Guayana Esequiba: una sentencia congruente reafirmará credibilidad de la Corte

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua.

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

La delegación diplomática guyanesa pidió -reiteradamente- en las distintas fases procesales, en su Pretensión Procesal, que la Corte ratificara que el adefesio jurídico denominado Laudo de París, de 1899, constituyó una “liquidación completa, perfecta y definitiva” de todas las cuestiones relacionadas con la determinación fronteriza.

En otras palabras, aspiran que el Alto Tribunal de La Haya sentencie como Cosa Juzgada (res judicata) con base en los hechos que narró en su escrito la contraparte; por supuesto, sumamente interesada y a su conveniencia.

Sin embargo, en ninguna de sus comparecencias mostraron asidero con documentos que le confirieran fortalezas a sus peticiones. Nada de Nada.

Estuvieron anclados en “el laudo”, como único recurso, para hacerse con lo que jamás ha sido de esa nación.

A pesar de que nuestro país, como Estado-Parte, no había dado su consentimiento para que se llevara adelante tal Proceso jurídico; mucho menos haber suscrito –con antelación- cláusulas compromisorias de obligación, esta acción de juzgamiento jamás se paralizó.

Nuestra representación venezolana analizó permanentemente; y estuvo al cuidado del contenido del artículo (53) del Estatuto del Ente Juzgador; por cuanto, basados en el mismo, la Sala   puede resolver la controversia, así alguna delegación no se haga presente.

“Cuando una de las partes no comparece ante la Corte o se abstiene de defender su caso, la otra parte puede pedirle al tribunal que decida a favor de su demanda. Antes de emitir una decisión, la Corte tiene la obligación de verificar dos condiciones indispensables: Asegurarse de que tiene jurisdicción para conocer del asunto de conformidad con los artículos 36 y 37 del Estatuto. Comprobar que la demanda de la parte presente está bien fundada tanto en los hechos como en el derecho”.

Como ya se sabe, el Alto tribunal de la Haya el 18 de diciembre del año 2020 admitió su jurisdicción y competencia (en una resolución rara, pero inevadible) para proceder a conocer forma y fondo en este pleito, conforme a la demanda, contra nuestro país, interpuesta por Guyana; cuya pretensión procesal (contenida en su petitorio) nos resultó fácil componer el discurso  jurídico para  desmontarla; porque Guyana no pudo – en ningún momento- sostener histórica, jurídica o cartográficamente lo que pedía.

A pesar de lo descrito en el párrafo anterior, sus asesores les habían recomendado que, --como el caso contencioso se dirimiría por ante la Corte - deberían mantenerse en ese escenario, con la aviesa intención de procurar una sentencia rápida y sin más dilaciones, que les favoreciera.

 Agréguese allí una “ayudita” de algunos países y otros entes, caso de la Commonwealth y la Caricom.

Suficientemente es sabido que la Corte Internacional de Justicia cumplió con todos los trayectos procesales; a tales efectos, convocó para actos por separados a las delegaciones o coagentes de Venezuela y Guyana; configuradas ambas naciones como Partes en litigio en la controversia sostenida. Así se hizo.

Los gobiernos ingleses y guyaneses que han ocupado 159.500 km2, la séptima parte de nuestra soberanía por el costado este; fundamentalmente, a partir de Burnham hasta el presidente actual Irfaan Ali, en la obsesiva búsqueda de invocar la denominada Prescripción Adquisitiva (darle eficacia jurídica al desgarramiento perpetrado; intentando justificar por el tiempo en que allí han permanecido) sobre la extensión geográfica venezolana que nos arrebataron con vileza.

En esta ocasión, pretenden que sea la Corte que   falle a su favor; aunque no poseen el más mínimo respaldo titulativo de dominio y soberanía.

Debemos suponer que en el juicio que se sigue en la Corte – en espera de una pronta sentencia- no sólo debe importar la narratología de los hechos sino también el contenido en estricto derecho para determinar su corrección. Para hacer justicia con congruencia en el fallo jurisdiccional.

El concepto jurídico y Principio de la Efectividad ha sido discutido en relación al título sobre un territorio; donde el Derecho Internacional ha marcado la preferencia del título jurídico por encima de la ocupación o la posesión ilegítima.

Por lo pronto, atendamos a la siguiente observación/pregunta: ¿cómo observa el Derecho Internacional las efectividades en el establecimiento de las fronteras?

La Corte ha decidido en una serie de sentencias, que han creado jurisprudencias, que un Título Jurídico preexistente (como en nuestro caso con la Real Cédula de Carlos III, de 1777, cuando crea la Capitanía General de Venezuela) prevalece sobre una administración del territorio en controversia, por parte de otro Estado.

Un Estado puede completar, pero no contradecir el título jurídico preestablecido.

Las fronteras han tenido, por su propio ámbito de aplicación, una relación estrecha con la cartografía.

Este es otro punto de nuestro aprendizaje.

Prestemos mucha atención a lo siguiente. La propia Sala sentenciadora de la ONU, ha dictaminado siempre que las cartografías constituyen elementos auxiliares en una controversia interestatal.

Los mapas suelen jugar un rol importante, ya sea como integrante del tratado que se aplica al caso concreto; o porque muestran una forma de interpretar la intención real de las Partes, y pueden servir de prueba auxiliar o confirmatoria de aquélla.

La Corte siempre ha   dictaminado que un mapa anexo a un título jurídico es un elemento complementario del cual forma parte integral.

La Corte sentó la jurisprudencia que la cartografía alegada por un Estado-Parte, en un proceso de litigación, constituye, ciertamente, una expresión física de la voluntad del Estado concernido.

La Sala decidió que, en las delimitaciones fronterizas, los mapas condensan (representativamente) interesante información que coadyuva a dilucidar los títulos territoriales por sí solos. Son pruebas extrínsecas, que pueden usarse, junto con otras, para determinar los hechos reales.

Guyana no posee referentes acreditables de títulos, de mapas o de trascendencia histórica sobre la extensión territorial que ocupa.

 Así entonces, aguardamos porque los honorables magistrados determinen sentencialmente con congruencia; es decir, que haya una relación lógica y proporcional con las pretensiones, los hechos expuestos con base en la diacronía posesoria y las defensas fundamentadas que plantearon las partes en el proceso.

 

 

 

 

 

Guayana Esequiba: pedir sentencia por nuestra restitución no implica deshonestidad

  Dr. Abraham Gómez R.

 Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

 Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

 Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

 Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Aunque algunos sujetos internacionales y países (hasta ayer amigos de Venezuela) se pronuncien en respaldo a Guyana --por marcados intereses económicos, sin dudas-- nuestra contención siempre ha tenido suficiente asidero jurídico, cartográfico e histórico; y la fortaleza moral de asumir que estamos pidiendo, en justo derecho, la restitución de lo que siempre ha sido nuestro.

Nunca hemos tenido la predisposición ni intención de quitarle a la contraparte guyanesa lo que verdaderamente les corresponde.

Digamos lo que “negoció” el Reino Unido con los Países Bajos.

Dos colonias, denominadas Berbice y Demerara (49.000 km2) al este del río Esequibo. Nada más.

Tal extensión territorial fue lo que heredó la que, para entonces, se denominaba Guayana Británica; hoy República Cooperativa de Guyana.

Tuvimos la ocasión procesal, a lo largo del juicio, de mostrar y demostrar lo anteriormente expuesto.

 

Así entonces, a escasas semanas de escuchar el dictamen de la Sala Juzgadora, aspiramos a que pronuncie una sentencie congruente con los justos títulos traslaticios que nos respaldan.

 

Los reclamos de restitución que hemos sostenido, desde hace más de un siglo, no están anclados en una malcriadez diplomática o en algún capricho nacional y menos en empecinamientos injustificados.

 

A lo largo del Proceso, llevado en La Haya, siempre estuvimos dispuestos –razonablemente—a repensar y a analizar (una y muchas veces) cómo   rediseñar las mejores estrategias a que hubo lugar para que se cumplan los objetivos de reivindicación venezolanista. Para que los honorables magistrados se percataran de la realidad fáctica y jurídica de lo que ha constituido la esencia de nuestra reclamación.

 

Que estemos claros que no se trata de una simple ilusión; sino de una determinación histórica con fundamento; de lo cual se encuentra enterada la contraparte que, por supuesto, sabe que somos poseedores de los documentos que nos acreditan el dominio absoluto sobre la extensión territorial que ellos han venido ocupando y usufructuando ilegal e ilegítimamente.

 

La delegación venezolana que, en varias ocasiones, compareció por ante la Corte tenía todo el derecho -en nombre de nuestro Estado- para incoar una demanda o instaurar un juicio en paralelo contra quien nos ha demandado. Todo, relacionadamente, en el mismo proceso. Y no lo hicimos.

 

También, nos hubiéramos decidido por solicitar medidas cautelares, para pedir la paralización de las operaciones de las transnacionales. Y no lo hicimos.

 El Jurado Sentenciador -- en pleno y justo derecho—se obligaba a admitir ambas solicitudes, arriba citadas.

Cabía –perfectamente- el caso de la acción reconvencional; porque existía absoluta conexidad entre nuestras pretensiones en nueva litis y las que ya han sido identificadas objeto de la demanda principal, introducida y ratificada por la contraparte.

 

La Sala, que tramita en juicio el fondo de la controversia, hubiera pasado a conocer también –por economía procesal— nuestra causa petendi en reconvención (con solicitudes recientes), de signo diferente, ampliadas e incontrovertibles, cuya finalidad procuramos que concluya con Resolución congruente, donde se haga justicia a nuestro país.

 Venezuela continúa esperanzada en la negociación directa con Guyana; con la exclusiva finalidad de alcanzar una solución satisfactoria para ambas naciones, conforme al Acuerdo de Ginebra; por esas razones no activamos las medidas precautelares ni intentamos un juicio reconvencional.

 

Hemos valorado conjeturas, recíprocamente, con gente pensante que ha dedicado mucho tiempo a este asunto.

Nos mantenemos en contacto y expectantes por la decisión sentencial que pueda tomar la Corte, en las próximas semanas.

Sin embargo, reconocemos que también hay quienes andan por ahí sin prestarle ningún cuidado a nuestra reclamación – no han manifestado el más mínimo interés en el tema--; cuya actitud es de los que únicamente ven transcurrir las cosas con indiferencia o displicencia. No hay forma ni manera de motivarlos. Peor aún, prefieren que sea el gobierno que busque cómo salir de este embrollo fronterizo. Les resbala lo que pudiera suceder.

Otros que se encuentran demasiados imbuidos de pesimismo; y creen que nuestra nación no obtendría una sentencia satisfactoria en la mencionada Sala Juzgadora; dentro de un amplio espectro de posibles alternativas para tal  Fallo judicial.

 

Con todos los especialistas en esta contención --con quienes hemos intercambiado criterios de los probables acontecimientos subsiguientes-- coincidimos en señalar que hay que reflexionar “en frío” la posible reacción de Venezuela ante la determinación que tomará la Corte, en breve.

 Hay que dejarse de “actitudes retrecheras o soberbias”.

 

Los delegados del oficialismo, responsabilizados para este delicado caso litigioso, hoy más que nunca, deben obligarse (y abrirse) a consultar a expertos y estudiosos para concordar la más idónea y conveniente posición estratégica que asumiría el Estado venezolano.

 

Podemos jugar, simultáneamente, en dos tableros: pendientes para dar respuestas oportunas y contundes, por las incursiones armadas en nuestra extensión atlántica; también, la salida conversacional directa con la contraparte (privilegiando lo transigible y conciliable).

No obstante, la descarada entrega que hace Guyana de concesiones –inconsultas y unilaterales-- a las empresas transnacionales; con lo cual pretenden, sibilinamente, “hacer valer o crear derechos de soberanía”.

 

Lamentablemente, ya se ha aceptado como una verdad que, en el concierto de las relaciones internacionales, los países no tienen amigos sino intereses.

Por eso estuvo toda la semana pasada el presidente guyanés visitando y pidiendo apoyo de Colombia y Brasil.

Hay quienes se atreven a ser explícitos en sus consideraciones – no exentas de polémicas—que las verdaderas fronteras son políticas y económicas y no jurídicas.

 

En los últimos años, precisamente, esta zona está siendo considerada de un extraordinario potencial por las reservas probadas y calidad de los recursos petrolíferos, la ubicación geoestratégica y su proyección e interconexión con los países de Suramérica.

 

La Guayana Esequiba constituye un territorio con incalculables riquezas mineras, hídricas, forestales, energéticas, edafológicas, gasíferas, petroleras etc. Territorio muchísimo más grande que algunos países europeos, asiáticos y centroamericanos.  Con extraordinario potencial de desarrollo sostenible.

 

 

 

 

La educación en Venezuela no está para demagogias ni babosadas

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

 

Parece un atrevimiento teñido de audacia que escrutemos a la Educación desde sus interioridades.

Eso es lo hermoso, aunque produzca vértigos.

Quiénes más sino nosotros para reconocer, luego de cualquier diagnóstico descarnado, que nuestra Escuela, ampliamente considerada en sus distintos niveles y modalidades, ha devenido en una estructura-institución desacoplada de las realidades, desactualizada para los presentes y exigentes    tramos epocales.

No hay excusa que valga para quienes somos hechuras y estamos comprometidos con la academia; pretender escurrir el obligado debate y la plural confrontación que abra horizontes y despliegue nuevas miradas por el futuro de la Escuela y la Educación en Venezuela.

Una primera aseveración con la cual iniciamos estas reflexiones -que con seguridad muchos compartirán- es creernos que porque se ha incrementado - tímidamente- el uso de tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya hemos entrado en la educación del futuro.

 

El informe más actualizado que tenemos (de Consultores 21 S.A.) sobre la cobertura del servicio de comunicación vía internet en el país apenas abarca a un 61,6% de los hogares.

De allí, podemos colegir que hay un 38,4 % de hogares, con niños y jóvenes en edades de escolarización, que se han quedado rezagados, discriminados; que hasta ellos no llega la tan mencionada educación tecnologizada o bajo cualquiera otra modalidad virtual.

 

No se requiere ser demasiado inteligente para conocer, de modo crítico, que la Educación, considerada y admitida en la contemporaneidad en tanto un Derecho Humano universal, al parecer se ha convertido en una preeminencia de las familias que tienen y están en mejores posibilidades y condiciones que otras.  Inaceptable y absurdo.

 

Se ha considerado que Finlandia posee el mejor sistema educativo del mundo; sintetizado en que el objetivo fundamental consiste en que todos puedan recibir una educación de calidad independientemente de los ingresos de la familia y se convierta en un ciudadano activo.

Además, Finlandia está reduciendo el uso de pantallas en las aulas y reintroduciendo los libros de texto en papel y la escritura a mano.

Esta transición responde a una disminución en el rendimiento académico y a la evidencia científica que respalda los beneficios del papel y el lápiz en la concentración y la comprensión lectora.

 

En Venezuela, por su parte, en un interesante estudio reciente de CECODAP, conseguimos expresiones con el siguiente contenido:

 “Algunos docentes manifiestan las ganas de volver a las aulas, todos los días de la semana. Sienten que hay días en los que las emociones están fuera de control, en lo que la parte de no socializar permanentemente, de no tener ese contacto físico en el proceso de enseñanza-aprendizaje les ha afectado. Hace falta el aula a tiempo completo. La tecnología nos ha distanciado. No existe ese contacto de tú a tú. No tener ese niño al frente, poder escucharlo directamente, compartir con ellos, todos los días”

 

A pesar de lo que acabamos de describir brevemente, conseguimos a quienes, sin el menor recato, se atreven a presumir de que en Venezuela tenemos   una extraordinaria educación internacional. Solo que tal falsa elucidación se desmorona cuando nos toca compararnos con los procesos educativos que se desarrollan en otros países. Las pruebas PISA, por ejemplo.

 

Sí, tristemente esa es nuestra realidad. Se nos ven las costuras por las limitaciones y demás “falencias” al momento de contrastar nuestros indicadores de Calidad Educativa con los resultados de las Pruebas Pisa (Programme for International Student Assessment). que es el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, la cual se aplica en estos momentos en 91 países.

 

Entendemos que las políticas educativas son diferentes en las naciones; que responden a las propias especificidades de cada país; al tiempo que asumimos que la administración del   sistema educativo debe fomentarse y desenvolverse como Política de Estado y no como instrumento ideologizante provechoso de los gobiernos.

 

Al finalizar un período escolar y comenzar otro se develan bastantes carencias de planificación, limitaciones programáticas y metodológicas en nuestras escuelas.

 Reconozcamos con honestidad que la dinámica de realidades externas lleva un ritmo de aceleración superior en todo, valga decir hasta para la construcción de conocimientos.

 Así, como la tenemos ahora, la Escuela muy poco aportaría para propender a la sociedad de la creatividad y la innovación.

 

No es suficiente una declaración oficial –que luce señuelo —, y que   según todo viene dado para fortalecer nuestro sistema educativo:

“…El 93% de escolaridad en Venezuela ratifica la inclusión del pueblo en un sistema educativo público, humano, liberador, gratuito y de calidad. Las misiones educativas avanzan en el marco del Plan de la Patria 2026…”

 

Aparte de confundir escolaridad con educación, el enunciado anterior constituye un aseguramiento demasiado grueso que requiere metabolizarlo para darle su justa respuesta y lugar.

 

Una de las premisas que hemos sostenido, quienes abrigamos nuestras esperanzas de transformación de las sociedades a través de la Escuela y la Educación, estriba en que hay que deslastrarse de ideologías fracasadas; debemos enseñar   sólidamente.

Obvio que la incorporación de todos los elementos y modernidad tecnológica comportan un recurso necesario, en estos tiempos, pero no es suficiente.

Valoremos además que la indelegable presencia del docente, educando con amorosidad (Maturana, dixit), señala y marca los destinos de los estudiantes desde el preescolar hasta la universidad.

Cuántas veces el docente puede ahorrarle al estudiante, de cualquier grupo etario, años de sufrimiento y frustración sólo con una palabra amable, un gesto de identificación, la ubicación en su mismo plano de aprendizaje, con orientaciones oportunas y eficientes.

 

Pero también, prestemos atención que un educador con la autoestima baja, mal remunerado como el nuestro, tanto en dinero como aliciente vocacional, jamás podrá dar a los otros lo que él mismo está necesitando como el aire que respira.

 

La Escuela debe estar comprometida con la sociedad. Participar, sin limitaciones y con   sentido crítico, a aportar soluciones constructivas a los problemas que   afecten significativamente su contexto.

 

 

 

 

 

Guayana Esequiba: una ocupación cuestionada nunca confiere dominio ni soberanía

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

 Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Hemos dejado sentado, desde siempre, que no le estamos quitando nada a nadie; por cuanto, la Guayana Esequiba histórica y jurídicamente siempre nos ha pertenecido.

Venezuela tiene los Justos Títulos traslaticios que confieren carácter posesorio sobre los disputados 159.500 km2 y su proyección atlántica, desde el 8 de septiembre de 1777, con la Real Cédula de Carlos III, al crearse la Capitanía General de Venezuela; donde quedaron integradas las provincias de Caracas, Maracaibo, Nueva Andalucía (Cumaná), Guayana hasta el río Esequibo, Margarita y Trinidad.

Así nacimos ante el mundo, como Capitanía General con una extensión territorial delimitada con absoluta precisión, hasta la mitad del río Esequibo.

Los gobiernos que ha tenido Guyana, de cualquier signo político; ya sea del partido Indo guyanés, denominado  el Partido del Progreso Popular (PPP), de Cheddi Jagan o el afroguyanés, el Congreso Nacional Popular (CNP), de Forbes Burnham o el actual en el gobierno de Irfaan Ali;  aunque se antagonizan entre ellos para muchas cosas; no obstante,  coinciden en el desacato al contenido y aplicación del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966; con toda certeza, el único instrumento jurídico que tenemos donde queda plasmado el reconocimiento del ardid tramposo en nuestra contra con el Laudo Arbitral de París de 1899.

 Acuerdo de Ginebra que auguramos que la Sala Juzgadora de la ONU acredite, en justo derecho, en las próximas semanas, cuando le corresponda emitir la congruente sentencia definitiva sobre este caso litigioso.

Los ingleses en su momento y los guyaneses ahora insisten en el error histórico de desconocimiento de la propiedad que tuvo España en el inmenso territorio delimitado en la margen izquierda del río Esequibo.

Los ingleses perpetraron vulgares actos de Ocupación (que no Posesión), para crear asentamientos poblacionales en la Guayana Esequiba con migraciones forzosas traídas por ellos desde África, Asia y varias partes del mundo, para ocupar, hacerse de esa área a la fuerza.

Explicamos. Todo acto de Posesión lleva implícitos factores característicos inevadibles ; los cuales confieren a tal hecho especificidades, que son condicionantes exigibles; los cuales   se describen de la siguiente manera: 1.- la Posesión debe ser pacífica, 2.- un evento público del conocimiento generalizado; 3.- debe prevalecer la buena fe; 4.- improtestada; 5.- que nadie vea lesionado su patrimonio.

Si se actúa así, la Posesión queda protegida jurídicamente y genera la posibilidad para invocar,   ulteriormente- el Principio de Adquisición por Prescripción.

Los ingleses no hicieron Posesión sino Ocupación.

En ningún momento cumplieron con las condiciones que deben tomarse en cuenta que categorizan una Posesión (arriba citadas).

De tal manera, que no debemos tener ningún temor; porque poseemos todos los elementos probatorios: socio-históricos, cartográficos, políticos y jurídicos, los cuales nos avalan, asisten y respaldan satisfactoriamente; y conforman un legajo de Títulos (incontrovertibles e irrebatibles) importantes que nos permitimos explayar en las fases procesales del juicio, en el Alto Tribunal, cuando correspondió.

Heredad de la cual nos enorgullecemos; por cuanto, la alcanzamos en cruentas batallas por la Independencia de Venezuela.

Constituyeron nuestros registros materiales (elementos de convicción) que expusimos en mesas de discusión frente a los pares guyaneses.

Nuestros documentos soportan, además, cualquier discernimiento y propician el desmontaje de la vileza de la cual fuimos objeto.  Documentos Iuris et de Iure. Es decir, no admiten pruebas en contrario.

Hemos sostenido y propalado que este es un asunto que va mucho más allá de los gobiernos.

A lo interno de Venezuela, hay que seguirle dando tratamiento de Política de Estado.

La delegación de nuestra Cancillería entregó, en su debida oportunidad, el Memorial de Contestación de la demanda que nos ha incoado la excolonia británica.

Consignamos también las respectivas alegaciones por ante la Corte Internacional de Justicia, en Sala plena.

Jamás hemos esquivado la confrontación jurídica en el Alto Tribunal de La Haya; porque el acervo de probanza nos favorece irrefragablemente.

Otro aspecto, no menos importante, es que la Parte guyanesa violentó la sucesividad que contempla el artículo (33) de la Carta de las Naciones Unidas, para la solución de pleitos entre Estados que pueda poner en peligro la paz de ambos y de la región.

La sucesividad significa que deben irse agotando las siguientes fases: la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.

Ellos se fueron directamente, al arreglo judicial, sin utilizar la figura del arbitraje, que es posible todavía darle vigencia; o regresar a la negociación directa; como también, apelar a un nuevo Buen Oficiante.

Por encima de las circunstanciales (y estructurales) separaciones ideológicas, políticas, sociales, económicas, religiosas o de cualquier otro tipo en que nos encontramos este caso debemos encararlo unidos.

Estamos conscientes del difícil trance que atraviesa el país; sin embargo, asumamos que primero que todo está nuestra venezolanidad. Que, además, para pedir la restitución de lo nuestro  ante la Corte,  debemos alzar una sola voz al unísono.

 

 

 

 

Guayana Esequiba: ¿podrá haber, para tal litigio, una solución extrajudicial?

Dr. Abraham Gómez R.

 Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

 Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

 Miembro del Institutito de Estudios Fronterizos de Venezuela

 Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Hasta el día de hoy, ya casi en espera de una posible sentencia –entre varias alternativas-, la excolonia británica no posee el menor asidero histórico, cartográfico, ni jurídico de lo que en el escrito de demanda han solicitado (y sostuvieron en las fases procesales) por ante la Sala Juzgadora de la Organización de las Naciones Unidas.

A pesar de que nuestro país, como Estado-Parte, no había dado su consentimiento para que se llevara adelante tal Proceso jurídico; mucho menos haber suscrito –con antelación- cláusulas compromisorias de obligación; esta acción de juzgamiento no se habría   paralizado por desaparición premeditada de uno de los concernidos directos. Y que incluso, de acuerdo con el artículo (53) del Estatuto de la CIJ, puede haber resolución sentencial, así alguna delegación no se hubiera hecho presente.

Por supuesto, para resolver en ausencia de alguna representación estatal; aunque invoque no comparecencia, la Corte estaba obligada antes a examinar muy bien los contenidos de los artículos 36 y 37 de su propio Estatuto, para asegurarse “de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho”.

 Ya ese camino ha sido transitado.

Cuando tuvimos la ocasión de recorrer el país – a casi todas sus universidades—para dictar la conferencia, “Guayana Esequiba: litigio histórico y reivindicación en justicia”, nos agradó el inmenso interés que la mencionada controversia ha despertado y concitado en bastantes sectores de la población venezolana.

Como nunca, la gente desea explicaciones sobre lo acaecido en contra de Venezuela, el día 03 de octubre de 1899, y suscrito en la írrita y nula resolución denominada Laudo Arbitral de París.

Hemos venido haciendo –con detenimiento y objetividad-- en cada exposición discursiva un análisis crítico del vil despojo del cual fuimos víctima hace más de un siglo, mediante la citada tratativa perversa de talante político-diplomática, por parte de los imperios de entonces.

En la mayoría de estos intercambios de opiniones en las universidades y otros organismos o a través de la red y los medios de comunicación se nos hace la misma pregunta:

¿Por qué estábamos obligados a discernir con la contraparte por ante la Corte Internacional de Justicia?

Porque ese es el escenario jurisdiccional donde los Estados con pleitos por límites dirimen sus respectivas controversias.

Porque, además, no teníamos ningún temor en ratificar ante ese Alto Tribunal que la precitada tratativa perversa, armada hace 127 años, es desmontable; al tiempo que   develable su mala fe e intención.

Razones sobran.

Veamos, entre otras.

En las discusiones que luego concluyeron por escrito con ese adefesio llamado laudo arbitral no hubo participación de Venezuela.

El Fallo no posee motivación, con sentido lógico, razonado ni fundamentación en derecho aplicable al caso.

La decisión arbitral incurrió en incongruencia sentencial; con apreciables vicios de ultra petita y ultra vires.

Hubo indisimuladas manifestaciones de colusión (componenda político-diplomática de las potencias de entonces).

Quien fungió de presidente del cuerpo arbitral resultó ser un vulgar prevaricador.

Se omitió adrede el Principio del Utis possidetis Iuris -como has poseído en derecho seguirás poseyendo- (el cual nos favorecía desde el punto de vista histórico-jurídico).

No hubo Investigación de orígenes históricos, cartográficos ni de nuestros Justos Títulos Traslaticios: la Real Cédula de Carlos III del 8 de septiembre de 1777, con la cual se crea la Capitanía General de Venezuela, donde se fija nuestra legal y legítima extensión territorial. La que, desde entonces, siempre nos ha correspondido.

Tampoco admitieron el “Tratado de Paz y Amistad entre España y Venezuela” del 30 de marzo de 1845, a través del cual España nos reconoce la Independencia y reafirma, en nuestra condición de naciente República, la extensión territorial, cuyo costado este llega hasta la mitad del río Esequibo.

La tramposa comisión arbitral tampoco  examinó el “Acuerdo de delimitación por cuencas” entre Brasil y Venezuela de 1859.

A todo lo anteriormente señalado lo excluyeron (porque no les convenía colocarlos como objeto de análisis en la mesa de discusión). Les pasaron por encima.

Siempre hemos poseído irrebatibles pruebas documentales directas, de pleno derecho.

No obstante, a la deleznable determinación arbitral que se perpetró en 1899, Venezuela se ha mostrado dispuesta a alcanzar una “solución práctica y satisfactoria para ambas naciones”, con base en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966; único documento con pleno vigor jurídico.

Deseamos que la Corte Internacional de Justicia, dentro del abanico de alternativas sentenciales para resolver definitivamente esta contención, en noviembre, inste a las partes a convenir en una negociación directa.

 

 

 

Guayana Esequiba: a pesar del alevoso arrebato que nos perpetraron, dialoguemos.

 Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

Desde que la excolonia británica accionó la demanda contra Venezuela, por ante la Corte Internacional de Justicia, han dejado sentado en su escrito, como pretensión procesal, que la Sala confirme “la validez legal y efecto vinculante” del írrito y nulo Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899.

No han tenido remilgo los coagentes guyaneses para pedir en el señalado proceso judicial que tan Alto Tribunal declare en la esperada sentencia, en noviembre, que la decisión del laudo constituyó una “liquidación completa, perfecta y definitiva” en todas las cuestiones relacionadas con la determinación de la línea fronteriza entre la extensión territorial que nos desgajaron.

En concreto, además – por si fuera poco- piden ante tan digno Cuerpo jurisdiccional   que se deje sentado lo anteriormente descrito, como Cosa Juzgada (res judicata)

Han dicho, sin escrúpulos, que la cuestionada "sentencia arbitral”, ha sido ejecutoriada por nuestro Estado, y que también, tal hecho conlleva implícito los elementos impeditivos de impugnaciones.

Desde que se conoció la vil tropelía perpetrada contra Venezuela no escatimamos circunstancias ni tiempos para adjetivar, de manera enfática, que la citada tratativa política-diplomática fue un arreglo tramposo, urdido entre ingleses, estadounidenses y el ruso De Martens; por lo tanto, dicha   maniobra nace viciada de forma y fondo y sin eficacia jurídica.

 Por tal carácter nunca ha sido admitida como Res Judicata. No es oponible a nada en ningún momento.

 Siempre la hemos considerada de nula de nulidad absoluta.

La Corte Internacional de Justicia ha ponderado razonablemente prioritario y necesario, que ese Tribunal debe estar informado de todos los motivos de hecho y de derecho, en el que las partes se basaron sus alegatos en lo que atañe a su competencia y jurisdicción en este específico caso.

Así entonces, consecuencialmente, la Corte fijo, en varias ocasiones, las audiencias respectivas, para cumplir los trayectos procesales del juicio.

Las Partes conflictuadas presentaron sus correspondientes escritos.

Efectivamente así se hizo, por ambos lados.

Inclusive, Guyana introdujo una moción addendum sin basamento alguno; cuyo contenido apuntaba a que Venezuela pudiera ser sentenciada en ausencia, en caso de invocar la no comparecencia.

Ese ardid lo desmontamos, con suficiente inteligencia.

Por nuestra parte, los delegados de la Cancillería venezolana, en todas ocasiones que han comparecido por ante la Corte han insistido avenirse al contenido exacto (nomen juris) del Acuerdo de Ginebra de 1966.

Lo ratificamos de muchas maneras; por cuanto, es el único documento válido, con pleno vigor jurídico, para alcanzar una solución satisfactoria para ambas naciones

Nosotros manejamos el criterio de que la controversia, ya centenaria, por la Guayana Esequiba, puede arreglarse (aún en medio del presente trance judicial) mediante la negociación directa, que es en sentido estricto un recurso legítimo y admitido, para esta contención, conforme al artículo (33) de la Carta de las Naciones Unidas.

Nos llama la atención que siendo, como lo volvemos a mencionar, un asunto de Estado en algunas ocasiones percibimos cierta opacidad y displicencia por parte de quienes manejan la Política Exterior en nuestro país.

Entendemos que no todo deba debatirse a luz pública; sin embargo, admitida la “Diplomacia Abierta”, según las bases teóricas de Woodrow Wilson, hay elementos fundamentales que la la población debe conocer con anticipación, para que aflore un despertar de conciencias y solidaridades.

Hemos insistido en advertir que no es poca cosa la Pretensión Procesal de Guyana; y detrás de ellos, incontables empresas transnacionales en una lúdica de intereses de múltiples aristas.

Guyana se la está jugando completa, según el discurso del presidente Irfaan Ali en la ONU, hace una semana, conjuntamente con su gabinete ejecutivo y el designado equipo de asesores.

Nuestra observación tratamos, con plena claridad, de contenerla en los siguientes términos: hipotéticamente, si se produce u ocurre una determinación sentencial de la Corte Internacional de Justicia que ratifique el daño que se nos ha causado, se provoca otra irreparable lesión histórica.

Por lo que, Venezuela reitera su invitación al diálogo directo con la República Cooperativa de Guyana, como único camino para sentar bases sólidas y estables para la buena vecindad, cooperación, desarrollo económico compartido y la promoción de la inversión en la región. 

El "arreglo jurídico" por la Guayana Esequiba, cuya contención se dirime en la Corte, está aún dentro del control de las autoridades del Ejecutivo Nacional. Habla por sí misma, en espera de muchas más actividades de concienciaciòn, a lo interno de Venezuela; asimismo, más puentes tendidos hacia la contraparte para alcanzar un diálogo directo y productivo.

Las generaciones presentes y futuras no tolerarán torpezas o desidias en este caso de reafirmación nacionalista, de tanta trascendencia.

Nuestra reivindicación por la Guayana Esequiba está manifestándose – todavía- a tiempo para que se evite alguna salida deleznable.

 

 

A propósito del reciente comunicado de nuestra Cancillería

Leímos y analizamos con detenimiento --objetiva y respetuosamente-- unas declaraciones atribuidas al Dr. Félix Plasencia, en su condición de ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, del 26 de septiembre de 2026, en cuyo contenido se puede apreciar:

“El país desconoce de manera firme la competencia de la Corte Internacional de Justicia para dirimir esta centenaria controversia territorial. Las autoridades venezolanas no acatarán ninguna decisión que emane de esa instancia. La administración venezolana sostiene que cualquier dictamen de la Corte Internacional de Justicia violaría el Acuerdo de Ginebra de 1966. Este tratado histórico se mantendrá como la única base normativa aceptada para alcanzar un entendimiento entre las partes. Las autoridades diplomáticas sostienen que la negociación bilateral directa constituye el camino legal y legítimo para resolver el diferendo. Cualquier intento de imponer una resolución unilateral resulta inaceptable para la soberanía del Estado. Por esta razón, la vía judicial abierta en la Corte Internacional de Justicia carece de validez y reconocimiento para el país. El Estado venezolano continuará promoviendo el diálogo entre ambas naciones como la solución verdadera. La controversia sólo podrá solucionarse mediante acuerdos mutuos y respeta el espíritu pacifico del tratado original”.

Hemos defendido (en mi caso particular) a lo largo de casi medio siglo nuestra Guayana Esequiba; y hoy más que nunca decimos que nos mantenemos anclados, procesalmente, en todo nuestro irrefragable e incontrovertible acervo de probanza; el cual hemos consignado en las distintas audiencias y comparecencias por ante la Corte Internacional de Justicia.

Nuestros elementos de convicción muestran y demuestran que la Guayana Esequiba es nuestra histórica, jurídica y cartográficamente.

También estamos conscientes que asistir, comparecer, exponer  el memorial de contestación de la demanda, accionar medidas preliminares, alegar en su debida oportunidad, nombrar agente, coagente y juez ad-hoc comportaba – per se- consentimiento del juicio.

Los honorables magistrados saben que acaudalamos los elementos de acreditación; así también, la contraparte guyanesa está clara que es muy difícil que la excolonia británica pueda salir favorecida, en este juicio que ellos provocaron, de manera unilateral; porque no tienen cómo ni con qué.

Recordemos que el Alto Tribunal de La Haya se autoconfirió jurisdicción y competencia, el día 18 de diciembre de 2020, para conocer forma y fondo sobre el caso confrontado entre Venezuela y Guyana.

Aunque se halle contemplado en el artículo 36 de su Estatuto, la anterior determinación de la Corte nos lució escabrosa y rara. Veamos:

“La competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes. Los Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación. En caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá”.

 Y la Corte decidió. Se autoimpuso tal jurisdicción y competencia.

Visto así los hechos y todo cuanto se ha venido desarrollando, cabe aquí una interesante y extensiva pregunta.

¿Cómo saber con antelación lo que la Corte va a sentenciar dentro de un amplio abanico de posibilidades?

Modestamente, nos permitimos resumir las opciones a través de las cuales discerniría la Sala; para escoger una entre varias posibilidades solucionadoras de esta centeneraria controversia.

Expliquemos las alternativas alcanzables para zanjar jurisdiccionalmente la conocida disputa interestatal.

1.- El Cuerpo Juzgador puede dar por buenas y propias, en su Fallo, algunas de las salidas que contempla el Acuerdo de Ginebra, del 17 de febrero de 1966; y llamar a los concernidos a una negociación directa; para alcanzar una solución “práctica y satisfactoria para las dos naciones”.

“….Convencidos de que cualquiera controversia pendiente entre Venezuela por una parte, y el Reino Unido y Guayana Britànica por la otra, perjudicaría tal colaboración y debe, por consiguiente, ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes ; de conformidad con la Agenda que fue convenida para las conversaciones gubernamentales relativas a la controversia entre Venezuela y el Reino Unido sobre la frontera con Guayana Britànica, según el Comunicado Conjunto del 7 de noviembre de 1963, han llegado al siguiente Acuerdo para resolver la presente controversia” (Preámbulo del Acuerdo de Ginebra).

2.- La Corte puede ordenar en su Decisión Sentencial reponer el caso, para una nueva Comisión Arbitral (para que aplique lo que debió hacerse, originalmente, fundamentados en el uti possidetis juris) con base a lo que ordena el Tratado de Washington de 1897.

Esta opción se conoce como ucronía.

3.- La Corte puede anular, de pleno derecho, el adefesio denominado Laudo Arbitral de París, del 3 de octubre de 1899; y conceder la razón total y legitimidad plena a Venezuela sobre los 159.500 km2. en disputa; reconociendo su propiedad, con motivación y fundamento en el acervo de probanza que nuestro país consignó en los distintos trayectos procesales. (¿Qué haríamos, entonces, siendo esta la decisión de tan Alto Tribunal?)

 4.- La Corte puede decidir en su sentencia la habilitación de una figura y principio válido en el Derecho Internacional denominado cosoberanía. Vale decir, la configuración paritaria del dominio y autoridad de ambas naciones sobre esa extensión territorial.

La cosoberanía ha funcionado -con normalidad- en otras regiones del mundo que estuvieron disputándose espacios. Casos del Golfo de Fonseca entre Nicaragua, Honduras y El Salvador; asimismo el Lago de Constanza entre Suiza, Alemania y Austria.

5.- La Corte puede validar y acreditar el contenido y alcance del Laudo Arbitral de París. Cerrar el pleito allí. Esa es la pretensión procesal de Guyana.

6.- La Corte puede reenviar el caso al secretario general de la ONU para que continúe explorando una vía de solución, conforme al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas:

“Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección”.

7.- La Corte puede apelar a una determinación ex aequo et bono (decisión por lo bueno y equitativo); conforme al artículo 38 de su Estatuto; siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo, al respecto:

“La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren”.

En fin, hay una gama considerable mediante la cual el Ente Sentenciador puede discutir, objetivamente y en justo derecho, antes de dictar el Fallo definitivo sobre este asunto litigioso.