Guyana Esequiba: cualquier omisión o imprudencia se paga con creces y con cruces.
Dr. Abraham Gómez R.
Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua
Miembro de la Fundación Venezuela Esequiba
Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV)
El derecho Internacional público, aunque delicado para mencionar los asuntos de Estados, es preciso y categórico para explicitar los desenvolvimientos de reclamos o pleitos interestatales. Para señalar, en concreto, cómo atender una materia conforme a las normas admitidas, para alcanzar las soluciones. Siempre y cuando las partes conflictuadas expresasen manifiesta e inequívocamente las disposiciones a resolver el hecho litigioso.
Veámoslo así, en nuestro caso particular: si continuamos con la dejadez frente a lo que nos corresponde histórica y jurídicamente; si no nos pronunciamos a tiempo sobre lo que se aún se viene perpetrando en nuestra contra; si damos muestras de indiferencias, en vez de formular las denuncias oportunas y contundentes; o permitir que los gobiernos guyaneses sigan dando concesiones a empresas transnacionales para la exploración, explotación y comercialización de los vastos recursos que tiene la Guayana Esequiba, no solo en el territorio, sino en su proyección atlántica. Sépase que todas estas omisiones conspiran contra nosotros en los reclamos que desde hace más de un siglo hemos hecho de esa zona.
Nuestra conducta displicente se puede llegar a interpretar como desistimiento de nuestra causa.
Los silencios oficializados se pagan bastante caros. Tales quietudes las conocemos como Aquiescencias.
Tales actitudes estatales ( o por lo menos, la de algunos funcionarios competentes ) Conforman incomprensivas permisividades.
Resulta inaceptable que quienes deben reaccionar y protestar se quedan inermes ( en poses pusilánimes) ante decisiones arbitrarias, hechos agresivos u ofensivos del Estado guyanés frente a Venezuela.
Entre nosotros los Esequibistas viene aflorando una común y compartida inquietud, que se manifiesta en interrogantes del tipo: por qué quienes tienen las competencias en materia de Relaciones Exteriores; particularmente en lo atinente a la Guayana Esequiba, no convocan a las mejores capacidades de compatriotas, densamente formados, para diseñar las expeditas estrategias tanto para discernir, nuestra estrategia de de alegaciones de hecho y de Derecho, que debe contener el memorial de Contestación de la demanda interpuesta por la excolonia británica, en la Corte Internacional de Justicia.
Nos llama la atención que siendo, como lo volvemos a mencionar, un asunto de Estado, que debe concitar la unidad nacional, haya tanta opacidad por parte de quienes manejan la Política Exterior en nuestro país.
No es poca cosa la Pretensión Procesal de Guyana; y detrás de ellos, incontables empresas transnacionales en una lúdica de intereses de múltiples aristas.
Mientras tanto, el gobierno actual de la excolonia británica continúa entregando concesiones, a diestra y siniestra, a las empresas transnacionales para que se instalen en la Zona de Reclamación y en su correspondiente proyección marítima.
Cada semana, se instala una empresa diferente con la concesión otorgada por el gobierno de Irfaan Ali; para incorporarse a las labores de explotación ilegal y abusiva, de nuestros recursos, contrariando el contenido del Acuerdo de Ginebra de 1966
De todos es sabido que Guyana está citada para el 08 de marzo del próximo año, para que insista jurídicamente, mediante el recurso ya interpuesto contra nuestro país; y ratifique la pretensión procesal que contiene en su petitorio.
Prestemos atención a lo siguiente: la interposición de acciones, que no es poca cosa, la conocemos, en su totalidad. La hemos leído con precisión, analizado y estudiado académicamente. Cuyo contenido se resume (y sintetiza) de la manera siguiente: ellos insisten en pedirle a la CIJ que confirme la validez legal y efecto vinculante del Laudo Arbitral de París, dictado el 3 de octubre de 1899, documento que siempre ha sido considerado por Venezuela como írrito y nulo; dos adjetivaciones calificativas adosadas desde sus orígenes.
Guyana pide en su pretensión procesal que la CIJ ratifique que el citado Laudo constituyó una “liquidación completa, perfecta y definitiva” de todas las cuestiones relacionadas con la determinación fronteriza. En otras palabras, aspiran que Tribunal de La Haya sentencie como Cosa Juzgada, con base en los hechos que narra en su escrito.
No hay nada que temer; porque lo que Guyana está pidiendo ante el Alto Tribunal de La Haya es rebatible y desmontable. El objeto de la demanda no tiene el menor asidero.
Los coagentes del gobierno guyanés, para esta controversia, tienen más de un año instalados en La La Haya, sede de la CIJ; con honorarios carísimos y logística a todo dar; gastos sufragados por las empresas transnacionales que se encuentran esquilmando nuestros recursos.
Ese equipo, que litigará en la CIJ, está integrado por: Sean D. Murphy (inglés), de la Facultad de Derecho de la Universidad de George Washington y asesor jurídico de la embajada de EE.UU en La Haya; además, Paul Reichler (estadounidense) socio y codirector del Grupo de Litigación y Arbitraje Internacional de Foley Hoag; Payam Akhavam (Iraní) profesor en la Universidad McGill en Montreal, miembro de la Corte Permanente de Arbitraje y Shridath Ramphal ( guyanés), exministro de Relaciones Exteriores y de Justicia de ese país.
Ese equipo no nos atemoriza ni nos arredra; porque lo hemos dicho, en bastantes ocasiones, que nosotros estamos asistidos de plena razón y Justo Título traslaticio; además poseemos enjundiosos elementos probatorios: históricos, jurídicos, cartográficos, políticos, geográficos y morales.
Nuestra sugerencia – una vez más – a la cancillería venezolana. Nosotros tenemos muy dignos y experimentados profesionales del Derecho; suficientemente conocedores de la controversia por la Guayana Esequiba, prestos a representar a Venezuela; entonces convoquen y estructuren nuestro equipo que el país quiere conocer; y el cual nos defenderá en marzo del 2023.
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