Guayana Esequiba: ¿Con qué moral protestan ante la ONU?

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

Presidente del Observatorio Regional de Estudios Universitarios (OBREU)

 

Si confrontamos un problema de reclamo de soberanía en el área terrestre, en el naciente estado número 24 de Venezuela, denominado Guayana Esequiba; prestemos atención también que en la zona marítima la situación es mucho más álgida por cuanto Guyana ha cercenado nuestra proyección hacia el atlántico, frente al Delta del Orinoco.

Situación que hemos denunciado en bastantes instancias sin que hayamos obtenido una respuesta eficaz al caso.

La excolonia británica ha tenido la pretensión de extender su plataforma continental, por el área que nunca ha sido suya.

Lo que citamos en el enunciado anterior comporta la aspiración desmedida de los guyaneses; aunque, jurídicamente no lo han alcanzado, cierto. Sin embargo, utilizan – como mejor les parece - el Mar Territorial. Lo ha conseguido de hecho al dar innumerables concesiones a empresas transnacionales en los espacios terrestre y marítimo – específicamente- que por derecho se genera en el concreto ámbito que ahora se mantiene en contención por ante la Corte Internacional de Justicia, en un juicio que cumple con sus fases; y a donde debemos comparecer el 11 de agosto de este año, con la finalidad de consignar nuestro acervo de probanza histórica, jurídica y cartográfica.

 No le estamos quitando nada a nadie.

Hemos dicho, en reiteradas ocasiones, que para entender la controversia existente en el Esequibo hay que analizar la situación, entre otros muchos aspectos, desde el punto de vista terrestre y marítimo.

Comencemos por definir. En lo terrestre, lo que nosotros hemos venido llamando Guayana Esequiba –porque la contraparte maneja otra nomenclatura para esa zona- es un inmenso territorio que abarca aproximadamente 159.500 km2, desde la margen izquierda del Río Esequibo hasta Punta de Playa en Delta Amacuro, por la zona costera-norte; y por el sur hasta la frontera con Brasil, separada por el Río Takotu, incluyendo una amplia proporción de la Sierra del Roraima.

 Digamos también que constituye un territorio con incalculables riquezas mineras, hídricas, forestales, energéticas, edafológicas, petroleras entre muchísimas otras.

Para que tengamos un referente aproximado, es más grande que algunos países europeos, asiáticos y centroamericanos. Igual en extensión que todo el occidente de nuestra nación. Con extraordinario potencial de desarrollo sostenible.

 Nos lo arrebataron con vileza y alevosía. Fuimos despojados con ese nefasto Laudo Arbitral de París de 1899, que desde entonces hemos calificado tal documento de írrito y nulo, de nulidad absoluta.

“Laudo” que no fue otra cosa que una tratativa perversa de los imperios de entonces. Nunca hemos admitido que haya sido ejecutoriado por nosotros, en 1905; y menos aceptamos que Guyana (en un fraude legal y procesal) pretenda reposicionarlo como causa de pedir en el juicio precitado que lleva su curso en el Alto Tribunal de La Haya.

Hemos estado reclamando y pidiendo restitución para nuestra Nación venezolana de la Guayana Esequiba, algunas veces con ímpetus, otras con flaquezas y debilidades.

Estamos segurísimos que las múltiples peticiones que hemos intentado por vías diplomáticas, políticas y jurídicas no están sustentadas en caprichos chauvinistas, reacciones intemperantes, desproporcionadas o injustas; porque poseemos los justos títulos traslaticios que nos confieren asideros y fortalezas en las pruebas.

Hemos explicado en las instancias internacionales y en las audiencias de la Sala Juzgadora correspondiente las razones y argumentos sociohistóricos y jurídicos que nos asisten.

Veamos lo siguiente. Cuando analizamos la Constitución de la República Cooperativa de Guyana de 1980, nos conseguimos con la auto asignación y la distribución político-territorial que ellos han establecido, precisamente en la Guayana Esequiba, en flagrante violación del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

La inocultable intención, que tal vez miden en perspectiva, sería la invocación de la famosa Cláusula de Prescripción; para transformar actos de hecho en sentencias de derecho, o que se produzca una decisión jurídica tomando en cuenta la libre determinación de los pueblos.

Fijémonos también en esto, con bastante seriedad: ellos delimitaron y enumeraron, toda esa extensión en regiones, con los siguientes nombres: Guainía-Baruma; Poomeron-Supenam; Cuyuní-Mazaruni; Potaro-Siparuni; AltoTúkutu- Alto Esequibo.

 En cada una de estas regiones eligen un gobernador; y allí conseguimos importantes ciudades, pueblos y asientos demográficos de varios tipos y clases sociales; en cuyo registro censal, más reciente, arroja una población que sobrepasa las 300.000 personas, incluyendo a las etnias Waiwai, Makushi, Arawakos, Akawayos, Saraos, Patamonas, Caribes y Wapashi.

Sucede que Guyana ha hecho bastantes intentos para apropiarse de lo que nunca ha sido suyo. Ha entregado licencias a transnacionales sin consultar a Venezuela, y en flagrante violación del Acuerdo de Ginebra, del 17 de febrero de 1966; documento éste, con pleno vigor jurídico, que estará cumpliendo cincuenta y nueve años de su firma.

Guyana no ha cesado en aprovechar el inmenso potencial de recursos que tiene la Guayana Esequiba, en tierra y mar. Ha hecho concesiones de todo tipo, en complicidad con algunos países; irrespetando el espíritu, propósito y razón del nombrado Acuerdo de Ginebra: único documento al cual asirnos para proseguir nuestros reclamos adonde tengamos que ir para denunciar ante el mundo el descaro y la ignominia a la que se nos han sometido en más de dos siglos.

Visto todo lo narrado, de atropellos que han perpetrado por años contra Venezuela, resulta que recientemente la diplomacia guyanesa introdujo un reclamo (Nota de Protesta, conforme al Derecho Internacional) en la Secretaría General de la ONU por el puente que acabamos  de construir para comunicar a San Martín de Turumbán (estado Bolívar) con la Isla de Anacoco, que ha permanecido bajo nuestro dominio y posesión desde el 12 de octubre de 1966.

La contraparte no tiene nada con qué argumentar (y moral menos) en la queja que introdujo en las Naciones Unidas contra nuestro país.