Guayana Esequiba: obligados a probar su inasumible pretensión
Dr. Abraham Gómez R.
Miembro
de la Academia Venezolana de la Lengua
Asesor
de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial
Asesor
de la ONG Mi Mapa
Miembro
del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela
Asesor
de la Fundación Venezuela Esequiba
Para entender la controversia existente en el Esequibo
(y lo que pretende Guyana con la demanda que nos hizo en la Corte) hay que
analizar la situación, entre otros muchos aspectos, desde el punto de vista
terrestre y marítimo. El inmenso potencial de riquezas de todo tipo
explotables.
Además, debemos conferirle bastante valoración e importancia
a los compatriotas que viven en todas las ciudades, pueblos y caseríos ubicados
en la Zona en Reclamación.
Dicho con mayor conciencia y detenimiento: las sociedades
humanas (antropogeografía) que comparten y conviven en esos 159.500 km2, que
denominamos Guayana Esequiba, deben despertar el interés y fijar la
preocupación de quienes ejecutan Políticas Públicas, por parte del Estado
venezolano, con la finalidad de corresponderles debidamente y como se merecen,
en todos los aspectos pertinentes a su subsistencia.
Debe constituir eje temático vertebrador en nuestros permanentes
estudios la distribución e interrelación de los esequibanos con su propias y
muy diversas manifestaciones y culturas, en la disputada superficie terrestre;
así también, el modo específico (y en sus distintas variantes) como estos connacionales
interactúan con su medio ambiente. Añadamos la manera en que organizan sus
sistemas políticos, económicos y sociales como parte de su ubicación
geográfica. Todo un complejo e interesante desafío para lograr imbricarlos con
el resto de nuestro país.
Al recuperar la Guayana Esequiba, nos corresponderá,
obligantemente, enlazarnos con todos esos grupos humanos como compatriotas.
Precisamente, con ellos hemos sostenido recientes
conversaciones para indicarles que los reclamos nuestros; intentados por vías
diplomáticas, políticas y jurídicas no están sustentados en caprichos
chauvinistas, reacciones intemperantes, desproporcionadas o injustas. Les hemos
explicado todo cuanto hacemos en las instancias internacionales
correspondientes, las razones y argumentos sociohistóricos y jurídicos que nos
asisten.
Estamos decididos – con todas nuestras enjundiosas
pruebas de titularidad de la Guayana Esequiba-
a honrar la memoria de los insignes compatriotas que nos antecedieron en
esta lucha. Dispuestos estamos a encarar la controversia, en el juicio –propiamente--
en el 2024, por el presente de Venezuela y por las generaciones futuras.
Para tranquilidad de nuestros compatriotas, informamos
que poseemos bastantes fundamentos
probatorios para solicitar la inmediata Restitución – íntegramente– conforme al
Principio de la Legalidad; vale decir, sabremos pedir la reivindicación absoluta
de todo cuanto nos despojaron en aquella trastada política-diplomática urdida
por ingleses y rusos, en fecha de ingrata recordación.
Para responder a quienes nos preguntan con insistencia:
¿Por qué ante la Corte?
Ciertamente, no habría sido el ámbito preferido o
seleccionado por nuestra delegación; sin embargo, es adonde ya nos encontramos
concernidos, casi que en contra de nuestra voluntad; por cuanto, nos hicieron
una emboscada jurídica de la que saldremos favorecidos, a partir de las
estrategias que estamos utilizando, con suficiente inteligencia,
Asumimos a conciencia que el escenario para dirimir es
la Corte Internacional de Justicia, en su condición de entidad jurisdicente,
para pleitos entre Estados.
Ni más ni menos, estamos batallando jurídicamente para
desmontar todo ese ardid tramposo urdido hace más de cien años y “reavivado” a
partir del 29 de marzo del 2018, con la acción interpuesta por la excolonia
británica.
Explico brevemente. En la denominada fase postulatoria,
nos corresponderá en abril del próximo año consignar nuestro memorial de contestación
de la demanda.
Enjundioso escrito que develará ante tan honorable
Sala Juzgadora toda la tratativa que se tejió entonces contra nuestro país.
En el Derecho Internacional hay absoluta preferencia
del Título Jurídico por encima de la ocupación cuestionada (mucho más al
sospecharse que esa ocupación fue producto de un arrebato perpetrado a otra
nación); o sobre la posesión ilegítima que pudiera tener un Estado frente a
otro. En ambos casos: ni para la ocupación protestada ni para la posesión
ilegítima prospera la Prescripción adquisitiva. De modo, que por allí no hay
nada que temer.
Por lo pronto, no vamos a dar a conocer al país
algunas otras estrategias procesales que estamos analizando para presentarlas
en la fecha arriba indicada. Serán contundentes.
Cuando el señalado Proceso transcurra hacia la fase
probatoria, Guyana estará obligada a demostrar – documentos por delante- en qué
ha basado su causa de pedir. La contraparte
debe mostrar y probar, no únicamente con sus supuestos pronunciamientos
fácticos; debe colocar a la vista de los jueces sus “justos títulos” que nunca
los han tenido.
¿Por qué lo planteamos
de esta manera?
Porque en la Acción interpuesta por Guyana contra
Venezuela, no hay en sus anexos documentos jurídicos ni históricos que
demuestren o prueben nada.
Nunca los van a conseguir y menos los podrán consignar
porque no los tienen. Todo ha sido una detestable trapacería. Una pretensión
procesal sin el más mínimo asidero; por lo tanto, inasumible en un juicio de
esta categoría y naturaleza.
Desde el 2018 para acá, Guyana no ha presentado más
nada; porque la supuesta acta de demarcación de 1905 –que la quisieron hacer
pasar como un “Acuerdo” — ha resultado un grueso contrabando indigerible; mucho
menos se han atrevido a argumentar, exponer o favorecerse con las ignominiosas
líneas Schomburgk.
Hasta el día de hoy, la única “alegación de derecho”
de Guyana contenida en su pretensión procesal está centrada en el írrito y nulo
Laudo Arbitral de París, para el cual piden que la Corte le dé carácter de Cosa
Juzgada y lo imponga como válido y vinculante para nosotros.
Precisamente en la fase probatoria vamos a
desenmascarar la maulería perpetrada contra Venezuela.
Ellos han venido recurriendo a algunos países y
organismos internacionales para que emitan declaraciones de apoyo. Han hecho
peregrinajes por el mundo buscando solidaridad.
Al respecto, me permito señalar – determinantemente—que
la Corte Internacional de Justicia sentencia conforme a derecho; vale decir, su
Estatuto y Reglamento, fundamentalmente; así, además, toma en consideración el
inmenso bagaje doctrinal y jurisprudencial con que cuentan; y que han sido
aplicados en resoluciones similares.
En las actuales circunstancias, ya sabemos que Guyana
y las empresas transnacionales en comparsa se las están jugando completa.
Nosotros también. Todo en justo derecho nos favorecerá.
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