Guayana
Esequiba: debemos comparecer con la seguridad de poseer los justos títulos
Dr. Abraham
Gómez R.
Miembro de la Academia Venezolana de
la Lengua
Consultor de la ONG Mi Mapa
Asesor de la Fundación Venezuela
Esequiba
Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos
de Venezuela
Asesor de la Comisión por el Esequibo
y la Soberanía Territorial
Ha llegado el
momento para que demostremos con contundencia nuestra reafirmación
venezolanista con hechos concretos; entre otros, decidir nuestra probable
comparecencia por ante la Corte Internacional de Justicia, dentro de un mes,
con la finalidad de consignar el memorial de contestación de la demanda.
Ya lo he
dicho en bastantes ocasiones que nuestra presencia o no en ese Alta Tribunal
corresponde a una indelegable determinación del jefe de Estado; por cuanto, es
una absoluta atribución constitucional de su expresa reserva
Guyana, con
la interposición de acciones contra nuestro país y ratificarla en todas las
audiencias celebradas, insiste, en su causa de pedir, que la Sala obligue a
Venezuela a reconocer el presuntamente ejecutoriado Laudo Arbitral de París de
1899, como cosa juzgada.
A partir de
abril, parece que la contraparte viene dispuesta a arreciar para asegurar y proteger los
intereses de las transnacionales que están operando ilegalmente en la extensión
territorial que nos desgajaron y su respectiva proyección atlántica.
En la recién celebrada asamblea ordinaria de la CARICOM, esta entidad internacional
ratificó su apoyo a Guyana.
Diremos
también que, imprudentemente, el presidente Irfaan Ali (burlando el Acuerdo de
Argyle del 14-12 2023) ha dado instrucciones, y hasta órdenes escritas a las
mencionadas empresas para que se activen en cualquier coordenada marítima hacia
su costado oeste, sin el más mínimo respeto a la soberanía venezolana en esa área;
desconociendo, por completo y como le da la gana, el Acuerdo de Ginebra de
1966.
A pesar del
artificial y baboso intercambio de regalos entre los dos presidentes, la excolonia
británica nos ha venido atropellando y vulnerando en nuestro legítimo e
histórico contexto geográfico; y aun así los voceros de aquella cancillería hacen
la desvergonzada afirmación de que nosotros estamos violando su integridad
territorial por la presencia del componente de la Armada Venezolana en la zona
controvertida.
Ellos tienen
varios años haciendo cabildeo en el Palacio de la Paz, sede de la Corte. Eso no
nos amedrenta.
Además, se
han atrevido a declarar que la “sentencia
los favorecerá”; así la delegación venezolana no se encuentre presente, al
invocar – nuevamente- la No
Comparecencia, el cual constituye un recurso perfectamente válido conforme al
Derecho Internacional Público.
Por encimita,
argumentamos (en cualquier Cuerpo Sentenciador) que el adefesio denominado Laudo
Arbitral de París de 1899 es nulo de nulidad absoluta; por lo tanto, se le
califica como Inexistente jurídicamente.
Debemos dar a
conocer que el equipo de asesores de la Parte guyanesa en este litigio ha
recomendado que pidan, además, el envío de la "presunta decisión
sentencial" de la CIJ, al Consejo de Seguridad de la ONU, para imponerla a
Venezuela y hacer que la cumpla, inexorablemente.
No nos
atemoriza que la presidencia protempore del Consejo Seguridad la esté
ejerciendo la delegación guyanesa.
Han dicho que
Guyana no se contentará con que la Corte decida mediante una resolución
consultiva, conforme al artículo (65) de su propio Estatuto. Ellos exigen, de
manera determinante una sentencia, definitivamente firme, con efectos
impeditivos de impugnaciones ulteriores; en tanto Arreglo Judicial, contemplado
en el Artículo 33 de la carta de las Naciones Unidas.
Se siente envalentonados y presumen de sus “aliados
y socios internacionales”.
Han sido
reiteradas las conversaciones que he
sostenido con los directivos de las Academias, en las universidades del país;
interesantes charlas con los integrantes de casi todas las ONG.s, cuyos
miembros siguen siendo reconocidos, y
al tiempo elogiables adalides en la defensa de nuestros derechos en la
Guayana Esequiba.
Lo hemos
reiterado, en todas nuestras conferencias por Venezuela: se hace obligante
concitar una verdadera Unidad Nacional. Este caso trasciende a los gobiernos.
Sin embargo,
entre todos nosotros aflora una común y compartida inquietud, que se manifiesta
en interrogantes del tipo: qué estrategia habrá diseñado la cancillería
venezolana para seguir enfrentando, con suficientes elementos probatorios, la
demanda que ha ratificado permanentemente el gobierno guyanés; donde además
pide que la CIJ sentencie a Venezuela en ausencia.
Nos llama la
atención que siendo, como lo volvemos a mencionar, un Asunto de Estado haya
tanta opacidad y displicencia por parte de quienes manejan la Política Exterior
en nuestro país.
Entendemos
que no todo deba debatirse a luz
pública; sin embargo, admitida la Diplomacia
Abierta, según las bases teóricas de Woodrow Wilson; hay elementos
fundamentales que la población debe conocer con anticipación, para que aflore
un despertar de conciencias y constantes solidaridades.
Hemos
insistido en advertir que no es poca cosa la Pretensión Procesal de Guyana; y
con de ellos, una lúdica de intereses de múltiples aristas. Se la están jugando
completo.
Las
generaciones presentes y futuras no tolerarán torpezas o desidias en este caso
de reafirmación nacionalista, de tanta trascendencia.
Nuestra reivindicación
por la Guayana Esequiba está hablando a tiempo por sí misma, para que se evite
alguna salida deleznable.
Esa inmensa
zona permanentemente ha constituido un apetecible territorio, con
extraordinario potencial de desarrollo sostenible por sus incalculables
riquezas mineras, hídricas, forestales, energéticas, edafológicas, petroleras
etc. Territorio muchísimo más grande que algunos países europeos, asiáticos y
centroamericanos.
Quienes están
asesorando a la contraparte deben estar conscientes que en cualquier proceso
judicial hay que obligarse a demostrar lo pretendido.
¿Cómo se les ocurre afirmar en la
interposición de acciones contra Venezuela –en procura de acreditación de la
Sala Juzgadora-- que el inefable “Laudo” es cosa juzgada y debe configurarse (y
aceptarse) como válido y vinculante para nosotros?
Con esa patraña no nos ganarán jamás, en justo
derecho. Nosotros poseemos los títulos de propiedad, desde 1777, con la
creación de la Capitanía General de Venezuela, con la Real Cédula de Carlos
III.
Por lo
pronto, nos mantenemos a la expectativa – como se encuentra toda Venezuela --
por la resolución que pueda tomar la Corte a partir del ocho de abril, luego de
cumplidas las Audiencias Públicas; donde tendremos la ocasión de explayar la contramemoria
y alegar en justo derecho.
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