Guayana
Esequiba: sí, preceptivamente, ante la Corte
Dr. Abraham Gómez
R.
Miembro de la Academia Venezolana de
la Lengua
Asesor de la Comisión de Defensa del
Esequibo y la Soberanía territorial
Asesor de la Fundación Venezuela
Esequiba
Miembro del Instituto de Estudios
Fronterizos de Venezuela
Asesor de la ONG Mi Mapa
Los gobiernos
ingleses y guyaneses que han ocupado los 159.500 km2 --la séptima parte de
nuestra soberanía por el costado este--; fundamentalmente, a partir de Burnham
hasta el presidente actual Irfaan Ali, han sostenido una obsesiva búsqueda para
que se aplique el principio de la Prescripción Adquisitiva; es decir, darle
eficacia jurídica –legalizar-- al írrito apoderamiento perpetrado. Insisten en justificar
la usurpación por el tiempo que han permanecido en la extensión geográfica
venezolana, que nos arrebataron con vileza.
En esta
ocasión, pretenden que sea la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que falle a su favor.
A pesar de que
nuestro país, como Estado-Parte, no había dado su consentimiento para que se llevara
adelante el Proceso jurídico; mucho menos haber suscrito –con antelación-
cláusulas compromisorias de obligación; esta acción de juzgamiento – aunque quisiéramos
-- no se paralizará por ausencia de alguna de los concernidos directos.
Incluso, de acuerdo con el artículo (53) del
Estatuto de ese Ente Jurisdicente, puede llegar a haber resolución sentencial,
así alguna delegación no se haga presente.
Efectivamente,
esa examinación ya la hizo la Sala cuando le correspondió dictar sentencia incidental,
el 8 de abril de este año, para resolver la excepción preliminar de
inadmisibilidad de la demanda, que habíamos intentando.
La Corte con
el mencionado fallo dio el visto bueno para que continúe el juicio en sus
etapas subsiguientes.
Como nunca, la
gente desea explicaciones sobre lo acaecido, en contra de Venezuela, el día 03
de octubre de 1899, tramado en la nula y forcluída resolución, denominada Laudo
Arbitral de París.
Las distintas
delegaciones que participaron por Guyana siempre sabotearon el trabajo de la
comisión mixta en 1966; así, además, entorpecieron la negociación directa, la
mediación, la conciliación; nunca admitieron la posibilidad de ir a un nuevo
arbitraje para compulsar (comparar y contrastar) los justos títulos de cada
parte en la controversia.
Ellos urdieron
y forzaron la práctica para que la contención llegara a la CIJ – como en efecto
llegó--, y mantenerse en ese escenario, con la aviesa intención de procurar una
sentencia rápida y sin más dilaciones. Buscan una solución que les favorezca.
Agréguese allí una “ayudadita” de algunos países y otros entes, caso de la
Commonwealth y Caricom.
Se han limitado
– en el escrito de la acción interpuesta-- a reposicionar el adefesio arbitral
de 1899, que quedó inválido cuando el Reino Unido, la Guayana Británica, entonces
como colonia británica y Venezuela suscribieron y ratificaron el Acuerdo de Ginebra, el 17 de
febrero de 1966, en cuyo texto se reafirma la nulidad absoluta del “laudo”
tramposo.
En nuestro
caso debemos conferirle a este caso el irrestricto carácter de Política de
Estado.
Estamos conscientes también que la presencia
de nuestra delegación en la Corte o la no comparecencia de Venezuela, en los
acaecimientos futuros en el juicio, únicamente la
determina el presidente de la República, en su condición de jefe de Estado.
A mi modo de
ver, las etapas de negociación directa (que jamás la ha querido Guyana), la
conciliación, la mediación y el arbitraje prácticamente han sido superadas.
El asunto
controversial escaló a nivel de la Corte Internacional de Justicia; y en ese
Tribunal no hacen “arreglos” de los citados tipos; sino que aplican el derecho;
y solo, excepcionalmente, por mutuo acuerdo de los Estados contrapuestos,
podría dar una solución ex aequo et bono
(actuando por lo equitativo y bueno); si las partes así lo convinieren, según
el numeral segundo, artículo (36) del Estatuto de la Corte.
Por eso, nos lució
--con todo el respeto-- incoherente y extemporáneo parte del contenido del
comunicado emanado de nuestra Cancillería el 26 de mayo, con motivo de saludar
a la República Cooperativa de Guyana, al cumplirse el 57 aniversario de su
independencia, cito:
“Asimismo,
Venezuela reitera su cordial invitación al Gobierno de Guyana para retomar el
camino de la negociación política en torno a la controversia por el territorio
de la Guayana Esequiba, tal como lo establece el Acuerdo de Ginebra suscrito el
17 de febrero de 1966”.
Es verdad que
estamos obligados, por deber patriótico, a conjugar unívocamente nuestra manifestación
de voluntad; nuestro deseo de que se reivindique a Venezuela del daño histórico
causado; sin embargo, nuestra voluntad inquebrantable, debe estar en
consonancia con los discursos; las declaratorias deben reforzar lo que
reclamamos.
La declaración
de voluntad y las manifestaciones de voluntad deben estar en plena y absoluta
sincronía, en todo el país y en la comunidad internacional.
Nada de
incoherencias en cuanto a declarar que aspiramos que tal extensión territorial
sea restituida a la geografía venezolana; pero poco o nada hacemos para que ese
hecho se concrete o desempolvar e invitar a etapas superadas.
La anterior
descripción se denomina error obstativo; el cual consiste en la falta de
correspondencia entre la voluntad y la declaratoria. Una incomprensible
discrepancia entre lo querido y lo manifestado.
Debemos tener
–inequívocamente– en coincidencia entre voluntad y declaración; entre la
voluntad correctamente formada y la manera como declararla.
Señalo que
este asunto litigioso se dirime –en tanto en cuanto Proceso jurisdiccional— por
ante la nombrada Sala Sentenciadora de la ONU; y de acuerdo a nuestra
particular apreciación – generada a partir de intercambio de criterios con otros
especialistas—no hay vuelta atrás.
¿Que nos
corresponde hacer?; lo que hemos venido desarrollando, por todo el país.
Sensibilizar y
concienciar, con carácter patriótico, a toda la población venezolana sobre el
inevadible juicio que vamos a encarar, a partir de la consignación del memorial
de contestación de la demanda (fase postulatoria) a partir de abril del próximo
año.
Mantenernos estrechamente
solidarios, sin diferenciaciones de ningún tipo y menos sesgar este caso con
ideologías partidarias.
Lo peor que
podemos hacer es abrir una innecesaria e inconveniente confrontación política
interna en nuestro país, relacionada a la Guayana Esequiba, en este momento
apremiante; cuando nos encontramos concernidos en un serio pleito jurídico, en
el Alto Tribunal de La Haya.
Insisto en señalar
que debemos reforzar la estructuración de la defensa, sin recelos ni
mezquindades, un bloque de defensa compacto y pétreo, para contrarrestar las
acechanzas de la Parte que nos rivaliza, por las acciones unilaterales en
contra nuestra que ellos interpusieron en la Corte.
Sería
desastroso si nos peleamos internamente; si cada quien cree que le puede sacar
provecho para su parcela política o nos ausentamos de la Corte; porque, de
todas maneras, el juicio sigue su curso.
Nos
encontramos en punto de no retorno. La Corte podría llegar a sentenciar en
nuestra ausencia.
La contención
por la Guayana Esequiba rebasa los egos individualistas mal curados, los
particularismos confesionales, raciales o de cualquier otra índole. Este caso
nos necesita unidos como país, con criterios unánimes.
Este litigio
estamos obligados a estudiarlo jurídicamente y manejarlo invocando la
solidaridad de toda la población venezolana; concitando las mejores voluntades
e inteligencias.
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