Guayana
Esequiba: estamos a nueve meses para contestar (y luego probar)
Dr. Abraham
Gómez R.
Miembro de la Academia Venezolana de
la Lengua
Asesor de la Comisión por el Esequibo
y la Soberanía Territorial
Asesor de la Fundación Venezuela
Esequiba
Miembro del Instituto de Estudios
Fronterizos de Venezuela (IDEFV)
Asesor de la ONG Mi Mapa
Para
bastantes personas quizás resulte un espacio de tiempo holgado para redactar el
memorial de contestación a la demanda que interpuso la República Cooperativa de
Guyana contra la República Bolivariana de Venezuela, por ante la Corte
Internacional de Justicia, el 29 de marzo de 2018.
Parece lejana
la señalada distancia; sin embargo, ese lapso es estrecho para toda la inmensa
tarea en la que nos encontramos abocados para cumplir a cabalidad, en abril del
próximo año, cuando nos corresponda consignar nuestro enjundioso escrito en la
fase postulatoria.
Etapa cuando
en estricto rigor se traba la litis y comienza el juicio, propiamente.
Por lo
pronto, no entraré a profundizar en cuanto al inmerecimiento, para con
nosotros, de tal actitud de innecesaria retaliación por parte de la excolonia
británica.
Pudimos haber
agotado algunas otras alternativas de solución pacífica y de entera
satisfacción para ambas naciones. Vale señalar: la negociación directa, la
mediación, la conciliación, la investigación o convenir en un nuevo arbitraje (sí,
un nuevo arbitraje), esta vez con presencia de representantes legítimos de
ambas partes conflictuadas, designados formalmente, por cada Estado. Diferente
a la añagaza jurídica del 03 de octubre de 1899.
Nos
conseguiremos a quienes opinarán que las tres primeras opciones ya habían sido
intentadas, en gestiones pasadas, sin alcanzar nada en concreto. Lo sabemos.
Frente a esa
conjetura, respondemos ¿y cuál es el problema en insistir en un diálogo
transparente y directo entre ambas delegaciones, en procura -por método de autocomposición
y extraprocesal- zanjar este pleito centenario?
En un caso de
tal carácter y naturaleza, no hay óbice ni
admite exclusión previa para que se llegue a apelar --cuantas veces sea
necesario y se requiera— a la aplicación (siempre y cuando prevalezca la
voluntad y buena fe de las partes concernidas) el artículo 33 de la Carta de
las Naciones Unidas.
Hacemos la
debida advertencia que jamás se ha habilitado la Investigación, en tanto solución
diplomática, aconsejada en controversias similares y conforme al Derecho
Internacional Público, con el exclusivo propósito de finiquitar este pleito
interestatal.
En resumidas
cuentas, la Investigación consiste en nombrar –de manera paritaria— una
comisión multidisciplinaria, densa y científicamente documentada sobre el hecho
discutido, cuya única misión es la de estudiar y explorar objetivamente para
clarificar las cuestiones, sin pronunciarse, en modo alguno, acerca de las
responsabilidades que de ellas se deduzcan.
Diremos algo
más, los Estados con la data fidedigna, generada a partir de las conclusiones
de la Investigación, tomarán las decisiones que más convengan.
Nos causó una
Ingrata sorpresa cuando fuimos informados por la Secretaría de la Corte y
emplazados por esa honorable Sala que deberíamos comparecer en un Proceso
contencioso que se abría, por la Acción jurisdiccional llevada a cabo por
Guyana (2018) contra el Estado venezolano.
Lo he dicho
en muchas partes y de diversas maneras: nos hicieron una emboscada jurídica. La
delegación guyanesa, asesorada y en comparsa dineraria con las compañías
transnacionales, que están esquilmando nuestros recursos en la Zona en Reclamación,
se fueron directa y unilateralmente al Arreglo Judicial.
Tragando
grueso, a pesar de lo expresado en el párrafo anterior; nos propusimos, vía de
Excepción preliminar, que el Ente Jurisdicente inadmitiera la señalada demanda,
porque no se ajustaba al debido proceso; además, Guyana ha tejido un descarado fraude
legal.
La Corte
decidió que el juicio debe proseguir, y concedió un año que está corriendo desde
abril de 2023, para que nuestra delegación entregue la contestación a la Acción
interpuesta.
¿Cómo se le
ocurre a la delegación guyanesa afirmar en la demanda contra Venezuela –en
procura de acreditación de la Sala Juzgadora– que el inefable “Laudo” es cosa
juzgada y debe configurarse (y aceptarse) como válido y vinculante para
nosotros?
Desde que se
conoció la vil tropelía perpetrada contra Venezuela no escatimamos
circunstancias ni tiempos para calificar razonada y enfáticamente, que la
citada tratativa política-diplomática fue un ardid urdido entre ingleses, estadounidenses
y el ruso De Martens; por lo tanto, dicha
sentencia arbitral nace viciada de nulidad absoluta de forma y fondo; y
por lo tanto sin eficacia jurídica. Por tal carácter nunca ha sido admitida
como Res Judicata.
El laudo
tramposo es inválido y no surte ningún efecto. Con tal contundencia lo
dejaremos sentado en nuestra contestación.
Con esa
patraña no nos ganarán jamás, en justo derecho.
En este
asunto litigioso se requiere la cooperación y participación de todos los
sectores – de nuestro país– especializados en la materia: las Academias, la
Asamblea Nacional, las Universidades, las Instituciones que han trabajado la
controversia objetivamente, las Fundaciones, las organizaciones no gubernamentales,
las personalidades estudiosas permanentes del litigio. Todos sin mezquindades y
sin odiosas diferenciaciones o exclusiones.
Celebramos la
iniciativa de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de incorporarse a dar
su aporte en las indagaciones y redacción de la contestación y donde sea
menester. Así también, la solidaridad que recibimos de ochenta rectores de otras
universidades que han venido a cerrar filas de plena adhesión con la presente
causa patriótica.
Tales hechos
constituyen gestos hermosos que engrandecen nuestra patria.
Estamos
obligados a realizar todas las investigaciones documentales que refuercen la evolución
de la cadena titulativa histórica y jurídica, en nuestro acervo de probanza;
con la finalidad de hacerlo irrebatible.
Documento que
pronto presentaremos a la plenaria de la Asamblea Nacional.
Estamos
trabajando duro e incansable; sin distraernos en otros objetivos que
distorsionen o nos hagan perder un tiempo valiosísimo.
Nuestro deber
absoluto –en los próximos meses- estriba y se apoya firmemente en la elaboración
de la compleja contestación.
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