Guayana
Esequiba: nuestra identidad cultural esequibana
Dr. Abraham
Gómez R.
Miembro de la Academia Venezolana de
la Lengua
Asesor de la Fundación Venezuela
Esequiba
Asesor de la ONG Mi Mapa
Miembro del Instituto de Estudios
Fronterizos de Venezuela (IDEFV)
Asesor de la Comisión por el Esequibo
y la Soberanía Territorial
Hemos venido
exponiendo, como autocrítica, que nos parece que caen en una seria
contradicción quienes se dicen defensores de la Guayana Esequiba; pero muy
pocas veces aluden y defienden –que también constituye un referente valioso-- a
la apreciable población que vive en ese inmenso territorio, donde se acumulan
recursos de todo tipo; precisamente los que están siendo esquilmados por la
voracidad de las compañías transnacionales.
También
resulta inaceptable que empresas privadas venezolanas y (algunas veces)
organismos oficiales realicen promociones institucionales o publicidad con el
mapa mutilado de nuestro país; y aunque se les haga la debida y respetuosa
observación casi nunca corrigen tal impropiedad.
La concepción
patriótica integral es psico-emotiva, y se construye (y constituye) con las
aprehensiones mentales y emocionales, para llegar a querer lo que siempre ha
sido nuestro.
Debemos asumir
e internalizar, con nuestras propias sensibilidades y consideraciones
sociohistóricas, que nos concierne a todos por igual este pleito jurídico de
reivindicación venezolanista que estamos librando por ante la Corte
Internacional de Justicia.
Dejamos
sentado, una vez más, que en la controvertida extensión territorial --desgajada
a nuestra nación- conseguimos de norte a sur importantes ciudades, pueblos y
asientos demográficos de varias clases sociales; cuyo registro censal, más
reciente, arroja una población que sobrepasa los (300.000) compatriotas; donde
quedan incluidas las personas originarias de las etnias Waraos, Waiwai,
Makushi, Arawakos, Akawayos, Saraos, Patamonas, Caribes, Wapashi.
Además, una
imbricación bastante considerable de afro e Indo descendientes, amerindios,
asiáticos, portugueses etc. Una amalgama humana interesante.
No obstante,
cuando analizamos la Constitución de la República Cooperativa de Guyana de
1980, nos conseguimos con la auto asignación; es decir, ejercieron, con el acto
de promulgación de tal Norma Suprema, una apropiación indebida --sin escrúpulos--
del mencionado espacio; y procedieron a legislar, para el presunto
establecimiento de la distribución político-territorial en
nuestra Guayana Esequiba, en flagrante violación del Acuerdo de Ginebra del 17
de febrero de 1966.
Se confirieron, a sí mismos, soberanía en la
zona conflictuada. Ni más ni menos.
En la citada
Carta Magna guyanesa, ellos delimitaron toda esa extensión de la siguiente
manera: Región 1 Waini-Barima; Región 2 Poomeron-Supenam; Región 7 Cuyuní-Mazaruni;
Región 8 Potaro-Siparuni; Región 9 AltoTúkutu- Alto Esequibo.
Arbitraria y
abusivamente, le pueden poner los nombres que les parezca; pero para Venezuela
esos 159.500 km2, conforman la séptima parte de nuestra geografía nacional; es
nuestra Guayana Esequiba, obtenida a través de irrebatibles justos títulos
traslaticios, que presentaremos en la fase probatoria, en este juicio que cursa
por ante la Sala Juzgadora de la ONU.
La inocultable
intención, que tal vez mide la contraparte en perspectiva, sería la invocación
de la famosa Cláusula de Prescripción Adquisitiva; para intentar transformar
esos bochornosos actos de hecho en “sentencias de derecho”.
Me permito
relatarle --con emoción- al país, que cada vez que visitamos las hermosas
comunidades del costado del estado Delta Amacuro, digamos las más próximas a la línea de facto: San José de Amacuro, Guasa, Barima, Cangrejito,
Las Margaritas, Jobure, Curiapo; son momentos y circunstancias cuando
profundizamos en los análisis y valoraciones
de los nexos afectivos que se tejen con
los habitantes de los pueblos asentados en la Zona en Reclamación, como Mabaruma, Santa Rosa,
Coriabo, Caituna, Baramani y lo que apenas queda de Morajuana.
De tal
manera, que uno llega a colegir que por muy estricta o difusa que pueda
presentarse la delimitación o demarcación, jamás alcanzará a escindir los lazos
consanguíneos tradicionales, los nexos culturales, las sensibilidades y, mucho
menos, a provocar la separación de las arraigadas querencias que conseguimos
interconectadas a ambos lados de la “raya”.
Estamos
obligados a enlazarnos como compatriotas con esos grupos humanos, tan
venezolanos como cualquiera de nosotros.
No debe
importarnos únicamente reclamar la extensión territorial y su proyección
marítima; por cuanto, la atención y asistencia integral para la gente que allí
convive debe ser tarea prioritaria para que obtengan desde y con nosotros
sentido de pertenencia e identidad con el resto de Venezuela.
Vendrían,
entonces, a propósito, las preguntas.
¿Cómo va el proceso en la Corte? ¿Si tenemos
oportunidad de salir victoriosos?
Nosotros poseemos
enjundiosa documentación histórico, jurídica y cartográfica. Dígase, pruebas
constituyentes directas y pruebas por constituir, respectivamente; con las
cuales demostraremos que fue el Imperio Británico el que nos despojó, mediante
argucias políticas-diplomáticas a finales del siglo XIX, de esa extensión por
el este de la geografía venezolana; incluso tenían la aviesa intención de
arrebatarnos hasta el Delta del Orinoco y una considerable parte del estado
Bolívar.
A partir del mes de abril, del próximo año,
cuando nos corresponderá consignar el memorial de contestación de la demanda, vamos
por la Restitución, conforme al Principio de Exequibilidad, de todo cuanto nos
quitaron en aquella maulería diplomática de ingleses y rusos, en fecha de
ingrata recordación.
Venezuela
siempre ha estado –fundadamente – munida de Títulos Jurídicos que la respaldan
en cualquier ámbito internacional, y en este juicio no será la excepción.
Vamos con nuestras pruebas irrebatibles e
inconcusas.
¿Por qué nos encontramos racionalmente
optimistas? Porque, la Corte ha decidido
en una serie de sentencias, que han creado jurisprudencias, que un título
jurídico preexistente prevalece sobre una administración del territorio en
controversia, que pudiera estar bajo dominio circunstancial e ilegítimo de otro
Estado.
Tenemos más
de cien años pidiendo, en justo derecho, la reivindicación de lo que siempre ha
sido nuestro.
El Laudo es
el único documento que la contraparte enarbola como bandera, y con el cual solicita
a la Corte que le dé autoridad de cosa juzgada. Ese adefesio jurídico nació
viciado de nulidad absoluta.
Ha resultado
vergonzoso e infeliz en la doctrina e historia del Derecho Internacional
Público.
Que no les
quepa la menor duda a los representantes de la excolonia británica que vamos
con todo; asistidos en la justeza de saber que estamos reclamando para nuestra
nación la restitución de lo que nos arrebataron en una tratativa perversa.
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