 Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

 Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

 Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

 Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Nos preguntan, por distintas vías, sobre las estrategias que seguirían una vez que se conozca la resolución que tomará el Ente Juzgador de la ONU; que por cierto ese Alto Tribunal tiene un amplio abanico de posibilidades para decidir, conforme a su Estatuto.

Hemos respondido, permanentemente, que las estrategias no se develan por anticipado.

No obstante, es posible enunciar algunas descripciones, de lo que nos correspondería desarrollar como Estado; aunque, también, hay elementos que por expresa precaución y moderación se deben omitir.

En bastantes regiones del país conseguimos profesionales densamente formados, lo cual nos honra y llena de profunda satisfacción venezolanista.

Me nutro de conocimientos al escuchar, con detenimiento, sus respectivas elucidaciones sobre este tema y las posibles alternativas de solución de la controversia que tendría la Corte.

Encontramos, en distintos organismos públicos y privados, gente sabia para grandeza de la Patria.

Estamos dispuestos siempre además a intercambiar criterios con los participantes, en general, centrados en tal asunto litigioso.

Hay un bastión enorme que ha acumulado muchas indagaciones documentales; lo cual les ha permitido acrisolar vivencias y experiencias. Tales compatriotas portan en sí mismos sendas “cajas de herramientas” intelectuales, siempre al servicio del país.

Hay plena coincidencia entre nosotros que Guyana nunca estuvo dispuesta a continuar el litigio con Venezuela a través de la figura del Buen Oficiante.

Hubo un permanente saboteo, durante veinticinco años, a los procesos de conciliación y mediación.

Jamás quisieron negociación directa, conforme al Acuerdo de Ginebra, suscrito y ratificado el 17 de febrero de 1966; por cuanto, según palabras recientes del cuestionado presidente Irfaan Ali:

“Eso ha constituido una perdedera de tiempo, y no arrojó los resultados satisfactorios para ninguna de las dos partes en controversia. Y ese reclamo de Venezuela es una amenaza a la Paz de América Latina y el Caribe”.

Añade, también, que: “el Laudo de París ha sido ejecutoriado en el proceso de demarcación en 1905; y debe tenerse como Cosa Juzgada”.

Precisamente sobre este último argumento falaz basan su Pretensión Procesal en la Corte Internacional de Justicia.

El gobierno guyanés y sus tutores financieros, las (52) empresas transnacionales, que han recibido ilegales concesiones para explotar (esquilmar) los recursos en la zona en reclamación y su proyección atlántica, celebran, por anticipado, los posibles resultados sentenciales del Cuerpo Jurisdicente; inclusive, esperaban que Venezuela no compareciera, para invocar el artículo 53 del Estatuto de la Corte:

“Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los Artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho”.

Pero se equivocaron, de punta a punta; por cuanto, Venezuela ha asistido debida y responsablemente a todas audiencias, en sus diferentes trayectos procesales. A pesar de que, en alguna ocasión, no le reconocíamos jurisdicción, como instancia idónea para dirimir la controversia; y menos conocer forma y fondo de este asunto. Ni hemos admitido ninguna cláusula facultativa y compromisoria  de obligatoria jurisdicción.

 Con todo, avenimos a presentar y desahogar nuestro irrebatible acervo de probanza; una vez analizada la intención y alcance del autoconferimiento de jurisdicción y competencia que se hizo la Corte, para conocer de la controversia, el día 20 de diciembre de 2020.

Conscientes que con nuestra ausencia la Sala no iba a perder su piso competencial para dirimir la cuestión litigiosa que ha incoado Guyana, unilateralmente.

Un jurado puede tener jurisdicción y no competencia, pero no al contrario. Si no posee la jurisdicción, menos tiene la competencia.

Debemos aclarar en igual sentido, que no cometemos ninguna arbitrariedad, ni contrariamos el Derecho Internacional con aplicar, a lo interno de nuestra nación, la diplomacia abierta”; para que “la diplomacia siempre avance de manera franca y a los ojos de la opinión pública” (Woodrow Wilson).

Consideramos que algunas cuestiones de índole internacional deben tratarse pública y francamente (y lo reafirmamos con la invocación de los artículos 5 y 71 de nuestra Constitución Nacional); porque los pueblos no pueden ser relegados a la condición de simples objetos.

Es justo que la nación entera pueda dar su opinión sobre cuestiones vitales; y mucho más si trata de nuestra reclamada integridad territorial; que está a punto de escuchar un fallo judicial histórico.

A nuestra contención centeneraria la cual hemos categorizado como el producto de la suma de voluntades de todos los sectores de la sociedad, que ha asimilado este caso litigioso, única y exclusivamente como Asunto de Estado.

Ya habrá la ocasión y bajo distintas circunstancias de arreglar las otras cuentas pendientes.

 

 

 

 

De derecha o de izquierda ya son nomenclaturas en desuso

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

abrahamgom@gmail.com

 

Entre el crítico más osado que afila con agudeza los juicios y/o quien anda por ahí sólo mirando pasar las cosas queda tejida una común conclusión: el desbarajuste ideológico en el presente tramo epocal, en el mundo.

Nos luce que las fundamentaciones doctrinarias tradicionales que se enarbolaban con insistencia, ahora no encuentran sustentación o firmeza que les sirva de piso.

Podemos decirlo, sintéticamente, con el filósofo Slavoj Žižek : “Las ideologías se ven como formas de falsa conciencia, ya que pueden llevarnos a aceptar ciertas ideas, valores y creencias sin cuestionarlas”.

 

Los teoricistas del presente en el afán de acomodarle algo de soporte de convicciones han agotado, prontamente, las canteras de ideas socio-políticas. Hoy acuñan una idea, mañana dicen lo contrario.

 

Por ejemplo, bastante gente no tuvo recato para hacer aparecer como digerible, en las primeras de cambio, un híbrido entre Marx y Bolívar.

 

El mundo entero conserva con pleno conocimiento del desprecio que sentía el autor y divulgador del Materialismo Histórico por nuestro Libertador.

Una prueba de lo aquí afirmado está contenida en la carta fechada el 14 de febrero de 1858 dirigida por Marx a su carnal y financista Engels.

Para entender la ruindad del hijo de Tréveris, basta únicamente esta perla:

 

 “Me hubiera pasado de la raya si presento a Bolívar como un Napoleón I. Bolívar es el verdadero Soulouque. Es un canalla, cobarde, Brutal y miserable que mandó a fusilar a Piar bajo las falsas imputaciones de haber conspirado contra los blancos, atentado contra su vida y aspirado al poder supremo…”. (Artículo biográfico sobre Simón Bolivar para New American)

 

Cómo le echaron imaginación los pensadores de la izquierda para construir una aproximación ideológica entre Bolívar y Marx.

Marx calificaba al Padre de la Patria con los idénticos elementos categoriales que utilizaba para referirse al dictador haitiano, de esa época, arriba nombrado, quien surgió de entre los esclavos para cometer fechorías contra su propia gente.

Rebuscaron bastante argumentación por todas partes para que al final se vieran las costuras de un tejido que la realidad se encargó de desbaratar.

Bolívar, el Padre Libertador, no admite remiendos ni remedos.

 

Por otra parte, figurarnos la posibilidad de una izquierda, en la actualidad, asentada en las ideas del escribidor de El capital se presenta, por mucha dialéctica que le pongamos: incongruente e intragable.

 

Lo anteriormente descrito es cierto; no obstante, por el lado de la denominada derecha también nos conseguimos ante un inacabable discernimiento dilemático que, aún hoy para muchos, tiene vigencia en cuanto a dos mundos posibles, dos filosofías ante la vida que las han pretendido hacer irreconciliables en estos tiempos que transcurren.

 

Cuando ya pensábamos que tales discusiones habían sido clausuradas, porque ahora es posible sintetizar y trascender   ambas líneas de pensamientos en un instrumento teórico-practico superador, algunas veces y en ciertas naciones regurgitan otra vez una cartografía de disyunción sin justificación aparente.

 

Consideramos que hay que recomenzar a desanudar- una y muchas veces- este asunto, que para tantos países que aspiran la sostenibilidad en su desarrollo socioeconómico se hace deseoso y necesario.

Lo que se ha dado en llamar “la vanguardia liberadora” siempre ha habido una que otra por ahí.

Lo que hay es que saberla ubicar y distinguir, para contextualizar.

De qué hablamos, cuando mencionamos una vanguardia que coopere a solucionar problemas y atraer capitales. ¿Es una posición vanguardista de izquierda o de derecha?

Con la debida advertencia que “la vanguardia” puede llegar a presentarse inasible, difusa, plural.

Preguntamos.  ¿Tiene sentido insistir con la utilización del vocablo vanguardia, cuando ya se percibe multiforme?

 Ni de izquierda ni de derecha. Son muchísimos los sujetos liberadores que hoy recorren el mundo, sin que se asuman con una específica etiqueta social, política o económica.

 A veces identificados y/o diferenciados entre ellos mismos. Cada uno aporta determinadas proporciones teóricas y prácticas para la resolución de problemas en el ámbito de que se trate; y lo que menos les preocupa es el componente ideológico.

 La cosa es resolver rápido y de la mejor manera posible (pragmatismo, le dirán no pocos).

 

Así, entonces, en la contemporaneidad estamos en presencia de mecanismos de solución multifacético, que no se contienen ni se contentan con una específica mirada.

Maffesoli lo llamaba “el descentramiento del sujeto”; y nosotros no tenemos la intención de socavar su exquisita inspiración.

Da lo mismo narrar desde el centro o aproximar ciertos criterios desde la periferia.

Son tantos los sujetos individuales o colectivos que analizan y proponen las situaciones objetivas, que explican con aciertos las posibles vías de liberación.

 

Exponer que sólo la izquierda asume los designios liberadores de la humanidad es hablar de modo obtuso; como también será una torpeza mayúscula arrogarse por parte de la derecha la exclusividad de redención.

 

Hoy han aflorado grupos espontáneos por todas partes que no llevan una particular impronta ideológica; y han tenido el atrevimiento de proponer y hacer cosas.

Ecologistas, defensores de los derechos humanos, feministas, impulsores de la ciudadanización, preservadores de la vida de los animales, indigenistas, etnicistas, tecnologicistas, proponentes del decrecimiento sustentable (Latouche y Georgescu-Roegen, dixit) como opción de futuro; en fin, un gentío in-corporado socialmente a aligerar la vida sin que prevalezca en ellos una Razón ideológica previamente.

 

Quiénes somos nosotros para etiquetarlos de izquierda o de derecha; además, luce anacrónica la reiteración de esa nomenclatura.

También con la intención de formular algún contraste indirecto frente a cualquier ideología, diremos que la democracia, con la que nos regustamos a pesar de sus errores e imperfecciones, no sólo queda definida como forma de organización política sino en tanto modo de convivencia y estructuración social.

Menos vertical, con búsquedas más igualitarias (que no igualación) de las relaciones entre sus miembros.

 

En la actualidad mundial, aunque sean disímiles los planos políticos escogidos por la gente para participar (de derecha o de izquierda), priorizan el respeto y la tolerancia hacia el otro.

 

Suena habitual y extensivo para la vida el término y praxis de democratización; proceso desde donde se hace común y corriente la aceptación del disenso que será siempre fértil si dejamos a un lado los estigmas;  y sintetizamos la izquierda con la derecha.

 

 

Guayana Esequiba: Irfaan, ¿cuál es tu empeño en pretender torcer la realidad histórica?

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV)

Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

 

Durante el acto  de celebración de los 60 años de la independencia de la República Cooperativa de Guyana, el discurso central pronunciado, el 26 de mayo,  por el presidente Irfaan Ali nos lució temerario, imprudente y retaliativo; por cuanto, se arroga - sin más-  el área controvertida; contención que  se dirime jurisdiccionalmente por ante la Corte Internacional de Justicia, en espera de sentencia, conforme a  las pruebas consignadas por las partes desavenidas, en la fase de  alegaciones en la primera semana del  mes pasado.

En el citado evento, el mandatario de la excolonia británica tuvo la osadía de pronunciar esta infeliz expresión:

 “El Esequibo es de Guyana. Nunca ha sido venezolano. Ni tampoco español. es y seguirá siendo guyanés”.

A tamaño atrevimiento nuestra Cancillería le propinó, de inmediato, una contundente respuesta:

“La República Bolivariana de Venezuela rechaza con absoluta firmeza las vergonzosas declaraciones del presidente de Guyana, Irfaan Ali, emitidas desde la Embajada de Estados Unidos en Georgetown, donde se presentó, no como jefe de Estado, sino como subordinado político, rindiendo cuentas. Las declaraciones de Ali «constituyen una falsificación de la verdad histórica y jurídica. La discusión sobre la invalidez o validez del Laudo Arbitral de París de 1899, fue sepultada por las partes al suscribirse el Acuerdo de Ginebra de 1966, entre Venezuela, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la entonces Guayana Británica, hoy República Cooperativa de Guyana».

Nos causó estupefacción el sentido e intencionalidad de las palabras dadas a la prensa internacional por parte del presidente guyanés Mohamed Irfaan Ali.

Manifestaciones atrabiliarias, que no parecen las de una persona que tiene la función de dirigir los destinos de un país; por la cantidad de falacias y desvergüenzas que llevan incorporadas los vocablos dichos, implícita y explícitamente.

Pretende torcer, con lo que dice, la realidad de un hecho histórico que desborda su capacidad analítica y que -sospechamos- domina escasamente el pensamiento crítico. Tal cual lo percibimos.

Entonces, con las inocultables características detectadas se ve obligado a apelar a mentiras indigeribles; como, por ejemplo, señalar que:

“Venezuela busca apoderarse de las dos terceras partes del territorio de la República Cooperativa de Guyana. La posición de Georgetown se basa en el Laudo Arbitral de 1899 y reiteramos que la defensa de la soberanía guyanesa continuará a través de los tribunales y la diplomacia, jamás mediante la guerra”.

Así, además, en ese mismo tono acusa a nuestro país de ser irrespetuoso del Derecho Internacional; de desconocer las materias contempladas en la Carta de las Naciones Unidas; y nos somete al escarnio por la supuesta violación del Acuerdo de Argyle, suscrito bilateralmente, el 14 de diciembre del año 2023.

Cuando nos detenemos a tratar de entender esa ristra contra nosotros, consideramos que – tal vez- lo más protuberante y “lapidario” de lo que dijo el gobernante de la excolonia británica, fue que: “su gobierno no tolerará anexión, incautación u ocupación de ninguna parte de su geografía nacional”.

En consecuencia, frente a tamaño ultraje nos vemos obligados a precisar – y poner en su sitio- esas enormes distorsiones.

Comencemos. Lo único que heredó Guyana del Reino Unido, una vez que alcanzó su independencia, el 26 de mayo de 1966, era lo que el Imperio Inglés había adquirido de los Países Bajos, en 1814, las colonias de Berbice y Demerara; mediante el conocido “Tratado Anglo-Holandés”, cuyo territorio (aunque indefinido) no alcanzaba ni 60.000 km2. Nada más, sin lugar a dudas.; cuyo costado oeste llegaba (como obligantemente tenía que ser) hasta la mitad del río Esequibo.

Por tal motivo, lo instamos presidente Irfaan –conjuntamente con sus voceros principales que declaran para los medios internacionales —a revisitar la exacta documentación que registra y da cuenta de los mencionados acontecimientos; para que se evite inaceptables deslices, impropios a su investidura.

Agrego más.  Debe saber el Dr. Ali (en su condición de egresado universitario, especializado en geografía e historia) que fue por intermedio de una tratativa perversa, cargada de añagaza jurídica, cómo se perpetró el vil arrebato que se le hizo a Venezuela de una séptima parte de nuestra extensión territorial; acto viciado, desde sus orígenes, y que se quiso “barnizar con legitimación astuta” sentenciando el denominado Laudo Arbitral de París, el 3 de octubre de 1899.

Oprobioso fallo que entraña el atropello que se nos causó, en colusión de los imperios de entonces; y que hemos arrastrado, por consiguiente.

Ese precitado adefesio jurídico comporta un documento nulo de nulidad absoluta que Venezuela nunca convalidó y menos le confirió ejecutoria en 1905, con la tramposa demarcación que han querido meter de contrabando en la Acción incoada contra nosotros en la Sala Jurisdicente.

Ya lo hemos rebatido muchas veces.

Tan descarada y bochornosa resultó la decisión arbitral que tuvieron que suscribir y ratificar, el 17 de febrero de 1966, el Acuerdo de Ginebra, donde reconocen las tropelías cometidas; y a través de su contenido quedó rechazado e invalidado el “cacareado laudo”, que han intentado “revivir” como causa de pedir por ante la Corte Internacional de Justicia.

Ese laudo al no tener eficacia jurídica ni ser oponible a nada es un fraude legal con todas sus letras.

El Acuerdo de Ginebra es –en el presente—el único documento con pleno vigor jurídico donde se asienta esta controversia, que mandata la búsqueda de una solución” práctica y satisfactoria” para ambas partes, en un clima propicio de diálogo y pacífico de mutuo entendimiento entre los concernidos.

Míster Irfaan lo invito a revisitar reflexiva e investigativamente el Acuerdo de Ginebra para que logre entender que en ninguna parte del escrito se le concede soberanía a su país sobre la extensión territorial que por años habíamos denominado “Zona en Reclamación”.