Guayana Esequiba: estrategias subrepticias de la contraparte en el litigio

 Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

Coordinador de la Comisión Proponente de la UNAFRONT

 

 

Quienes hemos dedicado bastantes años de nuestras vidas y desempeño académico al caso controversial de la zona en conflicto por el costado este de Venezuela (que no es poca cosa,159.500 km2. Una séptima parte de nuestra Nación) estamos obligados a ocuparnos también -   determinantemente- de la considerable población que vive en ese territorio que nos fue arrebatado, con vileza, hace ya más de cien años, y que ha entrado en las respectivas etapas de discernimiento jurisdiccional por ante la Corte Internacional de Justicia.

La geografía humana que convive en esa extensión territorial debe concitar el interés y la preocupación de quienes diseñan y ejecutan Políticas Públicas, por parte del Estado venezolano, con la finalidad de corresponderles, debidamente y como se merecen, en todas las áreas pertinentes a su subsistencia.

Prestemos atención a lo que, estratégicamente con condición furtiva, han venido haciendo todos los gobiernos guyaneses, desde Forbes Burnham hasta el actual Irfaan Ali.

¿Qué han hecho en el área en pleito, con una marcada intencionalidad de reforzamiento de la ocupación?

Han rehabilitado la infraestructura de escuelas y hospitales. Han creado hoteles, balnearios; así también, han puesto en servicio medios de comunicación audiovisuales, vías carreteras, pistas de aterrizajes.

Han estructurado cuarteles militares, entre muchas otras actividades.

También prestemos atención que con todo propósito – lo más delicado, tal vez- están realizando sistemáticamente: sensibilizan a niños y jóvenes, con carácter recurrente, en   procesos de ideologización e identidad hacia Guyana.

Cuando analizamos la Constitución de la República Cooperativa de Guyana de 1980, nos conseguimos con la autoasignación y la distribución político-territorial que ellos han establecido, precisamente en la Guayana Esequiba, en flagrante violación del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Único documento con pleno vigor jurídico en esta contención.

La inocultable intención, que tal vez miden en perspectiva, sería la invocación de la famosa Cláusula de Prescripción Adquisitiva; para transformar actos de hecho – que cometieron los ingleses en 1814- en sentencias de derecho.

En este caso concreto no prosperará la Prescripción Adquisitiva, porque allí no ha habido posesión legítima sino una ocupación protestada, desde siempre.

Sospechamos, adicionalmente que ellos aspiran a que se produzca una decisión jurídica tomando en cuenta la libre determinación de los pueblos.

Fijémonos, con seriedad, también en lo siguiente. Ellos delimitaron, toda esa extensión en regiones: Guainía-Baruma; Poomeron-Supenam; Cuyuní-Mazaruni; Potaro-Siparuni; AltoTúkutu- Alto Esequibo.

En cada una de estas regiones eligen un gobernador; y allí conseguimos importantes ciudades, pueblos y asientos demográficos de varios tipos y clases sociales; en cuyo registro censal, más reciente, arroja una población que sobrepasa las 400.000 personas, incluyendo a las etnias Waiwai, Makushi, Waraos, Arawaks, Akawayos, Saraos, Patamonas, Caribes y Wapashi.

Al lograr la restitución de la Guayana Esequiba, con todos esos grupos humanos estamos obligados a enlazarnos como compatriotas.

Por propia experiencia puedo mencionar que los Esequibanos que viven en Tucupita, Guasipati, El Callao, Tumeremo, San Martín, Ciudad Bolívar, Santa Elena etc. aún conservan algunas tradiciones religiosas; atesoran conocimientos en asuntos medicinales; igualmente, dominan un mayor aprovechamiento en el cultivo de la tierra y la producción piscícola; en tareas manufactureras y actividades gastronómicas.

Poseen algunas distintivas y elogiadas metodologías educativas y técnicas en general.

Acaso no podemos nosotros aprovechar esos conocimientos; al tiempo que, en tal dialógica de saberes, los compatriotas Esequibanos recibirían las necesarias asistencias que refuercen el carácter identitario de la venezolanidad; que repliquen hacia sus familiares, que aún viven- propiamente- en la Guayana Esequiba.

Esa zona constituye un territorio con incalculables riquezas mineras, hídricas, forestales, energéticas, agroindustrial, edafológicas, petroleras etc. Territorio muchísimo más grande que algunos países europeos, asiáticos y centroamericanos.  Con extraordinario potencial de desarrollo sostenible.

 Este territorio nos lo arrebataron con el denominado Laudo Arbitral de París de 1899; documento que desde entonces hemos calificado de írrito y nulo.

Los reclamos que hemos intentado por vías diplomáticas, políticas y jurídicas no están sustentados en caprichos chauvinistas, reacciones intemperantes, desproporcionadas o injustas.

Hemos explicado en las instancias internacionales correspondientes las razones y argumentos sociohistóricos y jurídicos que nos asisten.

Si en el espacio terrestre de la zona del Esequibo ha habido una severa contención, la situación se ha venido complicando mucho más por el Mar Territorial y la Plataforma continental que proyecta.

Todo territorio ubicado en la costa genera espacio marítimo a partir de una línea base, conforme a las convenciones de los Derechos del Mar para las naciones.

Sucede que Guyana ha hecho bastantes intentos para extender, no sólo lo que corresponde a su pedazo de costa atlántica, sino que ha aspirado - sin consultar a Venezuela- llevar a 350 millas la plataforma continental frente a la Guayana Esequiba, exactamente la que estamos reclamando; y en flagrante violación del Acuerdo de Ginebra, el cual en ninguna parte del precitado texto les concede soberanía.

 

 

 

La lengua es huella construida por sus hablantes

 Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua.

Comencemos por asimilar que la Academia comprende que la lengua no es una realidad fija, inmutable, perfecta; porque, las palabras nacen, crecen, se reproducen, se ocultan y reaparecen. Además, las palabras se anidan en la lengua; entonces, al cambiar una, transforma la otra.

Los lingüistas están conscientes que en todo idioma lo más natural y legítimo que puede ocurrir son   los cambios; que van aparejados a las mutaciones intrínsecas de las sociedades; por cuanto, la lengua pertenece –insistimos-- a la comunidad o espacio social de donde proviene.

Sin embargo, asumimos que la lengua -en tanto una entidad social- posee, implícitamente, sus propias normas y desenvolvimientos. Dicho así, entonces, la persona escoge si quiere escribir o hablar al garete o acatar –relativamente-- ciertos lineamientos en sus actos de habla y en sus manifestaciones escriturales.

Queda sentenciado que el hablante decide en su libre albedrío su modo de conducirse lingüísticamente.

La consigna más cercana lo expresaría así: “Dime cómo hablas o escribes y te diré quién eres”.

Una sana advertencia. Tampoco pedimos que haya un permanente ejercicio de erudición y manejo de exquisiteces gramaticales; aunque, en honor a la verdad, la lengua coloquial --en apariencia suelta y sencilla-- también tiene su orden léxico-semántico y morfosintáctico.

Admitamos, con certeza, que la población, en sentido general, no tiene por qué hablar o escribir (obligantemente) como los Académicos.

Cada uno en su propio espacio contextual.

En lo que sí hay plena coincidencias, es que las Academias de la Lengua han sido fundadas para describir hechos lingüísticos; para prescribir el uso correcto (señalar algunas normas sin imponerlas); y en específicos casos proscribir al pesquisar las distorsiones que se susciten; o cuando estas instituciones entran en sospechas que hay alejamientos en los usos adecuados de los actos de habla o un inocultable desorden de la lengua.

La Real Academia de la Lengua y sus entes correspondientes adscritos en la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) siempre han estado puertas abiertas para admitir, analizar e incorporar neologismos.

La Academia de la Lengua jamás ha impuesto vocablos para el uso común. Por el contrario, cada cierto lapso da a conocer los términos que se suman a nuestra amplia lexicografía, que surgen del habla cotidiana, con sus respectivas acepciones; previos estudios que guardan vinculación con la realidad sociolingüística a la que aspiran darle significado.

Para la inmensa comunidad de hispanohablantes en el mundo; que sobrepasa ya quinientos millones de personas (7.6 % de la población), nuestra autoridad máxima; tal vez, algo así como el tribunal supremo del idioma lo conforma, con certeza y propiedad, la Real Academia Española.

Las (23) Academias de la Lengua Española, que se han creado en igual número de países, admiten como condición ser Correspondientes de la RAE.

La nuestra, en Venezuela, desde sus orígenes ha tenido interesantísimos momentos y eventos. No exentos de serias confrontaciones.

Precisamente, el mismo día cuando inicia sus actividades formales --10 de abril de 1883 - arranca con una polémica de forma y fondo.

El presidente Guzmán Blanco, quien a su vez   ocupaba el cargo de director, pronunció un discurso enjundioso y bastante incitador para ese momento.

El eje central de la citada pieza oratoria hurgaba y cuestionaba sobre los orígenes y definición de la lengua que se hablaba en Venezuela: ¿Era castellano o español? 

Sobre el citado eje temático, se hacía cotidiano y corriente que se tramaran   discusiones. Se cruzaban serios y violentos argumentos entre quienes defendían la tendencia   impositiva, sostenedora que en nuestro país prevalecía el español peninsular, heredado en tierras americanas.

 Frente a esa irreductible posición se levantaba otro inmenso bastión que apoyaba la insurgencia lingüística del castellano específico en este continente. Nuestro propio geolecto. Se suscitó, entonces, una disyunción suficientemente marcada; donde se deslindaron dos corrientes de intelectuales inclinados por una u otra posición teórica. ¿Hablamos el español ibérico o el castellano americano?

Para que tengamos una idea de lo bastante serio del asunto. En los sitios populares: plazas, mercados, paseos y en muchos otros lugares “nada académicos” se escenificaban encolerizadas controversias.

Unos encauzados a reconocer que el puro español peninsular era lo que hablábamos, como nuestro idioma natural; y otros favorecedores del castellano que nació y consiguió en América su especificidad lingüística

Luce banal, en el presente, trenzarnos en un pugilato similar; porque, tal polémica ha sido superada y sus términos aclarados. Vale una breve explicación.

Al momento de mencionar el idioma o la lengua común de España, como también de muchas naciones de América y que además se habla como propia en otras naciones del mundo, resultan válidos y apropiados los vocablos castellano y español, indistintamente, según la preferencia del hablante. Da lo mismo decir que habla castellano o español.

Hay quienes recomiendan que se diga que hablamos español para no caer en confusiones con la lengua histórica (el castellano) que nació en el reino de Castilla, en la Edad Media.

Asimismo, agreguemos que la propia Academia apenas sugiere una determinada forma de construir los actos de habla, atendiendo al buen empleo del idioma; jamás la RAE impone a capricho las normas.

Cuando han sido necesarios los cambios y las transformaciones, la Academia ha tomado la iniciativa; dado que, nuestra Institución señera del buen hablar y escribir señala cómo es preferible que sea, y no cómo tiene que ser.

 

 

Guayana Esequiba: estrategias con racional optimismo.

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Comisión de Defensa del Esequibo y la Soberanía Territorial

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV)

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

 

El escrito contentivo de interposición de acciones de Guyana contra nuestro país lo conocemos en su totalidad.

Ha sido leído con precisión; analizado de manera  individual, como también  en las distintas reuniones y conferencias, en sus múltiples implicaciones; así además, me  he permitido  estudiarlo académicamente, para saber de qué estamos hablando en tal asunto controversial; por lo que debo decir—para conocimiento público-- que su  elemento más resaltante, concerniente a  Pretensión Procesal, se resume en  solicitarle  a la Corte Internacional de Justicia que confirme “la validez legal y efecto vinculante del Laudo Arbitral de París, dictado el 3 de octubre de 1899”; documento que siempre ha sido considerado por Venezuela como írrito y nulo. Calificaciones con las cuales hemos improntado, desde sus orígenes, a esta vergonzosa tratativa política-diplomática.

Ese “laudo” resultó inexistente, no nacido a la vida jurídica. Por lo que no ha adquirido nunca la validez ni la eficacia jurídica; y es – impensablemente—la Causa de pedir de la contraparte. Es nulo de nulidad absoluta.

El rechazo definitivo a la precitada decisión arbitral quedó consumado cuando la propia representación del Reino Unido (Michael Stewart) y de la Guayana Británica (Forbes Burnham) admiten y suscriben, junto con nuestro excelso canciller Ignacio Iribarren Borges el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966 (documento que arriba a sus 59 años de plena vigencia); en cuyo artículo primero destaca:

 “Se establece una Comisión Mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo practico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e irrito”.

Acaso se requiere una inteligencia superior para interpretar y concluir que el aludido “laudo” quedó invalidado, a partir de ese acto jurídico; y, por lo tanto, jamás debió considerarse oponible para efectos posteriores.

 No hay Causa que se haga obligacional o compromisoria – para nosotros-- de ninguna manera y para nada.

Frente a lo anteriormente descrito, prestemos atención a este otro detalle: nuestro país permanentemente ha querido solucionar este pleito entre Estados vecinos, acudiendo a las vías pacíficas directas (autocomposición) conforme a la normativa consagrada en el Derecho Internacional Público.

Sin embargo, nos conseguimos que la excolonia británica, con la cual sostenemos la centenaria contención, jamás creyó en las gestiones de los Buenos Oficiantes: McIntyre, Jackman, Girvan y Nylander quienes tuvieron a bien desempeñarse para arreglar la controversia.

Todo el trabajo de esos funcionarios fue saboteado desde la cancillería guyanesa.

Siempre entendíamos que sus respectivos gobiernos, de cualquier signo político-ideológico, en ningún momento prestaron la debida atención a las iniciativas de los mencionados Buenos Oficiantes, designados por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas; atendiendo al contenido, alcance e intención del artículo 33 de la Carta del precitado ente internacional:

“…Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección…”

Nótese que hay etapas establecidas en sucesividad hasta alcanzar la resolución del caso.

He sostenido que Guyana aguardó la ocasión, en una especie de emboscada jurídica, para demandar a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia; yéndose, directamente al “arreglo judicial”; contrariando el orden de prelaciones establecido en la citada norma, para zanjar el litigio.

 Lo digo, porque una vez que el actual Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, remite el caso a la Corte, el día 19 de enero de 2018; ya Guyana – con bastante antelación-- tenía preparada la demanda contra Venezuela, la cual consignaron el 29 de marzo del mismo año, todo urdido con premeditación y vileza.

En las distintas plataformas, medios de comunicación y conferencias en las universidades, nos preguntan, con insistencia ¿qué hemos hecho y en cuál situación nos encontramos hoy?

Para abreviar en la explicación, digo que Venezuela consignó en la Corte una Excepción Preliminar; acto procesal al cual tenemos derecho, en condición de parte demandada; para resistir y oponernos a la acción interpuesta en nuestra contra. Toda Acción trae en consecuencia una Excepción.

Una Excepción Preliminar es un mecanismo de defensa de los Estados; la cual es legítimamente admitida por la comunidad internacional y utilizada en algunas oportunidades en la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el artículo 79 de su Reglamento.

Hay suficiente base doctrinal y jurisprudencial al respecto.

La Excepción Preliminar entregada (y ratificada en las audiencias públicas por nuestra honorable delegación estuvo basada en formalizar serios cuestionamientos al burdo escrito presentado –unilateralmente—por Guyana.

¿Qué perseguíamos, en lo inmediato, con una Excepción Preliminar?

Que la Corte, en sentencia adelantada –de previo pronunciamiento que esperábamos – desestimara la demanda, porque constituye un fraude legal y procesal.

Con nuestra Excepción Preliminar nos permitíamos  advertir a la Sala Juzgadora que la situación es mucho más compleja de lo que la parte demandante ha hecho saber.

Debemos ser enfáticos en pronunciar con insistencia al mundo que no le estamos quitando las dos terceras partes del territorio de Guyana, como ellos “arguyen”, ante el Cuerpo Jurisdicente y en sus vocinglerías por los medios de comunicación a nivel internacional.

Nuestra nación ha sido la víctima, hace más de un siglo, de la usurpación perpetrada con mala fe y añagaza jurídica.

Nosotros tenemos enjundiosa documentación, en tanto títulos jurídicos y respaldo histórico y cartográfico: pruebas constituidas y constituyentes para demostrar que fue el Imperio Británico que nos usurpó y despojó, de una séptima parte de la geografía venezolana, mediante trampas a finales del siglo XIX; incluso tenían la aviesa intención de arrebatarnos hasta el Delta del Orinoco y una considerable parte del estado Bolívar.

Lo que hemos descrito, de manera somera – la demanda guyanesa contra Venezuela-- es lo que vergonzosamente ellos emprendieron; que pensaron que el mandado estaba hecho; que nos quedaríamos de brazos cruzados y bocas silentes.

 Resultó que la inteligencia nuestra ha analizado y puesto en ejercicio elementos extraordinarios de defensa; que, no obstante, la hemos asimilado con racional optimismo en este asunto litigioso, sin exageradas exultaciones.

Para el trayecto subsiguiente (alegaciones preconclusivas), nos corresponde fijar otras estrategias, que informaremos en su debida oportunidad. Entiéndase que como Política de Estado no todo puede darse a conocer públicamente.

Por lo pronto, lo que sí debe saber la población venezolana en general es que nos encontramos en jornadas de investigación documental, concienciación nacional permanentes; por cuanto, el juicio jamás se ha detenido.