El alpiste no justifica la jaula

                                        Dr. Abraham  Gómez  R.

La idea moral en que se apoya la democracia

parte de la aceptación de la posibilidad de que

no sólo los individuos puedan participar en los

asuntos públicos, sino que también puedan

contribuir a mejorar la sociedad. Mientras

exista exclusión, la democracia está por realizar

o se halla enferma.

JOSE GIMENO SACRISTÀN. La educación obligatoria.1991

 Ya casi no es materia de discusión el carácter  de ente socializado que asume, de manera natural, el ser humano cuando decide  hacerse miembro de un cuerpo social: porque allí ha nacido, se ha desarrollado y más  aún ha echado raíces. Por cuanto sus proyectos existenciales  los ha compartido con sus semejantes. El primer bien que un cuerpo social le dispensa a sus individualidades es la pertenencia. Es una especie de cemento que conecta sus identidades. Cuando usted señala con propiedad que pertenece a un grupo; que está ligado a las tradiciones de un equipo; que tiene carta de ciudadanía de una agremiación humana  cualquiera sea la índole, en su estructura racional-emocional se producen fenómenos cuyas funciones consisten en relacionarlo siempre con quienes  pueda seguir generando efectos de “proxemia”. Tales desempeños bioquímicos de los seres humanos han sido suficientemente estudiados. Dejamos claro, insistentemente, que no se trata de un lazo étnico, religioso, político, económico ni cultural, mucho menos donde se labren parcelas de diferenciaciones conforme a sus intereses. ¿Saben por qué?, porque los tribalismos así planteados matan la civilidad. Liquidan la vida social. Compartimos el criterio de quienes han sostenido que el Estado moderno, liberal o socialista, tiene de suyo una enorme tarea conducente a reivindicar a la Sociedad Civil, sin pretender someterla o hacerla medrar. Enjundiosas documentaciones socio-históricas han dado cuenta que cuando el Estado deja de cumplir sus compromisos propicia que se disuelva ese “saberse-sentirse” que fija la  pertenencia a un cuerpo social. Inevadibles deben ser las tareas del Estado para estimular la ciudadanía, a conciencia que los Estados, como estructuras jurídico-políticas,  existen por y para los ciudadanos. Pronúnciese con fuerza: las instituciones estatales al servicio de las personas y no al revés. En nuestro país vivimos tiempos convulsos, atribulados, confusos. Hay una ausencia de referentes firmes. Casi todo nos luce endeble, todo se torna movedizo, precario. ¡Éste es un tiempo de extremos...!, sin embargo, por muy extensas e intensas que sean las complejidades confrontadas prevalece la concepción humanista, privilegiada entre bastantes tesis. Los seres humanos, para los demócratas, deben ocupar el centro de las significaciones y realizaciones, primero que el Estado. Dentro del conjunto de las relaciones que se anudan entre el Estado y los ciudadanos se encuentran las de carácter económico. Aquí  nos vemos obligados a precisar: se justifica la intromisión del Estado en el plano económico siempre y cuando conlleve a cumplir con el principio de la subsidiaridad. Restringida la subsidiaridad exclusivamente a aquellos campos en los que la iniciativa privada de muestras de  insuficiencias. Que no pueda acometer sus tareas  de manera unilateral. Más directamente dicho: cuando los particulares no se encuentren en condiciones de desarrollar algo, en ese instante entran en acción los mecanismos estatales. Las normas constitucionales determinan la organización, las  funciones y competencias del Estado frente a los desenvolvimientos de los ciudadanos en el libre ejercicio de sus derechos fundamentales. La subsidiaridad es una consecuencia obligada de las finalidades que el Estado persigue, que además presupone el respeto para la adecuada y permanente práctica de las garantías individuales. El Estado no puede acaparar y absorber para sí todas las iniciativas particulares que se generen en el seno de la sociedad. Aunque las iniciales  intenciones por parte del Estado concurran a solucionarles muchos problemas económicos a la sociedad (el alpiste, pues) la intervención estatal debe ser de complementariedad. Admitiendo la libre competencia en igualdad de condiciones. Sin ardides tramposos que pretendan hacerle una encerrona (la jaula, casi nada) a la sociedad civil, por el sólo hecho, a veces en apariencia, de estarle arreglando la subsistencia.