Guayana
Esequiba: nuestra restitución no implica una distopía peligrosa
Dr. Abraham
Gómez R.
Miembro de la Academia Venezolana de
la Lengua
Asesor de la Comisión de la Asamblea
Nacional por el Esequibo y la Soberanía Territorial
Miembro del Instituto de Estudios
Fronterizos de Venezuela (IDEFV)
Asesor de la Fundación Venezuela
Esequiba
La
aseveración del título y contenido de la presente reflexión surgen; porque
desde 1822, basamentados en enunciados y proclamas contundentes de El
Libertador, hemos reclamado justicia para Venezuela.
Jamás se nos
ha ocurrido arrebatarle ni un milímetro de extensión territorial a las naciones
colindantes; ni lo haremos en lo sucesivo; por cuanto, las pruebas, razones y
justificaciones favorecen a nuestro país, amplia y suficientemente.
En el
irrebatible acervo de probanza que poseemos no queda “ni un clavo donde colgar una duda” de que esos 159.500 km2, los
inconmensurables recursos de todo tipo y su respectiva proyección atlántica
histórica y jurídicamente son propiedad de nuestro país.
Nuestro
reclamo ha adquirido – en sí mismo- el asidero pertinente en las distintas
instancias donde se ha intentado discernir; debido a que no es un
empecinamiento sobrevenido, un capricho de repentino nacionalismo o una
malcriadez diplomática.
Nos
mantenemos muy distantes de quienes, en la comunidad internacional, asumieron
la tarea de prejuzgar sin conocer en profundidad los orígenes de la
controversia.
Entendemos que a tales opinadores – tarifados
por las empresas transnacionales – únicamente hacen esfuerzos inútiles para
salvaguardar los intereses de esas corporaciones que recibieron permisos y
concesiones ilegales para realizar explotaciones esquilmatorias en la zona en
pleito.
En otra tendencia,
que bordea el catastrofismo, casi coincidente con los intermediarios descritos y
señalados en el párrafo anterior nos conseguimos a quienes “aconsejan” que
desistamos con la reivindicación y búsqueda de restitución in integrum; puesto
que podemos causar estragos entre la población originaria y demás habitantes.;
provocar hechos dañosos con impredecibles consecuencias. Casi que crear un
caos. Un escenario distópico.
Sin recato
dicen que resultará vana o fatalista la más mínima actividad de justa exigencia
que sigamos desplegando. Cada quien que asuma su responsabilidad.
Estos
agoreros prefiguran (o pintan) – atendiendo a sus particularismos - un nefasto
futuro, con características negativas en la zona, una vez que logremos la
consolidación presencial de Venezuela, por la vía de la instauración plena del
estado Guayana Esequiba, conforme al instrumento normativo respectivo que ha
sido sancionado por la Asamblea Nacional y promulgado por el jefe de Estado;
simultáneamente, a partir del fallo
sentencial de la Corte Internacional de Justicia, que esperamos a nuestro
favor, mediante un proceso llevado en justo derecho.
¿Habrá tiempo
para que rectifiquen?; aunque, hasta el presente, no ha habido forma ni manera
de que las delegaciones de las cancillerías de Venezuela y Guyana logren avances
significativos, por la diplomacia dialogante y directa en base al Acuerdo de
Ginebra, del 17 de febrero de 1966. Único documentable aceptable, con pleno
vigor jurídico en este litigio.
La estrategia
que utiliza – sin escrúpulos- la contraparte consiste al hacernos aparecer ante
la comunidad internacional, como una nación grande que atropella a un país
pequeño.
Debemos ser
enfáticos en pronunciar con insistencia ante el mundo que no le estamos
quitando las dos terceras partes del territorio de Guyana, como ellos arguyen.
Nosotros hemos demostrado – una y muchas
veces- que fue el Imperio Británico que
nos invadió y despojó, mediante el írrito Laudo Arbitral de París de 1899, de
una séptima parte del espacio territorial correspondiente – históricamente- a la
geografía venezolana; que luego la cede para que se forme la República
Cooperativa de Guyana, el 26 de mayo de 1966.
Mucha gente
se hace esta pregunta: ¿por qué estamos obligados a debatir por ante la Corte
Internacional de Justicia?; porque, exactamente, ha sido esa la estrategia
jurídica que ha jugado Guyana, desde el principio. Reafirmada con la demanda
que nos hizo (ingratamente) el 29 de marzo de 2018.
Nunca han querido un arreglo “pacífico, práctico y satisfactorio”, a
través del cual ambas naciones alcancen una solución apropiada y convincente.
Ellos nunca admitieron
(y por eso sabotearon por 25 años) la figura del Buen oficiante para que resolviera
este caso, con su mediación.
Los gobiernos
guyaneses reciben – rutinariamente- considerables sumas dinerarias de la
transnacional Exxon y otras para cancelar los honorarios y demás gastos que
viene ocasionando la presencia permanente de su delegación y de expertos
asesores en La Haya.
Permítanme
añadir – para que estemos advertidos- que una sentencia de la CIJ es inapelable
y su mandato absolutamente vinculante; conforme al artículo 60 del Estatuto del
Ente Juzgador:
“El
fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o el
alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las
partes”.
Eso no nos
debe impactar ni espantar; por cuanto, se ha conformado la Alta Comisión para
canalizar este Asunto de Estado, que ya respondió en una primera vista procesal (que no fue una mera visita) con los
documentos inconcusos de pruebas; así también, tenemos excelentes profesionales
del derecho internacional, historiadores, sociólogos, estudiosos de este
controvertido caso; que hemos estructurado un extraordinario y multidisciplinario
equipo de asesores que estaremos defendiendo nuestra causa patriótica.