Guayana Esequiba: coagentes instruidos para ir con todo.
Dr. Abraham Gómez R.
Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua
Para nada debe extrañarnos o causar algún sesgo de perplejidad
las recientes declaraciones del Dr. Irfaan Ali, quien asume la presidencia de
Guyana para el período 2020-2025.
A quién nos estamos refiriendo: a un civil,
profesional universitario formado más en el campo de la planificación de
políticas públicas, “distante” del saliente David Granger.
Este último: un brigadier; cuya experiencia –
afortunadamente, ya pasada-- en la administración en los asuntos de Estado la percibimos
basada en confrontaciones; aliñadas con frases altisonantes, cuya marcada
intención se dirigía a llamar la atención de los medios internacionales.
Recordemos aquella
infeliz expresión: “Venezuela vive perturbando nuestra frontera. Agravan las
pobres relaciones. Se nos ha convertido, como un mono en la espalda”.
Ni más ni
menos: palabras gañanes de un vil militar.
Sin embargo; en apariencia, Granger e Irfaan, sostienen
dos trayectorias lo suficientemente separadas. Estrategias divergentes y
opuestas en el manejo de las altas responsabilidades en esta excolonia británica;
la cual se perfila, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional,
como una de las naciones que generará inmenso crecimiento de su Producto Interno
Bruto, al finalizar el presente año; luego de esquilmar nuestros recursos.
Hemos dicho en los medios, en las conferencias
universitarias, en los artículos en las RR. SS lo siguiente: hay que dejarse de
baboserías; que nadie se engañe, en cuanto a establecer distinciones serias o
estructurales entre uno y otro de los dos personajes que caracterizamos en el
párrafo anterior.
Ambos, aunque se nutran y asienten ideológicamente en
organizaciones políticas mutuamente excluyentes, tienen absoluta coincidencia
en el trato, procedimientos y metodologías a emplear para intentar perpetrarnos
una nueva tropelía jurídica; esta vez signada en tanto alevosa maniobra, para
quedarse definitivamente con la séptima parte de nuestra extensión territorial.
Escuchamos y leímos en varias ocasiones a
incuestionables compatriotas defensores de la Guayana Esequiba exponer que bajo
la presidencia del musulmán Irfaan Ali nos irá mucho mejor en el citado asunto
litigioso. Ya que su gestión se basará en acuerdos económicos con nuestra
Nación, sin hurgar demasiado en la controversia de la Guayana Esequiba.
Al respecto, hicimos la debida advertencia: Mohamed Irfaan Ali ha respaldado siempre el
Recurso interpuesto por su país en la Corte Internacional de Justicia contra
Venezuela, sin modificar en lo más mínimo la Pretensión Procesal que en tal
escrito se contempla.
La demanda, que no es una nimiedad, el ahora
presidente de Guyana la avala y alienta plena y completamente.
Cuando Granger, hace dos años, conformó el equipo de coagentes guyaneses: Sean
D. Murphy, de la Facultad de Derecho de la Universidad de George Washington y
asesor jurídico de la embajada de EE. UU en La Haya; Paul Reichler ; Payam
Akhavam (Iraní) profesor en la Universidad McGill en Montreal, miembro de la
Corte Permanente de Arbitraje y Shridath
Ramphal ( guyanés), exministro de Relaciones Exteriores y de Justicia de ese
país; Integralmente, todos los sectores
guyaneses dieron su aprobación, sin excepciones.
Habilitada esa delegación, para que actuara en la
Corte Internacional de Justicia, recibió entonces el visto bueno de los
representantes de la oposición, incluidos Bharrat Jagdeo e Irfaan Ali.
Algo más recientemente. En el acto de toma de posesión presidencial, Irfaan Ali no
mencionó en su discurso lo más mínimo de la controversia con Venezuela por la
Guayana Esequiba; no obstante, una de las primeras reuniones que sostuvo fue
con el equipo de juristas, ya mencionado, para que intensificaran la ratificación
del Recurso, ante el Alto Tribunal de la Haya, con los alegatos conocidos de su
demanda, contra nuestro país.
Además, han incorporado, con su consentimiento, un acta
addendum, como instrumento coercitivo.
Las expresas
instrucciones de Irfaan a su delegación es como sigue: “si Venezuela insiste en
la No Comparecencia, hagan valer el artículo (53) del estatuto de la Corte. Pidan
que sea juzgada en ausencia”.
Solicitan, con tal actitud atrabiliaria, que la Corte se
lleve por delante – decimos nosotros – su propia normativa interna; por cuanto,
el Alto Tribunal está obligado a revisar y examinar primero si posee la debida competencia
y jurisdicción para actuar de forma y fondo.
Prestemos atención a lo siguiente: la interposición de
acciones, que no es poca cosa, la conocemos, en su totalidad. La hemos leído con precisión, analizado y
estudiado académicamente. Cuyo contenido se resume (y sintetiza) de la manera
siguiente: ellos insisten en pedirle a la CIJ que confirme la validez legal y
efecto vinculante del Laudo Arbitral de París, dictado el 3 de octubre de 1899,
documento que siempre ha sido considerado por Venezuela como írrito y nulo; dos
adjetivaciones calificativas adosadas desde sus orígenes.
Guyana pide en su pretensión procesal que la CIJ
ratifique que el citado Laudo constituyó una “liquidación completa, perfecta y
definitiva” de todas las cuestiones relacionadas con la determinación fronteriza.
En otras palabras, aspiran que Tribunal de La Haya sentencie como Cosa Juzgada,
con base en los hechos que narra en su escrito.
Nosotros invocamos la negociación directa de la
Partes, conforme al Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. No hay porqué
judicializar la contención.
Ellos nunca han querido la figura del Buen Oficiante
para que resuelva este caso. Destacamos que la presión que tiene el gobierno
guyanés es económica. Se nos informa que continúan incrementándose las sumas
dinerarias aportadas por las empresas transnacionales con marcado interés de
exploración y explotación de la multiplicidad de recursos que hay en la zona.
La compañía Exxon es la encargada de realizar las
recaudaciones para cancelar los honorarios y “otros gastos” que ocasione este
asunto litigioso, de lo cual el nuevo presidente guyanés está perfectamente
enterado y conteste.
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