Guayana Esequiba: Laudo Arbitral de París sin eficacia oponible

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Miembro de la ONG “Mi mapa de Venezuela”

Miembro del Instituto de Estudios de las Fronteras de Venezuela (IDEFV)

 

Hemos padecido injusticias y tropelías de los grandes imperios, en más de dos siglos.

No nos extrañan las componendas que se tejen, en estos momentos, cuando el litigio ha escalado ante la Corte Internacional de Justicia.

Leemos y analizamos lo que viene apareciendo y ha trascendido de tales ambientes jurisdiccionales; porque, según lo ha anunciado la contraparte guyanesa, ellos tienen la intención de arrasar con todo. Lo exponen en los diversos escenarios donde asisten sus delegaciones. No aceptan términos medios, ni “soluciones prácticas o satisfactorias”, conforme lo contempla el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, documento que causó estado.

Sin embargo, no nos sorprenden ni atemorizan los ardides que el gobierno guyanés, las empresas trasnacionales y sus aliados puedan urdir; impulsadas por y con prebendas dinerarias, en el presente conflicto interestatal.

Sabemos del juego de inmensos e ilimitados intereses del gobierno de la excolonia británica y las grandes corporaciones que operan, ilegalmente, en la Zona en Reclamación y en su respectiva proyección marítima.

 Ya en el pasado, el Imperio Inglés acometió con descaro, en nuestra contra, dos actos de ingrata recordación.

En un intento vergonzoso, hizo todo lo posible por persuadir a España para que no procediera al reconocimiento de nuestra Independencia. No obstante, ese hecho histórico se concretó el 30 de marzo de 1845; cuya base, para que así procediera el país peninsular a nuestro favor, fue –exactamente-- el conferimiento del Título Traslaticio, asentado en la Real Cédula, del 8 de septiembre de 1777, de Carlos III; con lo cual dan la absoluta posesión jurídica de Venezuela sobre la conocida Guayana Esequiba.

Prestemos atención al segundo evento bochornoso.  No satisfecho con lo anteriormente descrito, el Imperio Inglés propuso al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, el 23 de marzo de 1869, repartirse, precisamente por la mitad todo el territorio de Venezuela, con la finalidad de   que EE. UU reubicara en el occidente de nuestra nación, a la población negra procedente de África, que había participado en la Guerra de Secesión. Así también, en ese “arreglo perverso” los ingleses se quedarían con el resto: desde el centro hacia oriente, incluyendo la Guayana Esequiba.

¿Qué adujeron, entonces, para atreverse a la mencionada propuesta? Según los ingleses, porque «ese país llamado Venezuela, que actualmente, se debate en medio de la mayor anarquía y cuyas ´minor authorities, no pueden ni siquiera considerarse como sujetos de Derecho Internacional».

Muestras evidentes de los embates que hemos resistido, ayer y hoy como Nación, Estado y República, de quienes se han creído poderosos e invencibles, en el mundo.

 Por eso señalamos, con suficiente certidumbre, que la lucha que ahora libramos, en el Alto Tribunal de La Haya, no será una excepción en la búsqueda de nuestra reivindicación en justicia

Si ayer nos   consolidamos frente a la voracidad de Inglaterra; en la época actual –con nuestros compatriotas densamente formados-- saldremos victoriosos frente a las acechanzas de quienes asumieron la condición de causahabientes de los ingleses y sus aliados insaciables, que están esquilmando nuestros recursos.

Venezuela debe seguir a la expectativa en cuanto a la reclamación centenaria por la extensión territorial que nos arrebataron con vileza y han venido usurpando con descaro.

Hay casi unanimidad en todos los sectores, a los cuales se ha pulseado la opinión hasta ahora, para que se mantenga viva nuestra lucha reivindicativa para alcanzar a satisfacción tan noble e histórico objetivo.

Para el 08 de marzo del año 2023, estamos citados a la Corte, para hacernos – tal vez-- parte del juicio. La decisión de presentarnos   o seguir invocando no comparecencia la debe tomar el señor presidente de la República, según sus atribuciones constitucionales.

Por lo pronto, nos conseguimos con ideas y conjeturas que, circunstancialmente, diseñan y proponen caminos y procedimientos distintos para llegar al mismo fin; pero, sin embargo, se acoplan y calzan en una única mirada para la defensa de nuestros legítimos derechos en esa séptima parte de nuestra geografía.

Elogiamos el trabajo que se adelanta desde la Comisión Presidencial por la defensa del Esequibo, la Comisión constituida en   la Asamblea Nacional, con esos mismos propósitos y a la cancillería de Venezuela. Nos consta de las sistemáticas y serias consultas a los entes representativos de la sociedad civil, a las Academias, a las universidades, a los expertos y estudiosos del litigio.

Extraordinario el trabajo de concienciación de la ONG “Mi mapa de Venezuela” y especialmente del Instituto de Estudios de las Fronteras de Venezuela (IDEFV). Nuestro reconocimiento además para   todos quienes exponen sus criterios en los distintos medios y en las redes sociales.

Nos agrada que así se lleven estas tareas; porque, en un país democrático cada ciudadano debe expresar su opinión; con mucha más razón, en el asunto que nos ocupa de tanta trascendencia e importancia.

Caeríamos en un gravísimo error –imperdonable, según los criterios de la comunidad internacional— si pretendiéramos coartar o dividir a la gente entre patriotas o desleales; o impregnar la contención, (que ya se encuentra en proceso jurisdiccional, en la Corte Internacional de Justicia) de los problemas internos o embadurnarla de ideologías partidarias.

 Ya lo he mencionado, en bastantes ocasiones: “el pleito chiquito queda para después, puede esperar”.

Otra consideración la expongo así: los pueblos no pueden ser relegados a la condición de simples objetos.  Este aserto me permito explicarlo en párrafos sucesivos.

Acaso no resulta interesante compartir, de modo pleno, con quienes sostienen la posición que la cuestión reclamativa por la Guayana Esequiba debe tratarse libre, abierta y públicamente; por lo que se hace inaplazable insistir en las jornadas de concienciación en los más recónditos lugares de la nación, para que nuestros compatriotas asuman con entereza el compromiso de juntar voluntades, inteligencias y soluciones.

Lo que menos aspiramos es a la adhesión ciega y automática de quienes aún desconocen lo que ha venido sucediendo con el citado asunto; por el contrario, requerimos que haya un consenso generalizado, producto de conocimientos sostenidos y densamente constituidos; tanto en Caracas, como en Tucupita, Barcelona, San Cristóbal, Maracaibo, Valencia, Puerto Ordaz, Mérida, Margarita; en fin, toda la Patria hablando el mismo idioma.

La expresión que hemos venido divulgando “no hay nada de que temer”, no comporta un exagerado optimismo o un efecto placebo. Lo decimos y divulgamos con sobrada justificación, porque poseemos los Justos Títulos que respaldan lo que pronto mostraremos y demostraremos—aportación de Parte-- ante el Alto Tribunal de La Haya. Dígase la más grande tropelía que se haya perpetrado contra un país pobre e indefenso para la época, frente a la arrogancia y soberbia del Imperio Inglés.

El Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899, nace viciado de nulidad absoluta. Tal adefesio vergonzoso e infeliz está desprovisto de elementos esenciales para que pueda ser considerado jurídicamente válido. Para Venezuela siempre ha sido un documento írrito y sin eficacia.

A propósito,  se hace preciso destacar el significativo trabajo del reconocido jurista sueco Gillis Weter, quien en un enjundioso estudio de cinco tomos denominado “Los Procedimientos Internacionales de Arbitraje” (Edición-1979); justamente  en su 3er. tomo, dedicado al arbitraje entre Venezuela y la Gran Bretaña, concluye que: “...Ese laudo Arbitral constituye el obstáculo fundamental para que se consolide la fe de los pueblos en el arbitraje y en la solución de controversias por vías pacíficas. Tal sentencia adolece de serios vicios procesales y sustantivos, y fue objeto de una componenda de tipo político”

Cada vez que profundizamos, una y otra vez, en examinaciones al citado Laudo Arbitral, conseguimos muchas razones para desecharlo.

Nos preguntarnos, en purísima realidad, sobre qué elementos objetivos se atreverá a preparar la   Motivación y Fundamentación la Corte para una posible sentencia. Jamás podríamos imaginarnos.

 Resulta impensable en estricto derecho, que ese Laudo –como pide la contraparte guyanesa— puede producir Cosa Juzgada, cuyo carácter sea oponible a Venezuela. Ese Laudo no tiene la menor fuerza jurídica.

Si el Laudo Arbitral de París en efecto es el objeto de fondo de la segunda etapa del Proceso en La Haya, se presenta la mejor ocasión a Venezuela para desenmascarar y denunciar la perversión jurídica de la cual fuimos víctima; y que la Parte guyanesa no ha hecho otra cosa que pretender torcer tamaña e inocultable realidad histórica para sus propios intereses y en comparsa con insaciables empresas transnacionales.

Guyana aspira ganar sin las mejores cartas, ni tener con qué; y nosotros solicitamos e invocamos que la Corte haga justicia al hacernos justicia.