Ginecocidio reclama su espacio lexical en nuestro idioma

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

abrahamgom@gmail.com

 

 

Como ya se sabe, hace doce años me propuse realizar una indagación lingüística, contentiva de una propuesta de neologismo, la cual   consigné, formalmente, por ante   la Real Academia Española, para que – según reciba aprobación de los estudios que le hagan- se cree un nuevo vocablo.

Este trabajo de inmediato entró en un proceso complejo y exhaustivo, con la finalidad de evaluarlo integralmente.

He venido justificando argumentativamente e insistiendo en nuestra elogiada institución que hay una trampa léxico-semántica urdida en la construcción y en el significado de los términos femicidio o feminicidio; con los cuales se han pretendido atenuar y ocultar lingüísticamente una triste verdad: la muerte de las mujeres. Digamos, quitar la vida a un ser humano y no la liquidación del género femenino; allí, precisamente, es donde está envuelto el artificio.

Debo informar que el escrito que les entregué fue sometido de inmediato a examinación; además, ha sido admitido y referido a su sala de observación.

Nuestro señalamiento preliminar apunta a sostener que es un desacierto lingüístico expresar femicidio para hacer saber que se comete “homicidio” contra la mujer.

Esta escogencia terminológica (que además confunde) nos luce impropia.

Les digo porqué. Por cuanto, un homicidio se comete contra un hombre.

Así entonces, aniquilar físicamente a una mujer no puede ser homicidio, sino Ginecocidio; del griego Gyné, Gynaikos, Gineco que denota, castellanizada con exactitud, mujer. Y le agregamos el sufijo latino –cidio, cid, que se forma por apofonía de caedere, matar, cortar. Queda construido, entonces, el vocablo Ginecocidio.

Manifiesto la inmensa alegría que sentí, en mi condición de proponente del citado neologismo, cuando a este término -- como paso introductorio para su posible aprobación -- le abrieron un expediente (registro).

Procedieron nuestros honorables académicos, acto seguido, a nombrar una comisión de lexicógrafos, para que iniciaran el trabajo de disección morfo-sintáctica. Igualmente, a examinar si cumplía con los requerimientos de válida   construcción léxico-semántica; así, además, su articulación fonética; la posible   función fonológica que se le atribuye, su semiótica (significado preciso); y su aplicación pragmática (uso práctico-contextual en una circunstancia determinada) o de cualquier otra consideración que ellos crean conveniente para el análisis.

 

Exigente e interesante labor a la que ha sido sometido el vocablo Ginecocidio, por parte de nuestra máxima autoridad de la lengua española en el mundo; justamente, porque tal rigor comporta una de sus específicas funciones, según lo contempla el artículo primero de su Estatuto.

Hemos entregado a tiempo, a la RAE, todos los elementos justificadores de Ginecocidio, como palabra que nace y reclama, más temprano que tarde, su justo espacio en el olimpo del léxico de nuestro idioma.

 

Debo dejar dicho también que, a veces, se producen   decepciones y críticas al Alma Mater de las Letras cuando incorporan al Diccionario de la Lengua española (DLE) palabras que no se usan o que nadie conoce, dejando atrás otras cuya notoriedad y merecimientos son evidentes.

Estoy consciente de todos esos riesgos; sin embargo, tengo la inmensa satisfacción que asumo, como tarea, un modesto aporte lingüístico para develar -con la mayor exactitud- los crímenes atroces que contra las mujeres  se cometen; y que la mayoría de las veces, algunos medios de comunicación, además  en las plataformas digitales o en conversaciones cotidianas, se pretende disimular el Ginecocidio: liquidación física de un ser humano, nombrándolo como femicidio o feminicidio (muerte por razones de género).

A ese absurdo, de no querer decir las cosas por su nombre, nos oponemos. Comprendamos, en solidaridad absoluta, y con contundente insistencia que cuando acaban físicamente a una mujer ( por el motivo o causa que sea), no están matando al género femenino; están matando a la mujer, al ser humano, no a su género.

Entendamos este atroz y abominable fenómeno sin hipocresía ni maquillajes.

La RAE nos hace, a cada momento, la severa advertencia con respecto al   vocablo propuesto.

Tal propuesta debe tener plena acogida en todos los ámbitos comunicativos.

La RAE denomina esta práctica, Frecuencia de Uso.

Así entonces, solicito la cooperación para que le demos Frecuencia de Uso al vocablo propuesto, en nuestros diarios y constantes actos de habla; incluso cuando nos toque, lamentablemente, referirnos a este citado fenómeno de psico y sociopatología.

 

Ginecocidio reclama su espacio lexical en nuestro idioma

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

abrahamgom@gmail.com

 

 

Como ya se sabe, hace doce años me propuse realizar una indagación lingüística, contentiva de una propuesta de neologismo, la cual   consigné, formalmente, por ante   la Real Academia Española, para que – según reciba aprobación de los estudios que le hagan- se cree un nuevo vocablo.

Este trabajo de inmediato entró en un proceso complejo y exhaustivo, con la finalidad de evaluarlo integralmente.

He venido justificando argumentativamente e insistiendo en nuestra elogiada institución que hay una trampa léxico-semántica urdida en la construcción y en el significado de los términos femicidio o feminicidio; con los cuales se han pretendido atenuar y ocultar lingüísticamente una triste verdad: la muerte de las mujeres. Digamos, quitar la vida a un ser humano, que no  comporta, de ninguna manera, la liquidación del género femenino; allí, precisamente, es donde  está envuelto el artificio.

Debo informar que el escrito que les entregué fue sometido de inmediato a examinación; además ha sido admitido y referido a su sala de observación.

Nuestro señalamiento preliminar apunta a sostener que es un desacierto lingüístico expresar femicidio para hacer saber que se comete “homicidio” contra la mujer.

Esta escogencia terminológica (que además de  confundir) nos luce impropia.

Les digo porqué. Por cuanto, un homicidio se comete contra un hombre.

Así entonces, aniquilar físicamente a una mujer no puede ser homicidio, sino Ginecocidio; del griego: Gyné, Gynaikos, Gineco que denota, castellanizada con exactitud: mujer. Y le agregamos el sufijo latino –cidio, cid, que se forma por apofonía de caedere: matar, cortar. Queda estructurado, entonces, el vocablo Ginecocidio.

Manifiesto la inmensa alegría que sentí, en mi condición de proponente del citado neologismo, cuando a este término -- como paso introductorio para su posible aprobación -- le abrieron un expediente (registro).

Procedieron nuestros honorables académicos, acto seguido, a nombrar una comisión de lexicógrafos, para que iniciaran el trabajo de disección morfo-sintáctica. Igualmente, a examinar si cumplía con los requerimientos de válida   construcción léxico-semántica; así, además, su articulación fonética; la posible   función fonológica que se le atribuye, su semiótica (significado preciso); y su aplicación pragmática (uso práctico-contextual en una circunstancia determinada) o de cualquier otra consideración que ellos crean conveniente para el análisis.

 

Exigente e interesante labor a la que ha sido sometido el vocablo Ginecocidio, por parte de nuestra máxima autoridad de la lengua española en el mundo; justamente porque tal rigor comporta una de sus específicas funciones, según lo contempla el artículo primero de su Estatuto.

Hemos entregado a tiempo, a la RAE, todos los elementos justificadores de Ginecocidio, como palabra que nace y reclama, más temprano que tarde, su justo espacio en el olimpo del léxico de nuestro idioma.

 

Debo dejar dicho también que, a veces, se producen   decepciones y críticas al Alma Mater de las Letras cuando incorporan al Diccionario de la Lengua española (DLE) palabras que no se usan o que nadie conoce, dejando atrás otras cuya notoriedad y merecimientos son evidentes.

Estoy consciente de todos esos riesgos; sin embargo, tengo la inmensa satisfacción que asumo, como tarea, un modesto aporte lingüístico para develar -con la mayor exactitud- los crímenes atroces que contra las mujeres  se cometen; y que la mayoría de las veces, algunos medios de comunicación, además  en las plataformas digitales o en conversaciones cotidianas, se pretende disimular el Ginecocidio: liquidación física de un ser humano, nombrándolo como femicidio o feminicidio (muerte por razones de género).

A ese absurdo, de no querer decir las cosas por su nombre, nos oponemos. Comprendamos, en solidaridad absoluta, y con contundente insistencia que cuando liquidan físicamente a una mujer, no están matando al género femenino; están matando a la mujer, al ser humano.

Entendamos este abominable fenómeno sin hipocresía ni maquillajes.

La RAE nos hace, a cada momento, la severa advertencia con respecto al   vocablo propuesto.

Debe tener plena acogida en todos los ámbitos comunicativos.

Ellos denominan esta práctica, Frecuencia de Uso.

Así entonces, solicito la cooperación para que le demos Frecuencia de Uso al vocablo propuesto, en nuestros diarios y constantes actos de habla; incluso cuando nos toque, lamentablemente, referirnos a este citado acaecimiento de  psico y sociopatología.

 

La UNAFRONT: una propuesta académica creativa e innovadora

Dr. Abraham Gómez R.

 

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Presidente del Observatorio Regional de Educación Universitaria

Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

En cada una de las presentaciones que hemos hecho --hasta ahora— de la Visión y Misión, de una Universidad Nacional exclusivamente para estudiar asuntos fronterizos (UNAFRONT); también de las relaciones internacionales y de las manifestaciones multiculturales de quienes habitan en esos espacios nos conseguimos con aportes de ideas extraordinarias.

Afloran, en cada evento, muchísimas opiniones que persiguen ensanchar el proyecto; de lo cual estamos supremamente agradecidos.

Bastantes profesionales de distintas disciplinas se muestran solidarios por el carácter innovador contenido en el diseño curricular y de las estrategias metodológicas que abarcará y desarrollará esta institución, para alcanzar los objetivos de aprendizajes y su puesta en práctica.

Nos satisface divulgar que un considerable número de colegas solicitan incorporarse - de modo voluntario- al equipo proponente, diseñador y organizador.

Cada quien desempeñándose en su respectivo aspecto de dominio disciplinar.

Una responsabilidad compartida – asumida como un Asunto de Estado- por encima de diferencias de cualquier tipo.

Deseamos añadir un dato adicional. Cuando revisamos por muchas vías, particularmente por internet, no hemos conseguido ninguna entidad educativa similar en otro país; ni siquiera en naciones que han tenido pleitos y serias controversias limítrofes desde hace años.

No hay una Universidad, en el mundo, con las características curriculares que aspiramos sea creada en Venezuela.

Me permito informar a la opinión pública nacional que en el presente momento estamos en la etapa de elaboración del pertinente Estudio de Factibilidad Académico-Administrativo que conlleva la incorporación y análisis de los detalles más precisos; aún perfectibles y permeables a críticas.

Dicho Estudio de Factibilidad será examinado, en su debida oportunidad por las autoridades del Ministerio de Educación Universitaria y de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU); con la finalidad de recibir las debidas observaciones, y su posterior aprobación para que autoricen el funcionamiento, en el menor tiempo posible.

En la presente etapa contemporánea y ante las exigencias educativas, estamos obligados a proponer ideas académicas innovadoras.

Hemos escuchado a alguna gente en la “universidad “tradicional” exponer que la solución o alternativa, en lo inmediato, sería añadirle una unidad curricular atinente a las fronteras en las instituciones de educación universitaria que ya están funcionando en el país.

No es exactamente a eso a lo que apuntamos y proponemos.

Aspiramos a la creación de una Universidad donde se estudien, exclusivamente, Asuntos Fronterizos.

No es poca cosa. Lo sabemos.

Comporta –ciertamente- un interesante desafío; aunque a algunos les produzca “vértigos”.

En esta oportunidad, con todo respeto, reiteramos la solicitud de audiencia a la OPSU, para explicarles en detalles de qué se trata este proyecto cuyos componentes curriculares únicamente estriban en los Asuntos Fronterizos de nuestra nación y de otros países del mundo; aparejado a las Relaciones Internacionales y al estudio de la Etnodemografía de las (32) etnias que habitan y conviven en las áreas colindantes de Venezuela.

Aspiramos que a través de innovadoras estrategias metodológicas; apoyadas en seminarios, foros, conferencias, investigaciones cualicuantitativas, documentales, indagaciones de campo etnográficas, entre otras se haga posible desarrollar y analizar tal plan de estudio; y avanzar con discernimientos, oportunas exposiciones magistrales.

Así además, visitas a los sitios, exposiciones, levantamientos de informes y propuestas de soluciones a la problemática que se confrontan en esas áreas limítrofes.

La UNAFRONT ofrecerá la opción académica de aprehender las realidades de las zonas concernidas; igualmente, establecer, claramente, la diferenciación conceptual-estructural entre límites y fronteras. Examinar convenios, pactos, acuerdos, tratados. También, estudiar múltiples ejes temáticos, entre otros:  las reclamaciones vigentes entre Estados que integran la comunidad internacional. Los medios violentos y pacíficos de solución de los conflictos. El Estatuto y – obviamente- la jurisdicción y competencia de la Corte Internacional de Justicia y sus más importantes jurisprudencias. El contenido y alcance del Derecho Internacional Público. Las relaciones internacionales. Los componentes humanos que habitan los complejos espacios colindantes; en fin, habrá un abanico inmenso de elementos a incorporar en la malla y diseño curricular, siempre con sentido experimental y de aprendizaje horizontalizado. Todos aprendiendo de todos.

Particular interés y énfasis, por supuesto, lo tendremos en nuestros espacios fronterizos, en todas sus consideraciones e implicaciones. Valga decir, la conformación y nuestra herencia histórica; pactos suscritos. Los elementos jurídicos que asisten a Venezuela. Nuestros estudios y registros cartográficos. Las diversas reclamaciones y confrontaciones que hemos tenido. La dimensión étnica y demográfica en general que habitan nuestra poligonal fronteriza. Los procesos productivos agroindustriales y energéticos factibles en esas franjas colindantes. Los despojos territoriales que nos han perpetrado. Nuestra proyección caribeña y atlántica. Los costados amazónico, andino y guayanés. La geopolítica, seguridad y defensa.

Son bastantes aristas a estudiar y problematizar, en su justa medida, en cuatro años aproximadamente.

Por lo pronto, el equipo proponente ha analizado la probabilidad de ofertar -de inicio- tres carreras en la UNAFRONT. las cuales serían: 1) Asuntos Fronterizos, 2) Relaciones Internacionales y 3) Etnodemografía.

Aspiramos que, una vez que se cumplan (insisto, en cuatro años) con los respectivos planes de estudios, programas, sus contenidos (en base a sus unidades créditos) y con las correspondientes evaluaciones cuantitativas y cualitativas egresen profesionales densamente formados; con extraordinarios perfiles ocupacionales, según las carreras que hayan cursado, arriba citadas.

Tendrán amplias  posibilidades de desempeñarse en la Cancillería, en las embajadas y consulados; en   entidades federales (sobre todo, en  los estados  fronterizos), en el Ministerio de la Defensa; asimismo, como docentes en las universidades, en el Ministerio de Planificación, como asesores en la Asamblea Nacional, en los Consejos Legislativos, en las alcaldías;  en otros países, entre muchas opciones laborales.

Al consolidarse esta propuesta –encontrándose, como quedó dicho, ahora en fase de proyecto– ofrecerá ilimitadas posibilidades para que dicten cátedras (en condición de problematizadores) en esta casa de Estudios Universitarios: juristas, historiadores, cartógrafos, internacionalistas, metodólogos, ingenieros, geógrafos, antropólogos, tecnólogos, urbanistas, sociólogos, oficiales de los distintos componentes de nuestra Fuerza Armada Bolivariana.

Conforme a la oferta académica, de las tres carreras propuestas por la UNAFRONT, tal hecho constituye el estudio de La integralidad y desarrollo de nuestros espacios fronterizos y las relaciones internacionales, lo cual debe considerarse de manera cabal; y – obviamente- despertar el interés nacional para que se fije, de una vez por todas, la preocupación de quienes estructuran y ejecutan Políticas Públicas, para las fronteras, a nombre del Estado venezolano.

 

Guayana Esequiba: estrategias subrepticias de la contraparte en el litigio

 Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

 

Quienes hemos dedicado bastantes años de nuestras vidas y desempeño académico al caso controversial de la zona en conflicto por el costado este de Venezuela (que no es poca cosa,159.500 km2. Una séptima parte de nuestra Nación) estamos obligados a ocuparnos también -   determinantemente- de la considerable población que vive en ese territorio que nos fue arrebatado, con vileza, hace ya más de cien años, y que ha entrado en las respectivas etapas de discernimiento jurisdiccional por ante la Corte Internacional de Justicia.

La geografía humana que convive en esa extensión territorial debe concitar el interés y la preocupación de quienes diseñan y ejecutan Políticas Públicas, por parte del Estado venezolano, con la finalidad de corresponderles, debidamente y como se merecen, en todas las áreas pertinentes a su subsistencia.

Prestemos atención a lo que, estratégicamente con condición furtiva, han venido haciendo todos los gobiernos guyaneses, desde Forbes Burnham hasta el actual Irfaan Ali.

¿Qué han hecho en el área en pleito, con una marcada intencionalidad de reforzamiento de la ocupación?

Han rehabilitado la infraestructura de escuelas y hospitales. Han creado hoteles, balnearios; así también, han puesto en servicio medios de comunicación audiovisuales, vías carreteras, pistas de aterrizajes.

Han estructurado cuarteles militares, entre muchas otras actividades.

También prestemos atención que con todo propósito – lo más delicado, tal vez- están realizando sistemáticamente: sensibilizan a niños y jóvenes, con carácter recurrente, en   procesos de ideologización e identidad hacia Guyana.

Cuando analizamos la Constitución de la República Cooperativa de Guyana de 1980, nos conseguimos con la autoasignación y la distribución político-territorial que ellos han establecido, precisamente en la Guayana Esequiba, en flagrante violación del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Único documento con pleno vigor jurídico en esta contención.

La inocultable intención, que tal vez miden en perspectiva, sería la invocación de la famosa Cláusula de Prescripción Adquisitiva; para transformar actos de hecho – que cometieron los ingleses en 1814- en sentencias de derecho.

En este caso concreto no prosperará la Prescripción Adquisitiva, porque allí no ha habido posesión legítima sino una ocupación protestada, desde siempre.

Sospechamos, adicionalmente que ellos aspiran a que se produzca una decisión jurídica tomando en cuenta la libre determinación de los pueblos.

Fijémonos, con seriedad, también en lo siguiente. Ellos delimitaron, toda esa extensión en regiones: Guainía-Baruma; Poomeron-Supenam; Cuyuní-Mazaruni; Potaro-Siparuni; AltoTúkutu- Alto Esequibo.

En cada una de estas regiones eligen un gobernador; y allí conseguimos importantes ciudades, pueblos y asientos demográficos de varios tipos y clases sociales; en cuyo registro censal, más reciente, arroja una población que sobrepasa las 400.000 personas, incluyendo a las etnias Waiwai, Makushi, Waraos, Arawaks, Akawayos, Saraos, Patamonas, Caribes y Wapashi.

Al lograr la restitución de la Guayana Esequiba, con todos esos grupos humanos estamos obligados a enlazarnos como compatriotas.

Por propia experiencia puedo mencionar que los Esequibanos que viven en Tucupita, Guasipati, El Callao, Tumeremo, San Martín, Ciudad Bolívar, Santa Elena etc. aún conservan algunas tradiciones religiosas; atesoran conocimientos en asuntos medicinales; igualmente, dominan un mayor aprovechamiento en el cultivo de la tierra y la producción piscícola; en tareas manufactureras y actividades gastronómicas.

Poseen algunas distintivas y elogiadas metodologías educativas y técnicas en general.

Acaso no podemos nosotros aprovechar esos conocimientos; al tiempo que, en tal dialógica de saberes, los compatriotas Esequibanos recibirían las necesarias asistencias que refuercen el carácter identitario de la venezolanidad; que repliquen hacia sus familiares, que aún viven- propiamente- en la Guayana Esequiba.

Esa zona constituye un territorio con incalculables riquezas mineras, hídricas, forestales, energéticas, agroindustrial, edafológicas, petroleras etc. Territorio muchísimo más grande que algunos países europeos, asiáticos y centroamericanos.  Con extraordinario potencial de desarrollo sostenible.

 Este territorio nos lo arrebataron con el denominado Laudo Arbitral de París de 1899; documento que desde entonces hemos calificado de írrito y nulo.

Los reclamos que hemos intentado por vías diplomáticas, políticas y jurídicas no están sustentados en caprichos chauvinistas, reacciones intemperantes, desproporcionadas o injustas.

Hemos explicado en las instancias internacionales correspondientes las razones y argumentos sociohistóricos y jurídicos que nos asisten.

Si en el espacio terrestre de la zona del Esequibo ha habido una severa contención, la situación se ha venido complicando mucho más por el Mar Territorial y la Plataforma continental que proyecta.

Todo territorio ubicado en la costa genera espacio marítimo a partir de una línea base, conforme a las convenciones de los Derechos del Mar para las naciones.

Sucede que Guyana ha hecho bastantes intentos para extender, no sólo lo que corresponde a su pedazo de costa atlántica, sino que ha aspirado - sin consultar a Venezuela- llevar a 350 millas la plataforma continental frente a la Guayana Esequiba, exactamente la que estamos reclamando; y en flagrante violación del Acuerdo de Ginebra, el cual en ninguna parte del precitado texto les concede soberanía.

 

 

 

La lengua es huella construida por sus hablantes

 Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua.

Comencemos por asimilar que la Academia comprende que la lengua no es una realidad fija, inmutable, perfecta; porque, las palabras nacen, crecen, se reproducen, se ocultan y reaparecen. Además, las palabras se anidan en la lengua; entonces, al cambiar una, transforma la otra.

Los lingüistas están conscientes que en todo idioma lo más natural y legítimo que puede ocurrir son   los cambios; que van aparejados a las mutaciones intrínsecas de las sociedades; por cuanto, la lengua pertenece –insistimos-- a la comunidad o espacio social de donde proviene.

Sin embargo, asumimos que la lengua -en tanto una entidad social- posee, implícitamente, sus propias normas y desenvolvimientos. Dicho así, entonces, la persona escoge si quiere escribir o hablar al garete o acatar –relativamente-- ciertos lineamientos en sus actos de habla y en sus manifestaciones escriturales.

Queda sentenciado que el hablante decide en su libre albedrío su modo de conducirse lingüísticamente.

La consigna más cercana lo expresaría así: “Dime cómo hablas o escribes y te diré quién eres”.

Una sana advertencia. Tampoco pedimos que haya un permanente ejercicio de erudición y manejo de exquisiteces gramaticales; aunque, en honor a la verdad, la lengua coloquial --en apariencia suelta y sencilla-- también tiene su orden léxico-semántico y morfosintáctico.

Admitamos, con certeza, que la población, en sentido general, no tiene por qué hablar o escribir (obligantemente) como los Académicos.

Cada uno en su propio espacio contextual.

En lo que sí hay plena coincidencias, es que las Academias de la Lengua han sido fundadas para describir hechos lingüísticos; para prescribir el uso correcto (señalar algunas normas sin imponerlas); y en específicos casos proscribir al pesquisar las distorsiones que se susciten; o cuando estas instituciones entran en sospechas que hay alejamientos en los usos adecuados de los actos de habla o un inocultable desorden de la lengua.

La Real Academia de la Lengua y sus entes correspondientes adscritos en la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) siempre han estado puertas abiertas para admitir, analizar e incorporar neologismos.

La Academia de la Lengua jamás ha impuesto vocablos para el uso común. Por el contrario, cada cierto lapso da a conocer los términos que se suman a nuestra amplia lexicografía, que surgen del habla cotidiana, con sus respectivas acepciones; previos estudios que guardan vinculación con la realidad sociolingüística a la que aspiran darle significado.

Para la inmensa comunidad de hispanohablantes en el mundo; que sobrepasa ya quinientos millones de personas (7.6 % de la población), nuestra autoridad máxima; tal vez, algo así como el tribunal supremo del idioma lo conforma, con certeza y propiedad, la Real Academia Española.

Las (23) Academias de la Lengua Española, que se han creado en igual número de países, admiten como condición ser Correspondientes de la RAE.

La nuestra, en Venezuela, desde sus orígenes ha tenido interesantísimos momentos y eventos. No exentos de serias confrontaciones.

Precisamente, el mismo día cuando inicia sus actividades formales --10 de abril de 1883 - arranca con una polémica de forma y fondo.

El presidente Guzmán Blanco, quien a su vez   ocupaba el cargo de director, pronunció un discurso enjundioso y bastante incitador para ese momento.

El eje central de la citada pieza oratoria hurgaba y cuestionaba sobre los orígenes y definición de la lengua que se hablaba en Venezuela: ¿Era castellano o español? 

Sobre el citado eje temático, se hacía cotidiano y corriente que se tramaran   discusiones. Se cruzaban serios y violentos argumentos entre quienes defendían la tendencia   impositiva, sostenedora que en nuestro país prevalecía el español peninsular, heredado en tierras americanas.

 Frente a esa irreductible posición se levantaba otro inmenso bastión que apoyaba la insurgencia lingüística del castellano específico en este continente. Nuestro propio geolecto. Se suscitó, entonces, una disyunción suficientemente marcada; donde se deslindaron dos corrientes de intelectuales inclinados por una u otra posición teórica. ¿Hablamos el español ibérico o el castellano americano?

Para que tengamos una idea de lo bastante serio del asunto. En los sitios populares: plazas, mercados, paseos y en muchos otros lugares “nada académicos” se escenificaban encolerizadas controversias.

Unos encauzados a reconocer que el puro español peninsular era lo que hablábamos, como nuestro idioma natural; y otros favorecedores del castellano que nació y consiguió en América su especificidad lingüística

Luce banal, en el presente, trenzarnos en un pugilato similar; porque, tal polémica ha sido superada y sus términos aclarados. Vale una breve explicación.

Al momento de mencionar el idioma o la lengua común de España, como también de muchas naciones de América y que además se habla como propia en otras naciones del mundo, resultan válidos y apropiados los vocablos castellano y español, indistintamente, según la preferencia del hablante. Da lo mismo decir que habla castellano o español.

Hay quienes recomiendan que se diga que hablamos español para no caer en confusiones con la lengua histórica (el castellano) que nació en el reino de Castilla, en la Edad Media.

Asimismo, agreguemos que la propia Academia apenas sugiere una determinada forma de construir los actos de habla, atendiendo al buen empleo del idioma; jamás la RAE impone a capricho las normas.

Cuando han sido necesarios los cambios y las transformaciones, la Academia ha tomado la iniciativa; dado que, nuestra Institución señera del buen hablar y escribir señala cómo es preferible que sea, y no cómo tiene que ser.

 

 

Guayana Esequiba: estrategias con racional optimismo.

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Comisión de Defensa del Esequibo y la Soberanía Territorial

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV)

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

 

El escrito contentivo de interposición de acciones de Guyana contra nuestro país lo conocemos en su totalidad.

Ha sido leído con precisión; analizado de manera  individual, como también  en las distintas reuniones y conferencias, en sus múltiples implicaciones; así además, me  he permitido  estudiarlo académicamente, para saber de qué estamos hablando en tal asunto controversial; por lo que debo decir—para conocimiento público-- que su  elemento más resaltante, concerniente a  Pretensión Procesal, se resume en  solicitarle  a la Corte Internacional de Justicia que confirme “la validez legal y efecto vinculante del Laudo Arbitral de París, dictado el 3 de octubre de 1899”; documento que siempre ha sido considerado por Venezuela como írrito y nulo. Calificaciones con las cuales hemos improntado, desde sus orígenes, a esta vergonzosa tratativa política-diplomática.

Ese “laudo” resultó inexistente, no nacido a la vida jurídica. Por lo que no ha adquirido nunca la validez ni la eficacia jurídica; y es – impensablemente—la Causa de pedir de la contraparte. Es nulo de nulidad absoluta.

El rechazo definitivo a la precitada decisión arbitral quedó consumado cuando la propia representación del Reino Unido (Michael Stewart) y de la Guayana Británica (Forbes Burnham) admiten y suscriben, junto con nuestro excelso canciller Ignacio Iribarren Borges el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966 (documento que arriba a sus 59 años de plena vigencia); en cuyo artículo primero destaca:

 “Se establece una Comisión Mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo practico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e irrito”.

Acaso se requiere una inteligencia superior para interpretar y concluir que el aludido “laudo” quedó invalidado, a partir de ese acto jurídico; y, por lo tanto, jamás debió considerarse oponible para efectos posteriores.

 No hay Causa que se haga obligacional o compromisoria – para nosotros-- de ninguna manera y para nada.

Frente a lo anteriormente descrito, prestemos atención a este otro detalle: nuestro país permanentemente ha querido solucionar este pleito entre Estados vecinos, acudiendo a las vías pacíficas directas (autocomposición) conforme a la normativa consagrada en el Derecho Internacional Público.

Sin embargo, nos conseguimos que la excolonia británica, con la cual sostenemos la centenaria contención, jamás creyó en las gestiones de los Buenos Oficiantes: McIntyre, Jackman, Girvan y Nylander quienes tuvieron a bien desempeñarse para arreglar la controversia.

Todo el trabajo de esos funcionarios fue saboteado desde la cancillería guyanesa.

Siempre entendíamos que sus respectivos gobiernos, de cualquier signo político-ideológico, en ningún momento prestaron la debida atención a las iniciativas de los mencionados Buenos Oficiantes, designados por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas; atendiendo al contenido, alcance e intención del artículo 33 de la Carta del precitado ente internacional:

“…Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección…”

Nótese que hay etapas establecidas en sucesividad hasta alcanzar la resolución del caso.

He sostenido que Guyana aguardó la ocasión, en una especie de emboscada jurídica, para demandar a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia; yéndose, directamente al “arreglo judicial”; contrariando el orden de prelaciones establecido en la citada norma, para zanjar el litigio.

 Lo digo, porque una vez que el actual Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, remite el caso a la Corte, el día 19 de enero de 2018; ya Guyana – con bastante antelación-- tenía preparada la demanda contra Venezuela, la cual consignaron el 29 de marzo del mismo año, todo urdido con premeditación y vileza.

En las distintas plataformas, medios de comunicación y conferencias en las universidades, nos preguntan, con insistencia ¿qué hemos hecho y en cuál situación nos encontramos hoy?

Para abreviar en la explicación, digo que Venezuela consignó en la Corte una Excepción Preliminar; acto procesal al cual tenemos derecho, en condición de parte demandada; para resistir y oponernos a la acción interpuesta en nuestra contra. Toda Acción trae en consecuencia una Excepción.

Una Excepción Preliminar es un mecanismo de defensa de los Estados; la cual es legítimamente admitida por la comunidad internacional y utilizada en algunas oportunidades en la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el artículo 79 de su Reglamento.

Hay suficiente base doctrinal y jurisprudencial al respecto.

La Excepción Preliminar entregada (y ratificada en las audiencias públicas por nuestra honorable delegación estuvo basada en formalizar serios cuestionamientos al burdo escrito presentado –unilateralmente—por Guyana.

¿Qué perseguíamos, en lo inmediato, con una Excepción Preliminar?

Que la Corte, en sentencia adelantada –de previo pronunciamiento que esperábamos – desestimara la demanda, porque constituye un fraude legal y procesal.

Con nuestra Excepción Preliminar nos permitíamos  advertir a la Sala Juzgadora que la situación es mucho más compleja de lo que la parte demandante ha hecho saber.

Debemos ser enfáticos en pronunciar con insistencia al mundo que no le estamos quitando las dos terceras partes del territorio de Guyana, como ellos “arguyen”, ante el Cuerpo Jurisdicente y en sus vocinglerías por los medios de comunicación a nivel internacional.

Nuestra nación ha sido la víctima, hace más de un siglo, de la usurpación perpetrada con mala fe y añagaza jurídica.

Nosotros tenemos enjundiosa documentación, en tanto títulos jurídicos y respaldo histórico y cartográfico: pruebas constituidas y constituyentes para demostrar que fue el Imperio Británico que nos usurpó y despojó, de una séptima parte de la geografía venezolana, mediante trampas a finales del siglo XIX; incluso tenían la aviesa intención de arrebatarnos hasta el Delta del Orinoco y una considerable parte del estado Bolívar.

Lo que hemos descrito, de manera somera – la demanda guyanesa contra Venezuela-- es lo que vergonzosamente ellos emprendieron; que pensaron que el mandado estaba hecho; que nos quedaríamos de brazos cruzados y bocas silentes.

 Resultó que la inteligencia nuestra ha analizado y puesto en ejercicio elementos extraordinarios de defensa; que, no obstante, la hemos asimilado con racional optimismo en este asunto litigioso, sin exageradas exultaciones.

Para el trayecto subsiguiente (alegaciones preconclusivas), nos corresponde fijar otras estrategias, que informaremos en su debida oportunidad. Entiéndase que como Política de Estado no todo puede darse a conocer públicamente.

Por lo pronto, lo que sí debe saber la población venezolana en general es que nos encontramos en jornadas de investigación documental, concienciación nacional permanentes; por cuanto, el juicio jamás se ha detenido.

 

 

Guayana Esequiba: advertidas las empresas trasnacionales

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

La inmensa área controvertida por nuestro legítimo costado este, señaladamente, siempre ha sido considerada contentiva de un extraordinario potencial por las reservas probables y probadas de los recursos petroleros, la calidad de los mismos; los incuantificables caudales de agua; las factibilidades para desarrollar sendos planes sustentables de generación de energía eléctrica, programas agroindustriales, mineros, maderero, piscícolas etc.

 

 Por otra parte, a la extraordinaria ubicación geoestratégica añádase   su proyección atlántica e interconexión con los países de Suramérica y con el resto del mundo.

Todo lo expuesto, de modo sucinto en el párrafo anterior, ha resultado apetecible, sin recato, para muchos países y empresas que han preferido dejar a un costado nuestros vínculos de amistad para unirse en enjambre y comparsa, con la finalidad de menoscabar los recursos venezolanos en esa zona que se encuentra en conflicto jurisdiccional por ante la Corte Internacional de Justicia.

 

Aunque luzca un poco exagerada la siguiente conjetura; por cierto, repetida con insistencia en muchos escenarios –-pareciera que condensa mucha verdad: “En el concierto de las relaciones internacionales, los países no tienen amigos sino intereses”. Dicha expresión (casi que axiomáticamente) ha cobrado plena vigencia en el presente pleito interestatal, del cual me he venido ocupando – académicamente-  desde hace casi cinco décadas.

 

Nuestros Justos Títulos tienen la autoridad de ser inconcusos; vale decir, reforzados con la certeza histórica-jurídica de su procedencia.

“Prior tempo, potior iure” (Primero en el tiempo, superior en el derecho)

 ¿Cómo obtuvimos esos Justos títulos?. Mediante una transparente y muy bien documentada y respaldada Cesión de Derechos de España; que la contraparte no podrá y ni tendrá nunca con qué rebatir.

 

Hemos sostenido que una vez trascendido esta difícil eventualidad de reclamo y reivindicación.  Digamos, una vez que hayamos recuperado la extensión territorial que nos han desgajado con alevosía y colusión de árbitros tramposos; procederemos, entonces, a colocar “las cosas” atinentes a las transnacionales en su verdadera dimensión.

Por distintas vías y de diversos modos se les ha avisado (para que caigan en cuenta cautelarmente) a los representantes de las empresas transnacionales que han venido recibiendo concesiones de explotación para esquilmar nuestros recursos en la extensión territorial que reivindicamos y en su respectiva proyección marítima, aún no delimitada.

 

 Se les ha avisado que están incurriendo en hechos irregulares con consecuencias sumamente graves.

 

También han sido advertidos, a través de nuestra Cancillería, que tales permisos y licitaciones serán revisados, analizados, restructurados; por cuanto, habrá una nueva recomposición operacional en el área (y en la completa zona terrestre y atlántica) que pronto será restituida a Venezuela; una vez que la Sala Juzgadora examine, en justo derecho nuestras pruebas, y proceda a sentenciar a favor de Venezuela.

 

Ya están advertidas las transnacionales que las concesiones recibidas son nulas y contrarias al derecho internacional.

 

Guyana ha irrespetado el contenido esencial del Acuerdo de Ginebra, que limita (y restringe) a las partes en la contención a atribuirse soberanía y/o explotar unilateralmente los recursos que en ese espacio se encuentren; hasta que haya una decisión sentencial de la Corte o una negociación directa, desde el punto de vista diplomático, o a través de otro medio.

 

No satisfechos con todo lo que han aprovechado hasta el presente en la Guayana Esequiba, luce vergonzosa la actitud del gobierno guyanés de seguir otorgando —recientemente-- permisos en bloques petroleros, ubicados en áreas marítimas que nos pertenecen históricamente y que no están en el pleito. Una descarada provocación.

 

Que sepan los representantes de las corporaciones que siguen operando ilegalmente en la “zona en reclamación” (nuestra Guayana Esequiba) y su correspondiente proyección atlántica que no desistiremos de denunciar los hechos irregulares que están cometiendo en connivencia con quienes le otorgan ilegítimamente esas asignaciones.

 

Atendamos también, con absoluta prioridad, que el Acuerdo de Ginebra firmado el 17 de febrero de 1966 ha sido siempre el único instrumento jurídico; plenamente vigente, con vigor jurídico donde está viva la controversia y pone en tela de juicio la supuesta “cosa juzgada” que invoca la contraparte en la demanda que nos hizo el 29 de marzo de 2018.

Guyana no ha tenido hasta la presente fecha cómo ni con qué soportar la causa de su pretensión procesal.