Guayana Esequiba: en el ámbito internacional los deslices se pagan caro

Dr. Abraham Gómez R.

 Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

 Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

 Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

 Presidente del Observatorio Regional de Educación Universitaria (OBREU)

 

Estamos obligados, en la presente controversia –cuando se ha reducido el abanico de opciones- a cautelar milimétricamente qué nos conviene. Debemos mantenernos expectantes.

De entrada, preguntémonos. ¿Habrá la suficiente insistencia de nuestra parte para mantener la solicitud de restitución por la vía jurídica, por ante el Alto Tribunal de La Haya; ¿y, por consiguiente, nos dispondremos a comparecer, en la fase subsiguiente, el 11 de agosto de este año para consignar nuestro acervo de probanza?

 Interrogante que gravita en la esfera oficial, aunque es una absoluta determinación constitucional del jefe de Estado.

Otra inquietud asomada, que no pocos desdeñan, a estas alturas, consiste en adelantar alguna posibilidad de negociación de diplomacia directa, hasta alcanzar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes, dentro del espíritu y sentido del Acuerdo de Ginebra de 1966. Único documento válido, con pleno vigor jurídico en esta controversia.

Pensemos también que la Corte Internacional de Justicia podría sentenciar para que se instrumenten todos los mecanismos para un nuevo arbitraje. Es decir, intentar resolver ahora –en este tiempo- con los dispositivos acordados y admitidos en el “Tratado de Washington de 1897”, cuando debió hacerse en justo derecho. Esta figura se conoce como ucronía.

Agreguemos, además, que no debería causar extrañeza que la Sala rescate, como salida política-diplomática, habilitar, una vez más, las figuras de mediadores, conciliadores o buenos oficiantes.

 

Fíjense que las alternativas mencionadas anteriormente quedan contextualizadas en criterios pacíficos; porque tal ha sido nuestro desempeño para con los países vecinos; pero, tampoco somos tan lerdos, ingenuos o desprevenidos para ignorar el juego de intereses entre los gobiernos guyaneses y las empresas transnacionales que esquilman (ilegal e ilegítimamente) nuestros recursos en la Zona en reclamación y en su correspondiente proyección atlántica.

 

Lo que no nos está permitido en la coyuntura actual es cometer deslices o impropiedades; como en los que se incurrió en épocas preteridas, por las circunstancias que haya sido.

 

Hay algunas opiniones y criterios coincidentes en que nuestra primera y muy grave inexactitud diplomática fue haber aceptado –precisamente-   las diligencias y acuerdos preliminares, suscritos el 2 de febrero de 1897, en el ya mencionado Tratado de Washington, donde se contemplaba    un ulterior compromiso arbitral, que jamás se cumplió, y donde no estuvo presente nuestra delegación. Se urdió a espaldas de los intereses de Venezuela

Me sumo entre quienes aseveramos que allí comenzaron nuestros desaciertos.

¿Ingenuidad o impericia de quienes manejaron nuestra diplomacia en esa época? Tal vez.

Primero, aceptar que se discutiera un caso de tanta trascendencia para la vida de nuestro país sin nuestra presencia.

 

Participaron únicamente para tales arreglos los representantes de los gobiernos del Reino Unido y el de los Estados Unidos; además, se birló, descaradamente, el principio del Utis Possidetis Iuris, nuestra Carta esencial de soberanía; y se omitió nuestro Justo Título Traslaticio: la Real Cédula de Carlos III, que crea la Capitanía General de Venezuela, el 08 de septiembre de 1777 y el “Tratado de Paz y Amistad” entre España y Venezuela del 30 de marzo de 1845.

 

A partir de la estafa referida en el párrafo anterior devino el írrito y nulo Laudo Arbitral de París, el 03 de octubre de 1899 (donde tampoco estuvimos presentes); adefesio jurídico forcluído y de nulidad absoluta; que jamás legitimaremos como causa de pedir de la contraparte, en el juicio que se dirime por ante la Corte Internacional de Justicia.

 

Se le atribuye una enorme responsabilidad al gobierno del Benemérito Gómez por haber cedido a la presión del Imperio inglés, para proceder a la demarcación (en el terreno), de lo que ya se había “aprobado” de modo fraudulento en el ardid arbitral referido.

 

Precisamente, con los documentos que entramparon el arreglo; luego del mencionado trabajo por ambas comisiones, en la época gomecista (1905) —que se denomina Tratado Bilateral ejecutoriado– es con lo que en este momento está alegando la Parte guyanesa, en la Corte; además, solicitan en su pretensión procesal que se le confiera la autoridad de cosa juzgada a ese “laudo”; porque ya el gobierno venezolano de esa época lo había dado por “bueno y legítimo”.

 

No fue sino hasta 1962 cuando –bajo el gobierno de Rómulo Betancourt –nuestro insigne canciller, Marcos Falcón Briceño, solicita un derecho de palabra en la plenaria de la Asamblea General de ONU, para denunciar el despojo que se perpetró contra Venezuela.

 

Se obliga a Gran Bretaña y accede a revisar la tropelía cometida, y se adelantan gestiones para firmar, el 17 de febrero de 1966, el Acuerdo de Ginebra, donde por primera vez, admiten que la sentencia arbitral de París es írrita y nula; por lo que no surte ningún efecto jurídico ni puede ser documento oponible a nada, y menos en un juicio de la categoría y naturaleza que nos ocupa, hoy, en tan importante Entidad Juzgadora de la ONU.

 

En resumidas cuentas, hubo demasiada tranquilidad e improvisaciones, en este asunto que debió tener siempre el carácter de Política de Estado, y no reacciones intemperantes de gobiernos y de funcionarios, en muchas gestiones, desconocedores de la materia.

 

Ya basta. Tenemos más de cien años pidiendo, en justo derecho, la reivindicación de lo que siempre ha sido nuestro.

Guyana se encuentra desguarnecida jurídicamente, ante la Corte; no tiene el más mínimo documento, de cesión histórica de derechos de nadie, que puedan oponer.

 En lo único que asientan su Acción contra Venezuela es en el inválido e ineficaz “Laudo de París”.

 

Lo que decimos, lo divulgamos con sobrada justificación; porque poseemos los Justos Títulos que nos respaldan.

La séptima parte de nuestra extensión territorial – la que nos despojaron-  la reclamamos con suficiente fortaleza y asidero jurídico; por cuanto, somos herederos del mencionado espacio.