Guayana
Esequiba: avisadas y advertidas las transnacionales
Dr. Abraham
Gómez R.
Miembro de la Academia Venezolana de
la Lengua
Asesor de la Comisión por el Esequibo
y la Soberanía Territorial
Miembro del Instituto de Estudios
Fronterizos de Venezuela (IDEFV)
Asesor de la Fundación Venezuela
Esequiba
Consultor de la ONG Mi Mapa
Aunque luzca un poco
temeraria la siguiente aseveración; por cierto, repetida con insistencia en
muchos escenarios –-pareciera que condensa mucha verdad-- “en el concierto de las relaciones internacionales, los países no tienen
amigos sino intereses”. Dicha expresión (casi que axiomáticamente) ha
cobrado plena vigencia en el presente caso controversial, del cual me he venido
ocupando – académicamente- desde hace
casi cinco décadas.
Señaladamente, la Zona
en Reclamación siempre ha sido considerada con extraordinario potencial
energético, tanto por las reservas probables y probadas de los recursos
petroleros, la calidad de los mismos; los incuantificables caudales de agua;
las factibilidades para desarrollar sendos planes sustentables de generación de
energía eléctrica, programas agroindustriales, minero, maderero, piscícolas
etc. Por otra parte, a la extraordinaria
ubicación geoestratégica, añádase su
proyección atlántica e interconexión con los países de Suramérica y con el
resto del mundo.
En la contención que
sostenemos, desde hace más de un siglo, contra el imperio inglés, primero, y
luego con su causahabiente la República Cooperativa de Guyana, la posible
alternativa de solución ha derivado hacia un Proceso jurisdiccional que la
Corte ha decidido formalizar.
Reconocemos que
estamos en presencia y enfrentado una situación compleja y a la vez
interesante: la acción interpuesta por Guyana contra Venezuela; la posible
contestación para el próximo año; el referendo, la medida provisional de la
contraparte ante la Corte para que se suspenda la consulta.
Como se sabe y es del
dominio público internacional, todo el reclamo devino en una demanda unilateral
que interpuso Guyana contra Venezuela, el 29 de marzo del 2018.
Nuestro país intentó
una Excepción preliminar que la Sala Jurisdicente, en sentencia del 06 de abril
de este año, decidió no admitirla.
El hecho de que la
Corte haya desestimado la mencionada cuestión incidental no nos amilanó; por el
contrario, nos insufló mayores bríos para desplegar nuestras estrategias de
restitución con más contundencia, en las instancias que sea menester; porque
poseemos con nuestros justos títulos, que son de pleno derecho, que no admiten
prueba en contrario, ni aceptan ominoso asomo de maulerías.
Nuestros Justos
Títulos tienen la autoridad de ser inconcusos; vale decir, reforzados con la
certeza histórica-jurídica de su procedencia. ¿Cómo obtuvimos esos justos
títulos? Mediante una transparente Cesión de Derechos; que la contraparte no
podrá y ni tendrá nunca con qué rebatir.
A lo interno del país, a propósito de la
convocatoria a la realización de un Referendo Consultivo, conforme al artículo (71)
de nuestra Constitución Nacional, nos hemos conseguido con algunas opiniones
llenas de resentimientos contra el oficialismo, que quieren hacer del caso del
Esequibo un escenario de pugilato inconveniente por los momentos, a nuestro
modo de ver.
Pensamos que la
presente circunstancia que atravesamos no es la más propicia para de saldar
“viejas cuentas”; y menos politizar este asunto. Requerimos pronunciarnos, ante
la comunidad internacional, a una sola voz.
En Guyana, la oposición representada por
Aubrey Norton -que parecía irreconciliable con la gestión del actual presidente
Irfaan Ali -- ha suscrito un acuerdo de respaldo en la presente controversia.
Considero que en nuestro
país estamos obligados a conferirle al caso de la Guayana Esequiba la condición
irreductible de Asunto de Estado.
Hemos exhibido, en
Venezuela, ejemplos de grandeza y solidaridad. Dimos demostraciones hermosas de
unidad nacional – dentro de la natural y legítima divergencia política— cuando quedó materializado históricamente el apoyo
por parte de las tendencias políticas e
ideológicas; así además, el involucramiento de todas las instituciones públicas
y privadas; representación en conjunto de nuestra sociedad, con la finalidad de
ofrecer el respaldo determinantemente
para el proceso de negociación, firma y
ratificación del Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966; precisamente, el
documento base que nos asiste, en el presente trance controversial.
El Acuerdo de Ginebra
fue un triunfo de la diplomacia venezolana –ciertamente-- con la fortaleza de
saber que se contaba con toda la nación venezolana en una única expresión
patriótica.
Similarmente, nos
encontramos hoy, como país; obligados a cerrar filas con el único propósito de
pedir restitución de lo que siempre ha sido nuestro. Vamos, como se ha dicho,
por todos los medios; y para el cumplimiento de esas tareas nadie debe
soslayarse o escurrirse de la misión que se nos encomienda.
Hemos sostenido que
una vez trascendido esta difícil eventualidad de reclamo y reivindicación. Digamos, una vez que hayamos recuperado la
extensión territorial que nos han desgajado con alevosía y colusión de árbitros
tramposos; procederemos, entonces, a colocar “las cosas” ateniente a las
transnacionales en su verdadera dimensión.
Por distintas vías y
de diversos modos se les ha avisado (para que caigan en cuenta cautelarmente) a
los representantes de las empresas transnacionales que han venido recibiendo
concesiones de explotación para esquilmar nuestros recursos en el área
controvertida y en su respectiva proyección marítima, aún no delimitada. Se les
ha avisado que están incurriendo en hechos irregulares con consecuencias
sumamente graves.
También han sido
advertidos, a través de nuestra Cancillería, que tales permisos y licitaciones
serán revisados, analizados, restructurados; por cuanto, habrá una nueva
recomposición operacional en el área (y en la completa extensión territorial)
que pronto será restituida a Venezuela.
Ya están advertidas
las transnacionales que las concesiones recibidas son nulas y contrarias al
derecho internacional.
Guyana ha irrespetado
el contenido esencial del Acuerdo de Ginebra, que limita (y restringe) a las
partes en la contención litigiosa por la Zona en Reclamación, a atribuirse
soberanía y/o explotar unilateralmente los recursos que en esa zona se
encuentran, hasta que haya una decisión sentencial del Ente Juzgador de la ONU;
o una negociación directa, desde el punto de vista diplomático.
No satisfechos con
todo lo que han aprovechado hasta el presente en la Guayana Esequiba, luce
vergonzosa la actitud del gobierno guyanés de seguir otorgando permisos en
bloques petroleros, en áreas marítimas que nos pertenecen históricamente.
La excolonia británica
se impactó por el contenido de las preguntas primera, tercera y quinta;
propuestas por la Asamblea Nacional y ratificadas, en su constitucionalidad,
por el Tribunal Supremo de Justicia.
Tanto se espantó la
contraparte que introdujo una medida provisional por ante la Corte
Internacional de Justicia, para que este Cuerpo Jurisdicente sentencie una suspensión
del Referendo Consultivo, que comporta –en estricto derecho-- un dispositivo
constitucional de absoluta soberanía nacional.
Que sepan los
representantes de las corporaciones que siguen operando ilegalmente en la
denominada Zona en Reclamación (nuestra Guayana Esequiba) y su correspondiente
proyección atlántica que no desistiremos de denunciar los hechos irregulares
que están cometiendo en connivencia con quienes le otorgan ilegítimamente esas
asignaciones.
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