Guayana Esequiba: venezolanidad
a toda prueba.
Dr. Abraham Gómez R.
Miembro de la Academia Venezolana de la
Lengua
Nuestro común origen como
nación; con idéntica lengua, multiétnico, enraizadas costumbres, respeto a la
diversidad confesional, valores patrióticos, sensibilidades frente a los
acaecimientos del prójimo, estructuración de sólidas instituciones; en fin, ese
amalgamiento nos ha permitido engendrarnos socialmente y emparentarnos en
afectos colectivos.
Ha sido, desde siempre, una
hermosa configuración en un único pueblo, en permanente proceso de mejoramiento
y sostenida superación de atascos y embates.
Hoy nos encontramos ante una
disyuntiva inescurrible, que no podemos dejar a un costado de las cotidianas
reflexiones, o hacernos los desentendidos. Tal vez, comparable a la gesta
independentista librada por nuestros libertadores. Estamos en presencia, en
esta ocasión, de una lucha jurídica-diplomática, por la defensa del suelo patrio.
La controversia que hemos
sosteniendo desde hace más de un siglo nos coloca en el desafío histórico de
trenzarnos en plenas solidaridades; porque la contención que llevamos adelante
requiere del esfuerzo profesional e intelectual de nuestros mejores hombres y
mujeres; y porque, además, la contraparte, en su condición de demandante va con
todo en la “interposición de acciones” contra la República Bolivariana de
Venezuela.
Exactamente así lo suscribe el
gobierno guyanés en el documento fechado el 29 de marzo de este año, contentivo
de la solicitud de procedimientos institucionales incoado contra nuestro país
en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). No tienen atenuación en el
discurso.
Guyana solicita al Alto
Tribunal de la Haya, en el citado escrito, que confirme “la validez legal y
efecto vinculante” del Laudo Arbitral de París de 1899. A ese adefesio jurídico
Venezuela siempre le ha dado la calificación de nulo e írrito; tal señalamiento
responde a los suficientes e irrebatibles asideros jurídicos que poseemos.
Y por si fuera poco, la Parte
guyanesa instituyó también por la CIJ que la cuestionada tratativa fue una “liquidación
completa, perfecta y definitiva” de todos los asuntos pertinentes a la
determinación cartográfica entre Venezuela y la excolonia británica.
Cabe aquí una inmensa pregunta;
por cierto, nunca respondida hasta ahora, por ningún gobierno británico ni
guyanés: ¿Por qué, entonces, suscriben y admiten en el Acuerdo de Ginebra del
17 de febrero de 1966, que se deben buscar soluciones satisfactorias para el
arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido ( litigio
heredado por Guyana) surgida como consecuencia de la justificada contención nuestra de que el citado laudo fue una ardid tramposo; y por lo tanto no posee, eo-ipso, la eficacia
legal?
La Corte Internacional de
Justicia (CIJ) considera que es necesario que ese Tribunal esté informado de
todos los motivos de hecho y de derecho, en el que las partes se basan en lo
ateniente a su competencia y jurisdicción en este específico caso.
Entonces la CIJ, en su Orden
del 19 de junio, ha fijado los lapsos para que las Partes conflictuadas
presenten sus respectivos escritos. Guyana lo haría antes del 19 de noviembre
de 2018.
Nos corresponde elaborar y
consignar antes del 18 de abril de 2019 el Memorial de Contestación de la
demanda.
Sin embargo, en la misma
resolución de la CIJ quedan asentadas, explícitamente, algunas interesantes
consideraciones; como la que describimos de seguidas: Venezuela preserva las
posibilidades de hacer valer sus derechos procesales. Obviamente que así se hará
con la contundencia de que primero debe
resolverse la cuestión de la jurisdicción de la Corte; lo cual es obligante que
se determine por separado antes de cualquier
decisión de fondo.
En la cabal e inmarcesible
defensa de nuestra Guayana Esequiba mal podrían el sector gubernamental u
organismos de la Sociedad Civil venezolana fracturar la necesaria unidad de
criterios en esta lucha. El bastión debe estar compacto, pétreo, siempre
fortificado.
Sugerimos la conformación de
una Comisión Patriótica por la Guayana Esequiba, cuyas características
esenciales se asienten en el respeto a las opiniones y conjeturas; la
responsabilidad en las participaciones públicas, la densidad de los estudios
sobre este asunto para que obtengamos aportes significativos y la pluralidad de
los sectores integrantes para que alcancemos la más amplia representación del
país.
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