Guayana Esequiba: ¿Qué nos asiste para la fase de pruebas?

Dr. Abraham Gómez R.

Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua

Presidente del Observatorio Regional de Educación Universitaria (OBREU)

Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela

 

En el asunto controversial, suficientemente conocido, la contraparte sabe que somos poseedores de los documentos que nos acreditan el dominio absoluto sobre la extensión territorial que han venido ocupando y usufructuando ilegal e ilegítimamente.

Aunque algunos sujetos internacionales y países (hasta ayer amigos de Venezuela) se pronuncien en respaldo a Guyana --por marcados intereses económicos, sin dudas-- nuestra contención siempre ha tenido suficiente asidero jurídico, cartográfico e histórico y la entereza moral de saber que no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie.

A propósito del presente pleito centenario que sostenemos por el arrebato que nos perpetraron por el costado este, durante las últimas cuatro décadas he tenido la posibilidad de intercambiar opiniones con muchísimos sectores, sobre cómo seguir encarando este asunto litigioso, que ya se encuentra – precisamente- a nivel de la Corte Internacional de Justicia, donde se dirimirá en sus distintos trayectos procesales.

 

Por cierto, la delegación de Venezuela debe comparecer el 11 de agosto del presente año, con la finalidad de exponer y consignar su respectiva dúplica, en tanto y en cuanto acervo de probanza en el juicio que cursa.

 

En los distintos eventos desarrollados, sobre todo durante el año que acaba de concluir, en varias universidades del país, en los medios de comunicación social, en las plataformas digitales; a través de video-conferencias y eventos presenciales; asimismo, visitando los propios espacios fronterizos y a través de las redes sociales conseguimos y escuchamos de todo.

 

Me permito resumir, señaladamente, que hay un denso bastión de compatriotas que conforman una interesante masa opinática; quienes a cada instante afilan con osadía y   agudeza sus criterios al respecto y publican las propuestas que ellos consideran justas para resolver la controversia, en espera de la más acertada determinación que pueda tomar el jefe de Estado, para beneficio de nuestro país.

Nos preguntan con insistencia por qué tiene que ser de esa manera.

Lo hemos respondido bastantes veces.

La última palabra de la próxima asistencia o no comparecencia de nuestra delegación ante la Sala Juzgadora la dicta el jefe de Estado; porque es materia de su exclusiva reserva constitucional, conforme al artículo 236 de nuestra Carta Magna.

 

Con todos los especialistas en esta contención --con quienes hemos cruzado ideas de los probables acontecimientos subsiguientes-- coincidimos en señalar que hay que reflexionar “en frío” la posible comparecencia de Venezuela ante la Corte.

 Hay que dejarse de “actitudes retrecheras o soberbias”.

 

Los delegados del oficialismo, responsabilizados para este delicado caso litigioso, hoy más que nunca, deben obligarse (y abrirse) a consultar a expertos y estudiosos para concordar la más idónea y conveniente posición que asumirá el Estado venezolano; por cuanto, estamos conscientes que obligantemente debe sostenerse, en este caso, un Asunto de Estado y no actos de gobierno

 

Por lo pronto, se nos ocurre que podemos jugar, simultáneamente, en tres tableros: pendientes para dar respuestas oportunas y contundes, por las incursiones armadas en nuestra extensión atlántica; también, la salida conversacional directa con la contraparte (privilegiando lo transigible y conciliable); al mismo tiempo, prepararnos para las fases de prueba y alegaciones con nuestros irrebatibles Justos Títulos traslaticios.

Claro que lo podemos hacer. -

 

Los reclamos de restitución que hemos sostenido, desde hace más de un siglo, no están anclados en una malcriadez diplomática o en algún capricho nacional y menos en empecinamientos injustificados.

 Estamos obligados y dispuestos –razonablemente—a repensar y a analizar (una y muchas veces) cómo   rediseñar las mejores estrategias a que haya lugar para que se cumplan los objetivos de reivindicación y restitución venezolanista por parte del Cuerpo Jurisdicente.

Como quedó dicho. Para el 11 de agosto de 2025, para la ocasión de presentar nuestras pruebas, debemos partir y basamentarnos en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, único documento con pleno vigor jurídico en el cual se rechaza la causa inexistente e inválida que ha utilizado Guyana para pedir en su escrito; reposicionando – con trampa procesal- el írrito y nulo de nulidad absoluta Laudo Arbitral de París de 1899.

Estrategia siguiente, mostrar y demostrar ante el honorable jurado la Real Cédula de Carlos III, del 8 de septiembre de 1777, con la cual se crea la Capitanía General de Venezuela; donde se establece taxativamente que la extensión territorial que nos corresponde, desde esa fecha, por el costado este abarca hasta la mitad del río Esequibo; del mismo modo, exponer la ratificación que de tal hecho se suscribió en el “Tratado de Paz y Amistad entre España y Venezuela” el 30 de marzo de 1845, cuando nos reconoce la Independencia.

Añádase a lo anterior el denominado “Tratado de partición por cuencas” de 1859, entre Brasil y Venezuela. Y obviamente, explayaremos como prueba toda la fortaleza cartográfica que nos respalda desde el primer mapeado de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, de 1775.